Juicio oral a ex jefe de Policía Federal
Se trata de Roberto Giacomino, cuya causa se inició en 2003 y a quien se le imputan millonarias irregularidades en la contratación directa de empresas de amigos o familiares para la provisión de servicios en el Hospital Churruca y la Obra Social de la Policía Federal.
15.02.2011
El ex jefe de la Policía Federal Roberto Giacomino irá a juicio oral por presunta defraudación a la administración pública, luego de que el juez federal Sergio Torres declarase clausurada la investigación y elevase el expediente a la Cámara de Casación para que sortee el Tribunal Oral en lo Federal que llevará adelante el proceso.
En una resolución de 73 carillas, el magistrado también elevó a juicio a Raúl Marcelo Pigretti, Alfredo Oscar Ursaia, Daniel Adolfo Rodríguez, Vicente José Capizzi, Eduardo Augusto Bevivino, Diego Armayor, Marcelo Capizzi, Ana María Capizzi y Américo Humberto Di Blasio, a quienes atribuye el mismo delito que al ex jefe de la fuerza.
A todos los acusados se les imputan millonarias irregularidades en la contratación directa de empresas de amigos o familiares para la provisión de servicios en el Hospital Churruca y la Obra Social de la Policía Federal.
La causa, que tramita en el juzgado federal 9, se inició en 2003 por el destituído juez Juan José Galeano y luego el renunciado juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid dictó el sobreseimiento pero la Cámara revocó ese beneficio y procesó a Giacomino.
Ahora, el juez Torres -con la intervención del secretario Juan Manuel Grangeat- rechazó las nulidades y pedidos de sobreseimiento interpuestos por las defensas de los imputados y elevó el expediente para la realización del juicio oral y público.
Al solicitar la elevación a juicio la fiscalía afirmó que "se les imputa a los nombrados la realización de diversas maniobras dirigidas a obtener un beneficio indebido de la administración pública (en el caso la Obra Social y la Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal Argentina), mediante múltiples conductas engañosas y fraudulentas".
"Los hechos en sí consistirían en que los funcionarios públicos, habrían efectuado gestiones para otorgar diversas contrataciones y compras directas, como así también licitaciones, direccionadas en favor de distintas personas y empresas, entre las cuáles se encontraban las personas físicas anteriormente nombradas", algunas de ellas de familiares de los imputados.
Entre las operaciones comerciales "se habrían otorgado contrataciones y licitaciones para la informatización de la obra social de la Policía Federal Argentina, como así también para la informatización y refacción del Hospital Churruca-Visca", se explicita en uno de los párrafos de la extensa resolución del juez.
"Por otro lado, se habrían otorgado contrataciones para prestación de servicios de la obra social en el interior del país por servicios capitados", al tiempo que se constató, además, que "sin presupuestos, ni propuestas alternativas se habría contratado a dos empresas para la provisión de servicios médicos en el interior del país".
Para el magistrado, "está suficientemente acreditado que por lo menos durante el período comprendido entre junio de 2002 hasta octubre de 2003, existió un acuerdo de voluntades entre entonces funcionarios públicos, que desempeñaban distintas funciones en la Policía Federal Argentina y un grupo de personas que, a través de sociedades y empresas, eran contratadas en forma ilegal para la realización de obras, prestación de distintos servicios y compra de bienes".
"En razón de ese acuerdo, estas sociedades fueron indebidamente beneficiadas por parte de quiénes tenían la administración de fondos pertenecientes a la Policía Federal, en general, y a la Superintendencia de bienestar en particular, y de esta forma, en varias oportunidades, se perjudicaron los intereses que estos funcionarios debían proteger, tanto pecuniarios y asistenciales de la comunidad de la Policía Federal Argentina", se afirma en la elevación a juicio.
Torres sostuvo finalmente que "se advierte que los motivos por los cuales se intenta que esta judicatura adopte un temperamento liberatorio respecto de los procesados, son los mismos que fueron expuestos ante el Superior y que expresamente desechara al confirmar el procesamiento de algunos imputados y decretar el mismo respecto de Roberto Eduardo Giacomino".
Fuente:ElArgentino.com
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