FUNES CASTIGA CON DECRETO DE LA DICTADURA
Hostilidad de un funcionario público a un trabajador, por participar como abogado querellante en un juicio por terrorismo de estado.
El Dr. Franco Catalani trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de La Pampa desde el año 2006 como Asesor Letrado Delegado de la Asesoría Letrada de Gobierno. Simultáneamente ejerce la profesión liberal con permiso legal y funcional para retirarse en horario de trabajo con ese fin.
En el mes de julio de 2.010 el agente comunica a sus superiores que el Partido Comunista, integrante de una de las cabezas de querella, le ha solicitado el patrocino jurídico en el juicio por terrorismo de estado conocido como SubZona 14, cargo que aceptará. Ante ello, el Secretario, verbalmente le prohíbe trabajar en ese caso en horario laboral, no así en el resto de los casos que lleva por el ejercicio de su profesión.
El agente solicita en dos oportunidades la revisión de la medida pero la solicitud es rechazada. Teniendo en cuenta que le resulta imposible cumplir el horario de trabajo en la Secretaría y además actuar como abogado querellante, el agente no tiene más posibilidad que solicitar una licencia sin goce de haberes por seis meses, licencia que le es concedida.
Simultáneamente, en la Delegación del INADI-La Pampa, le ofrecen un contrato con flexibilidad horaria para participar del juicio por la subzona 14.
Durante el juicio que se tramitó desde el 2 de agosto de 2.010 hasta noviembre del mismo año, la Secretaría de Derechos Humanos cumplió un rol fundamental ya que por delegación del TOF mantuvo contacto fluido y permanente con los testigos de la causa. No obstante ello, la Secretaría adoptó una actitud de absoluto aislamiento respecto del abogado querellante, evitando cualquier tipo de contacto entre éste y los testigos. La maniobra resultó extremadamente perjudicial para el ejercicio del cargo de querellante, habida cuenta de que toda la instrucción de la causa y hasta la citación a juicio, se había sustanciado en la Ciudad Autónoma de Bs. As. y los abogados querellantes no habían tenido contacto con el expediente sino hasta dos meses antes de iniciado el juicio. De tal modo, carecían de un manejo fluido de las pruebas y los actos procesales llevados a cabo desde el año 1983, en que se inició la causa, como carecieron también del tiempo necesario para estudiarla en profundidad. No obstante dichas dificultades, el resultado fue positivo, habida cuenta de que todos los acusados fueron condenados a penas de entre 20 y 12 años de prisión.
Seis meses más tarde, en febrero de 2.011, finalizada la licencia y el juicio, y teniendo en cuenta la manifiesta hostilidad del Secretario de Derechos Humanos contra el Dr. Catalani por su desempeño antes y durante el juicio por la subzona 14, se gestiona un pedido de adscripción desde el INADI, a fin de que cumpla con su cargo en ese organismo. De inmediato, la Secretaría remueve al agente de su cargo de Asesor Letrado Delegado hacia su cargo de base de empleado administrativo categoría 7, ley 643, con quita del adicional del 40% de sus haberes, y deja sin resolución el requerimiento de adscripción.
Teniendo en cuenta que el agente debe resolver su situación laboral, y ante la indefinición de la solicitud de adscripción, solicita una nueva licencia sin goce de haberes la cual es rechazada mediante carta documento fechada el 15 de marzo de 2.011 con fundamento en “las previsiones del ARt. 1º del decreto nº 424/77, reglamentario del art. 140 de la ley 643”. Dicho decreto data del 1º de abril de 1977 y lleva la firma del Gobernador, General de Brigada Carlos Enrique Aguirre Arrieta; Ministro de Gobierno Coronel Luis María Martínez Vivot, Ministro de Economía Capitán de Fragata Luis Orlando Scheuber, etc.
Frente a tal situación, el agente acude a la sede de ATE que intercede ante la Secretaría General de la Gobernación de La Pampa, y se decide revocar la medida y otorgar la licencia sin goce de haberes.
La conclusión general es que la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de La Pampa, ha hostigado laboralmente en forma permanente al abogado Franco Catalani por su participación como patrocinante de las querellas en el juicio por terrorismo de estado conocido como subzona 14 desde junio de 2.010 hasta el día de hoy. No descartamos que esta situación de gravedad se reitere y prolongue en el tiempo si no se toman medidas al respecto.
Desde la mesa JUSTICIA YA! hacemos pública esta situación y demandamos al Gobierno de la Provincia de La Pampa que tome un compromiso real para garantizar los derechos laborales y las condiciones dignas de labor del agente hostilizado.
COMPLICIDAD CIVIL CON REPRESION DURANTE DICTADURA ARGENTINA
Por Alberto Ferrari
BUENOS AIRES, 1 (ANSA) - La complicidad civil con la dictadura argentina (1976-1983) es aún un "agujero negro" a semejanza de lo ocurrido en Alemania con el nazismo y sus principales exponentes, empresarios y funcionarios judiciales, no han sido juzgados como el resto de los represores, aseguraron historiadores durante un debate en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. El historiador Felipe Pigna afirmó que los sectores civiles cómplices del golpe militar de 1976 hasta ahora "zafaron (lograron evitar) de los juicios a los represores", que se reanudaron en el país a partir de 2003.
Pigna explicó que la conspiración de los grupos económicos concentrados contra el gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón, derrocada el 24 de marzo de 1976, había comenzado en julio de 1974, después de la muerte de su esposo y presidente, Juan Domingo Perón.
Pigna resaltó que durante la dictadura "el Poder Judicial y la educación estuvieron en manos civiles" y muchos de aquellos funcionarios aún ocupan cargos en los tribunales argentinos.
Vicente Muleiro, autor del ensayo "1976. El golpe civil", coincidió sobre la complicidad de empresarios y jueces con la dictadura y enfatizó que "esos señores perviven y son los que ponen el grito en el cielo sobre los supuestos avances estatistas" en el país.
Muleiro ejemplificó con la ciudad de Bahía Blanca -688 kilómetros al sur de Buenos Aires- donde "se desarmó el tribunal oral que debía juzgar a 19 imputados de la represión, porque el presidente del tribunal se reunió en un lugar público con los abogados de los acusados, a la vista de todo mundo", con la evidente intención de ser recusado por los familiares de las víctimas y de esa manera demorar el inicio del juicio".
"El país aún tiene un agujero negro sobre la dictadura, como Alemania lo tuvo sobre el nazismo", enfatizó Muleiro, autor además de una biografía sobre el dictador Jorge Rafael Videla.
La periodista e historiadora Maria Seoane coincidió en que "los fantasmas del pasado circulan aún por los pasillos de los tribunales", y analizó que "la genealogía del mal" de la dictadura persiste en algunos cenáculos económicos y en el Poder Judicial, "que sigue siendo el más conservador de los poderes del Estado".
"La democracia argentina no estará definitivamente consolidada hasta que se democratice el Poder Judicial", advirtió Seoane, al analizar la supervivencia de los bolsones autoritarios heredados de la dictadura, pese a los 28 años de gobiernos constitucionales que se han sucedido desde diciembre de 1983 en el país.
Los panelistas remarcaron que en el golpe militar de 1976 "primaron los intereses económicos sobre los ideológicos", aunque la excusa fue "el peligro subversivo y comunista" que acechaba supuestamente al país a través de las organizaciones guerrilleras, por entonces diezmadas y en retroceso.
"Sólo se trató de ganar plata", enfatizó Seoane, mientras que Muleiro y Pigna recordaron la influencia del ex ministro de Economía de la dictadura, José Martínez de Hoz, con su modelo neoliberal que pese a los años transcurridos aún pervive con la Ley de Entidades Financieras, jamás derogada o reemplazada por los gobiernos constitucionales.
Pigna se refirió al "Estado convertido en saqueador" durante la dictadura, que recurrió también al método de los secuestros extorsivos con los empresarios que pudieran resultar molestos para Martínez de Hoz.
La Corte Suprema de Justicia de Argentina recién en abril de 2010 declaró inconstitucional el indulto con el cual el ex presidente Carlos Menem benefició en 1990 a Martínez de Hoz, actualmente imputado por la detención ilegal del empresario Federico Gutheim en noviembre de 1976, entre otros delitos de lesa humanidad.
"Los responsables civiles de los golpes militares pertenecen a clubes oligárquicos desde 1930 y se repiten como funcionarios de los gobiernos militares, pues son enjambres ideológicos que compartieron la aniquilación de la democracia", completó Pigna.
El debate en la Feria del Libro coincidió con el fallo emitido el viernes por la Unidad Fiscal de La Plata -60 kilómetros al sur de Buenos Aires- que declaró "crimen de lesa humanidad" la transferencia "compulsiva" por la "intervención directa de la Junta Militar a través de maniobras extorsivas" de la empresa Papel Prensa a los tres principales diarios del país, Clarín, La Nación y La Razón, en 1977.
La Unidad Fiscal consideró que existen pruebas de que el dictador Jorge Rafael Videla y su ministro Martínez de Hoz, recurrieron a "amenazas extorsivas, secuestros y torturas" contra los miembros de la familia de David Graiver, para que transfirieran las acciones de Papel Prensa. El banquero David Graiver, acusado de recibir dinero de la organización guerrillera Montoneros, falleció en un extraño accidente de aviación el 7 de agosto de 1976, cuando se aproximaba al aeropuerto de Acapulco, México.
FuentedeOrigen:AnsaLatina
Fuente:Agndh
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