Las organizaciones de derechos humanos responden a militares
Organizaciones de derechos humanos rechazaron ayer las declaraciones del general (r) Ricardo Galarza, quien sostuvo que estos organismos actualmente están reemplazando a grupos terroristas.
Respondieron que los militares están estancados en los procesos de autocrítica y de diálogo democrático, así como mantienen "los estilos aplicados en dictadura".
Voceros de la organización Familiares de Detenidos y Desaparecidos, Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Ielsur y el PIT-CNT se expresaron sobre las acusaciones formuladas por el general (r), Ricardo Galarza, en el acto en recuerdo de los militares y policías caídos en "defensa de las instituciones democráticas y de la libertad".
En la ocasión, el militar retirado afirmó que las ONG de DDHH "reemplazaron a los organismos terroristas, y continuaron la persecución sistemática judicial y de desprestigio, para minar la moral de los militares al máximo".
El vocero de la organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Ignacio Errandonea respondió a las acusaciones del ex militar Galarza. Replicó que fueron ellos quienes aplicaron el terrorismo de Estado, "en tanto nosotros somos familiares de sus víctimas en la dictadura. Ellos impusieron el terror, asesinaron, torturaron, violaron y todavía mantienen secuestrados a nuestros familiares. Esas afirmaciones sobre que somos la continuidad del terrorismo por parte del general Galarza, es una demostración que ahora tienen miedo por tener que ir a la Justicia. Eso les hace decir disparates".
El representante de Ielsur, Martín Pratts dijo que escuchó efímeramente las declaraciones del militar retirado y que seguramente después de Semana de Turismo, el instituto estará analizando las declaraciones y posiblemente emitiendo un comunicado al respecto.
Por su parte, Raúl Olivera, asesor en derechos humanos del PITCNT afirmó que el problema de los militares es que siguen posicionándose en democracia tal como lo hacían en dictadura. "Siguen hablando con un discurso y una conducta que es coherente con la que tenían en el pasado", indicó.
Olivera destacó que a estos ex soldados les molesta que existan organizaciones que enfrenten el totalitarismo militar también en democracia.
En ese sentido, dijo el activista por los derechos humanos, "que cuando las organizaciones son más fuertes, se controla que desde el Estado se cometan conductas delictivas".
Sobre las expresiones específicas del general (r) Ricardo Galarza de que las organizaciones de derechos humanos son una continuidad de las organizaciones terroristas, Olivera aclaró que "si somos la continuación, eso habla bien de lo que llama como organizaciones terroristas".
Acerca de la aprobación en el Senado del proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, el asesor en derechos humanos del PIT-CNT, dijo que "a partir de ahora se abre una nueva etapa, quedando los casos en manos del Poder Judicial".
Reconoció que podrán darse más recursos, "pero todo se remite a la Justicia".
Aclaró que quienes argumentan que la aprobación de este proyecto afecta el instrumento de la conducta ciudadana, con esta iniciativa se demuestra que hay derechos inherentes a las personas que no son plebiscitadas.
"Están desesperados"
Defendió el accionar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al sostener que no es imperialista, porque actuó en las dictaduras de Bolivia, Perú, Argentina y Uruguay.
Sergio Goicoechea, miembro de la organización Familiares, dijo que con esas expresiones, estos militares demuestran que "no se apartan de los viejos esquemas y estilos". Aclaró que con la aprobación del proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad prevén escuchar "cualquier tipo de locura, porque están desesperados".
Considera que los militares que se reunieron con el presidente Mujica fueron a pedir que vete la ley.
Enfatizó que estos militares retirados utilizan las armas que aplicaron toda su vida: el fascismo.
En tanto, Serpaj (Servicio Paz y Justicia) emitió ayer un comunicado en respuesta a los comentarios realizados por el general (r) Galarza.
En el mismo se aclara que un país "que no los garantiza (a los derechos humanos) no puede desarrollar un tejido social sano para la convivencia plural y pacífica".
La declaración sostiene que "la persistencia de representaciones sociales que conceptualizan a quienes disienten como enemigos, hoy encarnados en la figura de terroristas, da cuenta de un estancamiento en los procesos de autocrítica y diálogo democrático. A esta señal ya grave se suman las reiteradas prácticas de amedrentamiento y amenazas de "quiebre institucional", cada vez que la sociedad uruguaya ha dado algún gesto de avance frente a la consecución de los derechos a la verdad y la justicia".
Advierte que la historia señala que "el terrorismo en nuestro país ha sido una práctica del Estado (mediante la tortura, la violación, el asesinato, la desaparición forzada y la apropiación de niños a cientos de miles de uruguayas y uruguayos dentro y fuera del territorio nacional), desarrollada entre otros por aquellos sectores que hoy denostan a las organizaciones de derechos humanos".
FuentedeOrigen:LaRepublica
Fuente:Agndh
Encuentro. Recibió en Suárez a los comandantes y al jefe del Esedena
FFAA manifestaron inquietud a Mujica por inminente anulación de la Caducidad
El presidente de la República José Mujica recibió anoche en la residencia oficial de Suárez y Reyes al ministro de Defensa Nacional, Luis Rosadilla, y a las jerarquías de las Fuerzas Armadas. La reunión, que se extendió por poco menos de dos horas, se realizó bajo un total hermetismo.
Según trascendió, el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa, José Bonilla, y los comandantes en jefe Washington Martínez (Fuerza Aérea), Jorge Rosales (Ejército) y Alberto Caramés (Armada) transmitieron al presidente Mujica sus puntos de vista ante la reciente aprobación del proyecto de Ley Interpretativa de la Caducidad. Existe "inquietud" entre los militares, tanto en retiro como en actividad, sobre el curso de los acontecimientos, si es que se aprueba el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, que ya cuenta con la votación favorable de la Cámara alta.
Anoche, Mujica confirmó a LA REPUBLICA que los militares se refirieron al proyecto que sancionó el Senado el pasado miércoles, pero que él se limitó a escuchar los comentarios.
Desde las Fuerzas Armadas se entiende que la aprobación de la polémica iniciativa, que generó la renuncia del senador Eleuterio Fernández Huidobro a su banca es un "tema político en el que los militares no tienen injerencia".
Por otro lado, Rosadilla expresó a la prensa, luego del encuentro, que en la sesión del Consejo de Ministros del próximo 25 de abril presentará un informe sobre la transformación de las Fuerzas Armadas.
A la vez, dijo que el 28 de abril se instalará el Consejo de Defensa Nacional (Codena) previsto por la Ley de Defensa, al que calificó como un órgano de "singular importancia" para el proyecto de defensa del Uruguay.
El Codena constituye un órgano asesor y consultivo del máximo mandatario en materia de defensa. "Está integrado por el Presidente de la República, quien lo preside, los ministros de Defensa Nacional, del Interior, de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas. Se reúnen a instancia del Presidente, quien convoca a sus miembros permanentes. Podrá citar al jefe del Estado Mayor de la Defensa, a los comandantes en jefe de la Armada, del Ejército y de la Fuerza Aérea (...)", expresa la Ley de Defensa.
Rosadilla agregó que el encuentro de anoche con las autoridades castrenses fue "preparatorio" para la instalación del Codena, aunque prefirió no realizar comentarios sobre los planteos referidos a la Ley de Caducidad.
Por otro lado, trascendió que también conversaron sobre la decisión del gobierno de reducir el número de agregadurías militares en el exterior, y acerca de las misiones de paz en el Congo y Haití en las que participa Uruguay.
La reunión se realizó pocas horas después de que la asociación 14 de abril de 1972 "de homenaje permanente a los caídos en defensa de las instituciones democráticas y de la libertad" realizara su acto anual. Poco antes del acto en el Círculo Militar, el ex comandante en jefe del Ejército, el general Raúl Mermot, dijo que el Ejecutivo "avasalla el Estado de derecho. Declina la democracia por el avasallamiento de este gobierno" (ver página 2). La invalidación de la Ley de Caducidad "menoscaba la voluntad popular expresada en dos referendos y puede terminar en una crisis institucional y problemas muy mayores", agregó.
Mujica había recibido el pasado 6 de abril en su despacho del piso 11 de la Torre Ejecutiva a representantes de los clubes militares: el coronel retirado Guillermo Cedrés, del Centro Militar; el contralmirante retirado Carlos Magliocca, del Club Naval; el coronel retirado Hugo Reboledo, del Club de la Fuerza Aérea; y al coronel Jorge Puente del centro de Suboficiales de las Fuerzas Armadas.
Durante aquel encuentro los militares advirtieron al mandatario de que con la aprobación del proyecto se generaría "una conmoción dentro del seno de la sociedad, porque es evidente que se plantarán recursos de inconstitucionalidad y realmente sería algo removedor".
Luego de aquel encuentro Mujica, dijo a LA REPUBLICA que los militares retirados le plantearon un "profundo desasosiego" por la aprobación del proyecto interpretativo de la Caducidad, y aseguró que él estaba realizando "averiguaciones jurídicas" al respecto.
FuentedeOrigen:LaRepublica
Fuente:Agndh
CAP-L Se reunió anoche para evaluar la dimisión de Huidobro
Evalúan en el Frente Amplio posponer sanción del proyecto
Mientras el senador Eleuterio Fernández Huidobro hará efectiva su renuncia en los primeros días de mayo, en el FA analizan posponer la sanción en Diputados del proyecto que deja sin efecto la Ley de Caducidad.
Una alternativa es que se fije una fecha próxima al 20 de mayo, día en que se conmemora el asesinato de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y la Marcha del Silencio. Hasta el martes 12 de abril, la izquierda preveía votarla el 4 de mayo. Se estima que la postergación permitiría distender las tensiones internas y "homenajear a los familiares de los desaparecidos", aseguraron altas fuentes de la coalición. No obstante, el tema no está definido.
Entre tanto, anoche sesionó el ejecutivo de la CAP-L para evaluar la situación del grupo, tras la renuncia del senador a su banca, por discrepar con la decisión de la mayoría del Frente Amplio de aprobar una iniciativa que deje sin efecto la ley de Caducidad, sin "respetar" el resultado de los plebiscitos.
El diputado Juan Carlos Souza dijo a LA REPÚBLICA que los dos legisladores de la CAP-L votarán afirmativamente el proyecto en la cámara de Representantes, pese a disentir al igual que Fernández Huidobro- con la iniciativa. De la misma forma que en 2010, cuando se aprobó el primer proyecto interpretativo, los legisladores de la CAP-L votarán "por disciplina partidaria", pero argumentarán en contra.
Souza señaló que la Dirección nacional del sector se reunirá el 6 de mayo, oportunidad en que se tratará como teme central la renuncia a la banca de Fernández Huidobro.Respecto a quien sucederá a Gamou en su banca de diputados, Souza indicó que eso lo resolverá el sector, aunque estimó que se mantendrá el criterio establecido hasta ahora.
Por su parte, el director general del Ministerio de Educación, Pablo Álvarez dijo a LA REPÚBLICA que en el debate que realice la dirección también debe discutirse la sucesión de la banca. El jerarca admitió que conoció la decisión de Fernández Huidobro con la misma "sorpresa" que el resto de los integrantes del oficialismo.
En el orden natural de sucesión, según la conformación de la lista, le correspondería a Luís Rosadilla, actual ministro de Defensa Nacional. El sector no estudia ni evalúa siquiera la posibilidad de renuncia a la cartera, por lo que está definido que el diputado Carlos Gamou acceda a la banca del Senado. Queda por definir quien sucederá a Gamou en la banca de diputados, ya que el titular es también Rosadilla. Detrás de Gamou, están en la lista Álvarez, Javier Salsamendi (presidente del INAU), Julio Balmelli (que ya lo ha sustituido en algunas oportunidades) y Leandro Grille.
La actitud de Fernández Huidobro fue destacada por la diputada del MPP, Susana Pereyra. "quienes conocemos al Ñato no nos asombró. Renunció con mucha dignidad y ética, no mandó a nadie para lo sustituyera y votara".
Entre tanto, el senador Enrique Rubio de la Vertiente Artiguista reconoció la actitud del senador de la CAP-L, aunque consideró que el hecho histórico trascendente "es la aprobación del proyecto interpretativo". "El hecho mes que una bancada tuvo el coraje de devolverle al poder Judicial todos sus fueros y el derecho de las víctimas", afirmó rubio Admitió que este tipo de decisiones "siempre tiene costos", pero que la importancia está en la valoración que se hará dentro "de 20 años". Rubio sostuvo que si un magistrado decide aplicar la vieja ley, "la víctima puede recurrir ante la Suprema Corte y si se aplica la nueva, el victimario también puede recurrir ante la Suprema Corte. La base de la república es la separación de poderes. Lo demás son costos, desinteligencias, costos dolorosos", subrayó.
FuentedeOrigen:LaRepublica
Fuente:Agndh
Lorier propuso crear una investigadora
PCU: llevará caso de la 20 ante la CIDH
El senador comunista Eduardo Lorier propuso crear una comisión investigadora de todos los crímenes de la dictadura y del período previo, incluyendo el asesinato de los ocho comunistas de la Seccional 20, en el acto del 39º aniversario de ese crimen. Al mismo tiempo se conoció que se presentará el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En un acto que contó con la presencia de unas dos mil personas, el Partido Comunista del Uruguay recordó la masacre de ocho de sus militantes en la Seccional 20, de Agraciada y Valentín Gómez. El acto emotivo fue la entrega del nuevo carné del Partido al único sobreviviente de los fusilados, José Antonio Machado. En la primera fila estaban presentes varios dirigentes comunistas, representantes de otras fuerzas políticas del Frente Amplio y el ministro de Salud Pública, Daniel Olesker. Tras recordar los hechos del 17 de abril de 1972, Lorier destacó que esta recordación se realizaba en una noche especial. "Hoy es un día histórico para el Uruguay. Es el día en que en el Senado de la República comienza el proceso parlamentario para anular la Ley de Caducidad. Hoy estamos recuperando una gran parte de la dignidad, ante nosotros mismos y ante los restantes pueblos del mundo. Una a una vamos quitando las espinas que el fascismo dejó clavadas en la vida nacional, en este caso la más grande, en el esencial capítulo de los derechos humanos y la justicia. ¡No habrá más impunidad en el Uruguay!", exclamó.Enseguida reclamó que una vez que se termine de enterrar la Ley de Caducidad habría que crear una comisión que estudie todos los crímenes de la dictadura y del período anterior, incluyendo el asesinato de los ocho militantes de la Seccional 20.
Lorier analizó después la situación internacional y las crisis económicas en Europa, Japón y Estados Unidos, y destacó que el mundo vive una etapa fermental, donde deberían aparecer nuevas formas de desarrollo social "o iremos a un retroceso completo, a una descomposición del capitalismo".
Para que surja lo nuevo, destacó, hace falta crear conciencia y organización de los trabajadores y de amplias masas. Advirtió sin embargo que el imperialismo, dolido, sigue siendo agresivo.
En lo nacional, Lorier abordó la discusión sobre la distribución de la riqueza y reclamó acciones concretas para llegar al país productivo. En ese objetivo reclamó "estudiar la viabilidad de la creación de un frigorífico nacional de nuevo tipo", según lo establecido en el Presupuesto Nacional. Reclamó asimismo la creación de un ente pesquero y una flota pesquera nacional, para avanzar en la implementación de la soberanía alimentaria, así como llegar a las 250 mil hectáreas para el Instituto Nacional de Colonización.
El Partido Comunista (PCU) resolvió presentar el caso de los ocho militantes asesinados en abril de 1972 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. La dirigente del PCU Lile Caruso se encuentra en Estados Unidos para iniciar el proceso, que se aguarda obtenga un fallo similar al de María Claudia García, nuera del poeta Juan Gelman. Caruso integra la Comisión de Derechos Humanos del PCU y es una activa militante en temas vinculados a los delitos de lesa humanidad. El dirigente del PCU Carlos Tutzó informó a LA REPUBLICA sobre la presentación del "caso de los camaradas" ante el tribunal internacional.
El 17 de abril de 1972 ocho militantes fueron fusilados cuando salían con las manos en alto de la Seccional 20 y varios fueron rematados con un tiro en la nuca, según reportes del análisis forense de la época.
FuentedeOrigen:LaRepublica
Fuente:Agndh
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