JUSTICIA FEDERAL
La Cámara de Apelaciones acelera los procesos de delitos de la dictadura
En los últimos meses son numerosos los recursos que ha tratado. Entre ellos, uno por falta de mérito a favor de un ex funcionario de Cobos
Por DANIEL CALIVARES
EL CAMBIO. Hasta el año pasado, los jueces Alfredo López Cuitiño, Julio Demetrio Petra y el conjuez Enrique Sosa Arditi eran los encargados de decidir sobre las apelaciones que estuvieran dentro del marco de delitos de lesa humanidad. Los tres, denunciados en varias ocasiones, estaban a cargo de esa tarea, ya que los otros miembros, Otilio Romano y Luis Miret, no podían hacerlo, por haber sido fiscales o jueces en los mismos casos.
Diferente era la situación de Sosa Arditi, que estaba allí en remplazo de Carlos Pereyra González, quien dejó su puesto luego de que un testigo durante un juicio en San Luis lo acusara de haber presenciado una tortura durante la dictadura y no haber hecho nada, por lo que el ex magistrado, para evitar el juicio político, decidió abandonar sus funciones. Sin embargo, esa composición se resquebrajó luego de que, en noviembre, la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal, conformada por Mariano González Palazzo, Gustavo Hornos y Augusto Diez Ojeda, resolviera separarlos en un fallo que alertaba sobre la posibilidad de que la permanencia de los tres jueces en las causas de lesa humanidad provocara una controversia internacional, debido a sus fallos polémicos.
En su lugar fueron designados Roberto Naciff, Hugo Echegaray y Pedro González. Este nuevo tribunal tuvo, al principio de su conformación, una tarea que posibilitó que otros jueces, como Otilio Romano, hoy se encuentren procesados, ya que fueron ellos los que restituyeron a Walter Bento a la causa contra los camaristas por haber omitido investigar delitos de lesa humanidad, y son ahora los que también están provocando que los organismos de derechos humanos vean la posibilidad de que Mendoza se ponga al día en los juicios por delitos de lesa humanidad y con más imputados que Luciano Menéndez, Juan Agustín Oyárzabal y Tamer Yapur, que son las personas que más se repiten entre los imputados de cada una de las causas.
EL CAMBIO. Desde que los tres jueces pasaron a remplazar a López Cuitiño, Petra y Sosa Arditi, las cosas comenzaron a cambiar en los Tribunales Federales. En los últimos meses, cada miércoles hay una jornada para definir alguna de las 300 apelaciones que se acumularon en los despachos de la Cámara Federal. Ayer fue el turno de resolver un recurso en la causa que tiene al periodista sanrafaelino Santiago Illa como desaparecido, explicó Pablo Salinas, abogado querellante por el Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos (MEDH).
Illa desapareció tras ser supuestamente liberado de la Penitenciaría provincial, sin embargo, nunca apareció ni tampoco hay registros de que se haya fugado. En esta causa, el juez federal Walter Bento le dictó falta de méritos, entre otros, a una persona de apellido Fuertes, quien sería quien lo sacó de la Penitenciaría, y eso provocó la presentación de una apelación. Esta causa no es la única que está siendo analizada. Una de las más resonantes es la del ex capitán Luis Stuhldreher, que obtuvo alrededor de 20 faltas de mérito, que provocaron que se salvara de ser uno de los acusados en el juicio por delitos de lesa humanidad que hubo en San Rafael el año pasado.
Stuhldreher fue intendente en San Rafael y, durante el gobierno de Julio Cobos, ocupó el lugar de director de Logística del Ministerio de Seguridad. Debido al proceso que se está desarrollando, Salinas estimó que podría haber juicios por lesa humanidad durante los próximos dos años de manera ininterrumpida.
Juicio suspendido por enfermedad
La jornada de ayer del juicio por delitos de lesa humanidad debió suspenderse porque uno de los miembros del tribunal, Alejandro Piña, se encontraba enfermo, explicaron desde los Tribunales Federales. Ayer estaba previsto que se diera por terminada la causa por el secuestro y desaparición de Ricardo Sánchez Coronel y se comenzara con los testigos por las desapariciones de dos ciudadanos de San Luis: Domingo Britos y Rosario Aníbal Torres, quienes fueron secuestrados entre junio y julio de 1976. El debate se retomará el lunes, con el testimonio de familiares de Britos, además, está previsto que declare René Ahualli, quien habría visto a Torres y es una testigo importante en la causa por la muerte de Paco Urondo
Fuente:ElSolDiario
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