Acompañado por custodio y sin esposas
Desde Santa Fe
El Tribunal Oral Federal de Santa Fe pidió ayer informes al Servicio Penitenciario de la provincia para saber si se cumplieron todas las "medidas de seguridad" en un traslado del ex juez federal Víctor Brusa, desde la cárcel de Las Flores donde cumple una condena a 21 años de prisión por delitos de lesa humanidad hasta el hospital Italiano, donde funciona la Dirección Provincial de Salud Mental. El viernes, Brusa fue visto en cercanías del hospital, acompañado por un custodio de civil, pero sin esposas en las muñecas, por lo que el Tribunal quiere saber si la salida se hizo de acuerdo a las normas reglamentarias. La visita médica obedece a que el defensor oficial Fabio Procajlo, comenzó a gestionar para Brusa el beneficio de la "prisión domiciliaria" con el argumento de su estado de "salud mental", pero hasta ahora el Tribunal no tomó ninguna decisión al respecto, a la espera de una serie de medidas que solicitó el Ministerio Público Fiscal, entre ellas un dictamen de especialistas en el ramo que determine si el ex juez es "un enfermo mental" o si "la privación de la libertad en un establecimiento carcelario le impide recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia".
Los traslados de Brusa al hospital Italiano provocaron también la reacción de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia porque el nosocomio es el lugar elegido por el Programa de Protección a Testigos para brindar asistencia psicológica a las víctimas del terrorismo de estado. El Tribunal Oral no informó al Programa sobre las salidas del ex juez, pero -así las cosas ¿quién puede descartar que en algún momento pueda cruzarse con sus víctimas en un pasillo del nosocomio?
La secretaria de Derechos Humanos, Rosa Acosta, mandó entonces una nota al Tribunal para prevenir esa situación y evitar "un posible contacto" entre Brusa y sus denunciantes en un lugar de "atención médica y psicológica" a sobrevivientes de la dictadura.
Acosta pidió información al Tribunal porque el responsable del Programa de Protección a Testigos, Daniel Bóccoli -que también firma la nota se enteró que el viernes, Brusa fue visto en inmediaciones del hospital Italiano, acompañado por un agente carcelario de civil y sin esposas en las muñecas. "Resulta por tanto necesario restringir al máximo las posibilidades de organización y coordinación entre los imputados y/o condenados, y entre éstos y otros agentes de fuerzas de seguridad que participaron de hechos similares. Se recomienda la determinación de medidas tendientes a controlar sus acciones y restringir las posibilidades de su accionar y su posible contacto con testigos y/o familiares, antes, durante y después del transcurso del juicio oral", planteó la secretaria de Derechos Humanos.
"Y en este contexto, especialmente peticionamos la adopción de medidas que impliquen no acercarse a los domicilios y/o lugares donde los testigos habitualmente desarrollan actividades laborales o de atención médica o psicológica", agregó.
Fuente:Rosario12
Brusa va al mismo hospital al que asisten sus víctimas
Derechos Humanos de la provincia pidió informes por la presencia sin esposas del ex juez en el Italiano.
20 abr, 2011
Según publicó ayer el portal Notifé, el ex juez federal logró a través del defensor oficial Fabio Procajlo –el mismo que lo patrocinó durante el juicio oral celebrado en 2009– el beneficio de una evaluación psiquiátrica como paso previo al pedido de prisión domiciliaria. La realización del examen recayó en la Junta de Salud Mental, el mismo organismo que responde a los requerimientos judiciales en causas por delitos de lesa humanidad y al que asisten los denunciantes y las víctimas. El objetivo del pedido del defensor oficial es que se determine el grado de crisis subjetiva de Brusa a los fines de iniciar los trámites para que obtenga el beneficio de la prisión domiciliaria.
En la nota que Acosta y Bóccoli remitieron a la Justicia expresaron su preocupación por el hecho de que hayan enviado a Brusa al mismo hospital que frecuentan los denunciantes adheridos al Programa de Protección a Testigos. “Es necesario restringir al máximo las posibilidades de organización y coordinación entre los imputados y/o condenados y entre éstos y otros agentes de fuerzas de seguridad que participaron de hechos similares. Se recomienda la determinación de medidas tendientes a controlar sus acciones y restringir las posibilidades de su accionar y su posible contacto con testigos y/o familiares, antes, durante y después del transcurso del debate oral”, exigieron los funcionarios.
“En este contexto peticionamos la adopción de medidas que impliquen no acercarse a los domicilios y/o lugares donde los testigos habitualmente desarrollan actividades laborales o de atención médica o psicológica, sedes de organismos de derechos humanos y la Secretaría de Derechos Humanos”, añadieron Acosta y Bóccoli. La aparición de Brusa sin esposas en plena calle encendió la alarma de testigos y querellantes, quienes nunca dejaron de señalar los privilegios que detentan los imputados –y aún los condenados– en causas por delitos cometidos en el marco de la represión ilegal. Desde el Servicio Penitenciario se limitaron a aclarar que en el traslado del ex juez federal, como ocurre con otros procedimientos de presos “comunes”, se cumplieron todas las medidas de seguridad habituales.
Brusa fue condenado el 22 de diciembre de 2009 por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, que lo encontró “autor penalmente responsable” de los delitos de apremios ilegales en ocho hechos y en concurso real mientras se desempeñaba como secretario de Juzgado. La sentencia incluyó inhabilitación especial por el máximo legal para ejercer cargos públicos. Brusa fue el primer funcionario judicial condenado por delitos de lesa humanidad en todo el país. En el mismo juicio, que se celebró entre septiembre y diciembre de 2009 en la capital provincial, fueron condenados cinco ex policías, quienes recibieron penas de entre 19 y 23 años.
La práctica habitual de Brusa durante la dictadura, denunciada por víctimas y querellantes, consistía en visitar a los detenidos políticos en comisarías, cuarteles y chupaderos. El ex funcionario judicial –ascendido a juez federal durante la democracia– obligaba a los presos a autoincriminarse firmando declaraciones de culpabilidad en las denominadas “acciones subversivas”.
Fuente:ElciudadanoyLaGente
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