Aportan documentos de la policía bonaerense a juicio por crímenes de lesa humanidad
La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires aportó a la Justicia Federal de Corrientes documentación del archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense (DIPPBA), para un nuevo juicio oral por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura cívico militar.
Las audiencias se iniciarán el próximo martes en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, integrado por Víctor Alonso, Lucrecia Rojas de Badaro y Fermín Ceroleni.
La causa, en la que están imputados seis represores, entre ex policías provinciales y miliutares del II Cuerpo de Ejército, fue caratulada "Panetta, Angel Vicente F/ denuncia" e investiga crimenes cometidos contra más de 25 secuestrados en centros clandestinos de detención que operaron en la ciudad correntina de Goya, como el llamado Club o Campo Hípico.
Entre las víctimas, varias de las cuales continúan desaparecidas, hay campesinos de las Ligas Agrarias, miembros del Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo y otras personas perseguidas por su militancia política o social.
El material de la ex DIPPBA aportado a este juicio contribuye a demostrar, en especial, la vigilancia focalizada que los servicios de inteligencia ejercieron sobre grupos de personas que buscaban organizarse en el ámbito rural del nordeste argentino, jurisdicción del II Cuerpo de Ejército.
La DIPPBA y otros servicios de inteligencia de la época pusieron en marcha investigaciones especiales destinadas a identificar y perseguir a integrantes de organizaciones campesinas, como las ligas agrarias o cooperativas de producción, apoyadas por religiosos y laicos del movimiento tercermundista.
"En algunos documentos es muy explícito el interés de los servicios de inteligencia en investigar y controlar a estos movimientos agrarios motivados por la defensa de sus derechos y la consecución de mejores condiciones de trabajo y comercialización", informó la Comisión por la Memoria en un comunicado.
Además, destacó que "resulta significativo el hecho de que la mayoría de las víctimas incluidas en esta causa fueron fichadas por un organismo de inteligencia de la provincia de Buenos Aires, aun cuando su ámbito de residencia, trabajo o militancia era la provincia de Corrientes".
"Esto evidencia el proceder coordinado y colaborativo entre distintos servicios de inteligencia, así como el traslado de personas entre distintos centros de detención, en muchos casos muy distantes de su lugar de origen", sostuvo la Comisión.
Fuente:Telam
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