URUGUAY: MUJICA SE REUNIÓ CON CRYSOL - POR LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA.

Mujica se reunió con Crysol
Ondamanía
27.04.2011
"El presidente indudablemente está en la misma onda en cuanto a que el del pasado reciente es un tema pendiente y tiene que saldarse", afirmó Julio Martínez, de la asociación de ex presos políticos Crysol, tras reunirse con José Mujica para hablar del proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad.

Miembros de la asociación de ex presos políticos Crysol dialogaron ayer con el presidente José Mujica sobre la Ley de Caducidad y sobre los alcances de la reparación a las víctimas del terrorismo de Estado. El secretario de esa organización, Julio Martínez, indicó que el presidente escuchó los planteos que se le formularon y prometió retribuir próximamente la visita, recoge Presidencia en su sitio web.

A la salida de la reunión, mantenida en la tarde este martes 25 en la Torre Ejecutiva, Martínez dijo a la Secretaría de Comunicación que "el presidente indudablemente está en la misma onda (que Crysol) en cuanto a que (el del pasado reciente) es un tema pendiente y tiene que saldarse".

"No me atrevería a decir que está de acuerdo con la eliminación de la ley de Caducidad, porque no lo dijo explícitamente, pero sí explicitó estar de acuerdo con el sentido de verdad y justicia", señaló.

El problema prioritario para Crysol es "el apoyo a todo aquello que conduzca a eliminar de los registros la ley de Caducidad, para hacer posible el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad y que se allane el camino de la verdad y la justicia", subrayó Martínez.

Sobre la reparación a las víctimas del terrorismo de Estado, el secretario de Crysol expresó que se ha avanzado en esa materia en estos últimos años pero "pero todavía no se logró la reparación integral".

Recordó las dos leyes aprobadas, la 18.033 en materia laboral, que salvaguarda a las víctimas del terrorismo de Estado que hoy cuentan con ingresos inferiores a tres bases de prestaciones y contribuciones, y la 18.596, llamada "de reparación", que indemniza a distintas categorías de víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, Martínez sostuvo que la pensión que cobran quienes estuvieron detenidos bajo la dictadura no es una verdadera reparación, porque es incompatible con ingresos que superen cierto monto, y que al momento del retiro el beneficiario deberá optar entre cobrar la pensión supuestamente reparatoria o la jubilación.

Además, Crysol considera que el gobierno está en deuda con quienes sufrieron torturas "no gravísimas" estando detenidos. "Se indemnizó a los hijos nacidos en cautiverio, a quienes sufrieron la sustitución de su identidad, y se está en camino a indemnizar a compañeros con lesiones gravísimas, y a familiares de detenidos desaparecidos y asesinados", indicó.

Mujica, dijo Martínez, se comprometió a visitar la sede de Crysol.
Fuente:AeppCdba.                                            


29.04.11 - Uruguay
Por la memoria, la verdad y la justicia
Por Maggie Marín
Periodista de la revista centenaria cubana Bohemia

Uruguay está sumido en tensiones sociales desde que el pasado día 12 el Senado aprobó un anteproyecto encaminado a anular la Ley de Caducidad, que desde 1986 evita enjuiciar a violadores de derechos humanos. A esos ánimos se ha sumado una polémica sobre supuestas negociaciones, en 1998, entre ex guerrilleros tupamaros y militares para compartir responsabilidad por "los hechos del pasado”, eufemismo que intenta ocultar la desaparición de más de 200 militantes de izquierda, los secuestros, las torturas, las violaciones, el ocultamiento de cadáveres, el robo de bebés y otros crímenes de lesa humanidad cometidos por militares y policías durante la última dictadura de 1973 a 1985.

María Macarena, la nieta del poeta y escritor argentino Juan Gelman, arrancada siendo bebé de los brazos de su madre secuestrada y llevada a Uruguay, vivió 23 años bajo una identidad que no es la suya. Las hasta hoy alcanzadas, dice, son pequeñas victorias en una lucha de más de 30 años. La joven llamó a los legisladores a "garantizar los derechos humanos de la población votando la anulación de la ley de Caducidad". María Macarena, la nieta del poeta y escritor argentino Juan Gelman, arrancada siendo bebé de los brazos de su madre secuestrada y llevada a Uruguay, vivió 23 años bajo una identidad que no es la suya. Las hasta hoy alcanzadas, dice, son pequeñas victorias en una lucha de más de 30 años. La joven llamó a los legisladores a "garantizar los derechos humanos de la población votando la anulación de la ley de Caducidad".

El diario derechista El Observador, que el reciente lunes 25 proyectó con intencionalidad ese auténtico petardo en la actualidad, admitió que debía la noticia a militares retirados, y se las arregló para dejar constancia, tanto en papel como en el ciberespacio, que aquel acuerdo pretendía "sellar el tema de los derechos humanos”. Lo ocurrido, según el pretendido pacto, fue consecuencia de "una guerra” en el país y que, por tanto, toda la sociedad debe asumir su parte de responsabilidad en ella.

Eleuterio Fernández Huidobro, senador del Frente Amplio y uno de los jefes históricos del movimiento Tupamaros, confirmó que los insurgentes conversaron con militares, pero que no hubo ningún pacto ni documento. "Nosotros hemos hablado mucho con los militares; Mujica, yo y muchos más, siempre, con el objetivo de elevar el reclamo de los compañeros desaparecidos y muy especialmente de los niños”, explicó. Lo del supuesto pacto es sin duda de una jugada para presionar o condicionar el voto de los congresistas.

Llegados a este punto, vale recordar que el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN), fundado en 1962 bajo el ejemplo de la Revolución Cubana para comandar una guerra justa y tomar el poder, creó e integra desde 1971 la coalición política de izquierda Frente Amplio (FA), que alcanzó la presidencia de la nación sudamericana en 2005. Y, entretanto, igualmente desde la época del surgimiento del FA, los militares que participaron en las pretendidas negociaciones integran la logia Tenientes de Artigas, de ideología ultraderechista, ultranacionalista y anticomunista.

Es preciso, asimismo, anotar que esta no es la primera vez que los entorchados y sus acólitos intentan persuadir a los uruguayos de que es mejor para todos pasar la página y seguir adelante. Muy al contrario, abierto o sutil, ese mensaje ha sido una constante, lo que en buena parte explica la dicotomía que el tema provoca.

Porque, ciertamente, mientras sobrevivientes de las prisiones y las torturas —junto con personalidades, organizaciones sociales y humanitarias— reclaman justicia y acompañan resueltamente el proceso para juzgar a los represores, por sobre la lógica oposición castrense y de la derecha en general, persisten miedos e incertidumbres en la sociedad, como se colige del hecho de que el genuino código de impunidad, la citada Ley de Caducidad, fue ratificado por plebiscitos realizados en 1989 y en octubre del pasado 2010.

El presidente José Mujica, ex guerrillero, ha sido objeto de ataques desde que negó que los tupamaros acordaran un pacto con los militares y anticipó que no vetará el anteproyecto. Jueces y fiscales han sido amenazados

Nada menos que José Mujica, ex tupamaro y quien recientemente cumplió su primer año como presidente de Uruguay, con buenos índices de popularidad y aceptación, ha sido señalado como uno de los participantes en aquellas supuestas pláticas. "Es un bolazo” (un embuste), aseguró Pepe del supuesto pacto, con su llaneza habitual, el propio lunes del estallido del escándalo.

Los entorchados no perdieron tiempo. De inmediato, el coronel retirado Carlos Silva, vocero de la susodicha logia artiguista, dijo reconocer el documento. "Todos habíamos formado parte de lo que era la Guerra fría en aquel momento. Entonces dijimos que íbamos a mirar para adelante, a dejarnos de jorobar y a trabajar en bien de la patria para empezar de nuevo", añadió en lo que a todas luces es otro mensaje a favor de la amnesia colectiva.

De modo que los ánimos están caldeados en esa república habitada por seres proverbialmente apacibles y muy civilizados. En especial, porque el plan que siguen los militares está impulsado sobre todo por el miedo. Y es que en la otra orilla del Río de la Plata, en Argentina, la Ley de Obediencia Debida y la Ley de Punto Final fueron declaradas nulas desde 2003 y se abrieron causas contra los jerarcas de las Junta Militares, contra oficiales, efectivos de cuerpos de seguridad, ladrones de bebés y represores y torturadores de todo rango.

Hasta hoy han sido juzgados más de 200 y sentenciados 110 criminales, que campearon durante la dictadura de 1976 a 1982. Y este año otros nueve juicios se han venido sumando a los nueve que ya estaban en curso. La sociedad de la vecina nación austral está, pues, en el proceso de ajustar la memoria, la verdad y la justicia. Se cura en salud, como dice un sabio refrán, afrontando valerosamente lo que, en efecto, es un proceso doloroso y traumático.

En Uruguay, a la jornada histórica vivida en el Senado cuando aprobó el anteproyecto que anula la ley de la impunidad —y que al sufrir modificaciones debe volver en breve a diputados, donde fue aprobado en octubre de 2010, y reeditar los pasos ya cumplidos— hay que sumar la decisión, tomada el 24 de marzo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que requiere del Estado de Uruguay dejar sin efecto la Ley de Caducidad.

Acciones que, sin asomo de duda, han insuflado una fuerza muy particular a la vieja lucha de la izquierda uruguaya por lograr que los represores sean llevados a juicio, pero que son —no nos llamemos a engaño— algunas de las muchas puertas que hay que abrir para llegar a toda la verdad de lo ocurrido con los desaparecidos en Uruguay, y solo una fase de la ofensiva para plantar a los torturadores ante la justicia.

En lo inmediato, está entonces la decisión que debe adoptarse en Diputados. Proyecto que, tal como ya apuntamos, fue sancionado en el Senado. Por suerte, en ambas cámaras el gobernante FA es mayoritario, lo que garantiza la aprobación definitiva del estatuto. Y justamente el FA, por cierto una coalición que atesora una auténtica historia de luchas, pretende que la aprobación del pliego en la cámara baja se produzca antes del 20 de mayo, cuando en el país oriental se recuerda a los muertos y desaparecidos durante la dictadura.

Pero no obstante hay que calcular que probablemente sigan surgiendo presiones en contra, en muchas otras modalidades. Y ninguna será banal. Con todo, debemos confiar en que la impunidad sea derrotada también en la patria de Artigas. Solo así empezarán a reinar allí la memoria, la verdad y la justicia.
Fuente:Alital