Año 3. Edición número 153. Domingo 24 de abril de 2011
Por Ricardo Ragendorfer
En el supuesto secuestro de un testigo subyace una trama de impunidad. Habla el militar acusado por la muerte de Ponce de León Tras el tercer timbrazo, del otro lado de la línea emergió una voz ajada y quebradiza con un saludo casi inaudible. Luego, se escuchó un jadeo.
–Con el señor Manuel, por favor.
–Soy yo. ¿De parte de quién?
Al oír la condición periodística de su interlocutor, su reacción fue increíble:
–¡No soy yo! Digo, no soy el señor Manuel.
–¿Y quién se supone que es usted? –quiso saber Miradas al Sur.
–Un vecino. Sólo estoy cuidando la casa.
Su tono sonaba inverosímil.
–No se asuste, coronel. Sólo quiero hacerle una pregunta.
La respuesta de aquel hombre fue el silencio. Pero no cortó la comunicación; a través del auricular se asomaba su jadeo. Finalmente, dijo:
–¿Qué es lo que quiere?
Su tono ahora era lastimoso.
Hace siete lustros, las cuerdas vocales del entonces teniente coronel Manuel Fernando Saint Amant irradiaban una resonancia más enérgica. Una frase suya le quedaría grabada al obispo de San Nicolás, Carlos Ponce de León, en ocasión de interceder por ocho curas detenidos: “Sí. Los tengo yo. ¿Y qué? Voy a hacer desaparecer a todos los que están con usted”, le contestó el uniformado, antes de hacer una pausa como para medir la reacción del otro. Después, agregó: “A usted todavía no puedo porque es obispo”.
Unas semanas después, durante la madrugada del 11 de julio de 1977, Ponce de León moriría luego de que su vehículo fuera embestido en la ruta 9 por una camioneta. El obispo iba a Buenos Aires con una carpeta para la Nunciatura Apostólica con datos sobre secuestros en San Nicolás y Villa Constitución. Lo acompañaba su ahijado, Víctor Oscar Martínez, de 19 años, quien sobrevivió al presunto accidente que habría sido planificado –a imagen y semejanza del episodio en el que perdió la vida el obispo de La Rioja, Enrique Angelelli– nada menos que por Saint Amant. Eso es lo que, en el transcurso de los años, declararía Martínez ante la Justicia Federal.
Casi en la medianoche del miércoles pasado, Martínez fue encontrado en una esquina del barrio de Flores. No se sabía nada de él desde la tarde del lunes 18 de abril. Ello puso en vilo al Gobierno Nacional y a los organismos de derechos humanos, frente a la posibilidad de que esa ausencia derivara en una remake del caso Julio López. Según Martínez, sus captores –tres sujetos que matizaron su cautiverio con psicofármacos y amenazas– le advirtieron: “Dejá de joderlo al juez”. Se referían –siempre según Martínez– a Carlos Villafuerte Ruzo, quien tiene a su cargo el expediente por la muerte de Ponce de León. Es que ambos mantienen un entredicho: Villafuerte Ruzo lo procesó por “falso testimonio agravado” y el testigo le inició una querella por “persecución religiosa”. El jueves, Martínez ratificó su versión del secuestro ante el titular de la Fiscalía Nº 31, Aldo de la Fuente.
Fue en ese mismo instante cuando, desde su hogar de la calle Edison 402, de San Isidro, Saint Amant dijo por teléfono a Miradas al Sur: “¿Que es lo que quiere?”
–Hablar sobre Ponce de León.
–¿Y yo que tengo que ver con él?
–Usted está sospechado de ser el autor intelectual de su asesinato.
–Es una falacia. Ese hombre murió en un accidente vial. Jamás se probó lo contrario.
–Antes de morir, usted lo amenazó.
–Otra mentira.
–Las amenazas están documentadas.
–¡Falso! Sólo teníamos algunas diferencias. Usted se olvida que en ese momento había una guerra.
Dicho esto, se escuchó el click que dio por finalizada la llamada.
La espada y el calvario. Egresado del Colegio Militar en 1951, el teniente coronel Saint Amant en 1976 fue nombrado jefe del área 132 y del Batallón de Ingenieros de Combate 101, con asiento en San Nicolás. Por entonces, ese hombre que combinaba el uniforme de fajina con unas gafas negras que lo hacían perecer un personaje salido de una película de Costa Gavras, se halló a sus anchas en su nuevo destino. Es que allí brillaban organizaciones católicas integristas como los Legionarios de Cristo Rey y Tradición, Familia y Propiedad. Con tales grupos estaba vinculado un acérrimo enemigo del obispo, el abogado de Somisa –y, con posterioridad, defensor oficial de los Tribunales Federales– Héctor Hernández. Durante su investigación sobre la complicidad de la jerarquía católica con la dictadura, el periodista Horacio Verbitsky exhumó en el archivo de la Cancillería un esquema manuscrito –con una caligrafía idéntica a la de Hernández– en el que figuran nombres y delaciones sobre los sacerdotes de esa ciudad.
El primer informe que Saint Amant envió al jefe del Primer Cuerpo del Ejército, general Guillermo Suárez Mason, constituyó una virtual condena a muerte para Ponce de León. Allí, el teniente coronel consigna que en San Nicolás, “los cuadros más importantes de Montoneros y el ERP salieron de la Iglesia”. Califica al obispo y a sus sacerdotes como “lobos vestidos de ovejas”. Y con respecto a la figura misma de Ponce de León señala que “hace falta lucidez intelectual y cierto coraje para entender que un obispo es traidor a la Iglesia, y para obrar sin el respeto que la doctrina enseña para con el sacerdote cuando éste está destruyendo su Patria y su fe. No sería posible tener éxito en la lucha contra la subversión si no se erradican los males expresados”.
Dos días antes del fatídico 11 de julio, dos agentes de inteligencia acudieron a un sanatorio bonaerense en donde estaba internado el seminarista Nicolás Gómez. Querían saber cuándo el obispo iría a visitarlo. También preguntaron por la carpeta que Ponce de León tenía planeado llevar a la Nunciatura Apostólica. Ya se sabe que a las seis de la mañana de ese lunes, el Renault 6 en el que iban el sacerdote y Martínez fue embestido por una pick up Ford F100, conducida por un tal Luis Antonio Martínez, quien estaba acompañado por Carlos Sergio Bottini, un presunto hacendado que manifestó ser gerente de una empresa llamada Agropolo.
Ahora se sabe que Luis Martínez tenía –a raíz de un accidente automóvilístico sucedido tres años antes en González Catán– una causa penal por “homicidio culposo de un NN”. Y que la firma Agropolo funcionaba en una oficina ubicada en Viamonte 1866, a metros del cuartel general del Batallón 601. Cabe destacar que, por regla, dicho organismo no permitía que alguien fuera de su control comprara o alquilara locales vecinos. No menos sugestivo es que Bottini fuera el hermano menor de Alejandro Atilio Bottini, un agente civil que prestaba servicios en la Jefatura II de Inteligencia del Ejército, de la cual dependía el Batallón 601.
El socio del silencio. Hay un hecho que pinta al juez Villafuerte Ruzo por entero. En la madrugada del 17 de septiembre de 1999, al intervenir en la toma de rehenes de la sucursal Villa Ramallo del Banco Nación, ese hombre enjuto y macilento departía con los máximos jefes de la Bonaerense en un aula de la escuela en la que se había constituido el Comité de Crisis. Cuando los asaltantes se disponían a emprender la retirada, un oficial le pidió instrucciones. Por toda respuesta, el magistrado palideció. Y al sonar los primeros disparos, para sorpresa de sus contertulios, se tiró boca abajo al piso.
Oriundo de San Isidro, profundamente católico, cuñado del general retirado Enrique Benjamín Bonifacio –un represor que en la dictadura fue jefe del Regimiento de Infantería de Mendoza–, Villafuerte Ruzo adquirió fama –además de pedidos de recusación y de juicios políticos– por obstaculizar investigaciones sobre delitos de lesa humanidad. Al respecto, ayudó hasta donde pudo al ahora condenado subcomisario Luis Abelardo Patti y también es autor de una verdadera perla procesal: culpabilizar de la apropiación de un bebé a sus propios padres, quienes fueron víctimas de la represión (caso Manuel Gonçalves). Su actuación en la causa por la muerte de Ponce de León –reabierta en 2006 a instancias del fiscal Juan Patricio Murray– no es menos polémica.
Víctor Martínez, quien según sus declaraciones –efectuadas en 1977 ante la Justicia ordinaria, en 1984 ante la Conadep, y en 2006, ante la Justicia Federal– sostuvo que tras el accidente habría oído la voz de Saint Amant impartiendo la orden de rematar de un culatazo a Ponce de León. También dijo que habría permanecido secuestrado hasta junio de 1978. Algunos testigos que en esa época pertenecían a la Prefectura –en donde Martínez cumplía con el servicio militar– desmintieron esa versión. Otros, en cambio, sostienen que en ese lapso el joven “fue dejado de ser visto en los lugares que solía frecuentar”. En resumidas cuentas, la discordancia de los dichos de Martínez, en relación a su primera declaración, hizo que el juez lo procesara por falso testimonio. Ello fue confirmado el 8 de febrero por la Cámara de Apelaciones de Rosario. En relación con esta causa, sobre Villafuerte Ruzo pesa un pedido de recusación por “retardo de justicia”.
En tanto, el teniente coronel Saint Amant disfruta de la vida en su coqueta residencia de San Isidro.
Fuente:MiradasalSur
Bergoglio, Francia y la dictadura
Año 3. Edición número 153. Domingo 24 de abril de 2011
Por Fabián Kovacic
La noche del 17 de julio de 1976 estábamos cenando las cuatro monjas y los padres Carlos y Gabriel en la casa parroquial. Serían casi las nueve cuando golpean la puerta y una voz pregunta por los dos sacerdotes. Ambos salen de la cocina, cruzan la salita y conversan con estas personas afuera, en una construcción distante a unos tres metros de la casa parroquial. Los padres vuelven a entrar para buscar algunas pertenencias y salen avisándonos que era la policía y debían ir a reconocer unos detenidos a la comisaría. No se preocupen, ya volvemos, nos dijo el padre Carlos”. El testimonio pertenece a Rosario Fuentes, una de las monjas que vio por última vez con vida al cura francés Gabriel Longueville y su compañero de parroquia en Chamical, el sacerdote cordobés Carlos de Dios Murias, y fue presentado ante la Justicia de La Rioja en 1984, apenas iniciada la investigación por el doble crimen. Ambos aparecieron asesinados con signos de tortura sobre las vías abandonadas del tren a unos tres kilómetros de Chamical, en el paraje conocido como Bajo de Lucas.
Ahora la jueza francesa Sylvie Caillard, del tribunal de París, reclama a instancias de la abogada Sophie Thonon –representante de la familia de Longueville– que el cardenal primado de la Argentina, Jorge Bergoglio, sea interrogado por la Justicia Federal riojana para que cuente todo lo que sabe acerca del crimen de Longueville y “habilite todos los archivos y registros obrantes en poder de la Iglesia Católica argentina y diga si existen registros similares en poder de El Vaticano acerca del hecho”.
Investigación local. La causa por el crimen de los dos sacerdotes fue iniciada en La Rioja el 30 de diciembre de 1983 por el entonces flamante gobernador Carlos Menem con la intención de ganar las tapas de los diarios locales y nacionales. La afirmación no es gratuita si se tiene en cuenta que por lo menos a seis de los represores que él mismo denunció entonces, los convirtió en funcionarios provinciales y nacionales apenas alcanzó la presidencia en 1989 y jamás se designó fiscal para la causa mientras fue gobernador provincial. A cargo del expediente quedó el entonces juez de instrucción Héctor Oyola, sobre quien se abatieron de inmediato una batería de presiones para que archivara la causa. Sin embargo, en su instrucción de más de seiscientas páginas, el magistrado llegó a involucrar con distintos grados de responsabilidad a los jefes de la base aérea de Chamical, el brigadier Lázaro Aguirre y el comodoro Luis Fernando Estrella, el mismo que tomó por asalto el Aeroparque en 1988 al grito de “estamos bajo un régimen marxista”, en apoyo del carapintada Mohamed Seineldín. Además de los militares, fueron citados a declarar personal policial y civil, mas tarde indultados por Menem en 1990.
Ambos sacerdotes trabajaban codo a codo junto al obispo Enrique Angelelli en La Rioja y eso explica la saña contra ambos. Murias venía denunciando en el púlpito los atropellos de la dictadura. Longueville, en cambio, había llegado a La Rioja desde Francia donde fue profesor en el seminario y en pleno fervor del mayo de 1968 se decidió por la opción de trabajar en países pobres latinoamericanos. Así llegó a la provincia de Corrientes en 1970, donde trabajó con los pobladores del Iberá y se enteró un año después de la obra de Angelelli en La Rioja, a quien le pidió personalmente ser aceptado en su diócesis. Se instaló en Chamical en 1972 y trabajó de carpintero y ebanista enseñando el oficio de la madera. “Era más reposado que Murias y prefería el dialogo para convencer más que la denuncia”, recuerda el ex cura Juan Ortiz, secretario de Angelelli. Sin embargo, el 28 de marzo de 1976, cuatro días después del golpe, el brigadier Lázaro Aguirre llamó a Longueville a su despacho y le advirtió que no se moviera de su casa. El encono del militar era comprensible, si se tiene en cuenta que Angelelli había suspendido las celebraciones religiosas en la base de la Fuerza Aérea por una discusión pública con Aguirre, quien le reclamó que “no meta a la Iglesia en política”. Por decisión propia, violando la jurisdicción de Angelelli y con el aval del cardenal Juan Carlos Aramburu, el obispo Victorio Bonamín decidió “ser el guía espiritual de la base en momentos en que las tinieblas cubren la Nación ”.
Dos semanas después era asesinado el obispo Enrique Angelelli en un confuso accidente automovilístico que la dictadura quiso mostrar como un accidente.
Angelelli había llegado a Chamical para enterrar a Longueville y Murias y se quedó una semana recogiendo datos sobre el crimen. El 4 de agosto de 1976, llevaba en su camioneta una carpeta con testimonios e hipótesis de lo ocurrido rumbo a La Rioja, para despachar al titular de la Conferencia Episcopal, Raúl Primatesta, y al Nuncio Apostólico, Pio Laghi. Sin embargo, murió en la ruta y la carpeta terminó en el escritorio del ministro del Interior, Albano Harguindeguy, según dijo el represor de la Policía Federal Roberto Peregrino Fernández ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos (Cadhu) a fines de 1979.
El juez y el cardenal. Ahora será el turno del juez federal riojano Daniel Herrera Piedrabuena, quien en enero pasado, en plena feria judicial, sobreseyó a Jorge Videla, Luciano Menéndez y Luis Fernando Estrella en la causa por torturas y secuestros contra ciudadanos riojanos entre 1976 y 1983, conocida como megacausa de los presos políticos. Piedrabuena deberá evaluar si acepta la rogatoria de su par francesa, trasladarse a Buenos Aires e interrogar a Bergoglio, quien no ocultó su amistad con el almirante Emilio Massera, con quien se reunió varias veces cuando era el responsable del Colegio Máximo de los jesuitas en San Miguel, según contó a Horacio Verbitsky en 2010 el ex detenido Lorenzo Riquelme, hoy residente en Francia. Bergoglio fue acusado, además, por los curas Orlando Yorio y Francisco Jalics de haber permitido su secuestro y tortura por fuerzas de seguridad en 1977, hecho que lo llevó en 2010 a declarar en la causa Esma. En octubre de 2007, aconsejó al sacerdote español José Luis Muñoz Quiroz, superior para América Latina de la Orden de los Hermanitos del Evangelio, no presentarse como querellante ante la Justicia Federal argentina por la desaparición en junio de 1977 del cura barrendero Mauricio Silva en La Paternal. Muñoz Quiroz desoyó el consejo y radicó la denuncia ante el juez Daniel Rafecas.
Marie Therése Abattú, madre de Gabriel Longueville, inició la denuncia por el caso de su hijo a comienzos de la década de 1990, con la Justicia argentina clausurada por los indultos . “Por supuesto que creo que el testimonio de Bergoglio puede ser útil a la causa. Se trata del asesinato de un cura, la Iglesia debe tener datos”, dijo Thonon a la agencia AFP. La abogada representa a ocho ciudadanos franceses asesinados o desaparecidos en Argentina y Chile durante los años de las dictaduras militares.
Fuente:MiradasalSur
“Le dije a la ministra que yo vengo de otro palo”
Año 3. Edición número 153. Domingo 24 de abril de 2011
Por Eduardo Anguita
“Muchos de los problemas que tenemos son por la falta de controles a la policía”, asegura la número dos del área de seguridad. Además explica cómo se trabajó para ubicar al testigo Víctor Martínez y reseña los desafíos de la gestión, a cuatro meses de la creación del Ministerio Toda la maquinaria del Ministerio de Seguridad se puso en funcionamiento el martes para determinar el paradero de Víctor Martínez, el testigo que estuvo desaparecido durante dos días. “Se hizo una búsqueda muy exhaustiva desde el primer momento”, reconoció la secretaria de Seguridad Operativa del Ministerio de Seguridad, la mano derecha de la ministra Nilda Garré. Caamaño habló en una extensa entrevista realizada por Eduardo Anguita en su programa de radio Hoy más que nunca, que se emite de lunes a viernes por Radio Nacional. La virtual vicejefe de Seguridad habló de todo: de los cambios en la Policía Federal, del caso Mariano Ferreyra, de los desafíos de la gestión, de la importancia de la participación ciudadana. Y contó todos los pormenores de la exitosa búsqueda de Martínez, que denunció que fue secuestrado por desconocidos.
–¿Cómo evaluaron ustedes qué pasó desde que Martínez desapareció hasta que volvió a su casa?
–Desde que nos avisaron hicimos desde el Ministerio de Seguridad todo un gran despliegue con la Policía Federal a través del Comando Radioeléctrico, que averigua en todos los hospitales, que deja un registro donde se envía a todos los lugares la búsqueda de Martínez. Después, también con búsqueda de personas que eso es más operativo, es ir a ver el lugar, nos fijamos si había cámaras en el trayecto que se suponía había hecho desde su casa hasta tomar posiblemente el subte al microcentro. Él no tiene auto y vive a unas cuadras de la avenida Corrientes. Se habló con vecinos, y se hizo una búsqueda muy exhaustiva. La causa empezó con una averiguación de paradero, que no es una causa penal, en la comisaria de la zona de su casa y después se transformó sí en privación ilegal de la libertad. Ahí actúo el fiscal Aldo de La Fuente, que también tomó todo tipo de medidas. Después de casi dos días, nos llamaron. Un apoderado, con el que yo me venía comunicando permanentemente, diciéndonos que había aparecido en Acoyte y Rivadavia. Y que iba ser llevado a la comisaría más próxima. Después, cuando llamé a la comisaría, él ya estaba ahí. Estaba yendo en una ambulancia el médico legista y después fue trasladado al Hospital Durán. Me decían que lo que él decía era que lo habían drogado y también estuvo el jefe de la policía, Enrique Capdevila. Estuvimos dos días con mucho movimiento en la búsqueda de Martínez.
–Usted llevó muchos años de fiscal y tuvo a su cargo la investigación sobre la causa Mariano Ferreyra, un caso delicadísimo. ¿Las primeras horas sin noticias de Martínez se convirtieron en el desafío más grande que tenía el Ministerio, habida cuenta de que la hipótesis de un secuestro constituía un ataque tremendo a la democracia y a la gestión de Garré y suya?
–Yo no tomé dimensión de la causa de Mariano Ferreyra hasta un tiempo después. En un primer momento hicimos en la fiscalía lo que hacíamos habitualmente ante una causa donde había homicidio: ir al lugar del hecho, revisar, caminar, mirar. Después, eso tomó una dimensión que todos conocemos: una causa súper importante donde se involucró el sindicalismo, la misma policía, grupos políticos. En este caso, tomó esa dimensión desde el primer momento, y mi pensamiento era “no puede estar pasando esto”. La ministra estuvo pendiente: a cada minuto preguntaba si había algún tipo de novedad.
–Muchos testigos en causas de delitos de lesa humanidad no saben cómo proceder. Un episodio como este lleva a que cada uno asuma y tome los recaudos que tenga que tomar.
–La gente se tiene que manejar normalmente y tener los recaudos mínimos necesarios como cualquier ciudadano. Fijarse que no haya nada extraño dentro de tu ámbito, no cumplir siempre con la misma rutina. La realidad es que no hay que tener miedo y de hecho, que no es poco, de Julio López me parece que no hemos tenido durante estos años de democracia ningún otro hecho de esas características. Cuando no aparecía Martínez yo me puse en contacto con el Programa de Protección al Testigo del Ministerio de Justicia para ver que pensaban, si habían hecho una evaluación sobre el tema. Al director lo noté bastante tranquilo: me decía que iba a aparecer. A mí no me tranquilizó en ese momento, pero realmente Darío Díaz estuvo en lo correcto. Y además me explicaba que hubo unos ocho casos, que posiblemente no sean conocidos, y que aparecieron y que la mayoría de las veces, no digo que haya pasado esto con Martínez, había sido algo como voluntario. Uno también se asusta, pero la persona está, y necesita irse, retirarse a pensar o está abrumado. Deben ser situaciones complicadas.
–Usted como fiscal habrá conocido muchas causas que no tengan que ver con delitos de lesa humanidad. Que a una persona ir a testificar la incomoda, le da temor, la pone en situaciones que a uno lo llenan de adrenalina.
–Sí, exactamente. La gente habitualmente tiene miedo en determinadas circunstancias. Yo tengo testigos de la causa de Mariano Ferreyra, algún testigo protegido. Incluso, se lo ha filmado porque él estaba en el Programa de Protección a Testigos y no quiere aparecer en el juicio porque tiene miedo. Esta persona, con todas las garantías para los imputados, fue filmada en su declaración testimonial ante la jueza Wilma López, con las defensas de los imputados y ahora se supone que si no aparece eso se puede incorporar en el juicio oral.
–Cuatro meses de gestión con infinidad de frentes abiertos. ¿Cómo lo están viviendo, cómo lo evalúan, cuáles son las cosas que la comunidad tiene que saber para poder participar y criticar?
–Estamos trabajando mucho, eso es lo primero que me parece que hay que decir. Tenemos un monitoreo permanente de la ministra, que está absolutamente en todos los temas. Ella va manejando todo lo que pasa dentro del Ministerio y además nos da cierta tranquilidad a los que la acompañamos y tenemos muchos frentes. Por otro lado, hay otras secretarías que son más “divertidas” que la mía. Como la de Planificación, que va a traer patrulleros inteligentes que se entregan esta semana. Están llegando de Israel las cámaras con las que se los va a dotar, los domos, las computadoras que van adentro. Patrulleros que a cien metros van a poder detectar patentes de autos que han sido robados y que han sido cargados en el sistema. Van a dar una alerta, van a filmar todo y también cuentan con una cámara adentro del patrullero que graba todo. Y la Secretaría de Prevención del Delito, que es la que generó las mesas de participación ciudadana, que también es importante porque nosotros no nos nutrimos solamente del mapa del delito que nos acerca la policía, sino también de las denuncias que se hacen al 0800 y también de estas mesas donde nos van marcando lo que pasa en cada lugar. Estar en cercanía con los ciudadanos es algo que a nosotros nos ayuda muchísimo.
–Usted habló de un 0800, ¿recomienda que la gente llame al 911 cuando tiene un problema?
–Sí, pero el 911 es para que llegue la policía al lugar y el 0800 es para denunciar. Muchas veces en el 0800 la gente denuncia corrupción policial que es uno de los temas que nosotros abarcamos en el Ministerio. El número es 0800-555-5065.
–Cuando en un caso como el de Ferreyra aparecen barrabravas involucrados, ¿simplifica una investigación o la embarulla, al abrirse una caja de Pandora que tiene ramificaciones impredecibles?
–La causa sobre el crimen de Mariano Ferreyra era como un abanico que se iba a desplegando a medida que uno la iba investigando. Empezó con un problema entre los tercerizados y la Unión Ferroviaria (UF) y a medida que fuimos avanzando de la UF pasamos a los barrabravas, pasamos a la cabeza del sindicato de la UF como fue Pedraza, pasamos a la Policía Federal. Después, seguimos y pasamos a los negocios de Pedraza, de por qué no quería que los tercerizados se incorporen. En otras causas, donde hay barrabravas tal vez termina ahí, ésta justamente llegó a otros niveles.
–Suele decirse que la Policía Federal tiene muchos efectivos, pero pocos están en la calle y debería reconvertirse. ¿Realmente, se necesita más presencia policial en la calle o mejor organización?
–Hay que optimizar los recursos humanos que tenemos. Creo que también, teniendo en cuenta lo que dice la ministra, es necesario que haya más policías en la calle. Esto por una cuestión no sólo de evitar el delito, que a veces va a ser inevitable, pero sí para encontrar al policía en la otra cuadra. No tiene que estar específicamente el policía al lado porque, sino, necesitaríamos un policía al lado de cada uno. Pero en las inmediaciones, el saber que hay policías genera cierta tranquilidad y seguridad en la gente porque tiene a quien recurrir en caso de que pase algo. Incluso, se sale a dar vueltas y muchas veces estos delitos son resueltos inmediatamente o muy próximos porque se agarra a la gente y se secuestra lo sustraído. Así que me parece que es una buena política la que lleva adelante la ministra cuando pide que haya más efectivos. Ahora, por otro lado, es cierto que la Policía Federal tiene muchos efectivos y cuando hablás con ellos, y esto me llamó poderosamente la atención, te dicen “para nosotros salir a la calle es como un castigo, cuando te mandan a la calle estás castigado”. Yo creo que cuando uno piensa en ser policía, qué se imagina, no se imagina tomando una denuncia, escribiendo a máquina, parado adentro de una garita en un banco. Me imagino que el que quiere ser policía se imagina en la calle, en acción, o algo de ese estilo. Está todo tan tergiversado por años en donde, evidentemente, el poder político no ha incursionado. La policía empezó a manejarse sola y muchos de los problemas que hoy tenemos están relacionados con eso: con una falta de control a la policía. Porque todos necesitamos que nos controlen.
–Hay que revertir una conciencia, es una tarea ardua.
–Es una tarea ardua. Sin embargo, creo que también desde el jefe de la policía, el subjefe, que están muy consolidados con el proyecto, todo el tiempo le hacen saber a la ministra “téngannos confianza, estamos trabajando, las cosas van a cambiar”. También fueron importantes las selecciones que se hicieron desde el ministerio: poder romper esa hegemonía de la policía donde ellos hacían y deshacían como querían. Ahora hay un poder político que también mira, se fija y controla. También lo que la policía propone. La policía hace una propuesta, o el jefe de la policía, y nosotros miramos legajos, nos fijamos o le preguntamos por qué esta persona considera que va a ir bien acá y no en otra, por ejemplo. Todo eso hace que ellos empiecen a pensar de otra manera.
–Mencionó antes a Zaffaroni. Él dijo que recomendaría que no se hagan más convenios de capacitación policial con Estados Unidos, sino con Canadá y el Reino Unido.
–Sí, es lo que estamos haciendo. La ministra dio órdenes precisas de analizar cada vez que nos invitan o que invitan a la policía a hacer cursos. Saber quién invita, cuál es el programa, a dónde van, porque hay muchas “escuelas de las Américas” que ahora llevan otro nombre pero que están haciendo exactamente lo mismo.
• UNA DESIGNACIÓN Y UN CAMBIO DE PARADIGMA
Construir una seguridad democrática: ese es el difícil norte que tiene por delante Nilda Garré y todo su equipo del Ministerio de Seguridad, desde que asumieron a fines del año pasado. El nombramiento de Cristina Caamaño al frente de la Secretaría de Seguridad –en los hechos es la número dos del área– es una muestra del cambio de paradigma de esta nueva etapa. Caamaño señaló por radio que no conocía a Garré y que la ministra la llamó por sus antecedentes, sin importarle su historia política. El dato no es menor, por la responsabilidad del cargo: Caamaño es la responsable del control directo de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Caamaño estaba al frente de la Fiscalía de Instrucción 4 y dependía del procurador general de la Nación, Esteban Righi.
Caamaño relató: “La ministra Garré tiene una enorme fortaleza, tiene una capacidad de laburo infernal, la tiene súper clara, sabe perfectamente a dónde apunta. Para mí es re valioso poder acompañarla. La conocí el lunes 13 de diciembre y asumimos dos días después. Ella me llamó a mi celular y me dijo si podía ir al Ministerio de Defensa. Yo estaba trabajando en la fiscalía y no entendí muy bien. Entonces lo llamé al Procurador, Esteban Righi, y le pregunté: ‘¿Vos le diste mi celular a la doctora Garré?’ Me respondió: ‘Sí, me llamó, no sé qué querrá pero vos andá y avisame’. Estuve tres horas y media en el despacho con ella. El sábado 11 había sido el anuncio de la Presidenta nombrándola en el Ministerio de Seguridad. Nilda me dijo si yo la quería acompañar. Lo primero que le dije fue que no, que estaba equivocada, que se había equivocado de persona, que yo era fiscal, que hacía 20 años que estaba en la Justicia, que no era de su palo, que tenía la causa de Mariano Ferreyra y que para mí eso era un compromiso ético muy importante. Y que además iban a pensar que el Gobierno me estaba ascendiendo para sacarme la causa. Ella me dijo que lo pensara”. Y concluyó: “Lo consulté realmente con cuatro personas y los cuatro me dijeron ‘tenés que agarrar, no podes decir que no’. El primero fue Pablo Ferreyra, hermano de Mariano. Después le pregunté a Righi, a (Raúl) Zaffaroni y a un ex radical. Porque yo le había dicho a la ministra: ‘Vengo de otro palo, había estado trabajando y militando con Raúl Alfonsín’. Cuando yo estaba por darle la respuesta de asumir este compromiso, Nilda me llamó y me dijo: ‘La Presidenta está muy contenta con que me acompañes’”.
Fuente:MiradasalSur
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