INTENTO DE DESALOJO DE ABORIGENES
Vulnerables
Un detenido y ocho heridos fue el saldo del operativo policial en Tucumán. La comunidad quilmes resistió el desalojo.
Un detenido y ocho heridos de la comunidad quilmes de Colalao del Valle, en Tucumán, fue el saldo de un intento de desalojo de cuatro familias indígenas, de las tierras que habitan, efectuado por la policía provincial. Los aborígenes defendieron su presencia “ancestral” en estos campos, y aseguraron que poseen una cédula de posesión que data del año 1716. También denunciaron la violación de la ley nacional 26.160 que ordena suspender estos procedimientos en territorios donde se asientan los pueblos originarios. Tras la intervención del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y del Inadi de Tucumán se suspendió temporalmente la medida judicial.
El desalojo había sido ordenado por orden del juez en Documentos y Locaciones Juan Carlos Peral, en beneficio de la familia Rodríguez Colombo, que reivindica la propiedad de ese terreno. A las 9 de ayer, el juez de Paz de Colalao, Adolfo Salazar, junto a unos veinte policías, se presentó en el campo ubicado en el kilómetro 4306 de la ruta 40, en el norte tucumano, para cumplimentar sacar a las cuatro familias que viven allí.
“La policía garroteaba, tiraba balas de goma, y la gente se defendía con palos y piedras”, describió el cacique Franciso Chaile a Página/12. “Finalmente, luego de la intervención del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo delegación Tucumán (Inadi), los efectivos se retiraron, pero se llevaron al comunero Nicolás Suárez, quien quedó detenido por resistencia a la autoridad”, explicó Chaile. Hasta anoche esperaban su liberación de la comisaría de Colalao. Durante la tarde la policía intentó llevarlo a San Miguel de Tucumán pero los originarios cortaron la ruta 40, impidieron el paso del móvil policial y se lo regresó a la dependencia local.
El referente de la Comunidad India Quilmes aseguró que, además de ocupar “ancestralmente” estos campos, su pueblo posee “una cédula entregada a la comunidad en 1716 por la Corona española, protocolizada en 1892 por el Estado argentino”. Esos documentos dicen que les pertenecen “24 mil hectáreas”. El lugar reclamado por la familia Rodríguez Colombo, “unas cuatro hectáreas, está dentro de ese territorio”, agregó. Sergio Condorí, delegado de una de las 14 comunidades quilmes (perteneciente a la nación diaguita), denunció que “el padre de Encarnación Rodríguez Colombo llegó a la zona en los años ’50 y cercó el lugar de forma arbitraria, cuando nuestros abuelos ya estaban en el territorio”.
Según manifestó Chaile, la intención de la familia que pide el desalojo es “traer inversiones de capitalistas de afuera para poner viñas”. El cacique marcó que esto va en dirección opuesta a la vida de la comunidad: “Nosotros hacemos agricultura y ganadería de subsistencia”. Añadió que, además, tienen “cerca de cinco mil hectáreas” enmarcadas en este tipo de conflictos.
Desde 2008, cuando unas cuarenta familias comenzaron a construir casas en este lugar, ya sufrieron “tres intentos de desalojo”. Hoy sólo cuatro grupos familiares continúan allí, debido a que el resto buscó “otros lugares por el miedo” a los ataques policiales, dijo el cacique. Sobre esas intervenciones ordenadas por la Justicia, Chaile consideró: “Desconocen la Constitución Nacional, la de Tucumán y no cumplen con la ley 26.160, que ordena suspender los desalojos en territorio indígena”.
En este marco, Josefina Doz Costa, titular de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), presentó un recurso ante el Superior Tribunal de la provincia, para que se deje sin efecto la medida dispuesta.
Informe: Leonardo Rossi.
Fuente:Pagina12
Condiciones para el diálogo
El ministro del Interior, Florencio Randazzo, afirmó ayer que el Gobierno está “dispuesto a hablar cuando sea necesario” con los miembros de la comunidad qom La Primavera, de Formosa, que desde hace cuatro meses llevan a cabo una protesta en la avenida 9 de Julio, siempre y cuando “estén dispuestos a levantar el corte” que mantienen sobre esa avenida.
Por su parte, Félix Díaz, cacique qom de La Primavera (Formosa), manifestó ante Página/12 que “el Gobierno juega con esta situación” y los “quiere agotar físicamente, porque saben que con hambre no se puede pensar y discutir una propuesta”. Se refería a la huelga de hambre que mantiene el líder indígena desde hace cuatro días, junto a otras 16 personas, en reclamo de una audiencia con la presidenta Cristina Kirchner. Los qom continúan con el corte de tránsito en Avenida de Mayo y 9 de Julio, mano al sur. Reclaman al Ejecutivo respuestas por problemas territoriales y por el asesinato de Roberto López del 23 de noviembre del año pasado, en medio de un violento desalojo efectuado por la policía formoseña.
“Juegan con el tiempo. Si quisieran hablar, algún funcionario pisaría el acampe para ver qué se puede hacer”, respondió Díaz. Además, cuestionó a Randazzo por decir que el tema tierras “está en la Justicia” y excede al Ejecutivo. “Hay elementos jurídicos para solucionar esto. Hablan de autonomía provincial, pero así les dan más impunidad al gobernador Gildo Insfrán y a la Justicia de Formosa, que avasalla los derechos humanos.”
Fuente:Pagina12
OPINION
Formosa y los qom: la frontera y el silencio
Por Mempo Giardinelli
Es público y notorio que muchas personas, sin ser militantes del kirchnerismo, ni exégetas del Gobierno, lo apoyamos en muchos aspectos, las más de las veces pronunciándonos y, eventualmente, con el voto. Personalmente, ya enumeré en estas páginas las razones por las cuales pienso que la Presidenta es la mejor opción que nos ofrece el presente democrático argentino.
Pero si es cierto que somos muchos y muchas, quizás una mayoría del país, quienes brindamos ese apoyo de diversas maneras, también lo es que en muchas ocasiones se hace muy difícil compartir ciertas decisiones gubernamentales, algunas por acción y otras, como ahora, por omisión o silencio.
Y es que resulta francamente insostenible el silencio oficial frente a los compatriotas de la etnia qom que en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires están reclamando que se los escuche y se atiendan sus demandas.
Vienen de Formosa, claro, y uno sabe que esa provincia es gobernada por un hombre absolutamente fiel al kirchnerismo. Más aún, Gildo Insfrán es un kirchnerista de la primera hora, y si mal no recuerdo el primer gobernador que se pronunció en favor de Néstor Kirchner en 2003.
Pero eso no amerita que se le brinde desde el gobierno nacional tanto silencio complaciente a un gobierno provincial que dista mucho de ser un buen ejemplo de demócrata. Insfrán llegó al poder en 1995, después de haber sido diputado y vicegobernador. Hizo reformar la Constitución provincial y así fue reelegido en 1999, y en 2003, y en 2007, y quién sabe si ahora otra vez, en 2011...
Dicho sin ironía: está mal. Ni 16 años de gobierno ni el silencio protector son buenos para ninguna democracia, por más que lo hayan votado los formoseños, y por más legalidad formal que lo respalde. Está mal.
En ese contexto debe leerse el atropello a la comunidad aborigen La Primavera, sobre la ruta 86 y a casi 200 kilómetros de la capital formoseña, en noviembre pasado. Muertos y heridos, más la apropiación indebida de parte de su territorio son sólo el último eslabón de una larga historia de humillaciones.
Ya el 10 de septiembre, o sea dos meses antes, en una carta al gobernador Insfrán, los qom decían: “Ante la proximidad del festival del pomelo, nosotros queremos advertir sobre la posibilidad de represión policial, militar y legal...”.
Y sucedió nomás. Y ante el silencio como respuesta, y dado que son un pueblo tenaz, harto de todo hartazgo, marcharon hasta Buenos Aires, donde se supone que atiende Dios. O por lo menos las autoridades nacionales.
Y ahí están, y no se van a ir. Estoy seguro de ello. Como estoy seguro de que la Presidenta debería llamarlos ahora mismo, escucharlos e interceder para que se termine la afrenta histórica. Y no sólo por los qom de Formosa, sino por todos los pueblos originarios de la Argentina. Que son muchos y tienen un derecho humano fundamental conculcado: la tierra de sus ancestros.
Súmesele a eso la situación de Clorinda, que el país conoce ahora gracias a la carta abierta que le escribió la hermana Martha Pelloni al gobernador Insfrán hace un par de semanas, cuando fue a dar una capacitación en tanto coordinadora de la Red Infancia Robada. La valiente monja denunció las condiciones de corrupción fronteriza, la trata de personas, la explotación sexual de niños/as y adolescentes, el tráfico de órganos y el submundo de drogas que circulan con impunidad en esa frontera, mientras “Gendarmería de ambos países estaban sentados tomando mate y ni siquiera pedían documentos. La oficina de Migraciones estaba cerrada. La gente cubría de un lado al otro varias calles, incluyendo el puente con puestos de celulares, todo tipo de electrónica (...) Particularmente me impresionó la cantidad de niños esclavos laborales porque no tenían más de 15 años. Niños mulas porque lo que llevan en el cuerpo por ley no se revisa (...) La droga va y viene, los mismos chicos y taxistas te muestran quiénes son los que venden y mandan pasar de un lado a otro”. Todo lo cual sucede y nadie denuncia porque ahí, dice Pelloni, “la gente tiene miedo de hablar”.
En los procesos políticos lo mejor que pueden hacer los ciudadanos que brindan apoyo no es aplaudir, que de eso siempre hay, sino señalar lealmente lo que está mal, lo que falla. Y ante esta huelga de hambre en plena Avenida 9 de Julio, y la cruda denuncia de Martha Pelloni –que son testimonios de una provincia en la que la democracia funciona renga, por lo menos– el silencio como respuesta resulta absurdo, además de ser irritante y cada vez más sonoro.
Fuente:Pagina12

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