Juicio contra represores en Entre Ríos: Organizan tareas de protección para testigos
Lunes, 09 de Mayo de 2011
Ante la proximidad del primer juicio oral y público por delitos de lesa humanidad que se desarrollará en Entre Ríos a partir del 27 de julio, se está organizando la protección y acompañamiento de las personas que prestarán testimonio.
La ley de creación del programa de protección a testigos en procesos penales por delitos de lesa humanidad se sancionó en diciembre de 2010 y se promulgó en marzo. El programa se enmarca en la experiencia que se viene desarrollando desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación por impulso de los organismos a raíz del impacto que causo en los testigos la desaparición de Jorge Julio López en 2006. Replica dispositivos existentes en otras provincias y prevé "el acompañamiento, asistencia y protección de testigos, querellantes, víctimas y operadores intervinientes". Sostén y respaldo por parte de un equipo interdisciplinario –antes, durante y después del testimonio– y custodia policial en los casos en que el testigo corra algún tipo de peligro, constituyen sus ejes.
La Secretaría de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la provincia será el organismo que contenga al programa, que se conformará con profesionales de diversas ramas. Además, se establece la articulación en la Policía de Entre Ríos de una unidad especial para las acciones de protección que puedan requerirse.
Lucila Haidar, secretaria de Justicia del gobierno provincial, informó que se está elaborando un decreto reglamentario, que estará listo en cuestión de días. "Estamos trabajando para darle una base reglamentaria a la ley a fin de poder tener a disposición en paralelo al inicio del primer juicio las herramientas que logren consolidarse en este tiempo breve que tenemos por delante", expresó.
En la tarea se trabaja "estrechamente" con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a fin de lograr una articulación con los dispositivos que funcionan a nivel nacional. "Más allá de la reglamentación de esta norma, se trabaja en forma integral para dar cumplimiento al compromiso asumido por el gobernador Sergio Urribarri con el desarrollo de las causas desde el primer día de su gestión, cuando su instrucción fue que accionemos desde el Estado provincial para acompañar los juicios y garantizar que todo el proceso se lleve adelante con normalidad", puntualizó Haidar.
Los acusados del primer juicio entrerriano son seis represores, entre los que sobresale Albano Harguindeguy, ministro del Interior de la dictadura, que por primera vez enfrenta un proceso de esta naturaleza. Ramón Díaz Bessone, ex jefe del II Cuerpo de Ejército; Juan Valentino, ex jefe del Regimiento Gualeguaychú; Naldo Dasso, ex jefe del Regimiento Concordia; y Julio César Rodríguez y Francisco Crecenso, ex policías federales, todos con arresto domiciliario, completan la nómina de acusados.
Se espera que presten declaración unos 100 testigos, a lo largo de aproximadamente cuatro meses de audiencias que se realizarán tres días a la semana en la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná.
La psicoanalista Fabiana Rousseaux es directora del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos "Dr. Fernando Ulloa", dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación. Desde allí se articulan acciones en red entre el Estado nacional y las provincias para garantizar la asistencia y el acompañamiento de los testigos en los juicios que se llevan adelante en el país.
"A partir de esta política pública de reapertura de las causas, diseñamos estrategias de intervención acordes a cada juicio, que tienen sus modos y sus particularidades", explicó la profesional a LT 14.
"Cuando comenzaron a reabrirse las causas en Argentina, no estaba preparado el sistema judicial, ni los profesionales de la salud mental ni del derecho, para abordar la especificidad que todo esto tiene. Cada caso demanda el diseño de una estrategia de intervención que sea la mas pertinente", precisó.
Contó Rousseaux que en Entre Ríos se trabaja en conjunto con la Subsecretaría de Derechos Humanos y el Registro Único de la Verdad en varios aspectos, entre los que se destacan el fortalecimiento de la red de acompañamiento profesional y asistencia en centros públicos y la capacitación en las universidades de residentes que puedan incorporarse a los dispositivos. "Además, se busca instalar el tema y sensibilizar a nivel social", añadió la psicoanalista. Y anticipó la posibilidad de que a través de convenios con elma: Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) pueda realizarse la transmisión de los juicios en espacios públicos como se está haciendo en otros lugares del país.
En Entre Ríos, la licenciada en Ciencias Políticas Débora Grand y la psicóloga Aranzazú Ormache son quienes representan al centro Ulloa. Según una minuta de trabajo difundida a la prensa en los últimos días, se están estudiando las causas y conociendo las declaraciones de quienes hayan prestado testimonio con anterioridad para luego revisarlas junto a los testigos.
También se están relevando recursos para organizar el traslado y alojamiento de los testigos y sus familiares. Y junto a quienes integran la Subsecretaría de Derechos Humanos, el Registro Único de la Verdad y la Comisión Provincial por la Memoria se están manteniendo reuniones semanales para trabajar en distintos planos, atento a la proximidad del inicio de las audiencias.
Fuente:ElDiario
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