APELARON EL SOBRESEIMIENTO QUE BENEFICIÓ A VIDELA y MENÉNDEZ.

Están acusados de delitos de lesa humanidad y económicos durante la dictadura
Apelaron sobreseimiento que benefició a Videla y Menéndez
Publicado el 15 de Junio de 2011
La Cámara de Apelaciones debe resolver si los vuelve a imputar en los secuestros y torturas infligidas a 29 personas para apropiarse del Grupo Mackentor, propiedad de Natalio Kejner.

La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba encabezó ayer una audiencia para tratar el sobreseimiento de Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez por el secuestro y torturas de empleados de la empresa cordobesa Mackentor, constructora usurpada por militares entre 1977 y 1983.
En la audiencia de ayer se trató la apelación presentada por el Ministerio Público Fiscal luego de que el ex dictador y el ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, entre otros, resultaran sobreseídos por abuso de poder, allanamiento ilegal de domicilio, robo calificado, privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos a accionistas y empleados de Mackentor.
El martes próximo la Cámara Federal, integrada por los camaristas Abel Sánchez Torres, Octavio Cortés Olmedo y Roque Ramón Rebak, continuará con el debate. La semana próxima será el turno de los querellantes particulares en la causa luego de que ayer intervinieran el Fiscal General, Alberto Lozada y parte de las defensas de los 15 imputados: además de Videla y Menéndez, Hermes Oscar Rodríguez, Ernesto Guillermo Barreiro, Eduardo Porfidio Ríos, José Luis Yáñez, Enrique Alfredo Maffei, Jorge Exequiel Acosta, Luis Alberto Manzanelli, Carlos Alberto Díaz, Carlos Alberto Vega, José Andrés Tofalo, Ricardo Alberto Ramón Lardone, Arnoldo José López, Héctor Raúl Romero y Ángel Corvalán.
El 26 de abril de 1977, tropas que respondían al entonces general Luciano Benjamín Menéndez allanaron todas las empresas del grupo Mackentor (Mackentor SA, Del Interior SA y Horcen SA), presidido por Natalio Kejner, quien logró huir del país, mientras que 29 personas fueron secuestradas, entre ellas directivos, sus familiares, gerentes y empleados.
Los detenidos fueron trasladados a los centros clandestinos de detención cordobeses La Ribera y La Perla, donde fueron torturados. Entre ellos estuvo Marta Kejner, hermana del presidente de la empresa, quien fue secuestrada y permaneció detenida durante seis meses para forzar la entrega de su hermano.
El argumento utilizado por las autoridades militares para ocupar la empresa era que había una “fuerte presunción” de que funcionaba como “verdaderas colaterales de organizaciones subversivas y que servían como apoyo financiero a la subversión”.
Así argumentaron una presentación realizada ante el juez federal Adolfo Zamboni Ledesma, donde además reclamaban la “urgente intervención judicial” de las empresas de Mackentor, y “que se le adjudique al Ejército el manejo total y absoluto de sus respectivas administraciones”.
El juez de la dictadura, ya fallecido, accedió al pedido y las empresas estuvieron bajo control militar hasta el año 1985, fecha en que su presidente y principal accionista, Natalio Kejner, pudo regresar a la Argentina y encontrar las consecuencias de la usurpación militar: la quiebra económica del grupo Mackentor y de las empresas que lo integraban.
Tanto Videla como Menéndez tienen en su haber condenas a cadena perpetua en la provincia de Córdoba. Los dos fueron sentenciados a la pena máxima el año pasado en la causa por el fusilamiento de 31 presos políticos de la Unidad Penitenciaria 1.
Menéndez tiene además otras dos condenas a perpetua en esa provincia (seis en todo el país): la primera de ellas la recibió en el año 2008, por delitos cometidos en el Centro Clandestino de Detención La Perla y su segunda, en diciembre de 2009, por el secuestro y asesinato del ex subcomisario Ricardo Albareda.
Fuente:TiempoArgentino