Citaciones masivas: Juzgados retoman las causas de violaciones a los DDHH
Una treintena de militares, en situación de retiro, deberán comparecer ante la Justicia por casos vinculados a las graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Será este 1º de febrero, cuando se reinicie la actividad judicial, con la reapertura de los tribunales.
La carta emitida por un grupo de militares, nucleados en el "Foro Libertad y Concordia", donde denuncian un presunto "hostigamiento" del gobierno, jueces y fiscales, en las causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, no generó efectos en el accionar de la Justicia, por cuanto varios militares fueron citados para comparecer ante los tribunales con el reinicio de la actividad judicial.
A nivel político, ayer se sumó el Partido Comunista a los cuestionamientos por el contenido de la misiva en la que el grupo castrense no descartó hacer "sentir nuestra voz, que será muy fuerte, extremo al que no desearíamos llegar jamás", en caso que se produzcan nuevos procesamientos. A su vez, para hoy fue convocada una caceroleada en distintos puntos (véase recuadro)
La jueza penal de 7º Turno, Mariana Mota, y la fiscal Ana Maria Tellechea interrogarán a unos 15 militares en situación de retiro, en el marco de la indagatoria por la desaparición del militante comunista Horacio Gelós Bonilla, un proceso tramitado en expediente anexo a la causa judicial contra el dictador Juan Maria Bordaberry, por "Atentado a la Constitución".
La magistrada y la representante del Ministerio Público analizaron las pruebas recopiladas durante la instrucción y dispusieron la citación de los militares como forma de "ampliar la indagatoria" y poder identificar a los responsables de su tortura, muerte y posterior desaparición, según dijeron fuentes judiciales a La República. Los militares deberán comparecer los días 7, 8, 10 y 12 de febrero.
Gelós Bonilla, un ex militante sindical, integrante del Partido Comunista (PCU) y edil del Maldonado por el Frente Amplio (FA), fue asesinado en enero de 1976, en las entrañas del Batallón de Ingenieros Nº 4 de Laguna del Sauce, tras una cruenta sesión de torturas. Tenía 33 años, era soltero, obrero de la construcción y militante del Sunca. Los testimonios de testigos indican que fue "castrado" poco antes de morir.
"Ahí me levantan la capucha y traen a Gelós Bonilla, maniatado con las rodillas junto a la cabeza. Lo traían a rastras. Ahí vi que lo castraban y salía sangre a borbotones. Yo sólo veía parcialmente el cuerpo de Gelós, se quejaba espantosamente. Los quejidos se fueron apagando", narró un testigo ante una Comisión de Derechos Humanos creada en 1986 para investigar los crímenes de la Dictadura.
El cuerpo del militante comunista nunca pudo ser recuperado. El equipo de Antropología Forense de la Universidad de la República ingresó en 2009 al predio del Batallón de Ingenieros Nº 4 en busca de sus restos, tras el testimonio aportado por un ex militar donde se brindaban datos "certeros" sobre su paradero. Los trabajos no dieron resultados.
Otras causas
La causa por la cual se indaga la muerte y desaparición de Gelós Bonilla, sin embargo, no será la única en la cual se prevé la convocatoria de militares en situación de retiro por los crímenes perpetrados durante la dictadura, tras el reinicio de la actividad judicial.
La jueza Mota y la fiscal Tellechea tienen prevista la citación de ocho militares en el marco de la indagatoria por el "homicidio político" del militante comunista Ubagesner Chaves Sosa, en 1976. La citación de los militares fue producto de los testimonios aportados por tres ex detenidos políticos en la Base Aérea de Boiso Lanza.
Boiso Lanza fue catalogado por los testigos como un centro de operaciones del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y del S2, el cual presuntamente era liderado por el capitán (r) Uruguay Araújo Umpiérrez, procesado por el crimen de Chaves Sosa en octubre de 2010.
En este sentido, la citación de los militares pretende identificar a los integrantes del cuerpo de oficiales encargado de la práctica sistemática de torturas en la unidad militar, señalaron las fuentes.
Chaves Sosa, militante sindical y del PCU, fue detenido el 28 de mayo de 1976 y derivado a Boiso Lanza, donde fue interrogado y torturado, falleciendo horas más tarde.
El caso se tornó emblemático, por cuanto significó el primer cuerpo de un detenido-desaparecido recuperado desde la reapertura democrática en 1985. Sus restos reaparecieron el 29 de noviembre de 2005 en una chacra de Pando, tras los trabajos del equipo de Antropología Forense de la Udelar, en base a información brindada por la FAU.
En tanto, la fiscal Ana María Tellechea solicitaría la comparecencia de varios militares (seguramente más de 10), en el marco de la indagatoria por la muerte por torturas de Aldo Perrini Guala, en el Batallón de Infantería Nº 4 de Colonia, en 1974.
La comparecencia de una veintena de testigos en la causa determinó el fin de la primera etapa de la indagatoria. La jueza Mota resolvió, entonces, derivar el expediente en vista a la Fiscalía para su pronunciamiento; la fiscal pediría la citación de los militares identificados por los testigos como forma de valorar su posible responsabilidad en los hechos. Uno de los citados sería uno de los militares detenidos en la Unidad Penitenciaria Nº 8 ("Cárcel Especial para Militares"), por graves violaciones a los derechos humanos.
El caso de Aldo Perrini fue uno de los 19 crímenes perpetrados por el aparato represivo del Estado para los cuales la Ley de Caducidad fue declarada "inconstitucional e inaplicable" por la Suprema Corte de Justicia. El fallo habilitó la investigación de la totalidad de los responsables en el crimen.
Causas pendientes de resolución
El reinicio de la actividad judicial en 2011 no solamente implicará la citación de una treintena de militares para comparecer como "testigos" o "indagados" en causas por violaciones a los derechos humanos, ya que dos militares en situación de retiro aguardan la resolución de las causas en las cuales son imputados: las muertes de Ramón Peré y Roberto Luzardo.
El juez penal de 3º Turno, Sergio Torres, dejó pendiente para los primeros días de febrero su resolución ante la imputación formulada contra el coronel (r) Tranquilino Machado. El fiscal Juan Gómez solicitó su enjuiciamiento, por un delito de "homicidio muy especialmente agravado", como autor de los disparos por la espalda que hirieron de muerte a Peré, en julio de 1973.
En tanto, el juez penal de 1º Turno, Juan Carlos Fernández Lecchini, deberá resolver la imputación formulada contra el dictador Gregorio "Goyo" Alvarez, por la muerte del militante del MLN-T, Roberto Luzardo, en el Hospital Militar; la fiscal Adriana Costa solicitó su enjuiciamiento como coautor de un "homicidio muy especialmente agravado".
Alvarez, entonces jefe del Estado Mayor Conjunto (Esmaco), habría sido el autor de la orden por la cual el militante tupamaro no recibió la asistencia médica adecuada en el nosocomio castrense, tras ser herido de bala durante un violento procedimiento en el "Bar Asturias", en agosto de 1972.
FuentedeOrigen:LaRepública
Fuente:EsquinaMontevideo
DECLARACIONES DE UN REPRESOR URUGUAYO DESDE LA CARCEL
“El caso de Macarena fue una cosa rara”
El ex coronel Gilberto Vázquez, vinculado al asesinato de María Claudia García, dijo que la muerte de la nuera del poeta Gelman fue “un daño colateral”. Y que la desaparición de personas se decidió por “razones económicas”.
Por Mercedes López San Miguel
Con desparpajo, el represor uruguayo Gilberto Vázquez dijo lo que se sabe y otros militares niegan: “torturábamos y con algunos se nos fue la mano”. El ex coronel dio una entrevista al portal Ultimas Noticias desde la cárcel, él, que cumple una condena de 25 años y está acusado por la Justicia argentina de tener vinculación con el secuestro y asesinato de la nuera del poeta Juan Gelman. El, justamente él, calificó la muerte de María Claudia García como “un daño colateral”. “Son cosas que salen del objetivo militar. Nunca pude entender por qué la trajeron.”
El coronel retirado fue condenado junto a otros cinco militares uruguayos por 28 delitos de homicidio especialmente agravado en el marco de las investigaciones sobre el denominado “segundo vuelo” que trasladó a los presos políticos de Buenos Aires a Montevideo en 1976. En la entrevista, Vázquez negó ese traslado. “El segundo vuelo es un invento. En el primero los trajimos porque allá (en Argentina) los iban a matar. Los salvamos, no por cuestiones humanitarias sino porque para nosotros eran fuente de información importante.”
La Justicia uruguaya concedió la extradición a Argentina de Vázquez y otros tres represores detenidos en ese país y acusados de estar implicados en el asesinato de María Claudia García –medida que se concretará cuando los militares cumplan sus condenas–. La nuera del poeta fue secuestrada en Buenos Aires en 1976 a los 19 años. Estaba embarazada de siete meses cuando fue trasladada a Uruguay, donde dio a luz; luego fue asesinada. Su beba, Macarena, fue abandonada en la casa de un matrimonio. Con 24 años, Macarena conoció su verdadera identidad en el 2000.
Con una fuerte dosis de cinismo, Vázquez aseguró que en su país no se robaron niños y estimó que el caso de Macarena Gelman “fue una cosa rara”. “Cuando no-sotros teníamos a un argentino, se lo dábamos a ellos porque les podía servir como fuente de información y nos traíamos a los uruguayos, pero traerse a una argentina para acá no tiene la menor lógica”, dijo a Ultimas Noticias.
Se le preguntó por qué lo hicieron. El coronel respondió sin mostrar arrepentimiento. “Cosas que pasan en la guerra. Son daños colaterales, como cuando tiramos para matar en un lado y uno se tara o le erra y encaja un bombazo en una escuela. Son cosas que salen del objetivo militar. Nunca pude entender por qué se la trajeron.”
El detenido por delitos de lesa humanidad aseguró que no existen restos de desaparecidos en su país, ya que poco antes del retorno de la democracia en 1985 fueron desenterrados, quemados y sus cenizas arrojadas a un arroyo en lo que se llama “Operación Zanahoria”. “Los desaparecidos no están, no hay nada. Lo saben las Fuerzas Armadas, en el Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros) y en el Partido Comunista.”
Sin embargo, no hay pruebas de que esa tal “Operación Zanahoria” se haya efectuado, afirmó a Página/12 Efraín Olivera, integrante del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj). El también fundador del Serpaj interpretó las declaraciones de Vázquez como “típicas de un mediático, un hombre que se escapó del hospital militar usando una peluca”.
Vázquez dijo al portal uruguayo que la decisión de hacer desa-parecer gente en su país respondió a razones económicas. “Al principio se entregaban los cuerpos. Después los altos mandos nos explicaron que el país tenía un drama económico y se necesitaba dar una sensación de tranquilidad para favorecer la inversión. La orden fue que, cuando muriera alguno, no apareciera.”
Varios ex militares y policías en la cárcel de Domingo Arena negaron el testimonio de Vázquez. Entre ellos, los ex coroneles Carlos Calcagno y Jorge Silveira “deslindan responsabilidad por los hechos y circunstancias” mencionadas en el reportaje. Las declaraciones de Vázquez ocurren cuando hay malestar entre algunos uniformados retirados que se sienten “hostigados” ante nuevas citaciones de la Justicia.
Cacerolazo desde la red
Un grupo creado en Facebook llamó a los uruguayos a realizar ayer un “cacerolazo” en repudio a recientes declaraciones de militares. La convocatoria tuvo aceptación en la red social, sumando a unos 5000 adherentes, de los cuales la mayoría dijo que iba a volcarse a las calles en distintos puntos de Montevideo entre las 20.30 y las 21. La Justicia uruguaya citará a partir de febrero a decenas de militares acusados de torturas y desapariciones durante la dictadura (1973-1985), lo que generó malestar entre algunos uniformados retirados que consideraron que hay un “hostigamiento” a las Fuerzas Armadas. Varios militares afirmaron que estaba dispuestos a resistir en caso de ser citados por la Justicia, como el coronel Gonzalo Pérez, miembro de la Comisión Directiva del Círculo Militar.
Fuente:Pagina12
Ex represor uruguayo asegura que la tortura “era útil”
ANSA
Gilberto Vázquez, preso desde 2006 por violaciones de derechos humanos, dijo que los casos de desapariciones durante la dictadura “fueron mínimos” y que los cuerpos de quienes morían en la tortura no se entregaban para no afectar el turismo ni la economía.
Foto: PVP.ORG.UY
El ex represor uruguayo Gilberto Vázquez, preso desde 2006 por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar (1973-1985), justificó en una entrevista con medios locales la tortura a detenidos y agregó que los restos de los desaparecidos fueron desenterrados y tirados a un arroyo antes del retorno a la democracia.
Vázquez, un ex oficial de Inteligencia, dijo en una entrevista con el diario Últimas Noticias publicada este lunes, que la tortura “era útil” y ejemplificó con los guerrilleros tupamaros.
“Cuando los empezamos a cascar (a los miembros de esa grupo guerrillero) y los tipos entraron a hablar, ellos nos enseñaron cómo funcionaba el MLN (Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros) y dónde estaba cada uno”, explicó.
“En un año se vinieron abajo. Pasamos de estar achicados a achicarlos a ellos”, sostuvo el ex oficial, quien también reveló que practicaban tortura entre los oficiales. “Nos metíamos picana para ver lo que era y no es tanta cosa”, comentó.
Consideró que los casos de desapariciones “fueron mínimos” y que los cuerpos de quienes morían en la tortura no se entregaban por “razones económicas”, dado que “el problema económico era tremendo y el país se salvaba por el turismo y se necesitaba dar una sensación de tranquilidad para favorecer la inversión”.
Aseguró además, que los cuerpos de los desaparecidos “no están”, ya que “vino la Operación Zanahoria” y “a fines de 1984 se desenterraron los que había, se quemaron y se tiraron las cenizas a un arroyo, creo que en Manga (periferia norte de Montevideo)”.
Dijo no arrepentirse de su actuación y sentirse “orgulloso de haber podido participar en la salvación del país”.
“¿Se imagina lo que hubiera sido un Uruguay comunista en medio de la guerra fría? ¿Vio lo que pasó en Vietnam? Acá hubiera sido espantoso. Era una cuestión práctica”, concluyó Vázquez, preso desde 2006 junto a una docena de ex represores, entre ellos el ex dictador Gregorio Álvarez (1981-1985), por crímenes cometidos durante el régimen.
Fuente:ANSA
URUGUAY-DDHH
Militares responderán por violaciones a los Derechos Humanos en Uruguay
30 militares deberán declarar este martes ante la Justicia en Uruguay por violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante la dictadura militar.
La jueza Mariana Mota citó a 15 uniformados para que respondan por el crimen del edil frenteamplista Gelós Bonilla, asesinado en enero de 1976 en el Batallón de Ingenieros de Laguna del Sauce.
Gelós Bonilla tenía 33 años cuando murió. Era soltero, obrero de la construcción y militante del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines (Sunca).
Asimismo, otros 8 militares deberán responder por la muerte del militante comunista Ubagesner Chaves Sosa, muerto en la Base Aérea Boiso Lanza.
Chaves Sosa fue detenido el 28 de mayo de 1976 y derivado a Boiso Lanza, donde fue interrogado y torturado, y donde falleció horas más tarde.
Sus restos reaparecieron el 29 de noviembre de 2005 en una chacra de Pando tras los trabajos del equipo de Antropología Forense de la Universidad de la República.
Fue el primer cuerpo de un detenido-desaparecido recuperado desde la reapertura democrática en 1985.
Asimismo, otros 7 uniformados deberán declarar sobre la desaparición de Aldo Perrini Guala en el batallón de Infantería de Colonia.
El caso de Aldo Perrini fue uno de los 19 crímenes para los cuales la Ley de Caducidad fue declarada "inconstitucional e inaplicable" por la Suprema Corte de Justicia.
Mientras tanto, un grupo creado en Facebook llamó a los uruguayos a realizar un "cacerolazo" para este lunes a la tarde en protesta por las recientes declaraciones y amenazas de algunos militares que se oponen a los procesos judiciales.
Estela Sellanes, Red de corresponsales
31/01/2011
Fuente:AgPulsar
Muerte de nuera de Gelman en dictadura uruguaya, "daño colateral" (represor)
31 de enero de 2011
La muerte de María Claudia García, nuera del poeta argentino Juan Gelman, durante la dictadura uruguaya (1973-1985), y el secuestro de su hija, Macarena Gelman, fueron "daños colaterales" de una "guerra", dijo el lunes un ex represor uruguayo, que justificó la tortura por móviles económicos.
Las declaraciones fueron realizadas por el coronel retirado Gilberto Vázquez al diario Ultimas Noticias, que lo entrevistó en la cárcel, donde cumple una condena de 25 años por el traslado clandestino de presos políticos en 1976.
María Claudia García fue secuestrada en Buenos Aires en 1976 a los 19 años con siete meses de embarazo y luego trasladada a Uruguay, donde dio a luz y desapareció. Su hija Macarena fue entregada ilegalmente a la familia de un oficial policial uruguayo y su identidad original fue establecida en el año 2000.
Vázquez aseguró que en Uruguay no se robaron niños y estimó que el caso de Macarena Gelman "fue una cosa rara".
"Cuando nosotros teníamos a un argentino, se lo dábamos a ellos porque les podía servir como fuente de información y nos traíamos a los uruguayos pero traerse a una argentina para acá, no tiene la menor lógica", indicó.
Consultado sobre por qué se hizo, respondió: "Cosas que pasan en la guerra. Son daños colaterales, como cuando tiramos para matar en un lado y uno se tara o le erra y encaja un bombazo en una escuela. Son cosas que salen del objetivo militar".
El ex represor dijo además que la decisión de desaparecer gente durante la dictadura fue una orden que "vino de arriba" y respondió a "razones económicas", porque "el país necesitaba dar una sensación de tranquilidad para favorecer la inversión".
Según Vázquez, "no había más remedio" que recurrir a la tortura y a las desapariciones.
"Se hacía lo que hiciera falta para tener información porque del otro lado estaba la vida de nuestros soldados y la Paz de la República", dijo el militar.
"Nosotros salvamos al país y estamos orgullosos", aseguró.
Las declaraciones de Vázquez ocurren cuando hay malestar entre algunos uniformados retirados por la previsión de nuevas citaciones de militares ante la justicia, cuando se reinicie en febrero la actividad en los juzgados tras la feria judicial.
Fuente:Telam
"No había más remedio que torturar y desaparecer gente"
31 de Enero de 2011
Vázquez dijo que la decisión de desaparecer gente durante la dictadura respondió a “razones económicas” y que la tortura era “útil” y “necesaria”.
Un día antes de que la Justicia inicie las citaciones a militares por su participación en torturas, Vázquez le dijo a "Últimas Noticias" que “no había más remedio” que recurrir a ese método de interrogación. “Con algunos se nos fue la mano”, dijo.
Condenado a 25 años -la cumple en la cárcel de Domingo Arena- el militar afirmó que los uruguayos que retornaron desde Argentina en el “primer vuelo” no fueron “rescatados” por “cuestiones humanitarias” sino porque “eran fuente de información”.
La entrevista publicada por "Últimas Noticias", es la siguiente:
-¿Por qué empezó la tortura?
-Era útil. Cambió la cosa porque la realidad era que al principio no se podía prender a nadie. Una vez agarramos a una mujer que tenía una pistola. Cuando llegó al juez le dijo: "Me la pusieron". Nosotros sabíamos a cara de perro de leyes militares pero no de leyes civiles. Al final, los culpables éramos nosotros. Así no podíamos hacer nada. Después se nos escaparon los tupamaros de Punta Carretas y la sensación de derrota fue total. No se podía con aquella gente, no había forma.
-¿Y torturarlos los detuvo?
-Claro. Cuando los empezamos a cascar y los tipos entraron a hablar, ellos nos enseñaron cómo funcionaba el MLN (Movimiento de Liberación Nacional) y dónde estaba cada uno. En un año se vinieron abajo. Pasamos de estar achicados a achicarlos a ellos. Andaban a los saltos. Agarrábamos a uno y el tipo ya llegaba al cuartel pensando: "Acá me van a hacer pelota". Entonces muchos llegaban y decían: "Vamos a hablar bien" y no precisaba mucha tortura.
-Pero igual los torturaban...
-Sí. Se hacía lo que hiciera falta para tener la información porque del otro lado estaba la vida de nuestros soldados y la paz de la República. Se vivía en un estado de inquietud permanente.
-¿Cómo torturaban?
-Nosotros antes de aplicar la tortura entera, nos dábamos unos choques eléctricos. Nos metíamos picana para ver lo que era y no es tanta cosa. Lo que pasa es que era entre nosotros. Uno sabe que no lo van a matar pero cuando es el enemigo, la cosa cambia radicalmente. Uno no va a traicionar las ideas y los compañeros por un dolorcito, pero cuando la cosa viene de que lo van a matar, cambia. Igual se ha hecho una historia negra de que además se robaba y se violaba y no era así. Nosotros no permitíamos que esas cosas pasaran. Si pasaba, iba preso.
-Pero no sólo se denunciaron torturas, también se denunciaron violaciones.
-No. No se permitía ni reírse. Era algo doloroso, triste y lamentable. A uno torturar le pesa en la conciencia toda la vida pero no había más remedio. Terminaron en el psicólogo los torturados y los torturadores porque es llegar al último nivel de violencia. La guerra es brutal.
-¿Torturadores fueron todos? ¿Esto abarcó a todas las Fuerzas Armadas?
-Yo no le voy a decir quiénes, ni cómo, ni dónde pero parece que tienen listas de cientos de tipos (la Justicia). Lo que pasa es que a todos les tocaba algo que tenía que ver. De repente le tocaba estar preparando soldados, o haciendo la comida para los que iban a combatir. Es como hacer un informativo. Uno pone la cara pero atrás hay un montón de gente que colabora. La guerra es obediencia y por las buenas o las malas, el mando se impone. Cada uno hacía su parte.
-¿Por qué desaparecieron gente?
-Fueron casos mínimos. No se mataba a nadie. En Chile los mataban, en Argentina el sistema era hacer desaparecer. Acá está (José) Mujica presidente, el Ñato (Eleuterio Fernández Huidobro) senador, (Eduardo) Bonomi de ministro. Acá fueron veinte. Con algunos se nos fue la mano y otros eran tipos enfermos, que de repente llegaban y sin tocarlos, les daba un infarto. El tema fue que entre miles de tipos, alguno se quedaba. Ese desaparecía.
-¿Por qué no devolvían los cuerpos?
-Al principio se entregaban. Después los altos mandos nos explicaron que el país tenía un drama económico. El petróleo había subido, la carne había bajado a la mitad, lo mismo pasaba con la lana. El problema económico era tremendo y el país se salvaba por el turismo y se necesitaba dar una sensación de tranquilidad para favorecer la inversión. ¿Quién va a invertir en el Congo? Entonces, la orden fue que cuando muriera alguno, no apareciera. Eso vino de arriba. Fue por razones económicas y parecía razonable.
-Usted actuó también en Argentina, ¿ahí que hizo?
-Estuve allá. Yo traje a una muchacha en un avión de línea. Nos vinimos en Pluna sin ningún drama. Era Pilar Nores Montedónico. Acá la tuvimos un tiempito y la largamos.
-¿Y los del primero y el segundo vuelo?
-El segundo vuelo es un invento. Yo nunca supe nada. En el primero los trajimos porque allá los iban a matar. Los salvamos, no por cuestiones humanitarias sino porque para nosotros eran fuente de información importante. Nos servían, pero nos trajo terribles problemas con Argentina porque el sistema de ellos era otro.
-Más allá de lo que les hicieron a los adultos, ¿por qué robaron niños?
-Acá no lo hicimos. Eso fue en Argentina.
-Acá se quedaron con Macarena Gelman, por ejemplo…
-Eso fue una cosa rara. Cuando nosotros teníamos a un argentino, se lo dábamos a ellos porque les podía servir como fuente de información y nos traíamos a los uruguayos pero traerse a una argentina para acá, no tiene la menor lógica.
-¿Y por qué lo hicieron?
-Cosas que pasan en la guerra. Son daños colaterales, como cuando tiramos para matar en un lado y uno se tara o le erra y encaja un bombazo en una escuela. Son cosas que salen del objetivo militar. Nunca pude entender para qué la trajeron.
-¿Dónde está ella? ¿La incluyeron en la Operación Zanahoria?
-Ni idea porque yo no estaba. No lo hubiera permitido porque esas cosas no se hacían. Yo me enteré cuando ya estaba retirado y no tuvo sentido que fuera por la niña porque en el Consejo del Niño hay niños a patadas.
-¿A qué atribuye que hayan terminado presos después de haber pasado veinte años sin que fueran juzgados por estos delitos?
-A una venganza del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), que fueron los que tuvieron más desaparecidos en Argentina. Los tipos fueron a la guerra con la mujer y niños chicos. Encima la embarazaban y la metían en el baile, una cosa que a un militar no se le pasa por la cabeza. Mi mujer no sabe nada de nada, y mis hijos menos. Nosotros con los tupa tuvimos contacto hasta que nos metieron presos y siempre quedó claro que ellos no guardan rencor. Los tupa no hicieron denuncias, las denuncias son las del PVP y parte del PCU.
-¿Usted se arrepiente de lo que pasó?
-No, al contrario. Yo estoy orgulloso de haber podido participar en la salvación del país. ¿Se imagina lo que hubiera sido un Uruguay comunista en medio de la guerra fría? ¿Vio lo que pasó en Vietnam? Acá hubiera sido espantoso. Era una cuestión práctica.
-Y de haber torturado y desaparecido gente, ¿tampoco se arrepiente?
-No había más remedio. Lo otro era permitir que me siguieran matando los soldados y por omisión, hubiera sido cómplice. Ni muerto. Yo tengo en mi celda las fotos de los camaradas muertos y viene gente joven del Ejército y no saben quiénes son. En cambio, por los que murieron del otro lado han hecho calles y plazas y son héroes nacionales. Yo no iba a dejar que los siguieran matando aunque me tuviera que embarrar las manos hasta la manija. Me dolía en el alma y me sigue doliendo pero no había otra. Lamentablemente la vida tiene una parte de guerra, violencia y brutalidad. Cuando a uno le toca, tiene que elegir el mal menor. O los reventaba a palos o dejaba que siguieran matando a mis camaradas. Hicimos las cosas lo mejor que pudimos. Algunas cosas lamentables, las tuvimos que hacer. Fue como cuando un cirujano tiene que amputar una pierna porque con la gangrena, la persona se muere. No corta la pierna porque le guste. Había que hacerlo. Nosotros salvamos al país y estamos orgullosos.
Fuente:ElDiarioLaPampa
Militares se deslindan de dichos de Gilberto Vázquez
Los ex militares Calcagno, Silveira, Maurente, Arab; los ex policías Sande Lima y Medina y el ex marino Larcebeau rechazaron haber participado de desapariciones y torturas durante la dictadura
AFP
En un reportaje publicado este lunes por Últimas Noticias, Vázquez afirmó que la orden de hacer desaparecer gente durante la dictadura fue por “razones económicas” y sostuvo que la tortura era “útil” y “necesaria”. Además, dijo que la muerte de María Claudia García de Gelman fue un “daño colateral”.
A un día de que se retome la actividad judicial y, con ella, las causas contra ex militares por delitos de lesa humanidad, el inspector mayor retirado Ricardo Medina dijo a Observa que los recluidos en Domingo Arena: “No estamos conformes con la actitud de la Justicia, porque no se respetan las garantías del debido proceso”.
Medina sostuvo que los juicios se basan en “pruebas inexistentes” y que esto provoca “sensación de inestabilidad e inseguridad, por la falta de certeza jurídica”.
El ex policía señaló que la Justicia “actúa en lo que no se debe hacer, situaciones que no están probadas, como la lista de desaparecidos, que aparece desde la nada”.
Por otra parte, Medina subrayó que el Derecho Internacional “no admite la imputación de delitos de lesa humanidad que no existían en la época que se investiga”.
“Se está engañando a la gente, tergiversando la realidad”, aseveró Medina y precisó que en su caso particular se lo procesó por 28 homicidios muy especialmente agravados “por haber estado prestando servicio en un determinado momento y tener jerarquía”.
Fuente:Observa
Se retoman causas penales por delitos de la dictadura
Con el fin de la feria judicial mayor, desde este martes los jueces y fiscales reactivan los procesos contra ex militares, algunos para dictado de sentencia en primera instancia, otros con recursos de casación y algunos con pruebas y audiencias pendientes
Desde este martes, con el fin de la feria judicial mayor, los jueces y fiscales retomarán las causas contra militares por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura (1973-1985). Unos 30 militares deberán comparecer entre el 7 y el 12 de febrero.
Hay expedientes en los que el juez debe tomar declaración y tramitar pruebas, otros en los que el magistrado debe resolver sobre el pedido de procesamiento del fiscal y otros en los que se aguarda por un recurso de casación interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia.
Una quincena de militares retirados deberán concurrir a declarar en calidad de “testigos” e “indagados” ante la jueza penal de 7º turno, Mariana Mota, y la fiscal Ana María Tellechea, en el expediente que investiga la desaparición del militante comunista Horacio Gelós Bonilla, según informa este lunes La República.
Además, Mota y Tellechea citaron a ocho militares por el caso del “homicidio político” del militante comunista Ubagesner Chávez Sosa, en 1976 en la base aérea de Boiso Lanza.
Por último, jueza y fiscal solicitarán la comparecencia de una decena de militares en la causa que indaga la muerte por torturas de Aldo Perrini Guala, en el Batallón de Infantería Nº 4 de Colonia, en 1974.
En tanto, el juez Sergio Torres debe pronunciarse sobre el pedido fiscal de procesamiento por “homicidio muy especialmente agravado” contra el coronel retirado Tranquilino Machado por el homicidio del estudiante de Veterinaria, Ramón Peré, primer muerto de la dictadura.
Por su parte la Suprema Corte de Justicia debe expedirse sobre el recurso de casación interpuesto contra tres sentencias de primera instancia dictadas por el juez Luis Charles. Dos de esos expedientes involucran al teniente coronel retirado José Gavazzo, al coronel retirado Jorge Silveira, a los ex coroneles Gilberto Vázquez, Ernesto Ramas y Luis Maurente, al ex soldado Ernesto Soca y a los ex policías Ricardo Medina y José Sande Lima. La tercera causa en casación es aquella por la que fue procesado el ex dictador Gregorio Álvarez.
Además, el juez Rolando Vomero tiene que resolver sobre la apelación interpuesta por la defensa del general Miguel Dalmao, primer militar en actividad procesado por delitos de la dictadura.
Finalmente, el juez Juan Carlos Fernández Lecchini deberá resolver sobre el pedido de procesamiento de la fiscal Adriana Costa, sobre el ex dictador Álvarez, por la muerte del ex militante comunista Roberto Luzardo, quien falleció en el hospital Militar en 1973.
Fuente:Observa
Síntoma de desequilibrio
Psiquiatra acusado de implementar tortura psicológica durante la dictadura presta servicios de salud para varias instituciones del Estado.
Martín Gutiérrez Oyhamburo es señalado por ex presos políticos como uno de los artífices del plan de aplicación de tortura psicológica durante la dictadura, en coordinación con el psicólogo Marcelino Dolcey Brito. La clínica del psiquiatra ganó a fines de 2009 varios ítems de una licitación para suministrar estudios y procedimientos médicos. Entonces, otros dos oferentes denunciaron que no contaba con la habilitación del Ministerio de Salud Pública ( MSP ) exigida en el pliego, sino que estaba en trámite. Actualmente sigue en este estado.
“ La guerra continuaba en el interior del presidio. Día tras día, reglamento tras reglamento, el objetivo perseguido era el de hacerlos sufrir sicológicamente ”* . Gutiérrez no recuerda haber pronunciado esa frase atribuida a él - “ No tengo idea de lo que está diciéndome ” , aseguró a la diaria-, aunque reconoció coincidir en algo: “ Mire, yo creo que [ la guerra] todavía continúa ” . El psiquiatra negó las acusaciones sobre apremios formuladas por ex presos y registradas en diferentes ámbitos ( ver recuadro ) . “ Por ahí estaban un poco confundidos. Es una historia muy antigua. […] No cometí abuso de ninguna especie. Yo dejo que caminen esas cosas ” , mencionó en referencia al “ escrache ” de diciembre frente a su clínica, antes de que le tocara el turno a Brito ( ver la diaria del 0 3/12/10 ) . Prefirió no hacer más declaraciones.
Gutiérrez según Julio María
“Si el radicalismo de izquierda ha llevado al país a una guerra, el de la derecha procura arrastrar al Ejército al golpe de Estado. El semanario Azul y Blanco, impreso en offset a todo color, destila todos los miércoles una cuota de combustible para mantener encendida la hoguera. Reniega de las instituciones democráticas, acusa de comunista a todo el que exprese alguna reserva sobre la conducción militar, hace la constante apología del falangismo y exhuma antecedentes históricos del militarismo uruguayo del siglo XIX ( 1875-1886 ) , ofrecido como fuente de inspiración. El animador de la publicación es el Dr. Martín Gutiérrez, médico psiquiatra del Hospital Militar, y el redactor responsable el Sr. Diego Ferreiro, hijo de un clásico historiador de origen herrerista. Acción lo enfrenta duramente y, bajo el título de ' La tatucera gorila ' , denuncia su incitación al golpe, su inequívoca filiación nazi-fascista y su permanente actitud de difamación para con los hombres públicos del país, especialmente los batllistas y los blancos wilsonistas ”.
En La agonía de una democracia: proceso de la caída de las instituciones en el Uruguay ( 1963-1973 ) , de Julio María Sanguinetti. Taurus, Montevideo, 2008 (páginas 304 y 305).
Obtuvo su título de psiquiatra a fines de la década de 1960 por competencia notoria, modalidad validada por el MSP. Así lo confirmó su colega Juan Pedro Severino, distinguido por su actividad profesional y gremial en 2004 por el Sindicato Médico del Uruguay ( SMU ) , que al momento de la titulación era jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Militar ( hasta ser sustituido en 1975 ) . En esas fechas Severino había viajado a Europa, y fue al regreso de ese viaje que supo que el doctor Daniel Murguía, entonces docente de la Facultad de Medicina ( llegó a ser emérito de la cátedra de Psiquiatría ) , había firmado el título de Gutiérrez. Simpatizante del Partido Nacional, Gutiérrez fue el principal referente de la publicación de derecha Azul y Blanco. “ La huella más honda me produjo el conocimiento del Dr. Martín Gutiérrez, joven y brillante líder del nacionalismo uruguayo. […] Es inteligencia, entusiasmo y ardorosa energía, hombre que proyecta el nacionalismo hacia el plano mundial ”** . El elogio data de 1975 y corresponde a Sergio Miranda Carrington, integrante de Avanzada Nacional, partido chileno que respaldó abiertamente la dictadura pinochetista. Se conocieron en Punta del Este a fines de 1973, en un encuentro de “ cinco apretados días para analizar problemas, principalmente uruguayos, pero también comunes para todo el nacionalismo iberoamericano ” y “ conocer detalles de la liberación de Chile del marxismo ” . Del cónclave también participó el argentino Carlos Alberto Sacheri, también “ nacionalista ” .
Proceso licitatorio
La clínica de Gutiérrez, EEG Electrodiagnóstico Médico SRL, provee servicios para las unidades ejecutoras de la Administración de Servicios de Salud del Estado ( ASSE ) en Montevideo y en otros departamentos, para Sanidad Policial y de las Fuerzas Armadas, Hospital de Clínicas, Banco de Seguros, Banco de Previsión Social, Banco Hipotecario y Agencia Nacional de Vivienda, desde que se adjudicó la licitación convocada por la Unidad Centralizada de Adquisiciones ( UCA ) del Ministerio de Economía y Finanzas bajo el llamado “ Suministro de estudios y procedimientos médicos ” . En julio de 2009, un mes después de la apertura de los pliegos, otros dos oferentes denunciaron formalmente, y por separado, en la UCA, que EEG “ no presentó la constancia de habilitación vigente expedida por el MSP ” . Este requisito fue añadido al pliego de condiciones en un “ comunicado urgente ” luego de haber abierto el llamado. El original ya exigía que cualquier permiso debía estar vigente al momento de la apertura y durante el período de vigencia de la ejecución del contrato. Gutiérrez, en cambio, concursó con la copia de una “ ficha trámite ” que descargó de la página en internet del MSP, y un documento que lleva su firma y que aclara que adjuntó una “ acreditación del MSP de rehabilitación en curso y vigente [ se renueva cada dos años] ” . “ Llama la atención la redacción de esta frase, cuya ambigüedad puede haber sido redactada ex profeso para confundir a la administración de la UCA. ¿ Qué quiere decir ? ¿ Desde cuándo se renuevan las habilitaciones cada dos años ?” , cuestionan los oferentes en sus denuncias, las cuales nunca fueron respondidas pese a que las reiteraron en enero de 2010 cuando la UCA ya había concretado la adjudicación. Las habilitaciones se renuevan cada cinco años.
Adjudicaciones
Cuando se abrieron los pliegos, el tribunal planteó observaciones y advertencias a seis empresas sobre documentos faltantes y les otorgó una prórroga de 48 horas para que las incluyeran. Ninguna de éstas estaba dirigida a la clínica de Gutiérrez. En la “ ficha trámite ” de EEG a la que accedió la diaria figura que la última gestión de EEG para obtener la habilitación data de febrero de 2009, cuatro meses antes de la apertura de pliegos. En enero de 2011 una funcionaria del Departamento de Habilitaciones en Servicios de Salud del MSP informó a la diaria que el proceso de aval para la clínica “está en trámite ” , mientras que por otras vías en este trabajo se pudo confirmar que desde febrero de 2009 a la fecha la clínica nunca obtuvo la habilitación formal del MSP. “ No voy a hacer declaraciones públicas de ninguna especie. Sí te puedo decir que Salud Pública hace todo lo que debe hacer ” , señaló a la diaria Gutiérrez -miembro de la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría- acerca del proceso que le otorgó la posibilidad de ser contratado por el Estado para aplicar 14 procedimientos en el área “ Neurología, neurocirujía y psiquiatría ” en adultos y niños. Algunos de estos exámenes médicos son dolorosos, como el electromiograma para el que es necesario insertar un electrodo de aguja en los músculos. Otros implican el suministro de estímulos eléctricos -como el electromiograma con protocolo para miastenia o los estudios eléctricos de uno y dos miembros- , visuales ( flashes luminosos ) y auditivos. El suministro de servicios médicos de l a clínica de Gutiérrez tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2011 y, salvo manifestación en contrario de una de las partes, puede renovarse automáticamente cada seis meses hasta la misma fecha de 2012.
* Bloche, Maxwell G , Uruguay military physicians, AAAS, Washington, 1987. Citado en Uruguay Nunca Más, Serpaj, Uruguay, 1989 ; y en “ Ética profesional en tiempos de crisis. Médicos y psicólogos en las dictaduras de América del Sur ”, de Horacio Riquelme, en Polis, r evista de la Universidad Bolivariana, año/vol. 3, Nº 8, Chile, 2004. ** “Carlos Alberto Sacheri ”, de Sergio Miranda Carrington, en Orden Nuevo, Nº 8, Chile, abril de 1795; p. 13.
Punta de madeja
“El aparato represivo tenía un aparato sanitario. La vida cotidiana dice que los médicos no estaban solos. Esto es una punta de la madeja. Búsquelo en Vivienda, Agricultura y Pesca... Encontramos a alguien de la salud. No hay ninguna norma legal que les impida participar de una licitación. Está dentro de la impunidad de una ley [ la de Caducidad ] . É se es el gran tema. Sucede con una clínica, un profesional o un ciudadano y está planteado no sólo en el Estado, también en la sociedad en su conjunto. ¿ Dónde se diluyeron todas esas personas que estaban en el aparato represivo más íntimo ? No se diluyeron. Conviven. Ahí la sociedad está enferma. Las sociedades no se construyen si no hay un sistema democrático justo o si se impide el juicio honesto -no el castigo- y transparente por el que la sociedad debe sanar ” , analizó el ministro interino de Salud Pública, Jorge Venegas. Sobre la habilitación de la clínica, se limitó a decir que " el MSP suele hacer las fiscalizaciones correspondientes ” .
Testimonios
“No me trató, me interrogó. Porque ni bien me vio me empezó a insultar ” , relató Chela Fontoura, quien en Ovillos de la memoria ( 2006 ) narra su experiencia con Gutiérrez durante su estadía en la cárcel de Paso de los Toros, en 1974.
“Un día me llamó para entrevistarme. Dijo que estaba haciendo un estudio del grupo social tupamaro. Le agradecí la amabilidad y le dije que no estaba dispuesta a ser su conejillo de indias en una cárcel al mejor estilo nazi. Creo que hizo el intento de llamar a dos o tres más ” , contó a la diaria María Elia Topolansky.
En 1982, un duro testimonio ante Amnistía Internacional en Suecia de Irma Leites, detenida en Punta de Rieles, describió la forma en que Gutiérrez trató a Mabel Araújo, quien finalmente se autoeliminó. “ Su suicidio, el de Norma y el de tantas mujeres más fueron asesinatos bajo ese estado de horror planificado y ejecutado por médicos y militares ” , concluye.
Lourdes Rodríguez
Fuente:Agndh
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