CAUSA ÁREA PARANÁ: ES INMINENTE LA CLAUSURA DE LA CAUSA.

Es inminente la clausura de la causa Área Paraná
El juez federal Gustavo Zonis dispondría el cierre de la instrucción de la megacausa a fines de marzo o principios de abril. La medida había sido solicitada por los fiscales y es avalada por los abogados querellantes, ya que consideran que se agotó la investigación en esta instancia del proceso. Hay diez represores imputados y detenidos.
Por Juan Cruz Varela

Después de casi ocho años de investigación y muchos más de reclamos de memoria, verdad y justicia, todo está orientado para cerrar la causa denominada “Área Paraná”, en la que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos en la zona oeste de la provincia durante la última dictadura militar.
La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná emplazó al juez Federal Gustavo Zonis para que disponga el cierre de la instrucción por considerar que se han cumplidos los plazos en la investigación que tiene a diez represores detenidos y acusados por graves violaciones a los derechos humanos.
La medida había sido planteada a fines del año pasado por los fiscales Mario Silva y José Ignacio Candioti; pero fue el propio fiscal general y titular de la Unidad de Derechos Humanos, Ricardo Álvarez, quien sugirió –ante un pedido de extensión de los plazos de parte del magistrado– que la investigación estaba agotada y el 29 de diciembre pidió que los tiempos no se extendieran más allá de un mes.
Si bien el Código Penal fija plazos estimativos para realizar la instrucción, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha admitido flexibilizar los tiempos en estas causas, en virtud de que se trata de investigaciones complejas por los delitos que se investigan, la cantidad de personas involucradas y por el tiempo que pasó desde que se cometieron los hechos hasta que se iniciaron las investigaciones.
Lo cierto es que tras la feria judicial, el tribunal concedió un plazo de 60 días para que el juez cumpla con las medidas pendientes, cierre la instrucción y permita el inicio del debate; de manera que el trámite debería concretarse entre finales de marzo y principios de abril, según indicaron fuentes judiciales a EL DIARIO.
La investigación comprende alrededor de un centenar de casos de homicidios, privaciones ilegítimas de libertad, tormentos, vejaciones y severidades, y entre los acusados hay ex militares, policías y un médico civil.
Los abogados querellantes, representantes de los familiares y víctimas del terrorismo de Estado, avalaron la decisión de clausurar parcialmente la causa. Sin embargo, Juan Méndez aclaró que “la medida no implica cerrar las investigaciones en forma definitiva, sino que se considera que la investigación está agotada respecto de estas personas”.
El letrado insistió en que “de ninguna manera esto implica dar por terminadas las investigaciones porque todavía queda mucho por indagar y hay muchas personas que deben responder”, por lo que investigadores y querellantes continúan trabajando para reconstruir cómo era la conformación y funcionamiento de los grupos de tareas que operaban en la zona, que integraban principalmente policías provinciales y federales, y avanzar sobre los civiles que colaboraron con la represión ilegal.

EL JUICIO. Esta medida representa un nuevo paso en las investigaciones por los delitos cometidos durante los años oscuros de la dictadura. Sin embargo, lo que queda por delante es todavía un largo proceso y la sentencia no se conocerá antes de fin de año.
La causa Área Paraná se desarrolla por el antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal de 1888 –vigente al momento en que se cometieron los hechos– que prevé que las actuaciones deben realizarse en forma escrita. En su momento, esto motivó fuertes cuestionamientos de parte de las víctimas de la represión porque consideran que el sistema es funcional a la estrategia de ocultamiento e impunidad de los represores.
Una vez que se produzca el cierre de la instrucción, el juez federal Gustavo Zonis deberá apartarse del proceso y entonces debería sortearse entre la lista de conjueces a quien realice el juicio. Esto es así por una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en el año 2005 declaró que viola la garantía constitucional de imparcialidad del juez que el mismo magistrado que investigó sea quien juzgue y sentencie a los imputados.
El nuevo juez debe correr vista al fiscal y a los querellantes y estos decidirán si realizan una acusación o piden el sobreseimiento de los imputados. A partir de esta instancia comenzaría lo que se llama la “crítica de la instrucción” y se abriría un “cuaderno de prueba”.
En esta última instancia, los investigadores detectaron una hendija que abriría la posibilidad de realizar audiencias públicas, ya que un artículo de la antigua legislación establece que “las actuaciones de prueba se practicarán en audiencia pública, salvo cuando la publicidad sea incompatible con las buenas costumbres, en cuyo caso el juez deberá declararlo así por medio de un auto y ordenar la reserva conveniente”.


Una larga investigación
La causa denominada Área Paraná concentra la mayoría de las denuncias por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en la zona oeste de la provincia. Se inició en 1987, cuando la Cámara Federal de Apelaciones asumió el conocimiento del proceso, ante la falta de resultados de las investigaciones en los tribunales militares. Ante la inminencia del vencimiento del plazo contemplado fijado por la ley de Punto Final para extinción de la acción penal, la Cámara Federal de Apelaciones citó a prestar declaración a un grupo de militares y policías con distinto grado de responsabilidad en la represión ilegal, pero no abundó en las investigaciones hacia los grupos operativos. Las indagatorias quedaron sin efecto por la inmediata sanción de la ley de obediencia debida. En 2003, el fiscal general Ricardo Álvarez pidió el desarchivo de la causa y en mayo de 2004, la jueza federal ad hoc Myriam Galizzi ratificó la validez de la Ley Nº 25.779, que calificó de “insanablemente nulas” las leyes de impunidad, y declaró la inconstitucionalidad de los indultos presidenciales firmados por Carlos Menem en 1989, abriendo el camino para la continuidad de las investigaciones.


El dato
10 personas están procesadas en la causa denominada Área Paraná: los militares: Jorge Humberto Appiani, Ramón Genaro Díaz Bessone, Oscar Ramón Obaid y Alberto Rivas; los policías provinciales José Anselmo Appelhans, Luis Francisco Armocida y Carlos Horacio Zapata; el policía federal Cosme Ignacio Marino Demonte; la agente penitenciaria Rosa Susana Bidinost; y el médico Hugo Mario Moyano.
Fuente:ElDiarionline