Año 3. Edición número 144. Domingo 20 de febrero de 2011
Por Ramiro Rearte, periodista. Desde Tucumán
A partir del martes Luciano Menéndez enfrentará un nuevo juicio. Es por el asesinato de cinco militantes montoneros A partir del próximo martes volverán a reactivarse los juicios por delitos de lesa humanidad en Tucumán. En este caso, los imputados serán represores conocidos por todos: el listado lo encabeza el genocida Luciano Benjamín Menéndez y Roberto Heriberto El Tuerto Albornoz, uno ex jefe militar y el otro ex jefe de inteligencia de la policía tucumana.
Están acusados de haber sido los responsables de asesinar a un grupo de cinco militantes peronistas dentro de una casa en el Barrio Etcheverría en la capital provincial. El hecho ocurrió el 20 de mayo de 1976, cerca del mediodía, según la reconstrucción realizada por el fiscal federal Emilio Ferrer.
Según consta en el expediente al que pudo acceder, Miradas al Sur, los hecho fueron contundentes y se desprende de qué manera, tanto el Ejército como la policía provincial se manejaban con total libertad para disparar contra civiles desarmados.
El operativo fue llevado a cabo por personal perteneciente a la Vº Brigada de Infantería del Ejército conjuntamente con fuerzas pertenecientes a la Policía de Tucumán. El fiscal Ferrer entendió que “del homicidio, con alevosía, con el concurso de más de dos personas todas pertenecientes a las fuerzas de seguridad, quienes en ocasión de un operativo de emboscada asesinaron a María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra Lamas, (alias) Pepo; Juan Carlos Meneses (alias) Miguel Angel González Cano; Atilio Brandsen y Eduardo González Paz, (alias) Tomás o Martín; todos ellos militantes políticos integrantes de la organización Montoneros, quienes se encontraban reunidos en la finca señalada”, resaltó la investigación.
Lo que quedó demostrado por los testimonios recogidos por los funcionarios judiciales es que las fuerzas conjuntas del Ejército y de la policía provincial, tomaron por asalto la casa, previamente lanzaron explosivos, ingresaron a la vivienda, simulando un enfrentamiento asesinaron a todos los moradores, por disparos de arma de fuego. Uno de los ocupantes logró salir de la casa huyendo, pero es asesinado por los mismos agresores cerca de la iglesia cercana, luego fue identificado como Fernando Saavedra Lamas. Frente del domicilio allanado había camiones del Ejército, vehículos policiales, gran cantidad de efectivos de ambas fuerzas, y muchos vecinos del lugar.
Lo que se determinó luego de las pericias y las indagatorias, es que los cuerpos sin vida de las víctimas fueron llevados a la Jefatura de la Policía de Tucumán, y de allí cuatro de ellos (tres hombres y una mujer) fueron inhumados en fosas comunes en el Cementerio del Norte, ubicado a pocas cuadras del centro clandestino de detención.
Asimismo se le imputa, al represor Menéndez y a Albornoz, de haber integrado en calidad de autores penalmente responsables la asociación ilícita que actuando desde la estructura estatal tenía por objetivo perpetrar múltiples delitos como privaciones ilegítimas de la libertad, “ejecuciones sumarias, torturas, secuestros extorsivos, robos, robos de automotores, daños materiales, lesiones, sustracción y apropiación de menores, adulteración de sus identidades, en perjuicio de grupo de personas perfectamente identificados. Todo ello como parte del accionar criminal del terrorismo de Estado implementado en nuestro país y, en especial, en esta provincia de Tucumán, desde fines de 1974 hasta 1983”. Otros dos genocidas habían sido señalados como responsables de los hechos, pero Mario Albino Zimmerman y Alberto Luis Cattaneo ya están rindiendo cuentas en el más allá. Murieron en 2010, sin condena alguna.
Desde el martes próximo deberán declarar treinta testigos frente al Tribunal Oral en lo Criminal de Tucumán. Entre ellos se destaca parte de la familia Romero y Niklison, ex legisladores provinciales, miembros del equipo de Antropología Forense, al ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, quien deberá presentarse el último día de las testimoniales en Tucumán, como así también el historiador y justificador de genocidas Nicolás Márquez.
Fuente:MiradasalSur
Casación benefició a El Tuerto
Año 3. Edición número 144. Domingo 20 de febrero de 2011
Por Laureano Barrera
La polémica Sala III de la Cámara de Casación Penal, compuesta por Ángela Ledesma, Liliana Catucci y Gustavo Mitchel, volvió a dar la nota en resoluciones respecto de los crímenes de lesa humanidad: esta vez, con inusitada celeridad, revocó el cumplimiento de la pena en cárceles comunes de dos eximios torturadores tucumanos: Heriberto El Tuerto Albornoz, jefe de la policía provincial entre 1975 y 1978 –y del centro clandestino que funcionó en la Jefatura–, y Luis Armando De Cándido, uno de sus más sádicos lugartenientes. Desde Hijos Tucumán y la Asociación de Familiares de Desaparecidos de Tucumán (Fadetuc) expresaron su “más enérgico repudio” ante el fallo, que “descontextualiza las decisiones tomadas por los tribunales orales resolviendo las formas de cumplimiento de las penas, sin resolver el fondo de la cuestión”.
El año pasado se llevó adelante el juicio oral por los delitos de lesa humanidad ocurridos en la Jefatura, y el TOF tucumano consideró que dos de los cuatro condenados representaban un riesgo para los testigos y ordenó –revirtiendo el criterio utilizado con Bussi– que ambos represores cumplieran la pena en una cárcel común. El Tuerto Albornoz fue señalado por testigos durante las audiencias como torturador. También fue acusado de violar la prisión domiciliaria y amedrentar testigos para que no se presentaran a declarar. De Cándido fue uno de los sicarios más feroces de la patota, reconocido por sus víctimas en el juicio, quienes contaron que una vez liberados siguió persiguiéndolos y amedrentándolos.
“No es la primera vez. Esta sala que tiene competencia en Tucumán viene excarcelando automáticamente. El año pasado le dictó la excarcelación a Camilo Orce. Estamos indignados”, se quejó ante Miradas al SurJulia Vitar, de Fadetuc. Sin embargo, la sala de Casación que en 2009 resolvió excarcelar a Alfredo Astiz y a El Tigre Acosta, consideró en ambos casos que no existía “riesgo procesal”.
Fuente:MiradasalSur
recordando a El Tuerto
Cuando en Tucumán El Tuerto era rey
27/06/2010
Por Marcos Taire
El ex policía Albornoz declaró en el juicio y contó detalles de la represión en esa provincia. Sus palabras destilaban odio. Primero, contra Juan Carlos Clemente, el ex detenido –luego asimilado a la Policía– que con la entrega de documentación inédita hasta ahora provocó un vuelco formidable en el juicio que se realiza en Tucumán por crímenes cometidos en la Jefatura de Policía durante la Operación Independencia y la dictadura militar. Después, contra los militares. El resentimiento pudo más que la estrategia procesal y los responsabilizó por todo lo ocurrido: “Esos coroneles y tenientes que no aparecen”. Los llamó “cabrones” y apuntó contra dos de ellos: el entonces teniente primero Arturo Félix González Naya, de quien dijo que fue “el único responsable de lo que se hizo en la Jefatura” y el capitán Mario D’Ursi, ambos supervisores militares designados por el Comando de la Quinta Brigada de Infantería en el Departamento de Inteligencia (D-2) de la policía tucumana.
Roberto Heriberto Albornoz (a) El Tuerto , fue una pieza fundamental en la represión de los militantes populares tucumanos desde comienzos de la década del ’70 y hasta el final de la dictadura. Feroz e implacable contra estudiantes y trabajadores que protagonizaron luchas memorables en la primera mitad de esa década, fue puesto en disponibilidad por el gobierno democrático en 1973.
Pero a comienzos de 1974 fue reintegrado a la policía y siguiendo instrucciones de Luciano Benjamín Menéndez, entonces comandante de la Quinta Brigada, formó un grupo ilegal y clandestino junto a los militares del Destacamento 142 de Inteligencia. Sembraron muerte y terror en el campo y las ciudades y sobre la base de su estructura, una vez lanzada la Operación Independencia, organizaron el Servicio de Información Confidencial, con campo de concentración propio en el ala sur del edificio de la Jefatura de Policía.
Albornoz, en su declaración, despegó de sus críticas a Bussi y Menéndez, de quienes dijo que “son comandantes que se hacen cargo y asumen su responsabilidad, no como los otros (militares) que huyen despavoridos”. Se ensañó particularmente con González Naya, a quien responsabilizó por los secuestros, interrogatorios y crímenes cometidos. De él dijo que, contrariamente a lo que se informó –que está muerto– “deambula por las calles de Buenos Aires” y que “habría que encontrarlo y traerlo”.
Según Albornoz, González Naya “elegía el personal que iba a acompañarlo para salir” (a secuestrar) y también que “participaba en las reuniones de la Comunidad Informativa”. Y en cuanto al funcionamiento del centro clandestino de detención de la Jefatura, señaló que “es cierto que se llevaban personas, algunas quedaban registradas y otras no”. Finalmente, dijo que en ese lugar nunca se mató, que a los secuestrados se los trasladaba a otro lugar en distintos vehículos, a algunos en automotores “operativos” y a otros en “camiones militares”.
Al ser interrogado por su propio abogado defensor sobre el destino de esos viajes a la muerte, Albornoz estimó que los llevaban al campo de concentración que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga. En medio de sus críticas a Clemente, El Tuerto confirmó que en el ex ingenio Nueva Baviera, donde funcionó el Comando Táctico de la Operación Independencia una vez desactivada la sede de Famaillá, después de marzo de 1976, “había un centro de detención”.
Hasta ahora nunca una voz oficial había admitido la existencia de la Comunidad Informativa. Albornoz lo hizo y aunque no dio precisiones sobre su funcionamiento ni sus integrantes, sus palabras prueban lo que siempre se denunció: que allí se decidía la vida y la muerte de los ciudadanos. Según él, las reuniones “eran presididas por Cattáneo y el jefe de policía o el subjefe y participaban supervisores y jefes de otras fuerzas, de la Policía Federal, la Gendarmería y muchos jefes de destacamento”.
Allí “se analizaba (la situación de los prisioneros) y aconsejaban, evidentemente se decidía la disposición final”. Según Albornoz, a esa Comunidad iba la información que suministraban los supervisores militares (en el caso de la Jefatura, González Naya y D’Ursi) y después de ser estudiada allí, “volvían a manos del supervisor para ser ejecutadas las decisiones”. Cuando su abogado Avila Gallo le preguntó “y dónde ejecutaban” (los asesinatos), El Tuerto dijo: “No me consta. Pero por intuición, se resolvía de prepo, al estilo de los militares. Acá hay una orden, se cumple. La gente se trasladaba, puedo pecar, pero por intuición, presumo que podrían ser llevados a un lugar como Arsenales”.
La Comunidad de Servicios de Inteligencia, como era su verdadero nombre, funcionaba en la sede del Comando de la Quinta Brigada de Infantería. Presidía sus reuniones el coronel Alberto Cattáneo en su calidad de segundo de Bussi, pero quienes manejaban toda la información y aconsejaban las decisiones eran los oficiales del Destacamento 142 de Inteligencia, el verdadero motor de la represión ilegal. El jefe del 142 en el período más duro de la represión fue el coronel Eugenio González Breard, un egresado y profesor de la Escuela de las Américas de los Estados Unidos, autor de un libro póstumo titulado La guerrilla en Tucumán, una historia no contada , obra prologada con elogios por Rosendo Fraga.
La Comunidad estaba integrada por los titulares de todos los servicios de inteligencia destacados en Tucumán, tanto de las tres Fuerzas Armadas como de las Policías Federal y Provincial, la Gendarmería y la Side. La Comunidad realizaba dos tipos de reuniones. Una para decidir a quiénes secuestrar y otra para adoptar decisiones sobre la suerte final de los que ya estaban prisioneros en los campos de concentración.
A las reuniones para elegir los blancos a ser secuestrados asistían también, además de los hombres de Inteligencia, empresarios, sacerdotes, periodistas y alcahuetes de distinta laya que señalaban a sus comprovincianos que consideraban “subversivos”. De inmediato las distintas patotas que se movían en la provincia, entre ellas la de la Jefatura, encabezada por González Naya y Albornoz, salían a la búsqueda de las víctimas.
La otra reunión de la Comunidad era para resolver el destino final de los que ya estaban en cautiverio. En esa reunión jugaban un rol central los supervisores que actuaban en los campos de concentración, quienes iban con las declaraciones arrancadas en las mesas de tortura y evaluaban si esos prisioneros debían continuar secuestrados, ser liberados o asesinados. A esto último se denominaba DF (disposición final).
LOS "INTERROGADORES DE PRISIONEROS"
La capucha fue el emblema de la Operación Independencia y su continuidad durante la dictadura militar. Con Acdel Vilas primero y con Antonio Bussi después, los militares desarrollaron la tarea represiva en forma nocturna, ilegal y clandestina. Mientras los militares ocuparon la provincia con fuerzas de tareas, destacamentos y retenes, otro ejército actuó en la oscuridad. En la primera etapa, dos fuerzas de tareas, una en San Miguel de Tucumán y otra en Concepción, dedicaron sus esfuerzos, según palabras del propio Vilas, “a la caza del subversivo urbano”. Una vez capturadas las personas y tras su paso por algún chupadero donde los secuestradores procedían a la primera tarea de “ablande”, trasladaban a los prisioneros a dos campos de concentración: la Escuelita de Famaillá y la Jefatura de Policía. Bussi, en la segunda etapa, inaugurada tras el golpe del 24 de marzo de 1976, clandestinizó aún más la represión. A la criminalidad pública de Vilas, que arrojó personas desde helicópteros y depositó cadáveres hasta en la Plaza Independencia de la capital tucumana, Bussi la reemplazó por una acción menos visible, aunque igualmente criminal. Aumentó los grupos operativos y tras cerrar la Escuelita de Famaillá y trasladar ese campo al ex ingenio Nueva Baviera, abrió otros centros de concentración y exterminio. En esos campos cumplían su macabra tarea los IPG (Interrogadores de Prisioneros de Guerra). Eran militares, efectivos de las fuerzas de seguridad y civiles, con un denominador común: todos eran de Inteligencia y la mayoría había sido instruida en las escuelas yanquis de Panamá y Estados Unidos. Como lo confirmó esta semana El Tuerto Albornoz, rotaban cada 45 días e iban a Tucumán desde Córdoba y Buenos Aires. Los supervisores militares de los campos duraron períodos muchos más extensos. Si se tuviera la decisión de llegar hasta las últimas consecuencias en la búsqueda de la verdad y se revisaran expedientes y legajos, podría conocerse la identidad de todos los torturadores y asesinos, deuda hasta ahora incumplida por la Justicia.
Fuente:MiradasalSur
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