DE ESTO SE TRATA
Por Emilio Ruchansky
El informe oficial que usó el juez para imputar a empresarios rurales revela cómo funciona el sistema de trabajo semiesclavo en el campo, detalla las condiciones infrahumanas de los peones y da por probado que está configurado el delito de trata de personas
UN INFORME OFICIAL REVELA COMO FUNCIONA EL SISTEMA DE EXPLOTACION LABORAL DE LAS GRANDES EMPRESAS EN EL CAMPO
Una radiografía del trabajo infrahumano
La Oficina sobre trata del Ministerio de Justicia dictaminó que está probada la existencia de ese delito. Y elaboró un detallado informe sobre el que se basó la Justicia para imputar a doce directivos de empresas. Página/12 publica aquí el documento.
Por primera vez desde que se difundió la situación infrahumana de miles de peones golondrina, un informe oficial revela las prácticas sistemáticas de las empresas multinacionales que los explotan. Fue elaborado por la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia nacional y demuestra cómo son reclutados en su lugar de origen a partir de engaños y falta de información. Los que quieren irse al ver las pésimas condiciones son amenazados y presionados por capataces e ingenieros, desfloran maíz aunque estén enfermos y cocinan carne podrida por la que pagan el doble del precio de mercado. En el informe al que accedió Página/12 se habla de “trabajadores”, siempre entre comillas, porque para los especialistas “en verdad son víctimas del delito de trata de personas”.
Los campos en los que fueron entrevistados cientos de peones son El Algarrobo y La Luisa, en la ciudad de San Pedro, explotados por Nidera y Southern Seed Production (SSP) respectivamente, y las estancias Santa Celestina I y II de la empresa Satus Ager en Ramallo. Las tres gigantescas semilleras contratan a la multinacional Adecco, proveedora de “recursos humanos”, para hacer buena parte del trabajo de reclutamiento, según confirmó el personal de la Oficina de Rescate en Santiago del Estero. Allí empiezan las penurias de los peones, contactados por coterráneos suyos o “cabecillas”, como se menciona en el informe, en pueblos muy pobres como Río Hondo, Pozuelos, Ycaña, Añatuya, Herrera, Loreto y Colonia Dora.
El cabecilla responde a un contratista, quien le pide formar una cuadrilla de entre 14 y 19 personas y luego “los ficha”, es decir, les toma los datos. En este punto aparece el primer peaje. “El ‘contratista’ recibiría una comisión por cada ‘trabajador contratado’ que sería abonada por cada ‘trabajador’ y cuya suma oscilaría entre 25 y 40 cuarenta pesos”, dice el informe referido a la estancia La Celestina II, aunque este peaje se repite en los testimonios recogidos en otros campos.
“Con respecto a la información recibida por parte del ‘contratista’, todos comentaron que sabían que iban a desflorar el maíz, pero indicaron que desconocían las condiciones de trabajo, de vivienda y el destino o lugar de trabajo, como tampoco fueron informados acerca de la cantidad de días de trabajo, la extensión de la jornada laboral, la remuneración final, la modalidad de cobro y otras condiciones”, agrega el informe.
“Cuanto menos sepan, mejor.” Así lo advierte Mariana Schvartz, coordinadora del Equipo Técnico de la Oficina de Rescate. “Muy pocos sabían que los contrataba Ade-cco y sabían porque ya habían viajado antes para el desflore”, comenta. En el “viaje”, que también merece sus comillas, no se les ofrece refrigerio y los micros, según los testimonios citados, no cuentan con ventilación adecuada y muchas veces no hay asientos para todos. El “viaje” dura 14 horas.
Una vez en el lugar, los “trabajadores” se enteran de que no tendrán sábanas ni frazadas para dormir ni materiales de trabajo; ellos deberán comprarlos. Además, en todos los campos los “trabajadores” contaron que se les asignan 24 o 25 pesos “en crédito por día para alimentos y elementos de higiene, refirieron que el importe total sería descontado del pago final, sin recibir el dinero mencionado en mano”. Al proveedor lo elige la empresa y cobra el doble. Un par de alpargatas a 60 pesos, por ejemplo.
La comida suele estar vencida. “La carne, el único alimento fresco que recibirían, según expresaron los trabajadores, llegaba en mal estado, en una camioneta no refrigerada y en bolsas de consorcio”, dice el informe. Ningún campamento tiene heladera. En verdad ni siquiera tienen luz. Se cocina con ramas y troncos porque tampoco se provee gas. No hay baños ni duchas ni un sistema de distribución de agua potable. Los “trabajadores” eligen un árbol y con bolsas y trapos arman la cortina de baño.
¿Y qué pasa si alguien quiere volverse? Según el informe, las víctimas son presionadas para no hacerlo. En la estancia El Algarrobo, el capataz les habría señalado: “El que pase los límites del predio o cruza a campo traviesa puede recibir un tiro”. En otras estancias, les dicen que los vecinos de otros campos dispararán si traspasan la propiedad.
Pero la amenaza más común es económica: “Ante la solicitud de retirarse, deberían abandonar el lugar todos los integrantes de la cuadrilla, con el consecuente perjuicio para el resto de los ‘trabajadores’; esta amenaza conlleva enfrentamientos entre quienes ‘trabajan’ confiando en que se les pagará lo prometido y quienes manifiestan sus deseos de retirarse por las malas condiciones. El enfrentamiento entre las víctimas es una modalidad frecuente en este tipo de organizaciones delictivas”.
Según declararon varias víctimas, la empresa Adecco les cobraba la suma de 600 pesos si querían irse antes del desflore “en concepto de traslado a sus lugares de origen, desconociendo si les abonarían los días trabajados”.
Además de dedicarse a las tareas del campo, el cabecilla de cada cuadrilla tiene comunicación diaria con los capataces, enseña a desflorar el maíz a los nuevos “trabajadores”, controla a sus compañeros y registra los pedidos para el proveedor.
Supuestamente se paga 1300 pesos por hectárea a desflorar. “Pero ninguno de los ‘trabajadores’ sabe cuándo se hallaría completa la hectárea, siendo el ‘ingeniero’ quien calcula la finalización de la misma”, dice el informe. La misma hectárea puede ser repasada tres veces sin cobrar adicional. Cada repaso dura dos o tres días y, en algunos casos, se les exige ocho repasos por hectárea.
Los capataces viven separados de las cuadrillas y en condiciones “notablemente superiores”. Como tienen electricidad algunos les cobran dos pesos para cargar la batería del celular a los peones. Además de controlar las faenas, pueden suministrar medicación sin prescripción médica ante intoxicaciones por agroquímicos, picaduras de alacranes y víboras o por las diarreas que provoca la comida en mal estado y el agua no potable. Los “trabajadores” deben pagar esos remedios.
Entre los testimonios, se denuncia el caso de un hombre que se quebró varias costillas y debió “trabajar” una semana más porque le negaban la atención, al igual que otro con varicela. El que decide sobre estos temas es el ingeniero agrónomo, el mismo que manda a apretar a los que se quejan. Motivos sobran: el horario de tareas es de 5.30 a 13 y de 14 a 20 de lunes a lunes, sin descanso ni francos. Se desflora aunque llueva.
“Se observó en muchos de los ‘trabajadores’ actitudes de sumisión y de resignación, como consecuencia del entorno abusivo al que se encuentran expuestos –dice el informe–. Se puede inferir una relación directa entre estos rasgos de personalidad y determinadas prácticas habituales propias de la explotación de jornaleros rurales: mala alimentación, hacinamiento, falta de descanso, de higiene, de privacidad, de esparcimiento, etcétera.”
Nadie sabe cuándo volverá a casa. Depende de “las expectativas de producción de los responsables de la finca”, dicen el informe tras citar una serie de situaciones comunes a los campos de Satus, SSP y Nidera.
“La totalidad de los ‘trabajadores’ expresó que habían sido trasladados desde un campamento a otro en un camión de la empresa, en condiciones muy precarias, ya que habían tenido que viajar parados, en horario nocturno”, comenta el informe. Y agrega: “La mayoría no pudo precisar la ubicación de la estancia, ni la localidad en la que se encontraban. En algunos casos ni siquiera conocían que estaban en la provincia de Buenos Aires”.
Cuando el ingeniero agrónomo decide que se terminó el “trabajo”, suele aparecer el dinero. Sólo los que ya “trabajaron” para Adecco aseguran que hay tres formas de pago. Una es recibir la plata en mano el día antes de irse, otra incluye un traslado a una entidad bancaria “llevando consigo un ‘recibo’ que les fue entregado antes por algún responsable de la empresa”. La tercera forma de pago es recibir el dinero al regresar a Santiago del Estero.
“Hay una ausencia total de autonomía de las personas que se hallaban en las estancias”, concluye el informe. A los pocos que “viajaron” con dinero encima y pudieron guardar cierta cantidad no les alcanza para volverse. “De este modo, se torna evidente que la promesa de pago al final de la temporada resulta de vital importancia para retener a los trabajadores en el lugar”, explica el informe. Es por la captación en el lugar de origen, el engaño en la contratación, el traslado y explotación posterior que la Oficina de Rescate considera probado el delito de trata de personas.
Fuente:Pagina12
LA ESTRATEGIA PARA “EMPLEAR” A MENORES DE EDAD
Con los cabecillas como tutores
Por Emilio Ruchansky
La presencia de menores de edad en los campos allanados no es casual. Algunos de ellos le contaron al personal de la Oficina de Rescate de los Damnificados por el Delito de Trata que habían pedido prestados documentos a familiares y amigos mayores de edad para “trabajar”. Sin embargo, no eran la mayoría. Según pudo constatar esta Oficina, casi todos los menores tenían autorización de sus padres para irse de Santiago del Estero. El tutor bien podría ser el “cabecilla” de la cuadrilla, aunque a veces ni siquiera aparecía mencionado un tutor.
“En algunos casos se especificaba que el traslado debía ser a una provincia en particular diferente del lugar donde fueron encontrados (por ejemplo a Córdoba y se los encontró ‘trabajando’ en San Pedro). En general los sellos de las autorizaciones eran ilegibles. Las autorizaciones especiales de algunos de los menores de edad se hicieron en el Juzgado de Paz de la ciudad de Sumampa, Departamento de Quebrachos, provincia de Santiago del Estero, en el cual no se citaba a ningún adulto como su tutor responsable”, dice el informe.
Estas autorizaciones insistían en que el menor debía realizar “tareas rurales, acorde con su edad y estado físico”. No fue lo que ocurrió. Hacían las mismas tareas que los demás y en las mismas condiciones infrahumanas. “Cabe mencionar que uno de los hombres entrevistados relató que el día anterior al allanamiento la empresa se había encargado de trasladar fuera de la finca allanada a un adolescente de 14 años, que había sido golpeado por el capataz en reiteradas oportunidades”, dice el informe sobre la finca Santa Celestina. También uno de los ingenieros de la multinacional Satus Ager le pidió los documentos de un menor a su padre, que había ido a “trabajar” con él. Lo hizo dos horas antes de un allanamiento.
Mientras avanzaban en las entrevistas, varios jóvenes peones, la mayoría de 18 o 19 años, contaron que hacía tres o cuatro años que desfloraban maíz llevados desde Santiago del Estero a Buenos Aires por Adecco, la contratista de empleados temporarios.
Fuente:Pagina12
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