Opinan:Martín Granovsky y Mercedes López San Miguel
EL SENADO URUGUAYO APROBO DEJAR SIN EFECTO LA LEY QUE IMPEDIA JUZGAR LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
El Frente Amplio terminó con la amnistía en Uruguay
El proyecto interpretativo que anula la Ley de Caducidad era rechazado por la oposición y por tres senadores del Frente Amplio. Finalmente ganó la anulación de la legislación de amnistía.
El Senado uruguayo aprobó ayer el proyecto interpretativo que deja sin efecto la Ley de Caducidad. Durante 25 años, esa norma impidió que se persiguiera y se juzgara a los responsables de secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos cometidos durante la dictadura que gobernó al país entre 1973 y 1985. Los opositores Partido Nacional y Partido Colorado votaron en contra de la iniciativa promovida por el gobernante Frente Amplio (FA). Pero también hubo discrepancias dentro de las filas de esa coalición de centroizquierda. El histórico militante tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro se encolumnó por disciplina partidaria a favor del proyecto presentado por el FA, pero anunció que renunciaba a su banca.
La sesión comenzó cerca de las 10 de la mañana y se extendió hasta bien entrada la noche, cuando el FA hizo valer sus 16 votos frente a los quince de la oposición. Sea cual fuere su color partidario, la mayoría de los senadores tenía algo que decir al respecto de la Ley de Caducidad, que desde 1986 impide que sean juzgados los represores uruguayos. Hace tiempo que la Ley de Caducidad ocupa el centro de la discusión política en la República Oriental. Un debate acalorado que divide a quienes se manifiestan a favor de extirparla del ordenamiento jurídico y entre los que quieren mantenerla, alegando que fue ratificada por la ciudadanía en dos plebiscitos.
Ese clima se respiró en el Senado. Por el oficialismo, le tocó romper el hielo al senador Oscar López Goldaracena, un conocido jurista y activista de derechos humanos. “Esta Cámara tiene la posibilidad de empezar a enmendar el error político de haber dictado una ley que ampara la impunidad de criminales de lesa humanidad, removiendo la mochila que pesa sobre la sociedad uruguaya”, comenzó el abogado que representa al Movimiento Independiente por los Derechos Humanos, en el FA. López Goldaracena remarcó que era importante eliminar los efectos de la Ley de Caducidad para evitar que las atrocidades perpetradas por los militares vuelvan a repetirse.
Aunque no todo fue una postura uniforme dentro de la coalición de centroizquierda. Desde que en octubre del año pasado se aprobara en la Cámara de Diputados, el proyecto interpretativo estuvo paralizado en el Senado, donde tres senadores oficialistas se negaban a acompañar la iniciativa de su bloque. En marzo, el FA pudo destrabar la situación y alcanzó los votos necesarios para que el proyecto saliera. Sin embargo, los senadores díscolos siguieron haciendo sentir su rechazo. El ex vicepresidente Rodolfo Nin Novoa salió del recinto e hizo ingresar a su suplente que votó junto al FA. El legislador frenteamplista Jorge Saravia se mantuvo firme en su postura de no apoyar la iniciativa para interpretar la Ley de Caducidad y denunció que se trataba de un “disparate jurídico”.
Pero la novedad del día la trajo el ex tupamaro Fernández Huidobro, que renunció a su banca porque tuvo que obedecer el mandato de votar a favor de la iniciativa. “Se dice con razón, dentro de nuestra fuerza política, que hay que acatar el mandato de la mayoría. Creemos que es así y por eso lo estamos acatando, votaremos por disciplina. Pero el pueblo también fue mayoría dos veces”, disparó, refiriéndose a los plebiscitos de 1989 y 2009 en los que la mayoría de la sociedad se negó a anular la Ley de Caducidad. El presidente José Mujica fue anoche hasta el despacho de Huidobro y le expresó su solidaridad.
Desde el Partido Nacional, el primero en hacer uso de la palabra para protestar contra la iniciativa oficialista fue el senador Francisco Gallinal. “Lejos de ser interpretativa, esta ley es innovativa”, se quejó. “No acompañamos porque hay dos pronunciamientos populares en este sentido. Ese es un argumento formal, que a nuestro juicio es muy importante”, dijo el referente blanco a Página/12. “Entendemos que esta propuesta le genera grandes problemas a la sociedad, ya que significa trasladar toda la cuestión al Poder Judicial”, agregó. Gallinal invocó nuevamente el Pacto del Club Naval de 1984, cuando las principales fuerzas políticas y los militares en el poder negociaron la apertura democrática. “Este proyecto interpretativo rompe el equilibrio que supuso la salida institucional de 1985, donde se aprobaron dos amnistías: una para los militares y otra para los presos políticos tupamaros”, apuntó el político conservador.
Los organismos de derechos humanos, las organizaciones estudiantiles y de trabajadores hicieron poco caso a los dichos de los partidos tradicionales. Desde las barras del Senado, algunos siguieron de cerca a los senadores. Otros estuvieron afuera escuchando el debate por altavoces. Todos coincidieron en que el de ayer fue un día para celebrar. Pero saben que todavía falta camino para recorrer hasta que el 4 de mayo próximo la Cámara de Diputados ratifique el proyecto aprobado ayer por los senadores.
“Uruguay se va a poner en una buena posición en lo que respecta a la salvaguarda de los derechos humanos frente a la comunidad internacional. Después de casi medio siglo de existencia de esta ley, con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Gelman y con esta resolución que hoy tomó el sistema político, nos están dando la razón. Esto también le demuestra al movimiento popular que la perseverancia y la lucha de la sociedad terminan dando resultados”, resaltó Raúl Olivera, de la central obrera PIT CNT. El Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) fue más cauto a la hora de las celebraciones. “Nunca nos bajamos del caballo de la nulidad. No lo logramos. Por supuesto que apoyamos y creemos que hay que hacer todo lo necesario para acabar con la impunidad. El Estado no puede seguir sin dar respuestas a lo que dijo la Corte Interamericana, que señaló que la Ley de Caducidad es un obstáculo para la Justicia. Para nosotros, no es la mejor salida pero hay que seguir avanzando en el Nunca Más y para que estas cosas queden saneadas”, afirmó Ana Aguerre.
Desde Crysol, la Asociación de Ex Presos Políticos de Uruguay, definieron la de ayer como una jornada de emociones. “Para nosotros, la anulación de la Ley de Caducidad es una de las razones fundamentales de nuestra lucha. Venimos exigiendo esto para que se investigue qué pasó con nuestros compañeros desaparecidos y para que se juzgue a los torturadores, y así se abra el camino para conocer la verdad”, concluyó Julio Martínez.
Informe: Luciana Bertoia.
Fuente:Pagina12
TRES ARTICULOS VIOLAN LA CONSTITUCION URUGUAYA
Por qué queda sin efecto la ley
El proyecto interpretativo que aprobó ayer el Senado pretende dejar sin efecto la ley 15.848, más conocida como Ley de Caducidad. En concreto, como se trata de una norma interpretativa no anula a la sancionada en 1986, pero hace que algunas partes de ella dejen de estar vigentes. Según el proyecto interpretativo, los artículos de la Ley de Caducidad que violan la Constitución uruguaya son:
- Artículo 1: Allí se reconocía que prescribió la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales.
- Artículo 3: En esa parte se establecía que el juez que recibiera una denuncia debía pedir al Poder Ejecutivo que determinara si ese hecho estaba comprendido dentro del artículo 1, es decir si ya había cesado la voluntad estatal de castigar ese crimen.
- Artículo 4: El juez podía remitir al Poder Ejecutivo las denuncias presentadas hasta la fecha de promulgación de la ley (diciembre de 1986) para que dispusiera investigaciones.
En el proyecto interpretativo se deja en claro que no puede invocarse la cosa juzgada ni las prescripciones para los secuestros, desapariciones o asesinatos. También que todas las causas judiciales que quedaron suspendidas por la vigencia de la Ley de Caducidad serán reiniciadas de oficio. De acuerdo con lo que explicó a este diario el senador Oscar López Goldaracena, se le introdujeron algunas modificaciones a la iniciativa que en octubre pasado obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados. En los últimos retoques se hizo especial énfasis en la independencia del Poder Judicial. Pero además, se toman en cuenta todas las veces que la Corte Suprema de Justicia uruguaya declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad y se generalizan esos efectos. “Las modificaciones que se realizaron no hacen a la esencia del proyecto aprobado en Diputados, pero sí lo mejoran. Los cambios se hicieron obedeciendo a algunos planteos de constitucionalistas.
“Básicamente, se declara incompatible la Ley de Caducidad con respecto a la Constitución y a los tratados internacionales suscriptos por Uruguay para asegurar la total vigencia de los derechos humanos”, explicó a Página/12 el diputado oficialista Luis Puig, del Partido por la Victoria del Pueblo en el Frente Amplio. Puig confirmó que el 4 de mayo se estará votando el proyecto en la Cámara de Representantes. Se espera que la ratificación de los diputados sea sólo un trámite.
Informe: L. B.
Fuente:Pagina12
La versión militar
Cuando la soga aprieta, es momento de ventilar cualquier argumento, incluso aquellos que pueden no ser ciertos. Por lo menos, así parece actuar el vocero de la organización castrense Libertad y Concordia, José Carlos Araújo. “Habíamos acordado que los desaparecidos habían caído en combate y que el tema se terminaba ahí”, sentenció en referencia a las conclusiones de encuentros que militares habrían mantenido con tupamaros. Exaltado por la votación en el Congreso, Araújo remarcó que el presidente de Uruguay, José Mujica, había participado de algunas de esas reuniones: “Allí asumió un compromiso entre ex combatientes”, sostuvo. El diario uruguayo El País difundió las supuestas revelaciones que Aráujo esbozó en el marco del programa radial que conduce. Allí, además de hablar de presuntos acuerdos entre funcionarios del gobierno y militares retirados, opinó sobre el tratamiento en el Senado del proyecto de modificación de la Ley de Caducidad: “Para nosotros es un triunfo (la votación a favor de la anulación). Ahora quedará demostrada la catadura moral con la que se mueven nuestros enemigos. Es una profunda inmoralidad, antidemocrática y antiartiguista”, concluyó. El vocero aseguró en el éter que existen documentos que certificarían lo acordado en los encuentros entre las Fuerzas Armadas y la agrupación en la que militó Mujica, aunque se negó a revelar el contenido de tales papeles. La veracidad de la información, no obstante, no fue confirmada por autoridad alguna del gobierno.
Fuente:Pagina12
OPINION
Una impunidad caduca
Por Mercedes López San Miguel
La ley de impunidad que fue promulgada hace 25 años y ratificada en dos plebiscitos comienza a caducar. Caduca no sólo por anacrónica, sino porque la izquierda gobernante uruguaya finalmente cerró filas en torno de una política unívoca en favor de la verdad y la justicia. Y lo hizo en gran medida en respuesta a la presión ejercida a través de organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA), los pronunciamientos de la Corte Suprema y la infatigable pelea de los organismos de derechos humanos.
El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) del pasado 24 de marzo en el caso Gelman dejó en claro que la Ley de Caducidad debe ser declarada sin valor jurídico para que las víctimas puedan obtener justicia. Y que el Estado uruguayo debe identificar y castigar a los responsables del secuestro y asesinato de María Claudia García Irureta Goyena, nuera del poeta argentino Juan Gelman y mamá de Macarena. El abogado José Luis González, ex representante del caso, destacó tras la votación de ayer el camino que allanó el organismo que depende de la OEA. “La votación de ayer en el Senado es consecuencia de una histórica discusión acerca del contenido y la vigencia de una ley que desde sus inicios fue cuestionada y ahora se ve condicionada por la resolución de la Corte Interamericana.”
Desde que la joven Macarena Gelman supo la verdad sobre su historia y se reencontró con su abuelo en el año 2000, reclaman juntos la erradicación de una norma que impide que se juzgue a los uniformados acusados de delitos de lesa humanidad. Macarena se involucró tenazmente en la búsqueda de los restos de su madre y participó activamente de la campaña por el “Sí” a la anulación de la amnistía en el plebiscito de octubre de 2009. Como en 1989, la iniciativa popular no reunió los votos suficientes (obtuvo el 47 por ciento de los sufragios) para hacer efectiva esa proclama. Ese resultado adverso podría explicarse quizá por el hecho de que el referéndum se hiciera el mismo día que la elección presidencial y, según criticaron los organismos de derechos humanos y la central PIT-CNT, no tuvo la difusión necesaria y la izquierda no se involucró como se hubiera esperado.
Días antes de la consulta, la Corte Suprema de Justicia uruguaya determinó que la Ley de Caducidad era inconstitucional para el caso del secuestro y asesinato de la militante comunista Nibia Sabalsagaray. Ya en febrero de ese año –2009– tanto el Ejecutivo como el Congreso habían declarado inconstitucional la polémica norma para el mismo caso.
Si bien el primer presidente frenteamplista Tabaré Vázquez se limitó a marcar algunos casos de violaciones a los derechos humanos por fuera de la Ley de Caducidad para que sean juzgables, no avanzó en la anulación de la norma contando con una mayoría en ambas Cámaras.
El Frente Amplio ayer usó su mayoría parlamentaria para avanzar en su promesa de aplicar una política de Estado profunda a favor del enjuiciamiento de las atrocidades de la pasada dictadura (1973-1985). Podría decirse que el contexto propició este cambio de posición de la coalición de centro-izquierda. No sorprendió que el Frente Amplio votase en soledad. Los partidos conservadores de Uruguay (Nacional y Colorado) mantuvieron su negativa a dejar sin efecto la ley.
El oficialismo logró pasar la votación en el Senado sorteando obstáculos. El proyecto interpretativo de la ley obtuvo media sanción en Diputados el año pasado, pero se trabó en la Cámara alta por la negativa de tres senadores frentistas. Uno de los tres legisladores en rebeldía es el referente tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro, autor de Memorias del calabozo, quien votó a favor pero renunció a su banca. El otro senador es Rodolfo Nin Novoa, ex vicepresidente de Tabaré Vázquez, que ayer optó por no ir a la sesión y el tercero es Jorge Saravia, el único que votó en contra.
El diputado oficialista Felipe Michelini afirmó que no hubo un cambio de actitud del Frente Amplio. “La lucha contra la impunidad no es un camino recto, es un camino de avances y retrocesos, se pensó que la etapa que se vivía en el gobierno de Tabaré no era propicia para la eliminación de la ley, se apostó por una reforma constitucional que no pudo concretarse. En el programa del FA está la erradicación de la norma. Ahora lo estamos concretando. Es una ratificación del rumbo.” Lo dice uno de los hijos de Zelmar Michelini, asesinado en mayo de 1976. En un día histórico.
Fuente:Pagina12
OPINION
La ola imparable
Por Martín Granovsky
El 30 de marzo, Mujica dijo durante un acto en la embajada argentina: “No soy hombre de lamentarme ni de lamerme las heridas. Aprendí que en la vida hay deudas que nunca se pagan y cuentas que nunca se cobran. Elijo, sin olvidar el pasado, mirar hacia adelante”.
Sus críticos por izquierda hicieron lo mismo que sus aduladores por derecha: esquivaron la expresión “sin olvidar el pasado”. Es decir, quisieron menemizarlo.
El problema para Mujica es que hasta la votación de ayer en el Senado parecía eterno el vigor de dos consultas vinculantes. Una en 1989, por la que la mayoría del pueblo se pronunció a favor de la impunidad para los militares que habían violado los derechos humanos. Otro referéndum, con el mismo resultado, se realizó en octubre de 2009, junto con las últimas elecciones presidenciales que ganó, justamente, Mujica. Dirigentes del Frente Amplio acostumbran reflexionar que la simultaneidad fue un error. El tema no estaba candente y los candidatos se concentraron en sus campañas, con lo cual una consulta que podría haber tenido otro resultado en otro momento, por ejemplo en estos días, repitió la frustración del ’89.
Uruguay tiene una característica peculiar. Salvo la consulta sobre la caducidad, cada referéndum dio un triunfo a la izquierda. Logró mayoría para rechazar una Constitución que quería dejar de regalo la dictadura, para oponerse a la enajenación de empresas públicas y para que no se privatizaran el agua potable y las cloacas. En la última victoria, en particular, sí fue útil la simultaneidad entre la campaña por el agua y la presidencial. Como el tema estaba instalado en la discusión cotidiana de los uruguayos, Tabaré Vázquez y el Frente Amplio lo capitalizaron para vencer en las presidenciales del 31 de octubre de 2004, que dieron lugar al primer gobierno del Frente el 1º de marzo de 2005.
La coalición de gobierno quedó, así, en una disyuntiva. Por un lado las consultas ya eran parte de su tradición política de legitimación popular. Por otro, en materia de derechos humanos habían dado un resultado contrario al que buscaban. Con otra singularidad más: incluso en medio de la vigencia de la Ley de Caducidad de 1986, el avance en la comprensión cada vez más masiva del pasado dictatorial permitió o sirvió de presión, según el caso, para que una parte de la Justicia encontrara recovecos legales y pudiera juzgar a oficiales en actividad y en retiro. A la vez, Mujica recortaba presupuesto a las Fuerzas Armadas. Este cuadro explica la discusión intensa sobre el tema dentro del Frente Amplio. El FA decidió por mayoría reformar la Ley de Caducidad. Por respetar esa mayoría es que anunció la renuncia a su banca de senador el ex dirigente tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro, preso de la dictadura como Mujica, quien insistió en que seguiría comprometido con el gobierno y el FA. Fernández Huidobro votó a favor de la iniciativa por disciplina partidaria, al revés de su colega Jorge Saravia, que votó en contra. Recién después Fernández Huidobro renunció. La renuncia es una facultad individual. El voto es una decisión política, es decir de compromiso colectivo.
“La Ley de Caducidad carece de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas”, dijo este año en el caso Gelman vs. Uruguay el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que desató la discusión de ayer en el Senado.
Más allá del debate en Uruguay y sus costos –si es que los tiene–, quizá convenga inscribir el fallo de la Corte Interamericana y sus consecuencias en una ola que supera a los uruguayos, piensen lo que piensen y hayan adoptado la táctica que fuese: la ola del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Los exiliados argentinos y los organismos de derechos humanos tomaron principios que venían del Juicio de Nuremberg a los jerarcas nazis, el Juicio a las Juntas de 1985 los recuperó, la doctrina creció con los juicios por la verdad, se hizo más intensa con la discusión que desató el apresamiento de Augusto Pinochet en Londres, se consolidó con los juicios en Chile y se afirmó tras la anulación de la Obediencia Debida, el Punto Final y el indulto. Hasta Brasil de las Fuerzas Armadas intocables creó, con Lula, su Comisión Nacional de la Verdad para investigar la dictadura 1964-1985 y la presidenta Dilma Rousseff definió que la cuestión de los derechos humanos –tanto para intervenir contra la lapidación de una iraní como para cuestionar las torturas de la base norteamericana de Guantánamo– será parte de su estrategia diplomática.
Una ola imparable.
Fuente:Pagina12
Histórica jornada. Tras 11 horas y 56 minutos de tensos debates, la Cámara alta aprobó por 16 votos contra 15 la Ley Interpretativa que declara inexistentes los artículos 1, 3 y 4 de la ley que llenó de vergüenza al país
11.56 horas de debate. El 4 de mayo lo trata la Cámara de Diputados
Por 16 en 31 el Senado aprobó el proyecto de Ley Interpretativa
Con los 16 votos del Frente Amplio (FA) el Senado sancionó anoche el proyecto interpretativo que deja sin efecto la Ley de Caducidad. Los asistentes a las barras celebraron la votación con un cerrado aplauso, para luego comenzar a entonar: "Se va a acabar, se va a acabar, la impunidad en Uruguay"; "Se escucha, se escucha, arriba los que luchan".
Por Loreley Nicrosi y Marcelo Márquez
22.30 horas. Macarena Gelman, entre otros, saluda la votación del proyecto.
Luego que el Senado aprobó en general y en particular el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, el Partido Colorado a través del senador Tabaré Viera impugnó en los hechos la decisión de la Cámara alta, al señalar que el legislador oficialista Oscar López Goldaracena estaba impedido de sufragar por ser patrocinante de varios casos vinculados a los derechos humanos.
La situación llevó a la izquierda a pedir un cuarto intermedio. El presidente del Senado, Danilo Astori, consideró que estaba cuestionada la actuación de la mesa de la Cámara alta y puso a votación el tema. Por 16 votos en 31 se respaldó lo actuado por la mesa. El proyecto ingresará a Diputados para ser aprobado el 4 de mayo, según el cronograma previsto por el FA. El senador Jorge Saravia no acompañó al oficialismo y votó también en contra del planteo de Astori. La aprobación de la iniciativa tuvo como primera consecuencia dentro del oficialismo la renuncia a la banca del senador Eleuterio Fernández Huidobro.
Solo una hora antes de que hiciera uso de la palabra en sala, el conductor de la CAP-L comunicó a algunos integrantes del FA su decisión de acatar la resolución de la dirección de la izquierda, pero que dejaría su banca por entender que se debía respetar "el resultado popular" de los dos plebiscitos.
La decisión del senador oficialista alteró el clima de la sesión, al convertirse en el hecho político más significativo, que opacó en parte la aprobación del proyecto.
La alteración se produjo no sólo porque la mayoría de sus compañeros de bancada no sabían que iba a renunciar a la banca, sino porque sus mismos argumentos fueron recurridos por la oposición hasta que concluyó la sesión.
Al conocer la decisión de Fernández Huidobro, el presidente José Mujica se trasladó al Parlamento para reunirse con el legislador renunciante (ver nota aparte). Unos minutos antes, al ingresar a la sala para hacer uso de la palabra, Fernández Huidobro estuvo acompañado por sus dos secretarios y los diputados Carlos Gamou quien lo remplazará en la banca y Carlos Bouzas. No obstante, el primer suplente de Fernández Huidobro es el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, quien se estima que se mantendrá en el cargo.
La maratónica sesión de más de 12 horas estuvo signada por la defensa cerrada de los senadores de la coalición del proyecto interpretativo pese a la disidencia de Saravia y la discrepancia del propio Huidobro, quien calificó de "error" la iniciativa de la izquierda y los cuestionamientos de los legisladores de los lemas tradicionales. El también disidente Rodolfo Nin Novoa pidió licencia y en su lugar ingresó su suplente Gustavo Guarino. Blancos y colorados acusaron al FA de afectar "la democracia", no respetar el resultado de "las urnas" y sentar un precedente calificado de "grave". Ante la presencia de Macarena Gelman, dirigentes del PIT-CNT, familiares e hijos de desaparecidos y algunas decenas de personas que ocuparon las barras, el oficialismo optó por no hacer comentarios en sala sobre la actitud de Saravia y lamentó la decisión de Fernández Huidobro. Integrantes del Partido por la Victoria del Pueblo anunciaron su decisión de remitir el caso de Saravia al Tribunal de Conducta Política del FA, a pesar de no ser la estrategia que pensaba llevar adelante el resto de los grupos de la coalición, que apuntaba a bajarle el perfil al tema. Por su parte, Saravia dijo a LA REPUBLICA que se ajustará a las consecuencias que adopte el FA, aunque dejó la puerta abierta para dejar la coalición. Admitió que su compromiso "es con el presidente Mujica, que fue quien me fue a buscar a mi casa para que me sumara al proyecto político. Mi compromiso es apoyar al Presidente". Informó además que se reunirá con el mandatario el lunes 25 de abril, en horas de la tarde, oportunidad en la que le presentará el proyecto que habilita a los integrantes de las Fuerzas Armadas a realizar funciones vinculadas a la seguridad en barrios problemáticos (ver nota aparte)". El "pacto del club naval" fue constantemente recurrido por los senadores blancos, los cuales no ahorraron críticas y reproches a la izquierda por haber aceptado la salida de la dictadura con el líder Wilson Ferreira Aldunate "preso y proscrito". Los colorados, en tanto, insistieron sobre "la inconstitucionalidad" del proyecto, evocaron en forma reiterada los hechos de violencia sucedidos en las décadas de 1960 y 1970, la teoría de "los dos demonios", y reprocharon que la izquierda a su entender solo haya atendido a las víctimas de la dictadura y no así a las de la guerrilla. En ese sentido, recordaron el proyecto avalado por el ex presidente Tabaré Vázquez, que contempla un resarcimiento económico a los familiares de quienes murieron víctimas de la guerrilla. López Goldaracena terminó las intervenciones pasadas las 22.20 horas, al señalar que "hoy más que nunca la opción es entre barbarie y derecho, el reafirmar la justicia como modelo innegociable", dijo quien ofició de miembro informante.
"Este proyecto interpretativo brinda un instrumento por el cual las normas de impunidad de la Ley de Caducidad serán removidas. Estamos cumpliendo con el derecho internacional de los derechos humanos. Todos saben que estoy convencido de que esta ley nunca debió haber existido", advirtió el senador. "La bancada mayoritaria entendemos que por el futuro debe ser votado y se convierta en ley antes del 20 de mayo, para tener un 20 de mayo sin impunidad", añadió el legislador... Por iniciativa del propio Saravia, la votación fue nominal. La moción fue afirmada además por el líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga.
Durante el debate el dirigente blanco calificó de "mamarracho jurídico" a la Ley de Caducidad, pero al mismo tiempo advirtió que el proyecto del FA era "groseramente inconstitucional". Fustigó que se "violente la voluntad popular" y opinó que la actitud de la izquierda "afecta la calidad de la democracia". En una posición similar se pronunció el líder herrerista Luis Alberto Lacalle, quien consideró que los actos de violencia en el país se produjeron "por el veneno castrista que prendió", en referencia a la revolución cubana y a Fidel Castro.
Republicano
Previo al anuncio de la renuncia de Fernández Huidobro a la banca, Saravia realizó una argumentación en la que no escatimó críticas hacia el oficialismo. Sostuvo que la votación representaba una "violación a la Constitución". Recordó que apoyó y militó por los dos plebiscitos a favor de la derogación y anulación de la Ley de Caducidad, pero por su condición de "republicano" votaba en contra.
"No se puede interpretar al pueblo, es un ataque cívico al pueblo. Es un ataque a la credencial en el bolsillo. Es un atropello", advirtió. Con la Constitución en la mano, Saravia evocó a Wilson Ferreira y a Aparicio Saravia. "La democracia republicana se renueva con la garantía. Ese es el ser republicano", aseveró.
Guarino, en cambio, dijo que "hay senadores (por la oposición) muy preocupados por las consecuencias terribles que va a tener esta votación en el FA. Votamos sin violencia, porque es un tema especial, esencial para la convivencia democrática, porque si no se respetan los derechos humanos, difícilmente puedan desarrollarse sociedades sanas". "Voto con tranquilidad, sin unidad de acción no se puede avanzar. Por eso vamos a votar con convicción. Solo así se tienen partidos políticos fuertes.", expresó. "Creo que en una democracia representativa republicana es legitimo que el Parlamento vote una ley. No hay ilegitimidad alguna", alertó.
También defendió la actuación del ex presidente Tabaré Vázquez al resaltar que "el primer dictador y hasta el último están presos. No creemos en la teoría de los dos demonios", expresó Guarino.
En la misma línea el senador Luis Gallo consideró "que en democracia" no todo "es absoluto"·, en alusión al comentario de Vázquez respecto a que no siempre "la mayoría tiene razón". "La Ley de Caducidad es la violación más fragrante de los derechos humanos", dijo Gallo al citar opiniones de juristas. Esta ley debe ser letra muerta, no estamos vulnerando los principios constitucionales", precisó el senador de Asamblea Uruguay.
En tanto, el senador Luis Alberto Heber dijo que siempre el FA reprochará al Partido Nacional por haber apoyado la Ley de Caducidad, mientras que los blancos harán lo mismo por "el pacto del Club Naval".
Afirmó que su madre fue una "mártir" del régimen militar.
"¿Por qué no se quiso derogar? "¿Hubo un segundo pacto con los militares?", preguntó el senador nacionalista. Propuso que el proyecto sea puesto a consideración nuevamente de la ciudadanía, para que el resultado tenga legitimidad.
La socialista Mónica Xavier señaló que la decisión del FA de aprobar el proyecto tenía como objetivo a "los jóvenes y las madres" de las víctimas de la dictadura. Consideró que "el acuerdo del Club Naval fue la única salida posible".
Por su parte, al cerrar las intervenciones el senador colorado Pedro Bordaberry expresó: "Ya se ha dicho todo a favor y en contra. El de hoy es un asunto grave para la República y entiendo que no puedo permanecer callado. Los hechos que han ocurrido en esta cámara hoy, la valentía de un senador que votará por sus convicciones, la renuncia a la banca de otro senador y la licencia de otro", precisó.
Añadió que el proyecto representa el camino del "pasado y no del futuro", "es un tema que nos separa". Destacó el cambio "en paz" de Sanguinetti, "la Comisión para la Paz" de Batlle y el "Nunca Más" de Vázquez.
"Lo hacemos a un costo enorme, no respetar la voluntad del pueblo. Se ha dicho que la ciudadanía no siempre tiene razón", puntualizó y añadió al evocar a José Batlle y Ordóñez: "No es que un pueblo nunca se equivoca, pero sí es el único que tiene derecho a equivocarse", afirmó.
Las diferencias que se registraron en la izquierda por el proyecto fueron resaltadas por Bordaberry, al indicar que "como en Quebracho, blancos, colorados y constitucionalistas vamos a terminar vencidos".
"Nunca más"
El debate en la Cámara alta sobre la Ley de Caducidad se inició a la hora 10.29. El miembro informante fue Oscar López Goldaracena (Frente Amplio), quien puntualizó que "este proyecto de ley no es de nulidad de la Ley de Caducidad, es un proyecto de interpretación de la Constitución de la República, mediante el cual a través del artículo 72, las normas de impunidad de la Ley de Caducidad pasan a ser letra muerta". Desde las barras, decenas de personas mayormente jóvenes seguían atentamente el debate.
Según López Goldaracena, "es un instrumento que tendrá nuestra sociedad para no garantizar más la impunidad a los violadores de los derechos humanos".
"Antes que se sancionara la Ley de Caducidad, estamos hablando del invierno de 1986, habíamos advertido a nivel académico que si se llegaba a dictar cualquier ley, en aquel momento se hablaba de una Ley de Amnistía, cualquier ley que impidiera el juzgamiento de la práctica sistemática de la tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales cometidas por la dictadura, esa ley era ilegítima, tenía vicios de sustancia porque las soluciones políticas se encuentran siempre limitadas por el derecho", agregó.
Para López Goldaracena, "este Parlamento tiene la posibilidad de comenzar a enmendar lo que fue el error político de haber dictado una ley que amparara en la impunidad a criminales de lesa humanidad, removiendo la mochila que pesa sobre la sociedad uruguaya, que pesa sobre los propios militares, no se merece la generación de hoy tener una mochila que la marque, por el contrario".
"Creo en la paz y en la tolerancia, en la concordancia de todos sobre la base del Derecho. Y el Derecho hoy nos está mandatando por encima de diferencias políticas a remover los obstáculos de impunidad, alinear nuestro orden jurídico positivo o el derecho internacional de los derechos humanos, y con la Constitución de la República", sostuvo.
El legislador del Frente Amplio indicó que "por el derecho, para que los uruguayos sigamos construyendo una sociedad más (justa) a través del derecho y sin renunciar a los principios y valores de justicia a las víctimas para que 'nunca más'".
Asimismo, consideró que este tipo de leyes "son incompatibles con la letra y el espíritu de las convenciones internacionales suscritas por Uruguay y con las normas de Derecho Internacional de los derechos humanos a nivel universal y con las normas contenidas en la Constitución de la República".
Recordó el caso de condena a Uruguay de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aludió al pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia "sobre estas normas de impunidad por las que se condenó a Uruguay".
López Goldaracena se refirió al pronunciamiento de "inconstitucionalidad" de las normas de impunidad en el caso de Nibia Sabalsagaray y "al mismo tiempo señaló la supremacía del Derecho Internacional y de los derechos humanos al respecto".
Manifestó que ya son 26 los casos en que la SCJ se pronunció por la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad.
Pronunciamientos
El colorado Ope Pasquet rechaza la iniciativa "porque se desconocen los dos pronunciamientos populares".
"Fue un resultado reconocido, no impugnado en aquel momento, ninguno salió a desautorizar al general Seregni. Nadie lo dijo", manifestó Pasquet, quien recordó la figura del ex senador Gargano, "un hombre de carácter y energía para defender sus convicciones".
La legisladora socialista Mónica Xavier estimó: "No podemos confundir dos cosas: una, el reconocimiento de los resultados en esas instancias de consulta popular, y otra que ahí termine de una vez y para siempre la lucha por la verdad y en contra de la impunidad".
Indicó que "no hay ninguna otra ley que haya pasado por esta doble instancia. Desde el punto de vista de legitimidad, no hay ley que pueda compararse a la Ley de Caducidad".
Pasquet se preguntó "por qué razón la mayoría la conforman los legisladores del Frente Amplio y puede decir esto, y la mayoría que conforman los centenares de miles de uruguayos que votaron a favor de la Ley de Caducidad no puede definir esto. ¿Están hechos de distinta materia que nosotros? Los legisladores del FA están dotados de poderes superiores a los del común de los uruguayos".
¿Qué fundamento tiene esto?". "Tiene fundamento", dijo Xavier.
"Justicia"
El legislador Rafael Michelini (Nuevo Espacio) calificó al de hoy como "día histórico".
"Respetamos la Ley de Caducidad porque respetamos el resultado", enfatizó.
Precisó que "no nos gusta la Ley de Caducidad. ¿Y qué van a pensar, que no íbamos a luchar por la justicia, que nos íbamos a quedar de brazos cruzados, que no íbamos a levantar a nuestra propia gente y decirle 'hay una esperanza', que en algún momento va a regir en este país que haya, por lo menos, verdad y justicia?".
Michelini dijo admirar la figura de Wilson Ferreira Aldunate y "quizá tenga una interpretación propia porque se votó la Ley de Caducidad y no lisa y llanamente una Ley de Amnistía". "Yo no creo que fuese una amnistía y parto de la base de que Wilson Ferreira Aldunate no quería impunidad", añadió Michelini.
Con esta iniciativa, "podemos estar restableciendo la justicia. No es una cuestión partidaria".
En parte de su intervención, Michelini recordó dichos del dirigente nacionalista Gonzalo Aguirre: "No se puede seguir ocultando la verdad".
"Hemos puesto nombres de calles a lo largo y ancho del país, hemos hecho monumentos, parques, plazas, y seguiremos de alguna forma homenajeando a las víctimas, pero el mayor homenaje que le podemos hacer a las víctimas, a los familiares de las víctimas, a la sociedad entera, es hacer justicia", afirmó.
"Anulación"
A las 14.05 el senador Eber Da Rosa (Alianza Nacional) se refirió al pacto del Club Naval a la salida de la dictadura, cuando "no se establecieron por escrito pautas en materia de derechos humanos. Unos dicen que fue pautado, otros que no, otros que estuvo 'sobrevolante', otros subyacente".
Estimó que "la Ley de Caducidad no se trató solamente de una ley de amnistía ni tampoco de impunidad porque no hubiese podido usarse para el procesamiento de varios jerarcas".
A su entender "estamos muy lejos de un proyecto de ley interpretativa. No consagra una mera interpretación. Se está planteando la anulación.
Se pretende ir a la anulación, borrarla del mapa".
Senador Huidobro. "No hay argumento que justifique este disparate"
Renunció por "coherencia política"
Eleuterio Fernández Huidobro dijo anoche a LA REPUBLICA que renunció por "coherencia política" . Su decisión tomó por sorpresa a todo el Poder Legislativo. Recibió el saludo de dirigentes políticos de todos los partidos. Su banca será ocupada por su suplente inmediato, Carlos Gamou.
Por Víctor Carrato | Ricardo Portela |
Baja por convicción. Lucía Topolansky saluda al senador Huidobro.
La oficializada renuncia a su banca hecha ayer por el senador Eleuterio Fernández Huidobro cayó como un piano de cola sobre la cabeza de todos los integrantes de la Cámara alta. Nadie llegó siquiera a sospechar que el legislador iba a tomar anoche esta decisión.
No obstante, ojos y oídos acostumbrados a la labor legislativa de algunos integrantes de este Poder del Estado hacían suponer que algo iba a acontecer en el preciso momento en que Fernández Huidobro fuera a intervenir en el debate sobre el proyecto de anulación de la Ley de Caducidad (ver nota principal páginas 4 y 5). Huidobro estuvo ausente durante gran parte de la sesión de la víspera, permaneciendo en su despacho escuchando desde allí el desarrollo de la sesión. Su suplente inmediato en la banca, el diputado Carlos Gamou, iba y venía por el ambulatorio hablando acalorada e incansablemente por teléfono. Y, días atrás, alguien comentó que el senador de la CAP-L había estado informándose y recabando datos burocráticos en la administración del Senado, relativos a la posibilidad de dejar su banca. Estas señales no habían sido percibidas por ninguno de sus colegas, a tal punto que el anuncio del senador Fernández Huidobro de abandonar su condición política era ignorada por todos. La propia senadora Lucía Topolansky confesó a un legislador que la noticia la tomó por sorpresa pero que valoraba la gallardía con que tomó la decisión y la expresó públicamente en sala. El presidente Mujica (ver nota aparte) también se hizo presente en el despacho del legislador renunciante. Al presidente, un senador lo había puesto en conocimiento de la noticia minutos después de haberse hecho pública. En Diputados, la noticia llegó como un soplo y generó que una andanada de representantes frentistas cruzara de punta a punta el edificio Legislativo para recabar más información o, llegado el caso, hablar con el senador renunciante. Huidobro dejó sentada su posición de votar el proyecto y de renunciar a su banca en los próximos días, una vez que su decisión sea transmitida en el seno de su sector político. Dijo esto y se retiró a su despacho de donde salió varias horas después para votar la iniciativa. A su oficina se acercaron varios legisladores de todos los partidos políticos. El primero en llegar fue el senador Jorge Larrañaga. "Fui a abrazarlo y a desearle suerte", comentó a este diario "y él me dijo, ya nos vamos a ver por ahí, guapo". En declaraciones exclusivas para LA REPUBLICA, luego de una conferencia de prensa, Fernández Huidobro dijo que renunciaba por "coherencia política". Agregó que considera que no puede salir a la calle, luego de haber juntado firmas y convocado a más de un plebiscito en los cuales no se logró la mayoría, por lo cual su renuncia es indeclinable. "Más allá de coincidencias o discrepancias, se trata de acatar el pronunciamiento popular o en su defecto llamarlo nuevamente en consulta", dijo. En su discurso afirmó que iba a respetar las mayorías y que por disciplina partidaria iba a votar personalmente el proyecto presentado por el FA, pero que "para respetar mi libertad" renunciaba a su banca como senador. "Acatamos, la disciplina partidaria, aunque nuestra fuerza política, la CAP-L aún no ha sido aceptada dentro de la estructura orgánica del Frente Amplio, para lo cual estamos recolectando firmas". El líder de la CAP-L sostuvo que al menos ahora se tuvo la oportunidad de discutir este proyecto de Ley modificado que antes, con otra redacción había sido votada en Diputados. Sin embargo, el Senado precisó que este proyecto está lleno de defectos y probablemente "y ojalá me equivoque será cuestionado ante la Suprema Corte de Justicia por inconstitucional". Recordó que "nuestra histórica corriente política votó en 1984 en minoría contra el Pacto del Club Naval y también en aquel entonces acatamos las mayorías". También advirtió que las expectativas de mucha gente que apoya este proyecto se van a ver defraudadas y admitió que dentro del FA no se aceptó la posición de la CAP-L para convocar a un nuevo plebiscito una vez aprobado el actual trámite parlamentario para el cual el FA tendría votos suficientes. "No hay argumento que justifique este disparate", dijo Fernández Huidobro. Anunció que en los próximos días se va a convocar a la dirección de la CAP-L para presentar su renuncia y preguntado si ella era indeclinable, respondió afirmativamente. Aclaró que por el artículo 115 de la Constitución basta un tercio de votos en el Senado para aceptar su dimisión, por lo que no necesita ni siquiera los votos del FA, aunque dijo que tenía la esperanza que sus compañeros le voten su pedido. Anoche, aceptando el mandato de disciplina partidaria de Frente Amplio, Huidobro sumó su voto al del Frente Amplio, en contra del proyecto de ley interpretativo.
Juristas. Langón: está en riesgo la seguridad jurídica; Errandonea: dudas sobre idoneidad de su aprobación
Reacciones encontradas en ámbitos jurídicos
La aprobación en la Cámara de Senadores de un texto interpretativo del art.72 de la Constitución de la República, por la cual se pretende "dejar sin efecto" la Ley Nº 15.848, "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado", generó reacciones encontradas en ámbitos jurídicos.
El abogado Juan Errandonea, querellante en la causa por la muerte de la militante de la UJC Nibia Sabalsagaray, aseguró que el principal efecto del texto interpretativo por el cual se deja sin efecto la Ley de Caducidad, será la extensión de los plazos de prescripción de los delitos cometidos durante los años de la dictadura.
La jurisprudencia actual de los Tribunales no cataloga los crímenes de la dictadura como delitos de lesa humanidad, lo cual supone la prescripción de todos los delitos el 1º de noviembre de 2011. Sin embargo, el actual texto interpretativo estipula que no pueden computarse los plazos de prescripción durante el período de vigencia de la Ley de Caducidad, es decir, entre el momento de su sanción parlamentaria y la aprobación del actual texto. "Ese era el gran temor y con esta norma se subsana", señaló Errandonea.
El abogado empero estimó que, si bien la aprobación del texto interpretativo puede despejar una serie de aspectos, puede "crear una gran cantidad de probables problemas jurídicos", los cuales serán dilucidadas por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), particularmente en las causas que han sido archivadas por resolución del Poder Ejecutivo.
En este sentido, el abogado vaticinó que las posibles primeras acciones de inconstitucionalidad contra la norma serán tras el desarchivo de estas causas, por cuanto implicará su aplicación directa. "Es lógico (que se presenten acciones de inconstitucionalidad), me sorprendería que no lo hicieran", pero el tema lo dilucidará la Corte, dijo Errandonea.
Sin embargo, "tengo mis dudas que (el texto interpretativo) sea el mecanismo idóneo para llegar a la finalidad que se propone, (porque) no es una ley de interpretación sencilla, lo cual puede implicar grandes debates jurídicos que los terminará laudando la Corte". "Hasta que no salga la sentencia de la SCJ no podremos decir que sea idónea", valoró Errandonea.
Por su parte, el abogado y secretario general de OSE, Daoiz Uriarte aseguró que la aprobación del texto interpretativo implica "dejar sin efectos la Ley de Caducidad", tanto en los casos que puedan presentarse en el futuro como en los casos archivados por una decisión administrativa del Poder Ejecutivo".
En este sentido, Uriarte estimó que la norma aprobada "no afecta el principio de cosa juzgada", por cuanto "no ha existido nunca cosa juzgada, en la medida que el archivo administrativo del expediente no significa cosa juzgada, ya que el efecto buscado por la Ley de Caducidad era, precisamente, evitar que se llegara a juicio".
El dirigente oficialista, en tanto, defendió la constitucionalidad de la norma. "Es una ley que reconoce y hace efectivos los pronunciamientos de la SCJ y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), lo cual garantiza su constitucionalidad. Pero si alguien entendiera que no lo es, sólo deberá presentarse ante la Corte", señaló Uriarte.
En tanto, el abogado Miguel Langón (ex asesor jurídico del Centro Militar y representante legal del general Miguel Dalmao y el coronel (r) Tranquilino Machado, en causas por violaciones a los derechos humanos) cuestionó la aprobación del texto interpretativo, por contrariar la historia política y jurídica del Estado uruguayo.
Uruguay es "históricamente el país de las amnistías (...) del ni vencidos ni vencedores (...) de mirar al futuro", lo cual se consolidó durante la salida de la dictadura con el "Pacto del Club Naval", dijo Langón a LA REPUBLICA. En este sentido, el catedrático catalogó como "un error" el proyecto impulsado por el oficialismo, y manifestó su posición contraria desde el punto de vista jurídico, filosófico y como ciudadano.
La aprobación del texto "pone en riesgo" los principios de seguridad jurídica y certeza jurídica, por cuanto promueve la existencia de leyes con "carácter retroactivo" y consagra "la costumbre como fuente de derecho". Asimismo, el texto interpretativo atentaría contra el principio de irretroactividad de la ley penal y ne bis in idem (por el cual ninguna persona puede ser juzgada dos veces por el mismo delito).
"Entiendo que la actual coyuntura puede ser insatisfactoria para muchos, particularmente para las víctimas de la dictadura, pero no vale la pena por ello destruir el Estado de Derecho, violentando los esenciales principios de legalidad e irretroactividad de la ley penal", señaló Langón.
Sin embargo, Langón prefirió no vaticinar cuales podrían ser los caminos jurídicos para impulsar la defensa de militares juzgados por crímenes de la dictadura, por cuanto aún no existe un texto definitivo. "Las posibles acciones positivas las definiremos después de conocer el texto. Hasta ahora sólo hay un proyecto muy discutido", señaló el abogado.
Por su parte, el abogado Edgardo Mikolic (asesor jurídico del Centro Militar) tampoco quiso adelantar posibles futuras acciones contra el texto interpretativo, aunque dejó entrever posibles acciones de inconstitucionalidad. "Eso sólo podrá definirse cuando se conozca el texto definitivo y si están de acuerdo mis defendidos", explicó Mikolic.
FuentedeOrigen:LaRepublica
Fuente:Agndh
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