En julio se iniciará el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en Concordia y Concepción del Uruguay
El Tribunal Oral Federal de Paraná fijó para el próximo 27 de julio la fecha de inicio del juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en Concordia y Concepción del Uruguay. Uno de los seis imputados es Albano Harguindeguy, ex ministro del Interior durante el último gobierno militar. Según informaron desde el tribunal, está previsto que el debate se realice en la sede de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná y que las audiencias se realicen tres veces por semana. Harguindeguy, junto a Ramón Genaro Díaz Bessone -comandante del Segundo Cuerpo del Ejército desde el 3 de setiembre de 1975 hasta octubre de 1976- será juzgado por dos causas acumuladas. Uno de los procesos es el que investiga el secuestro y torturas que sufrieron 18 estudiantes secundarios de Concepción del Uruguay en julio de 1976, a manos de la delegación de esa ciudad de la Policía Federal, que dependía del por entonces ministro del Interior.
Además será enjuiciado por el delito de desaparición forzada de persona del que fueron víctimas los militantes concordienses Julio Alberto Solaga y Sixto Francisco Zalasar, y por la detención ilegal y privación ilegítima de la libertad de Solaga, Zalasar y Juan José Durantini, quien desde el retorno de la democracia se dedicó al periodismo.
Además de Harguindeguy y Díaz Bessone enfrentará al tribunal, por la causa de Concordia, el ex jefe del Regimiento de Caballería de Tanques 6 de Concordia, Naldo Miguel Dasso. Y por la causa de Concepción: Francisco Crescenzo, oficial de la delegación Concepción del Uruguay de la Policía Federal; Juan Miguel Valentino, jefe de Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada II de Gualeguaychú, entre diciembre de 1974 y diciembre de 1976; y Julio César Rodríguez, suboficial de la Policía Federal uruguayense en 1976.
El decreto firmado este lunes por Lilia Carnero como presidenta del Tribual Oral, dispone que las audiencias se realicen desde el miércoles 27 de julio a las 10, en la sala de la Cámara Federal de Apelaciones ubicada en calle 25 de Mayo 256 de la capital entrerriana, que fue elegida porque posee mayor capacidad y podrá albergar a procesados, testigos, prensa y público en general. Además, se dispuso que los debates serán los miércoles, jueves y viernes y serán transmitidos por un sistema de televisión que permitirá que también sean vistos por una pantalla que estará instalada en la sala del Tribunal de calle Urquiza 868.
El Tribunal decidió que el juicio se realizará en Paraná a pesar del pedido de la querella, que había solicitado que se hiciera en Concepción del Uruguay, donde se desarrolló la instrucción. Sin embargo, se tuvo en cuenta la opinión de la Fiscalía que propuso que el escenario sea la capital provincial, porque las víctimas no son todas de Concepción, por razones de seguridad y para evitar el traslado del expediente. Los gastos de movilidad de los testigos estarán cubiertos por el Tribunal.
Está previsto que durante el desarrollo de las audiencias declaren alrededor de 110 testigos, 70 de los cuales fueron propuestos por las partes acusadoras. Por esta razón se estima que la sentencia se dictará no antes de cuatro meses después del 27 de julio.
Por otra parte, se dispuso que se realicen inspecciones oculares en los centros clandestinos de detención donde se ejecutaron los crímenes de lesa humanidad, como la sede de la Policía Federal de Concepción del Uruguay y un grupo de regimientos de la costa del Uruguay, consignó Uno.
Los jueces que tendrán a su cargo el primer juicio por delitos de lesa humanidad en Entre Ríos serán Lilia Carnero, Roberto López Arango y un tercero que deberá nombrar el Consejo de la Magistratura. Como fiscales actuarán Marina Herbel y José Ignacio Candioti.
La querella será representada por la abogada uruguayense María Isabel Cacciopolli, apoderada de las víctimas César Manuel Román, Carlos Atilio Martínez, Juan Carlos Rodríguez, Juan Carlos Romero y Carlos Horacio Valente, y los familiares de los desaparecidos Solaga y Zalasar: María Estela Solaga de Moreno y Sandra Zalasar.
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Juicio a Harguindeguy: “Estamos haciendo historia”
La representante de la querella María Isabel Caccioppoli dijo a 97.1 La Red Paraná que el debate por crímenes de lesa humanidad, a iniciarse el 27 de julio, permitirá un “profundo debate” sobre lo sucedido durante la última dictadura cívico militar.
Maria Isabel Cacciopoli, abogada representante de la querella en el juicio a Albano Harguindeguy, ex ministro durante la última dictadura cívico-militar, habló con 97.1 La Red Paraná sobre el inicio del debate por crímenes lesa humanidad.
Luego de conocerse ayer que el juicio a los responsables de violar los derechos humanos en Concepción del Uruguay y Concordia comenzará el 27 de julio en la capital provincial, Cacciopoli dijo en diálogo con el programa Maldición, va ser un día hermoso, que las últimas horas las vivió “con una mezcla de emoción y responsabilidad”, ya que “abrimos un abanico de situaciones que a más de 34 años quedaron dando vueltas por la cabeza de la gente y, por el miedo y muchas situaciones, no habían salido a la luz”.
La abogada precisó: “Nos encontramos con un expediente muñido de muchisima fuerza provatoria, y se van a encontrar con una historia que no se conoce en los libros de esa materia en los colegios. Estamos haciendo historia. Estamos llevando adelante una investigación sobre hechos históricos que en muchos casos nadie ha sabido”.
El Tribunal Oral Federal de Paraná fijó para el próximo 27 de julio la fecha de inicio del juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en Concordia y Concepción del Uruguay. En principio el debate se realizará en la sede de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, y las audiencias serían tres veces por semana.
Al banquillo de los acusados irán Albano Harguindeguy, Ramón Genaro Díaz Bessone, Naldo Miguel Dasso, Francisco Crescenzo, Juan Miguel Valentino y Julio César Rodríguez.
Albano Harguindeguy
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Antes de fin de año estará la primera sentencia a represores
Ramón genaro Díaz bessone
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Naldo Miguel Dasso
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Francisco Crescenzo
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Juan Miguel Valentino
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Cacciopoli añadió que “es la primera vez Harguindeguy llega a un juicio. Eso es lo inovativo en esta situación. Pudimos imputarlo como uno de los mentores del terrorismo de Estado que hemos vivido los argentinos, al igual que los responsables de practicar tormentos directos hacia la personas".
“Esta causa dará un profundo debate. Estamos preparados para eso. Es el marco adecuado para esperar justicia y lograr una sentencia con la certeza de poderlos imputar correctamente y constitucionalmente, para que no haya ninguna trampa judicial”.
FuentedeOrigen:AnalisisDigital
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El Tribunal Oral Federal de Paraná juzgará a seis militares por dos desapariciones y 20 casos de secuestros y torturas. Por primera vez estará sentado en el banquillo de los acusados Albano Harguindeguy, el ministro político de la dictadura. Entre los testigos está el ex gobernador Jorge Busti. También están citados dirigentes peronistas y radicales de peso a nivel nacional.
Miercoles 20 de Abril de 2011
El jefe. Harguindeguy enfrenta un juicio por crímenes de la dictadura.
El 27 de julio comenzará el juicio oral y público por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar en la costa este de la provincia de Entre Ríos.
El Tribunal Oral Federal de Paraná juzgará a seis represores por dos desapariciones y 20 casos de privaciones ilegítimas de libertad y torturas; y por primera vez estará en el banquillo de los acusados Albano Harguindeguy, que fuera ministro del Interior en el período en el que se produjo la mayoría de los crímenes del terrorismo de Estado.
Además de Harguindeguy, serán enjuiciados el general retirado Ramón Genaro Díaz Bessone, ex jefe del Segundo Cuerpo de Ejército, con jurisdicción en Entre Ríos; el ex jefe del Regimiento de Concordia, Naldo Miguel Dasso; el ex jefe del Regimiento de Gualeguaychú, Juan Miguel Valentino; y los policías federales Francisco Crecenso y Julio César Rodríguez. Todos se encuentran detenidos aunque bajo arresto domiciliario.
Alrededor de un centenar de testigos están citados a declarar en lo que será el primer juicio oral y público que se sustancie en la provincia por crímenes de lesa humanidad, por lo que el proceso podría durar alrededor de cuatro meses y la sentencia se conocería antes de fin de año, según indicaron fuentes judiciales a EL DIARIO.
La nómina de testigos incluye, entre otros, al ex gobernador Jorge Busti, al vocal del Superior Tribunal de Justicia Daniel Carubia, al polémico periodista Ceferino Reato, a los ex ministros peronistas Antonio Cafiero y Carlos Ruckauf –ambos firmaron los decretos para combatir a la subversión– y los dirigentes radicales Facundo Suárez Lastra, Horacio Jaunarena y Enrique Nosiglia.
Las audiencias se desarrollarán los días miércoles, jueves y viernes en la sala de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, aunque está previsto que se realicen inspecciones oculares de regimientos militares en Villaguay, Gualeguaychú y Concordia, como también la Jefatura Departamental de Policía de la Capital del Citrus y la sede de la Policía Federal de Concepción del Uruguay.
La composición del tribunal es todavía un asunto pendiente, ya que se debe designar al tercer integrante que acompañe a Lilia Carnero y Roberto López Arango. En tanto, los fiscales serán Marina Herbel de Pajares y José Ignacio Candioti.
Los hechos. Los represores están acusados de integrar una asociación ilícita, en el marco de un plan sistemático de persecución y exterminio de militantes políticos, y en este caso se investigan la violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad y aplicación de torturas contra seis delegados de Luz y Fuerza y nueve estudiantes secundarios en Concepción del Uruguay, un periodista en Concordia y otros dos jóvenes en Gualeguaychú y Villaguay; y el secuestro de dos militantes concordienses.
Sixto Francisco Zalasar era un empleado ferroviario y estudiante de medicina de 26 años, estaba casado y tenía tres hijos. Cuatro hombres, que luego se supo que eran militares, lo secuestraron de la puerta de su casa de Concordia el 26 de mayo de 1976, delante de su familia y sus hijos. Julio Alberto Solaga tenía 25 años y era bioquímico, aunque trabajaba en un escritorio comercial de una explotación forestal de cuando fue secuestrado el 22 de noviembre de 1976. Tres personas se lo llevaron a punta de pistola de su casa. Se supo que ambos estuvieron en los calabozos del Regimiento de Caballería de Tanques 6 “Blandengues” de Concordia y aún permanecen desaparecidos.
La investigación se inició en 1987, cuando la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná asumió el conocimiento del proceso, ante la falta de resultados de las actuaciones en los tribunales militares; se archivó tras la sanción de las leyes de punto final y obediencia debida; y se retomó en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay tras la declaración de nulidad de ambas normas.
Luego se sumó la causa por el secuestro de estudiantes secundarios, a partir de una denuncia presentada en 2006 por César Román, un profesor de Historia radicado en Mar del Plata, quien sindicó a policías federales de Concepción del Uruguay como miembros del grupo de tareas que lo secuestraron en julio de 1976 en la puerta de su casa y lo trasladaron a la sede local de la Policía Federal, donde fue sometido a torturas.
Después de 35 años, estos hechos serán analizados por un tribunal y entonces comenzará a saciarse esa necesidad de justicia para quienes cometieron los crímenes más atroces de la historia argentina.
Un prófugo
En el juicio por los secuestros y torturas de estudiantes secundarios habrá un ausente: José Darío Mazzaferri, quien permanece prófugo desde mayo de 2009. Hasta mediados de 2007 estuvo al frente de la Superintendencia de Planificación y Desarrollo de la Policía Federal, pero fue desplazado a pedido de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Entre Ríos. Mazzaferri era uno de los oficiales que aplicaba las torturas a los detenidos en la sede de la Policía Federal en Concepción del Uruguay. En su denuncia, el profesor César Román declaró: “El oficial Masaferro tomó un artefacto parecido a un soldador eléctrico pero más chico, supongo que era una picana, y la aplicó sobre el cuerpo de aquella persona, que se arqueó sobre sí mismo y gritó de dolor. Después, apuntándome con aquel artefacto, me dijo: ‘Empezá a cantar, pendejo de mierda, o después sigo con vos’. Las dos personas que estaban allí me volvieron a encapuchar y volvimos por las escaleras, donde tuve tremendas sensaciones de vómitos y mareos”.
Deniegan la excarcelación a Bidinost
La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la detención de Susana Bidinost, ex directora de la cárcel de mujeres acusada de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, y que son investigados en el marco de la Causa Área Paraná. El Máximo Tribunal del país rechazó por “inadmisible” el pedido de libertad que la defensa de la procesada presentó contra la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, que le negó la excarcelación. La ex funcionaria, que estuvo al frente de la Unidad Penal Nº 6 “Concepción Arenal” entre junio y octubre de 1976, está procesada con prisión preventiva en calidad de partícipe necesaria por severidades, vejaciones, apremios ilegales e imposición de tormentos agravados por la especial calidad de funcionaria pública. El fallo lleva la rúbrica de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, según consignó el Centro de Información Judicial. El 22 de marzo pasado el juez Federal de Paraná, Gustavo Zonis, rechazó el pedido de prisión domiciliaria de Bidinost. En ese marco, el abogado querellante Marcelo Baridón alertó que “todos los imputados en las causas de lesa humanidad son proclives a diversas enfermedades”, e ironizó que se trata de una especie de “epidemia” para evitar ir a prisión.
Por Juan Cruz Varela
Fuente:ElDiario
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