Un freno a la excarcelación de represores
Entre los temas que el máximo tribunal tratará este año figura la posibilidad de firmar un fallo que revierta el criterio instalado por la Cámara de Casación Penal que, desde 2008, facilitó la liberación masiva de imputados por violaciones a los derechos humanos.
Por Irina Hauser
“Estos delitos aberrantes no están sujetos a las reglas comunes”, dicen en el tribunal que preside Lorenzetti.Imagen: Leandro Teysseire
La vuelta de las vacaciones sorprendió al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenze-tti, con su mesa de reuniones colmada de expedientes. Nada muy nuevo, sólo que frente al año electoral los jueces supremos analizan puntillosamente en qué casos fallarán y cuáles deberán esperar. Tratan de evitar decisiones que generen revuelo político, pero tampoco quieren mostrar pasividad total, habiendo algunos grandes temas pendientes. Entre los asuntos con chances de llegar a sentencia, en estos días el tribunal discute la posibilidad de firmar un fallo que eleve los requisitos para la excarcelación de acusados de delitos de lesa humanidad y revierta –de ese modo– el criterio que inauguró en octubre de 2008 la Cámara de Casación Penal y que facilitó la liberación masiva de represores.
Aquel pronunciamiento de Casación, conocido como “plenario Díaz Bessone”, establecía pautas generales para las excarcelaciones y límites para prolongar la prisión preventiva. Postulaba que los procesados sin condena tienen derecho a estar en libertad hasta el juicio oral si no se presume el peligro de que se fuguen u obstaculicen la investigación. Ese principio, decía el máximo tribunal penal, es aplicable cualquiera sea la gravedad del delito en juego. No importa, insistían, si la pena proyectada podía ser de cumplimiento efectivo y la condena superior a 8 años (que es el máximo permitido para que alguien esté preso sin recibir sentencia). Aunque el hombre que le daba el nombre a la causa –el ex general Ramón Genaro Díaz Bessone– quedó preso, el contenido de esa resolución tuvo un efecto dominó en otros tribunales que benefició a otros acusados de participar en el terrorismo de Estado.
Según el último informe de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas por violación a los Derechos Humanos de la Procuración General, a fines de 2009, de todos los procesados por crímenes dictatoriales que no aún no habían llegado a juicio oral, el 70,5 por ciento se encontraba cumpliendo prisión preventiva (lo que incluye detención domiciliaria). A fines de 2010 la cifra se había reducido al 57,21 por ciento de los procesados (que son 759). La Procuración atribuye sin vueltas esta modificación “al cambio de criterio en algunos tribunales, particularmente en la Cámara de Casación”.
Fueron beneficiarios de esta doctrina, por ejemplo, 50 represores de Bahía Blanca, una veintena en Mendoza, algunos en provincia de Buenos Aires y otros ligados a las megacausas por los crímenes de la ESMA y Primer Cuerpo de Ejército. La Corte, en rigor, comenzó a contrarrestar esa tendencia con resoluciones que firmó a partir de noviembre último y hubo tribunales inferiores que ordenaron dar marcha atrás con excarcelaciones, como en Bahía Blanca. Pero el tribunal supremo no emitió hasta ahora una resolución donde afirme pautas propias, sino que remitió a los dictámenes de fiscales, donde se señalaba: que dado que los acusados integraron estructuras de poder que mantienen una actividad “remanente”, no se puede descartar la obstaculización a la Justicia, y citaban como ejemplo la desaparición del testigo Julio López y la dudosa muerte del ex prefecto Héctor Febres. Tampoco se pueden ignorar las condiciones personales y económicas, que podrían facilitarles la fuga, ni la responsabilidad internacional en que puede incurrir el Estado argentino si no garantiza el juzgamiento.
Allegados a la Corte explicaron que tienen muchos planteos de excarcelaciones pendientes donde podrían pronunciarse. Son varios los jueces supremos que, al parecer, coinciden en que no se pueden aplicar a los crímenes de lesa humanidad los mismos criterios que a cualquier otro delito. “Estos delitos aberrantes no están sujetos a las reglas comunes del derecho penal. De hecho, para estos casos no se aplican la amnistía, ni el indulto ni la prescripción”, advierten. El fallo en ciernes no tiene fecha estipulada, pero figura entre los temas prioritarios.
Fuente:Pagina12
LA CORTE EVALUARA EN 2011 LAS CANDIDATURAS TESTIMONIALES Y OTROS TEMAS
Agenda cargada para los jueces supremos
Por Irina Hauser
La Corte Suprema analiza reflotar algunos conocidos expedientes que había relegado a la espera de un momento oportuno para fallar. Aunque nadie en el tribunal tiene claro cuál será la mejor ocasión, y menos en un año electoral, lo cierto es que en su primer plenario –realizado ayer– Sus Señorías empezaron a delinear una posible agenda. Entre los temas en cierne hablaron de definir si son válidas las candidaturas testimoniales a las que apeló el kirchnerismo en 2009, podrían también resolver un planteo de Editorial Perfil sobre la distribución de la pauta publicitaria oficial y estudia alguna solución frente a la saturación de juicios previsionales, por la que en el tribunal culpan a la Anses.
- Las candidaturas testimoniales sobre las que la Corte debería pronunciarse son las del gobernador bonaerense Daniel Scioli y la del ex jefe de Gabinete Sergio Massa, que se postularon para ser diputados en 2009 pero no asumieron en sus bancas. Fueron impugnadas por el diputado radical Ricardo Gil Lavedra. Aquel año, la Cámara Electoral, en un fallo dividido, las avaló previo a los comicios con el argumento de que no había en la causa ninguna prueba de que no asumirían como legisladores. La Corte se quedó callada. Ahora lo primero que analizan es si el tema se volvió o no abstracto ante los hechos consumados. Pero, aunque declararan que la causa se extinguió, no descartan incluir ciertos aleccionadores frente a la posibilidad de que se reedite la discusión en las próximas u otras elecciones. Está por verse.
- El año pasado el Alto Tribunal tenía casi listo un fallo sobre la distribución de la publicidad oficial favorable a una demanda de la Editorial Perfil, pero resolvieron posponerlo. Ahora tendría chances de concretarse. Los jueces supremos ya sentaron su criterio sobre el tema en una sentencia a favor del diario Río Negro, al que el gobierno de Jorge Sobisch había excluido del reparto de la pauta oficial como represalia por la revelación de hechos de corrupción ligados a su gestión. La administración neuquina entonces fue intimada a aplicar un criterio racional, equitativo y no discriminatorio, de distribución de la publicidad estatal.
- Desde hace meses, en algunos despachos supremos reina el malestar por el desborde de juicios previsionales, muchos de los cuales son reclamos de reajustes de haberes. En la Corte dicen que el problema se genera porque la Anses no paga las sentencias y ahora estudian dos expedientes donde se analizan soluciones posibles: las medidas cautelares que han concedido varios tribunales inferiores para que los jubilados cobren rápidamente y la acción colectiva promovida por el defensor del Pueblo en busca de una salida que contemple a todos los afectados.
La lista de temas sigue, e incluye, por ejemplo, un expediente sobre “aborto no punible” (es decir, aquel que la ley contempla en ciertos casos pero a los que ciertos jueces se oponen) y el eterno problema del Riachuelo, por el que podría haber una nueva audiencia pública, con las nuevas autoridades de la Secretaría de Ambiente. Por lo pronto, el 22 de febrero, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, inaugurará “el año judicial” y allí anunciará las prioridades para este año.
Fuente:Pagina12
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