Más indicios que dan cuenta del poder que aún maneja Joaquín Guil y de que en 1976 en la práctica era percibido como el jefe de la Policía de Salta; más revelaciones de la responsabilidad policial en el hecho y el encubrimiento; un testigo que desnudó su odio hacia los “subversivos” y otros evasivos o sumamente desmemoriados. Todo eso dejó el inicio de la tercera semana del juicio oral y público que se sigue en la ciudad de Salta contra ocho represores acusados por el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, el asesinato de Santiago Arredes y las lesiones a Margarita Martínez de Leal.
El ex intendente de Salta, Juan Carlos Sánchez sostuvo ayer que “Paco Mosquera, que era de la Federal y fue director técnico de Gimnasia y Tiro” entregó a los familiares de Ragone el zapato que había quedado en el lugar del secuestro, el 11 de marzo de 1976. Se trata de Gustavo Francisco “Paco” Mosquera, ex miembro de la Policía Federal, actual directivo del Club Gimnasia y Tiro y propietario de la empresa de seguridad Guardián SRL, con la que siempre se ha vinculado al ex jefe de Seguridad de la Policía de Salta, Joaquín Guil.
Guardián SRL es la empresa encargada de la seguridad en la Ciudad Judicial, lo que ya motivó un planteo del abogado Matías Duarte, quien solicitó al Tribunal Oral que se retirara esta seguridad, dado que hay especulaciones de que la empresa sería en realidad de propiedad del propio Guil, que por muchos años se dedicó a la seguridad privada.
Diez testigos se presentaron ayer ante el Tribunal Oral en lo Federal de Salta, en el reinicio de las audiencias que se llevan a cabo en el salón de grandes juicios de la Ciudad Judicial. Aunque quedó claro que no era su intención, el ex Sánchez y varios de los policías que en 1976 tuvieron alguna participación en la “investigación” del secuestro del ex gobernador hicieron sus mayores aportes para establecer el poder que manejaba quien por entonces era jefe de Seguridad.
Sánchez asumió en la intendencia de Salta el 2 de febrero de 1974, en lugar de Gerardo Bavio, a quien Ragone destituyó presionado por el gobierno nacional. El testigo se reivindicó como uno de los fundadores de la Lista Verde, la línea interna en la que militaba Ragone.
El ex intendente aseguró que “trabajaron contra Ragone muchos peronistas”, entre ellos miembros de la CGT y de la Lista Amarilla. Dijo que los gremialistas ganaron espacio politicocon la intervención a la provincia, en noviembre de 1974. También acusó a quien fuera secretario privado del gobernador, Gregorio Caro Figueroa, de haber ocultado un telegrama enviado por el gobierno nacional a Ragone en oportunidad del asesinato de José Ignacio Rucci.
Sánchez fue señalado como el interlocutor entre las presiones del gobierno nacional y el gobierno provincial. Y luego, en 1976, se sabe que mantuvo una reunión con el general Roberto Viola, quien le había anticipado que se iba a dar un golpe de Estado. Ayer lo negó al principio, pero cuando se le leyó su declaración anterior, reconoció que efectivamente recibió del subsecretario del Interior, Arturo de los Ríos, requerimientos para que Ragone hiciera cambios en su gabinete. Por estas presiones se alejaron del gabinete Jesús Pérez y a Enrique Pfister, además de Bavio.
A principios de 1976 Sánchez se reunió con Viola en Buenos Aires. Según contó ayer, fue con conocimiento de Ragone, a pedirle que nombrara interventor a De los Ríos, pero el general lo desanimó avisándole que se venía el golpe.
Sánchez dijo que desde entonces trató de convencer a Ragone para que abandonara la interna del Partido Justicialista, que se iba a llevar a cabo el 14 de marzo; que finalmente el ex gobernador accedió y que el 11 de marzo, cuando fue secuestrado, se suponía que iba a presentar su renuncia.
“Subversivos”
El ex intendente no la pasó bien en su testimonial. En un tramo trató de convencer de que en 1976 no sabía que hubiera matices ideológicos dentro del peronismo. Ya se mostraba molesto cuando una observación del querellante David Leiva (que le pidió que respondiera lo que se le preguntaba) le provocó una reacción: “Si usted me está tratando mal, yo me retiro. Yo no quiero subversivos acá”, estalló.
Leiva le retrucó preguntándole si sabía que Juan Carlos Villamayor, que fue secretario de Prensa de Ragone, había dicho que él, Sánchez, era un servicio de inteligencia.
Ayer también declaró Pedro Olea, un cuidador del Club Náutico del dique Cabra Corral que asegura que la noche del 11 de marzo de 1976 escuchó una ráfaga de ametralladora y uno o dos disparos de pistola, y luego vió las luces de un automóvil que bajaba. Al día siguiente escuchó disparos y vió que eran policías que estaban cazando patos, esos mismos policías lo anoticiaron del secuestro de Ragone. Olea fue detenido luego del 24 de marzo de 1976 e interrogado por el propio Guil sobre unas armas, luego fue liberado.
“Guil era el jefe de todos”
Los seis policías que declararon ayer coincidieron en confirmar el papel relevante que en 1976 tenía el entonces jefe de Seguridad, Joaquín Guil, dentro de la estructura policial. También quedó claro que funcionaba un departamento de Informaciones Polliciales, el D2, que recopilaba antecedentes políticos. Este departamento tenía un prontuario de Ragone y de otras personalidades de la época, como Armando Jaime.
Aunque algunos se mostraron extremadamente desmemoriados (“no recuerdo señor”, fue la frase más usada por el cabo retirado Carlos Carabajal) o evasivos, todos (aún los que, como Carabajal, dijeron no recordar el nombre del jefe y subjefe de la Policía) sostuvieron que Guil era el jefe de Seguridad y que de él dependían todas las comisarías de la provincia. “Toda la fuerza uniformada dependía de Joaquín Guil”, afirmó el oficial retirado Julio Benito Acosta. También lo afirmó el policía retirado Marcial Liendro.
Acosta llegó a jefe del departamento Judicial y fue quien el 11 de marzo de 1976 levantó las huellas dactilares del automóvil Peugeot de Ragone, abandonado por sus captores cerca del matadero de Cerrillos. Sin embargo, estas muestras no ayudaron a la investigación. Acosta dijo que no tenían la calidad suficiente para ser sometida a una prueba.
El informe que preparó Acosta fue al departamento de Informaciones Policiales. El perito dijo que este es el único caso en que recuerda que un informe suyo va a parar a esta repartición.
Otro punto sobre el que se interrogó a los testigos policías es el horario en que se transmitió el radiograma con las instrucciones para buscar a los secuestradores, dado que recién a la tarde se notificó a las dependencias policiales del interior. El oficial retirado Víctor Faustino Cruz, que se desempeñaba en el Comando Radioeléctrico, aseguró que “inmediatamente” de enterados de los detalles del secuestro, ocurrido alrededor de las 8, confeccionaron el radiograma y lo enviaron a través de Comunicaciones.
Cruz, y su compañero de tareas Alfredo Cuevas, afirmaron que todas las novedades le eran comunicadas a Guil, cuya oficina quedaba a solo dos metros del estratégico Comando Radioeléctrico.
Fuente: Elena Corvalan, especial para la Agencia de Noticias DH
MIGUEL RAGONE.
Los testigos ratificaron pacto de silencio en el juicio por el caso Ragone
Policías se escudaron en el olvido y el “no me acuerdo”
El Tribunal comenzó a acelerar el debate. Hoy declararán Jesús Pérez y Gerardo Bavio, dos ex funcionarios de Ragone.
martes 03 de mayo de 2011 Salta
Por Rubén Arenas
FAMILIARES DE DESAPARECIDOS, CON LAS FOTOS DE LAS VICTIMAS.
La audiencia de ayer se centró en el rol que jugó la Policía de la Provincia en el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone. Se trató de una jornada de más de 10 horas de debate, en la que los querellantes y la Fiscalía tuvieron que agotar todos los recursos para destruir las teorías del “olvido” y del “no me acuerdo” a las que se aferró la mayoría de los policías que declararon ante el Tribunal Oral Federal.
Con esto quedó demostrado que en los juicios por delitos de lesa humanidad, el pacto de silencio y de complicidad en las fuerzas de seguridad es un muro difícil de sortear. No obstante ello, se las ingeniaron para hacerles “pisar el palito”, como ocurrió con el comisario general (r) Julio Benito Acosta, quien aseguró que desconocía cuál era la tarea que desarrollaba el Departamento de Inteligencia de la Policía. Ante una pregunta del fiscal Horacio Azzolín, el testigo hizo un pormenorizado detalle de la función de cada una de las áreas de la institución.
“¿Cómo es posible que usted haya sabido lo que hacían todos los departamentos, menos el de Inteligencia?”, le preguntó Azzolín, a lo que Acosta argumentó que “era una sección restringida (sic)”. Otro comisario, Víctor Faustino Ríos, también se lavó las manos respecto a su tarea al frente del Comando Radioeléctrico. A pesar de que él recibió la llamada, a través de la cual tomó conocimiento del secuestro de Ragone el 11 de marzo de 1976, sostuvo que no recordaba cuáles fueron las tareas específicas que realizó.
“Seguramente comunicamos la novedad al director de Seguridad, Joaquín Guil, y se dieron las directivas para esclarecer el hecho”, dijo. El testigo señaló que no tenía un contacto directo con el imputado Guil, ya que las novedades se las comunicaba a un superior, pero no especificó quién era. Sin embargo, su compañero Alfredo Cuevas reveló que con el hombre que en esa época manejaba toda la estructura de la policía, tanto él como Ríos mantenían un contacto directo. “El Comando estaba a dos metros de la oficina del comisario Guil”, graficó.
También declaró el policía Carlos A. Carabajal, quien fue el primero en detectar el auto de Ragone, que los secuestradores abandonaron en el camino a Cerrillos. “Vi que dos personas bajaron del vehículo y abordaron otro. Cuando me acerqué observé en el interior manchas de sangre”, expresó.
FuentedeOrigen:ElTribuno
Fuente:Agndh
Un comisario fiel al “pacto de silencio”
Piden que otro policía sea imputado por el crimen de Ragone
En el juicio es cada vez más evidente el hermetismo de los que conocen algunos hechos decisivos.
miércoles 04 de mayo de 2011 Salta
Por RUBEN ARENAS
EN EL RECINTO/EL PUBLICO AGUARDA EL INICIO DEL JUICIO EN LA CIUDAD JUDICIAL.
Abel Guaymás era el inspector de la Zona Uno de la Policía de la Provincia, con jurisdicción de Salta a Cafayate, cuando secuestraron al ex gobernador Miguel Ragone el 11 de marzo de 1976. Por la función que desempeñaba, tuvo a su cargo la investigación del crimen a partir de las directivas que recibió del jefe de la institución, Miguel Gentil, y del director de Seguridad, Joaquín Guil, ambos imputados.
Guaymás declaró ayer en el juicio, donde incurrió en graves contracciones con la firme intención de no comprometer a sus superiores. Al igual que los policías que declararon en la jornada del lunes, el hombre también recurrió a la teoría del "no me acuerdo", y del desconocimiento total de la tarea que desarrollaban dos estructuras básicas del aparato represivo policial, como las de Seguridad e Inteligencia. "Lo dejemos un ratito para ver si refresca la memoria", dijo la presidenta del Tribunal, Liliana Snopek, al disponer un cuarto intermedio ante las evidentes muestras de falsedad del testigo.
Primero dijo que no conocía a Gentil, luego manifestó que no tenía contacto con él y al final terminó reconociendo que fue el propio jefe de Policía quien le ordenó que realizara un "razzia" para ubicar a Ragone. A partir de ese momento, el fiscal Horacio Azzolín comenzó a ponerlo en apuros. Como para graficar la falta de interés en localizar al ex gobernador, Guaymás confesó que el único lugar donde lo buscaron fue en el barrio El Tribuno y que los operativos se circunscribieron en los controles de vehículos. No supo explicar por qué no lo buscaron en otros barrios o en los pueblos del Valle de Lerma.
El testigo dejó entrever que se limitó a cumplir con lo que le habían ordenado y en todo momento trató de deslindar responsabilidad en Guil. También dejó en evidencia que su investigación fue tan limitada, que ni siquiera sabía los datos fisonómicos de los sospechosos del secuestro. Pese a que el comisario era el responsable de todas las seccionales de la ciudad y otras del interior, señaló que nunca supo que la policía estuviera subordinada al Ejército en la lucha contra la subversión.
A medida que los querellantes lo bombardeaban a preguntas, Guaymás incurría en más contradicciones, hasta que al final el abogado David Leiva se hartó y pidió que el fiscal en turno le inicie una causa como partícipe secundario en el secuestro de Ragone.
En la audiencia de ayer, además, declaró el padre Carlos Escobar Saravia, quien aseguró que por rumores sabía que a Ragone lo iban a detener. "Hablé con su amigo Damián Mendoza, y le dije que lo convenciera para que se fuera a su finca hasta que pasara el temporal", subrayó.
FuentedeOrigen:ElTribunoSalta
Fuente:Agndh
Piden que investiguen a un testigo como partícipe del secuestro
El abogado David Leiva, querellante por la organización Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, pidió ayer que el policía retirado Abel Guaymás sea investigado como partícipe del secuestro del ex gobernador Miguel Ragone, por haber “prestado la colaboración para que este crimen quede impune (…), para el encubrimiento”.
Guaymás declaró ayer como testigo.
El 11 de marzo de 1976, cuando ocurrió el hecho que se investiga y por el que ya están siendo juzgados ocho represores, el testigo era comisario mayor, y como inspector de la primera zona tenía bajo su mando a las cinco seccionales que funcionaban en la ciudad de Salta y las comisarías de El Carril, La Viña, Coronel Moldes, Chicoana y Cafayate, justo por donde se supone que los secuestradores pudieron haber sacado a Ragone. Guaymás dijo que el propio jefe de Policía, el teniente coronel Miguel Gentil, le informó de este hecho y le ordenó que realizara una razzia por toda la jurisdicción; sin embargo, contó que estos operativos se llevaron a cabo solo en el barrio El Tribuno y no pudo o no quiso explicar por qué no se hicieron en otros barrios. También dijo que no tenían órdenes de allanamiento porque entraban a las casas con el permiso de los vecinos, algo que se contradice con el relato de habitantes de aquella zona, que recuerdan cómo sus casas fueron revueltas y se les secuestraron libros inclusive. Y tampoco dijo a quién reportaba las novedades de estas acciones. Su jefe directo por entonces era el director de Seguridad, Joaquín Guil, quien también está siendo juzgado en este proceso.
El policía retirado dijo que solo esa noche buscaron a Ragone en las casas y que luego la búsqueda se limitó a hacer operativos sorpresa en la calle, con el control vehicular, y que estos operativos duraron poco tiempo más. Guaymás fue tan remiso, evasivo y desmemoriado que el fiscal Horacio Azzolín tuvo que recordarle que estaba bajo juramento. Luego la presidenta del Tribunal Oral en lo Federal, Liliana Snopek, lo dejó esperando “a ver si se le refresca la memoria”, pero cuando volvió sus olvidos persistían.
En ese marco, la falta de respuestas del testigo a las preguntas del fiscal resultó reveladora sobre el desinterés de la cúpula policial para dar con el paradero del ex gobernador y detener a sus secuestradores. “¿Cuándo, por qué dejaron de buscar a Ragone?, ¿quién decidió dejar de buscar a Ragone”, inquirió Azzolín, quien le recordó a Guaymás que el ex gobernador sigue desaparecido. El policía retirado solo articulaba palabras inconexas, igual que balbuceó cuando el fiscal quiso saber por qué no habían seguido revisando domicilios y por qué solo hubo razzias en El Tribuno.
Ayer también declaró el sacerdote Ernesto Escobar Saravia, presidente del “club de criollos” en el que se hacían riñas de gallos y que frecuentaba Ragone.
El cura recordó que “con anticipación” al crimen contra el ex gobernador se enteró “en la calle de que lo iban a detener” y le sugirió a Damián Mendoza, otro aficionado a la riña de gallos, que Ragone se fuera a su finca hasta que la situación se calmara. Aseguró que pensó que lo de la detención era “algo transitorio”, que nunca creyó que iba a derivar en un hecho grave. Esta afirmación le valió que luego el querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Martín Avila, le preguntara si no tenía presente que ya para entonces se habían producido hechos graves, como la detención en Mendoza de monseñor Esteban Inestal, que era de la diócesis de La Rioja, y está desparecido desde mayo de 1976.
Escobar Saravia es capellán del Ejército desde 1978, cuando se ofreció como voluntario para la guerra con Chile. Dijo que en esa oportunidad conoció a Luciano Benjamín Menéndez, quien está siendo juzgado en este proceso.
Ayer también declararon Jesús Pérez y Teresa López, que era empleada de la Clínica Cruz Azul, donde se desempeñaba Ragone.
“Por unas horas fui un desaparecido”
El ingeniero Jesús Pérez, que fuera secretario general de la Gobernación y ministro de Economía de la gestión de Miguel Ragone, aseguró ayer que el 1 de mayo de 1975 fue detenido por miembros de la Policía de la provincia, que fue alojado en la Central de esa fuerza y que por un tiempo se negaba su presencia en ese lugar. “Por unas horas fui un desaparecido”, sostuvo.
El testigo contó que los policías allanaron su vivienda y que el mismo día también estaban detenidos varios estudiantes secundarios, uno de ellos le dijo que lo habían llevado por ser guevarista. Estas afirmaciones confirman que por entonces la Policía realizaba inteligencia política sobre los habitantes de la ciudad, una actividad que se adjudica al Departamento de Informaciones Policiales, conocido en la jerga como D2.
Añadió que por aquel tiempo hubo atentados contra el ex ministro de Gobierno de Ragone, Enrique Pfister; los ex jueces de la Corte de Justicia Farat Sire Salim y Andrés Antonelli y contra él mismo, en cuyo domicilio pusieron una bomba que no estalló. Los explosivos tenían la leyenda “United States Army Forces”, por lo que está convencido que ese atentado fue perpetrado por miembros de las fuerzas de seguridad.
A raíz de este atentado, Pérez pidió al entonces senador nacional Florencio Elías que lo acompañara a hablar con el jefe de Policía, Miguel Gentil, quien le advirtió que se fijara con quien se juntaba y a continuación le mencionó a Ragone. Pérez pidió protección y lo mandaron a hablar con el director de Seguridad. Allí Joaquín Guil le cobró por una consigna que se iba a poner durante una semana. En 2006 Elías desmintió la existencia de esta reunión, lo que fue recordado ayer por Pérez, quien señaló que a pesar de que Elías y él tienen la misma edad y padecen de las mismas dolencias, el entonces el juez federal Nº 1, Miguel Medina, lo hizo venir a él desde La Plata a declarar y a Elías fue a tomarle el testimonio en su casa. Elías y Guil tenían una relación laboral.
Pérez es otro de los testigos que destacó al ex gobernador Roberto Romero (ya fallecido) entre los enemigos de Ragone, dijo que era “la eminencia gris” que “movía los hilos llevando información falsa” para desprestigiar al gobierno. Además, señaló a la lista Azul y Blanca, al grupo Reconquista y a sindicalistas.
Recordó que la lista Azul y Blanca estaba encabezada por el ex senador nacional Horacio Bravo Herrera (que debe declarar hoy); el grupo Reconquista era dirigido por Armando Caro Figueroa y entre los sindicalistas mencionó a Benito Moya y Mario Amelunge.
También dijo que el jefe de Policía, Miguel Gentil, odiaba al ex gobernador. Y añadió que los policías que en 1973 habían sido investigados por apremios ilegales también tenían inquina contra el gobernador, entre ellos estaba Guil.
Fuente: Elena Corvalan, especial para la Agencia de Noticias DH
No hay comentarios:
Publicar un comentario