COMPLICIDAD CIVIL CON REPRESIÓN DURANTE DICTADURA ARGENTINA .

COMPLICIDAD CIVIL CON REPRESION DURANTE DICTADURA ARGENTINA
Por Alberto Ferrari
BUENOS AIRES, 1 (ANSA) - La complicidad civil con la dictadura argentina (1976-1983) es aún un "agujero negro" a semejanza de lo ocurrido en Alemania con el nazismo y sus principales exponentes, empresarios y funcionarios judiciales, no han sido juzgados como el resto de los represores, aseguraron historiadores durante un debate en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. El historiador Felipe Pigna afirmó que los sectores civiles cómplices del golpe militar de 1976 hasta ahora "zafaron (lograron evitar) de los juicios a los represores", que se reanudaron en el país a partir de 2003.
Pigna explicó que la conspiración de los grupos económicos concentrados contra el gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón, derrocada el 24 de marzo de 1976, había comenzado en julio de 1974, después de la muerte de su esposo y presidente, Juan Domingo Perón.
Pigna resaltó que durante la dictadura "el Poder Judicial y la educación estuvieron en manos civiles" y muchos de aquellos funcionarios aún ocupan cargos en los tribunales argentinos.
Vicente Muleiro, autor del ensayo "1976. El golpe civil", coincidió sobre la complicidad de empresarios y jueces con la dictadura y enfatizó que "esos señores perviven y son los que ponen el grito en el cielo sobre los supuestos avances estatistas" en el país.
Muleiro ejemplificó con la ciudad de Bahía Blanca -688 kilómetros al sur de Buenos Aires- donde "se desarmó el tribunal oral que debía juzgar a 19 imputados de la represión, porque el presidente del tribunal se reunió en un lugar público con los abogados de los acusados, a la vista de todo mundo", con la evidente intención de ser recusado por los familiares de las víctimas y de esa manera demorar el inicio del juicio".
"El país aún tiene un agujero negro sobre la dictadura, como Alemania lo tuvo sobre el nazismo", enfatizó Muleiro, autor además de una biografía sobre el dictador Jorge Rafael Videla.
La periodista e historiadora Maria Seoane coincidió en que "los fantasmas del pasado circulan aún por los pasillos de los tribunales", y analizó que "la genealogía del mal" de la dictadura persiste en algunos cenáculos económicos y en el Poder Judicial, "que sigue siendo el más conservador de los poderes del Estado".
"La democracia argentina no estará definitivamente consolidada hasta que se democratice el Poder Judicial", advirtió Seoane, al analizar la supervivencia de los bolsones autoritarios heredados de la dictadura, pese a los 28 años de gobiernos constitucionales que se han sucedido desde diciembre de 1983 en el país.
Los panelistas remarcaron que en el golpe militar de 1976 "primaron los intereses económicos sobre los ideológicos", aunque la excusa fue "el peligro subversivo y comunista" que acechaba supuestamente al país a través de las organizaciones guerrilleras, por entonces diezmadas y en retroceso.
"Sólo se trató de ganar plata", enfatizó Seoane, mientras que Muleiro y Pigna recordaron la influencia del ex ministro de Economía de la dictadura, José Martínez de Hoz, con su modelo neoliberal que pese a los años transcurridos aún pervive con la Ley de Entidades Financieras, jamás derogada o reemplazada por los gobiernos constitucionales.
Pigna se refirió al "Estado convertido en saqueador" durante la dictadura, que recurrió también al método de los secuestros extorsivos con los empresarios que pudieran resultar molestos para Martínez de Hoz.
La Corte Suprema de Justicia de Argentina recién en abril de 2010 declaró inconstitucional el indulto con el cual el ex presidente Carlos Menem benefició en 1990 a Martínez de Hoz, actualmente imputado por la detención ilegal del empresario Federico Gutheim en noviembre de 1976, entre otros delitos de lesa humanidad.
"Los responsables civiles de los golpes militares pertenecen a clubes oligárquicos desde 1930 y se repiten como funcionarios de los gobiernos militares, pues son enjambres ideológicos que compartieron la aniquilación de la democracia", completó Pigna.
El debate en la Feria del Libro coincidió con el fallo emitido el viernes por la Unidad Fiscal de La Plata -60 kilómetros al sur de Buenos Aires- que declaró "crimen de lesa humanidad" la transferencia "compulsiva" por la "intervención directa de la Junta Militar a través de maniobras extorsivas" de la empresa Papel Prensa a los tres principales diarios del país, Clarín, La Nación y La Razón, en 1977.
La Unidad Fiscal consideró que existen pruebas de que el dictador Jorge Rafael Videla y su ministro Martínez de Hoz, recurrieron a "amenazas extorsivas, secuestros y torturas" contra los miembros de la familia de David Graiver, para que transfirieran las acciones de Papel Prensa. El banquero David Graiver, acusado de recibir dinero de la organización guerrillera Montoneros, falleció en un extraño accidente de aviación el 7 de agosto de 1976, cuando se aproximaba al aeropuerto de Acapulco, México. DFB
01/05/2011Fuente:AnsaLatina