Denunciaron al Cuerpo de Investigación Fiscal ante organismos de Derechos Humanos
Licitaciones para el servicio salteño de inteligencia
Autorizaron compras para un sofisticado laboratorio dedicado a pericias forenses que ordenarán los fiscales.
Miércoles 09 de Febrero de 2011
Salta
En los últimos días se concretaron designaciones y se licitaron compras para el organismo de inteligencia creado por el procurador general Pablo López Viñals creó, a través de la Resolución 133, del año pasado. Se trata de un cuerpo de investigadores a los que dota de las funciones y prerrogativas propias de la policía provincial y los autoriza, incluso, a realizar acciones que ni la policía podría llevar adelante sin orden de un juez.
Los investigadores fiscales ya insumieron 1.300.000 pesos del presupuesto para equipamiento, laboratorios, comunicaciones y oficinas. Es una cifra notoria si se la compara con el millón de pesos que se anunció recientemente como refuerzo presupuestario para mejoras en la policía provincial.
La Dirección del Cuerpo de Investigaciones Fiscales está a cargo de la abogada Gabriela Buabse.
La oficina de Criminalística quedó al mando del comisario Roberto Washington González. El jefe del departamento técnico científico es Pedro Dilmar Villagrán y el director de Medicina Legal, Cristóbal Darío Heredia.
El laboratorio
La resolución 8142, del 19 de enero, autoriza la compra de equipamiento para el laboratorio del Cuerpo de Investigadores Fiscales, por 144 mil pesos, adjudicada a la Distribuidora 10 de octubre, de Carlos Rodríguez Boschero, y a la empresa Mauricio Mosse. La resolución 8149, del 19 de enero, designa para ese laboratorio a la bióloga María Rosana Ayón y a la histotécnica Adriana Cari. La Resolución 8166, del 27 de enero adjudica a la empresa Arroyo Mannori Construcciones y Asociados SRL la habilitación de ese laboratorio.
Este laboratorio está habilitado para dictaminar sobre causales de muerte y certificar lesiones corporales. Lo integrarán médicos forenses y anátomo patólogos y estarán facultados para efectuar una amplia gama d pericias que hoy están a cargo de la Justicia.
Más allá de la cuestión técnica, el Código Procesal de la provincia señala, inequívocamente, que cualquier pericia que se considere necesaria debe ser ordenada por un juez.
El procurador López Viñals sostiene que el modelo que lo inspira es el de la provincia de Córdoba. En Córdoba, a diferencia de lo que sucede en Salta, el ministerio público depende de la Corte de Justicia.
Un filtro para frenar o activar las denuncias
Una de las dependencias creadas por López Viñals es la Unidad de Atención Temprana. Es el organismo encargado de recibir las denuncias, analizarlas y derivarlas o desestimarlas. Está integrada por la Unidad de Análisis Jurídico, la Unidad de Carga de Datos y la Unidad de Clasificación y Derivación. Su tarea está supervisada por el fiscal de turno -se rotan cada quince días- pero en el ámbito jurídico se observa con recelo el enorme poder que adquiere un aparato burocrático -que el fiscal supervisa, pero no dirige- manejado por funcionarios que reportan al Procurador.
Una maquinaria en condiciones de frenar denuncias fundadas y de agilizar denuncias sin sustento.
Otra gran preocupación está puesta en el Cuerpo de Investigaciones Científicas. un organismo con funciones policiales sin ningún tipo de supervisión judicial. “El departamento ...se integrará con personal capacitado para realizar tareas básicas de inteligencia”, dice la resolución 133 de López Viñals.
Esta sola frase genera dudas que tocan incluso a la Justicia Federal, ya que la inteligencia es atribución del Estado nacional. Estos detectives de la Procuración podrán recolectar datos, identificar testigos, verficar y constatar lugares y efectuar “averiguaciones varias”. La pregunta es dramática: “averiguaciones varias” podría llegar incluso a legitimar la intervención de los teléfonos.
Hoy, los jueces intervienen líneas y están facultados por ley para hacerlo. Pero quienes ejecutan la maniobra son los técnicos de la SIDE. Un organismo nacional.
Es cierto que en nuestra provincia existen muchas intervenciones irregulares de teléfonos. Es “vox populi” entre policías y jueces. El interés de la Procuración por incorporar al subcomisario Gabriel Giménez es llamativo: se trata de un experto en rastreos por internet y telefónicos.
Denuncia ante Eduardo Luis Duhalde
El abogado Santiago Pedroza denunció ayer al Cuerpo de Investigación Fiscal creado por el Procurador Pablo López Viñals y lo hizo ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que encabeza Eduardo Luis Duhalde; ante la de la Provincia de Salta, a cargo de María Pace, ante las dos cámaras de la Legislatura salteña y ante el Concejo Deliberante. El letrado considera que dicha “policía política” fue constituida en “clara violación” a la Constitución Nacional, al Código Procesal Penal y al Pacto de Costa Rica. El texto de Pedroza compara a este organismo con dos entidades de siniestra memoria: la Triple A, de José López Rega, y la Gestapo, de los nazis.
Inquietud de los jueces
La cuestión divide las aguas en la Ciudad Judicial. Existe entre muchos jueces una seria preocupación, ya que esta “policía política” encaja con el proyecto nunca ocultado de incrementar el poder de fiscales en desmedro de las atribuciones de los jueces. Ese cambio estratégico incluye riesgos inmediatos de orden político, pero también sobre los derechos de las personas. Hoy, la instrucción a cargo de un juez garantiza la defensa en juicio. El cambio que impulsa López Viñals, con el apoyo de sectores del oficialismo provincial, posterga la intervención del juez y de los defensores, en perjuicio del acusado.
FuentedeOrigen:ElTribunoSalta
Fuente:Agndh
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