El gobierno uruguayo advirtió que no aceptará el desacato de los represores
Tras una carta enviada por un grupo de militares retirados autodenominado Foro Libertad y Concordia al jefe del ejército uruguayo, en la que afirmaban sufrir un "hostigamiento social" y amenazaban con no acatar las disposiciones judiciales, el gobierno de José Mujica ratificó que "respaldará con sus instituciones en forma plena las resoluciones adoptadas por el Poder Judicial". Recordó también que los integrantes de las Fuerzas Armadas tienen prohibido participar en actividades de carácter político.
"Todo ciudadano tiene la potestad de emitir opiniones discrepantes con lo actuado por la Justicia, pero a ningún ciudadano se le admitirá no acatar lo resuelto por ella", indica una nota oficial emitida hoy por el gabinete de seguridad, que este martes analizó una nota de militares retirados.
En ese documento, un grupo autodenominado Foro Libertad y Concordia denunció una situación de "hostigamiento social", al considerarse "víctimas del afán incriminatorio por parte de algunos jueces y fiscales" que investigan violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura (1973-1985). Los militares retirados, cuyos nombres no trascendieron, advirtieron además que harán sentir su voz, "que será muy fuerte, extremo al que no desearían llegar".
El gabinete de Seguridad, integrado por los ministros de Defensa Nacional, Luis Rosadilla; Relaciones Exteriores, Luis Almagro; el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez; el secretario de la presidencia, Alberto Breccia y el prosecretario, Diego Cánepa, además del presidente del país, José Mujica, expresó que "Uruguay goza hoy de plena salud democrática. Sus instituciones actúan en plena vigencia del Estado de Derecho y la separación de Poderes" por lo cual "el el Poder Ejecutivo respeta y garantiza la libertad de expresión".
Advierte, sin embargo, que "respaldará con sus instituciones en forma plena las resoluciones adoptadas por el Poder Judicial. Quienes no estén de acuerdo con dichas resoluciones, tienen garantizado el legítimo derecho a canalizar dicha discrepancia, por los medios y con los instrumentos que el derecho nacional e internacional prevén para ello".
En Uruguay, por disposición constitucional, está absolutamente vedado a los integrantes de las Fuerzas Armadas las actividades de carácter político, excepto el voto. "No es admisible, por lo tanto, que se intente que las Fuerzas Armadas asuman como institución la defensa de personas indagadas por diversos delitos" indica el comunicado oficial.
Este martes la Justicia civil de Uruguay comenzó nuevamente a citar a militares y policías por diversos casos reabiertos a la vez que un equipo de expertos forenses reanudó una serie de excavaciones en predios militares en el marco de la búsqueda de restos de desaparecidos que fueron víctima de la represión de la dictadura.
Fuente:Pagina12
Jueves, 03 de febrero, 2011 Foro Libertad y Concordia. Pretendió "descalificar" a la Justicia
Todo el sistema político repudió amenaza militar
Tras la cuestionada difusión de una carta del llamado Foro Libertad y Concordia, los legisladores de todos los partidos políticos expresaron su más enfático respaldo a las instituciones democráticas y al Poder Judicial.
Reunidas sin previo aviso en la sede del Poder Legislativo, las bancadas de los partidos resolvieron además "declarar que el Parlamento de la República velará por la defensa de las instituciones y la plena vigencia del Estado de derecho, rechazando firmemente las expresiones amenazantes señaladas".
Los diputados y senadores de los cuatro partidos con representación parlamentaria explicaron que resolvieron emitir una declaración "ante la aparición pública de un comunicado hecho por un grupo de militares retirados que pretenden descalificar y amenazar el libre e independiente desempeño de la Justicia en nuestro país".
La declaración fue suscrita por legisladores de los partidos Nacional, Colorado, Frente Amplio e Independiente que integran las distintas bancadas de las cámaras de senadores y representantes.
La manifestación de repudio a la misiva divulgada por el grupo de militares, que cuestionaron el accionar del Poder Judicial por intentar esclarecer las violaciones a los Derechos Humanos que fueron perpetradas por los militares represores durante la dictadura, se sumó a la escalada de fuertes rechazos que el Foro Libertad y Concordia ha venido recibiendo desde que tuvo aparición.
La carta del Foro Libertad y Concordia, que fuera entregada a los comandantes de las tres Fuerzas Armadas y a las organizaciones e instituciones sociales castrenses había atribuido intencionalidades espurias y revanchistas al Poder Judicial al tiempo que denunciaba un supuesto "hostigamiento" a la familia militar. La misiva había sido repudiada por la central de trabajadores y por múltiples organizaciones sociales que manifestaron su desaprobación el domingo mediante un caceroleo.
La declaración emitida ayer de tarde por los cuatro partidos con representación parlamentaria, que en su conjunto representan a la unanimidad de la opinión de todo el sistema político legitimado en las urnas, reflejó un punto de inflexión que reveló de modo tácito la carencia de apoyo ciudadano que caracterizó, desde un comienzo, a los militares agrupados en el Foro Libertad y Concordia.
Los firmantes que respaldaron la lapidaria declaración van desde el líder blanco Jorge Larrañaga a la dirigente tupamara Lucía Topolansky pasando por el batllista José Amorín o el independiente Iván Posada. También signaron los blancos Javier García, Francisco Gallinal y Rodolfo Caram, así como los colorados Walter Verri y Ope Pasquet.
De igual modo suscribieron la declaración el aliancista y ex vicepresidente Rodolfo Nin Novoa como el también tupamaro Ernesto Agazzi, el colorado y bordaberrista Fernando Amado y el nuevoespacista Jorge Pozzi. La firma del emepepista Gonzalo de Toro, y la del nuevoespacista Felipe Michelini, figuraron junto a la del frentista Doreen Javier Ibarra y la del batllista y ex intendente riverense Tabaré Viera.
También rubricaron la declaración los blancos Verónica Alonso y Mario García, el socialista Julio Bango. Junto al colorado José Amy firmó el blanco José Arocena. A su lado signó el colorado Pedro Bordaberry. A la vez hicieron lo propio los frentistas José Bayardi y Mónica Xavier, entre otros.
Fuente:LaRepublica
Batallón 14. Trabajarán en un predio de 3 hectáreas que había sido investigado en 2009
Retoman excavaciones en busca del cementerio clandestino "Arlington"
El Poder Ejecutivo, en convenio con la Universidad de la República (Udelar), retomó ayer las excavaciones de predios militares en busca de ciudadanos detenidos desaparecidos. El posible hallazgo de "Arlington", un cementerio clandestino, fue el disparador de los trabajos.
El Equipo de Antropología Forense de la Udelar inició un nuevo período de excavaciones en el Batallón de Paracaidistas Nº 14 de Toledo, en busca de restos de ciudadanos detenidos desaparecidos, tras una requisitoria librada por el juez Penal de 2º Turno, Pedro Salazar, en el marco de la indagatoria por el secuestro y desaparición de María Claudia García de Gelman.
El magistrado solicitó, en octubre de 2010, a Presidencia de la República habilitar la reanudación de los trabajos arqueológicos en el Batallón Nº 14, en una zona previamente delimitada del predio, en virtud de la posible existencia de enterramientos clandestinos en el área. El pedido fue formulado, tras la comparecencia ante la Sede del antropólogo José María López Mazz.
López Mazz detalló ante el juez Salazar la existencia de "fuertes" indicios de eventuales enterramientos clandestinos en dicha unidad militar, por cuanto durante el anterior ingreso al predio habría implicado el hallazgo de "Arlington", denominación adoptada por los represores uruguayos para señalizar un cementerio clandestino de la dictadura.
La denominación de la zona como "Arlington" era una asociación directa con el cementerio ubicado en esa localidad del Estado de Virginia (EEUU), en terrenos de la casa del general sureño Robert E. Lee, donde se ha enterrado a soldados norteamericanos desde la guerra civil (1861-65). La existencia de "Arlington" había sido denunciada por el ex secretario presidencial Carlos Ramela durante su actuación en la Comisión para la Paz.
En este sentido, las excavaciones tendrán lugar en una zona de 3 hectáreas, aproximadamente, la cual fue explorada en forma superficial en noviembre de 2009. La zona, ubicada en el predio conocido como los campos de Vidiella, evidenciaría la existencia de movimientos de tierra y otras técnicas de exhumación de restos, lo cual confirmaría los trabajos impulsados por los propios militares, ya en democracia, en la denominada "Operación Zanahoria".
Dos pequeños fragmentos de huesos fueron encontrados allí y posteriormente enviados a la República Argentina para su análisis, con el objetivo de confirmar si se trata de restos humanos. Los trabajos de ADN aún no habrían comenzado por problemas burocráticos en el Poder Judicial argentino.
Seis meses
El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, confirmó el ingreso del Equipo de Antropología Forense al predio militar, en busca de restos de detenidos desaparecidos en predios militares, en el marco de un nuevo convenio firmado entre Presidencia de la República y la Udelar.
La requisitoria judicial para la reanudación de las excavaciones implicó disponer, durante la confección de la Ley de Presupuesto 2011-2015, partidas de dinero para "respaldar" el trabajo de la Secretaría de Seguimiento de la Comipaz, según explicó Breccia. Los trabajos arqueológicos se extenderían durante seis meses, aunque no se descarta extender los plazos.
En este sentido, el Equipo de Antropología Forense deberá reportar en forma inmediata a Presidencia de la República todos los posibles hallazgos. En tanto, el juez Salazar está plenamente informado sobre las tareas desarrolladas en el predio y también será notificado en forma inmediata sobre posibles resultados, señaló Breccia.
El juez Salazar y el fiscal Ariel Cancela, incluso, podrían constituirse hoy en el Batallón Nº 14 como forma de inspeccionar "in situ" el inicio de los trabajos, según indicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA. Asimismo, no se descarta la presencia de los abogados de los militares indagados por el secuestro y desaparición de María Claudia García de Gelman, dijeron las fuentes.
Fuente:LaRepublica
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