Año 4. Edición número 159. Domingo 05 de junio de 2011
Por Daniel Cecchini
La Cámara Federal de San Martín convocó a una audiencia previa antes de resolver si ratifica la decisión de extraer de manera compulsiva sangre a los hijos adoptivos de la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, para realizar estudios de histocompatibilidad y determinar si fueron apropiados durante la última dictadura militar. La sala II del Tribunal de Apelaciones convocó para el próximo jueves a todas las partes con el fin de escuchar argumentos y podrá resolver ese mismo día o fijar nueva fecha para dar a conocer su decisión.
El jueves a la 4 de la tarde, Marcela Noble Herrera abordó en Aeroparque el vuelo 110 de Pluna con destino a Uruguay. Al escribirse estas líneas, su hermano Felipe seguía en Buenos Aires. Unas horas antes, la Sala II de la Cámara de Casación Penal –integrada por Guillermo Yacobucci, Raúl Madueño y Luis García– había dado a conocer el polémico fallo que, por un lado, ordenó que los hijos adoptados irregularmente por Ernestina Herrera de Noble se sometieran “a la extracción directa, con o sin consentimiento, de mínimas muestras de sangre, saliva, piel u otras muestras biológicas” para determinar si son hijos de desaparecidos, pero, por el otro, restringió el universo de perfiles genéticos existente en el Banco Nacional de Datos del Hospital Durand con el que pueden ser comparadas las muestras de los dos jóvenes. En el caso de Marcela, su ADN sólo podrá ser comparado con el de los familiares de las personas “detenidas o desaparecidas con certeza” hasta el 13 de mayo de 1976; en el caso de Felipe, el límite se extiende hasta el 7 de julio de ese mismo año.
A pesar de confirmar la extracción compulsiva de material genético ordenada por la jueza Sandra Arroyo Salgado, el fallo de los camaristas aporta un ladrillo más a la pared judicial que sostiene la impunidad de la directora de Clarín en una causa que ya cumplió diez años y un mes desde que la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo presentó la primera denuncia ante el ex juez Roberto Marquevich, el 30 de abril de 2001. Las fechas fijadas como límites no hacen otra cosa que avalar esta impunidad, ya que son las mismas que figuran en los expedientes de las adopciones truchas que Ernestina realizó en el Juzgado de Menores N°1 de San Isidro, a cargo de la fallecida jueza Ofelia Hejt. En otras palabras, los jueces de la Sala II les dan crédito a documentos que la Justicia ya ha demostrado que contienen datos falsos. Tan falsos que, por las irregularidades cometidas en esas adopciones, el ex juez Marquevich ordenó, el 17 de diciembre de 2002, la detención de la viuda de Noble.
Miradas al Sur ya ha publicado en reiteradas ocasiones en qué consistieron esas irregularidades, pero conviene reiterarlas para poner en blanco sobre negro lo insostenible del fallo de los jueces Yacobucci, García y Madueño. Ahí van: a) Ernestina Herrera de Noble declaró que dos personas habían visto que una beba (Marcela) había sido dejada en la puerta de su casa el 2 de mayo de 1976, pero esas dos personas la desmintieron; b) También dijo que una de esas personas (Yolanda Echagüe de Aragón) era su vecina cuando en realidad no vivía en esa localidad, y que la otra (Roberto García) era el “cuidador de una finca vecina”, pero se comprobó que era su chofer personal; c) La persona que se identificó como Carmen Luisa Delta y que supuestamente concurrió al Tribunal de Menores con la intención de “entregar a su hijo (Felipe) en adopción”, brindó un nombre y un número de documento (correspondiente a una persona de sexo masculino) que no eran los suyos. Además, nadie intentó corroborar que efectivamente fuera la madre de la criatura; d) La viuda de Noble dijo que vivía en San Isidro, dando un domicilio distinto al que efectivamente tenía, en Avenida del Libertador 3752, en laCapital Federal. Esta cuestión invalida la competencia del tribunal que intervino en el trámite de adopción; e) Se omitió el sistema de turnos para que la guarda del niño (Felipe) quedara radicada en el mismo tribunal que la de la niña (Marcela); y f) Se inscribió a ambos niños con el mismo apellido (Noble Herrera), de acuerdo con una legislación (los artículos 45 del Decreto Ley 8.204 y 76 de la Ley 5.725) que había sido derogada desde siete años antes.
Con esta última maniobra, la directora de Clarín habría obtenido sustento “legal” para quedarse con la propiedad del diario fundado por Roberto Noble (cuyo apellido llevan los jóvenes, a pesar de que el hombre había muerto años antes dejando una hija de un matrimonio anterior, Guadalupe). Por eso, también, Ernestina se habría asegurado de “adoptar” a dos niños de los que tenía la seguridad de que carecían de familiares directos. A dos hijos de desaparecidos por el terrorismo de Estado.
Al fijar como fechas límite las de las partidas de adopción truchas de los dos jóvenes –es decir, dos fechas por lo menos inciertas, que reducen la cantidad de familias con las que pueden compararse las muestras–, los jueces de la Sala II no sólo entorpecen la posibilidad de que éstos recuperen sus verdaderas identidades. También avalan, directa o indirectamente, las irregularidades cometidas en las adopciones.
El ADN de los jueces.Guillermo Yacobucci, quien como presidente del Tribunal leyó el fallo, es un viejo conocido de los organismos de derechos humanos. Y no precisamente por sus esfuerzos para establecer la verdad, recuperar la memoria y hacer justicia. Entre 1977 y 1978, mientras terminaba su carrera universitaria –se recibió de abogado en 1980 y de inmediato entró al Poder Judicial–, fue colaborador de la revista Cabildo, nacida como órgano de la ultraderecha peronista y devenida, por entonces, en vocera de los sectores más recalcitrantes del aparato cívico-militar de la dictadura. Sus artículos se codeaban con los de los genocidas Adel Vilas y Ramón Camps. Tal vez en memoria de aquellas encendidas colaboraciones periodísticas, en diciembre de 2008, como subrogante de la Cámara, firmó la liberación de una veintena de represores, entre ellos Astiz, Acosta y Pernías, y el ex juez federal Víctor Brusa, acusado de presenciar torturas. Los dos camaristas fundamentaron la medida –que luego fue revocada– en que habían vencido los plazos para que permanecieran detenidos sin condena. Su colega Luis García también rubricó el fallo, mientras el tercer juez, Guillermo Mitchell, se pronunció en minoría por la continuidad de las prisiones preventivas. Al justificar la excarcelación, Yacobucci se quejó –no se sabe si haciendo gala de fina ironía– de la lentitud de la Justicia.
Raúl Madueño fue presidente de la Asociación de Magistrados a fines de los ’90, en representación de la Lista Blanca, calificada por el mismísimo diario La Nación como “tradicional y conservadora”. Pero su apellido tiene otras resonancias en el ámbito judicial y de los derechos humanos. Su hermano, el ex juez federal de Bahía Blanca Guillermo Federico Madueño, fue detenido en noviembre de 2009, cuando estaba prófugo de la Justicia, acusado de delitos de lesa humanidad, entre ellos los de admitir las torturas y negar sistemáticamente recursos de habeas corpus durante la última dictadura. Murió impune en agosto del año pasado. Otra muestra de la lentitud de la Justicia denunciada (¿?) por Yacobucci.
Una lentitud judicial a la que, junto con sus colegas García y Madueño acaba de contribuir con un fallo que sigue complicando una causa que ya lleva más de diez años.
Fuente:MiradasalSur
Marcelo Gaitán: “No descartamos acudir a la Corte Suprema”
Año 4. Edición número 159. Domingo 05 de junio de 2011
Por Mariano Abrevaya Dios
El abogado de Abuelas analiza el fallo de la Cámara de Casación en la Causa Noble Herrera y anticipa los caminos de la querella.
Dentro de la oficina del equipo jurídico de las Abuelas de Plaza de Mayo se respira un aire militante. La vorágine política y mediática que desató el fallo de la Cámara de Casación, en la causa “Noble Herrera”, obligando a los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble a realizarse exámenes de ADN, atravesó las paredes del caserón de las Abuelas, pero Mariano Gaitán y Alan Iud trabajan como todos los días. Leen, con la semblanza de un universitario, y cada uno en su escritorio, las sesenta páginas del fallo. A su alrededor suenan los internos, los celulares, y otros compañeros del equipo entran y salen para consultar información o dejar papeles. Todos y todas rondan los treinta años. Gaitán le ofrece una silla a Miradas al Sur, entrelaza los dedos sobre el escritorio, toma aire, y realiza –a lo largo de casi una hora– una lectura técnica, en nombre del equipo, y de las Abuelas, del nuevo capítulo que acaba de montarse sobre una historia de interés público que ya tiene más de diez años recorriendo el laberinto judicial argentino.
“La primera cuestión a destacar es que estamos ante un fallo muy importante, porque se le dio respuesta, y de un modo muy contundente, a la discusión central que arrastra esta causa: si Marcela y Felipe tienen derecho, o no, a que se investigue su identidad. Este es el punto neurálgico sobre el que se viene trabajando hace tanto tiempo”, define Gaitán. “La cámara de Casación falló, finalmente, en sintonía con la pretensión de las Abuelas, la querella y también la fiscalía. A través de un desarrollo muy consistente, dejaron establecido de manera clara que ninguna persona tiene un derecho absoluto a frenar una investigación, o peor aún, a que no se investigue. Por lo tanto”, continua, “Casación convalidó la medida ordenada por la jueza federal Sandra Arrollo Salgado, quien sostenía que debía ser tomada una mínima muestra de saliva, sangre o cabellos, incluso sin el consentimiento de los jóvenes, para realizar un cotejo en el Banco Nacional de Datos Genéticos”.
El fallo de Casación, entonces, “es por definición, razonable y proporcionado”, porque por medio de su letra se desprende que la prueba genética es imperiosa para saber si los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble son hijos de desaparecidos. “Es decir”, reflexiona Gaitán, “que la limitación de los derechos de Marcela que supone una extracción impulsiva de sangre, no es excesiva en relación a los intereses que se pretenden superar, esto es los derechos de las posibles familias que los están buscando hace treinta años”. Siguiendo línea de lo razonable y lo proporcionado, agrega que también está en juego el interés de la sociedad por llegar a la verdad de lo que podría ser un delito de lesa humanidad, y la necesidad de investigarlo para que no quede impune. “Por último”, remarca, “la Cámara falla en función de una serie de compromisos internacionales que el Estado argentino tiene para esclarecer este tipo de hechos”. Nunca antes, en la dilatada historia de la causa, se había subrayado con tanta claridad los conceptos que menciona Gaitán. Y dice: “Hay que destacar esta situación novedosa porque la Cámara de Casación tiene mucha jerarquía dentro de la estructura judicial”.
Hasta acá el punto uno, la pala de cal, o de arena, a la que hiciese alusión durante las últimas horas Estela de Carlotto en los medios de comunicación. “Sin embargo”, retoma Gaitán, mientras una compañera de equipo entra, revisa un papel y vuelve a salir, “el fallo también tiene un costado que leemos como negativo, que nos preocupa mucho, y que tiene que ver con la limitación que se ha fijado para el universo de las familias con las que se debería cotejar la información genética de Marcela y Felipe. Y acá surgen dos problemas serios”, anuncia. “El primero es que Casación toma como referencia, en relación al limite en el tiempo que imponen, las fechas de las guardas de los jóvenes; el 13 de mayo de 1976 en el caso de Marcela, y el 7 de junio del mismo año para Felipe. “El problema”, argumenta, “es que esas fechas no pueden ser tomadas como indubitadas” –fechas ciertas, aclara–, “justamente porque esos expedientes están seriamente sospechados de haber sido fraguados para justificar una adopción totalmente irregular, hecha, por lo que se ha podido determinar hasta ahora, para que Herrera de Noble se pueda quedar a los jóvenes”. Esta situación fue comprobada en el año 2002, cuando la causa estaba en poder del entonces Juez Federal Roberto Marquevich, y se produjeron irregularidades como las falsas declaraciones de la dueña del Grupo Clarín al sostener que a Marcela la había encontrado en la puerta de su casa, o la presentación de testigos que en un primer momento habrían presenciado el hecho pero que después lo desmintieron.
Ante este cuadro, que grafica parte de lo más oscuro de nuestra historia contemporánea, Miradas al Sur pregunta cómo es que Casación tomó como válidas estas circunstancias. “Ese es uno de los puntos grises del fallo, para nada claros”, afirma Gaitán, “es una de las incógnitas que nosotros tenemos porque no ha quedado debidamente fundamentada”. El otro problema grave que los abogados de Abuelas leen en relación al fallo –pensando incluso en el resto de causas ligadas a la apropiación de menores–, “es el desconocimiento de una norma que está expresamente prevista en el artículo 14 de la Ley 26.548, que reformó y reglamentó, en el año 2009, el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos”. El artículo al que hace referencia Gaitán establece, de manera expresa, “que las muestras de presuntos hijos de desaparecidos que se incorporen al banco deben ser comparadas con el archivo completo de datos genéticos, o sea, con el banco entero de muestras de los familiares que buscan hijos de desparecidos”. “Lo importante”, explica, “es que esta norma no es caprichosa, ni una cuestión antojadiza que se puso ahí porque sí: tiene que ver con la naturaleza de los delitos que se están investigando, crímenes masivos cometidos durante el terrorismo de Estado, en el marco de clandestinidad que ofrecía la represión ilegal, y que aquellos hechos, el día de mañana”, o sea hoy, “sean muy dificultosos de esclarecer”. “Justamente”, continua Gaitán, “aquella impunidad facilitó que hoy que no haya elementos a priori que nos permitan dilucidar con certeza las fechas de nacimiento de los chicos o la fecha de desaparición de los padres. Por eso”, reflexiona, “la única herramienta con la que se cuenta para determinar hechos de manera fehaciente es la genética. La ciencia nos da la respuesta frente a la incertidumbre generada por el modus operandi de la represión ilegal, y por esa razón no resulta razonable fijarle límites al universo de familias. De esta manera, se está desconociendo un aspecto central de este tipo de causas, y aparte”, remarca, “técnicamente es lo mismo cotejar los análisis contra los datos de diez o cien familias”.
Miradas al Sur pregunta cuál es el próximo paso. “Estamos estudiando el fallo, y la estrategia a seguir, y nuestra prioridad, en términos de efectividad, pasa por la variable tiempo. No descartamos la posibilidad de acudir a la Corte Suprema de Justicia”, sentencia. En relación a la defensa de Herrera de Noble, Gaitán no tiene dudas. Van a apelar la medida “porque a lo largo de la causa siempre fue esa la estrategia: presentar todos los recursos posibles y llegar a la Corte”. El mismo tiempo que el equipo de abogados de las Abuelas quiere ganar, es el que la defensa quiere estirar hasta tu máxima expresión. En cuanto a la aparente salida del país de Marcela a las pocas horas del fallo, Gaitán dice que “no hay que magnificar la situación porque la medida de Casación todavía no está firme, por lo cual no tienen ningún tipo de restricción referida a sus movimientos, y puede entrar y salir del país como cualquier ciudadano”.
Alan Iud se suma a la conversación. Su figura es más conocida que la de su compañero, pero aclara que el trabajo es conjunto y de igual a igual, por más que algunos estén más acostumbrados a las cámaras que otros. La causa Herrera Noble, coinciden, les saca el cuarenta por ciento de su tiempo, teniendo que dejar de lado, a veces, el seguimiento de todo el abanico de causas por apropiación que tienen a su cargo. “Hay noches que prácticamente no dormimos, o que nos enloquecemos con un escrito, y la verdad es que lo hacemos por convicción militante.” No sucede lo mismo, quizás, con el ejército de abogados de la defensa de Noble –los estudios de Gabriel Cavallo, Alejandro Carrio, Jorge Anzorregui y Eduardo Padilla Fox–, para quienes, seguramente, la dueña de Clarín sea una clienta a la que tratan en términos de cifras. Ninguno de los dos abogados esperaba el límite temporal impuesto por Casación para cotejar los datos en el Banco. Iud comenta que “fue una sorpresa total; la Cámara lo estableció por oficio ya que ninguna de las partes lo había solicitado”. “Estela está al tanto de todos los detalles de la causa”, cuenta Gaitan, ya de pie, pero con el mismo tono reflexivo de hace un rato, “y trabaja a la par nuestra. Tiene una fuerza impresionante”.
Fuente:MiradasalSur
ALAN IUD, ABOGADO DE ABUELAS DE PLAZA DE MAYO, EXPLICA EL FALLO SOBRE EL ADN DE LOS NOBLE HERRERA
“Tiene más de bueno que de malo”
El representante de Abuelas resalta que el máximo tribunal penal del país dijo que hay “elementos suficientes que justifican un análisis” de ADN. De todas formas, cuestiona por “arbitrario” el límite puesto a las muestras. Analizan si recurrir a la Corte.
Por Irina Hauser
La sala II de la Cámara de Casación Penal tomó una decisión de enorme relevancia –tratándose del segundo tribunal en jerarquía del país– al ordenar que Marcela y Felipe Noble Herrera se sometan “a la extracción directa, con o sin consentimiento” de “mínimas muestras” que contengan su ADN para poder determinar si son hijos de desaparecidos. Sin embargo, la misma resolución sembró obstáculos para llevar esos estudios a la práctica al limitar la comparación de los perfiles genéticos de los jóvenes con los de un grupo acotado de familias, aquellas cuyos parientes hubieran desaparecido “con certeza” antes de la entrega en guarda de los niños a Ernestina Herrera de Noble. Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, explica por qué interpreta que “el fallo tiene más de bueno que de malo” y aun así está pensando en apelar ante la Corte Suprema, algo que también harían los hijos adoptivos de la dueña de Clarín. Pese a que es una sentencia “arbitraria”, con aristas que contrarían la ley y amagan con producir nuevas dilaciones, Iud rescata que “Casación reconoce que hay elementos suficientes que justifican un análisis” para conocer la verdad sobre su identidad.
–Al final, ¿qué debemos pensar, estuvo bien o mal el fallo de Casación?
–El núcleo es bueno, pero las consecuencias que produce son negativas. El objetivo de obtener el perfil genético de Marcela y Felipe Noble se consigue. Pero la posibilidad de contrastarlo con todos los datos del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) no se cumple. Por esto digo que tiene puntos buenos y malos, aunque tiene más de bueno que de malo. La ley 26.548 dice que cuando se hacen análisis genéticos para identificar a hijos de desaparecidos se debe entrecruzar la información con todos los datos del banco. Lo llamativo es que en un fallo que fundamenta con minuciosidad por qué hay que obtener las muestras de sangre, piel, saliva, cabello u otras con o sin consentimiento, no justifica por qué se apartan de la ley. Esto hace que en términos técnicos el fallo sea arbitrario.
–¿La ley está por encima de lo que resuelva la Justicia?
–Un tribunal aplica las leyes y sólo puede apartarse de lo que dispone una ley si la declara inconstitucional. En el fallo de la Casación se aplica la ley de ADN, pero se desconoce la ley del BNDG sin fundamento.
–¿Qué problemas genera el límite temporal?
–Casación toma por ciertas las fechas que surgen de los dos expedientes que contienen elementos que está probado que son falsos. Su propio fallo reseña esas irregularidades. Esto muestra una contradicción. Segundo, pone un límite demasiado preciso: deja afuera todas las desapariciones posteriores a mayo y julio de 1976, y todas las que no se hayan producido con “certeza”, dicen, hasta esa fecha. Sería distinto si excluyeran los casos del año 1979, cuando ya estaba totalmente claro que Ernestina Herrera de Noble estaba con Marcela y Felipe porque salieron en la tapa de Clarín. Deja afuera muchos casos en los que puede haber dudas sobre el momento de la desaparición. A esto se agrega otro posible impacto negativo, ya que no está claro quién definiría la “certeza” de que una desaparición se produjo en tal o cual fecha.
–¿Cuántas familias dieron muestras de ADN al BNDG y cuántas entrarían en el recorte que establece Casación?
–En el BNDG hay ADN de 198 familias de chicos que falta encontrar. Por supuesto está también el de los 104 ya restituidos. En el entrecruzamiento que ordena Casación entrarían en principio 36 familias para Felipe y 23 para Marcela.
–¿Siempre se hizo la comparación con todo el banco?
–La práctica fue comparar con todo el banco. Limitar los estudios a ciertos grupos familiares es un mal precedente y desconoce el carácter clandestino y masivo que tuvo el terrorismo de Estado, por el cual muchas familias desconocen las fechas de las desapariciones. Por otro lado, es preocupante que el voto del juez (Luis) García deja una duda sobre si las muestras de ADN de Marcela y Felipe pueden quedar o no en el BNDG. Dice que como la jueza de primera instancia nada de eso resolvió entonces él no se expide. La jueza nada tenía que resolver. En esto también se aparta de la ley. Sólo si las muestras quedan en el banco podremos hacer comparaciones con familias que se incorporen con posterioridad.
–Da la impresión de que Casación quiso dejar contentos a todos, pero no dejó conforme a nadie. ¿Alguien resulta beneficiado con este fallo?
–Salimos mucho mejor parados nosotros. El fallo reconoce el núcleo de nuestra posición: la identidad de estas personas se tiene que esclarecer. Si uno mira los precedentes de la propia Cámara de Casación, que en viejos casos rechazó la obligatoriedad de los análisis de ADN, también salimos fortalecidos. Igual que si analizamos el perfil de los jueces que fallaron en este caso (García, Guillermo Yacobucci y Raúl Madueño), que no sustentan activamente el avance de las causas por violaciones a los derechos humanos. Han dispuesto el cese de las prisiones preventivas de los represores Alfredo Astiz y Jorge “Tigre” Acosta y hasta negaron en otro expediente el rol de querellantes a los organismos de derechos humanos. Pero tampoco ha sido ésta una postura uniforme. Yacobucci y García fueron los primeros en declarar que un chico apropiado durante la dictadura es un desaparecido. Lo que hicieron respecto de Marcela y Felipe fue aplicar la ley, no hay que felicitarlos por eso sino cuestionar lo que recortaron, que nadie se los pidió y no tiene fundamento sólido.
–En definitiva, dejaron más problemas que certezas.
–Da la sensación de que quisieron mandar un mensaje de cierta ecuanimidad o tener un gesto hacia la posición de los abogados de Marcela, Felipe y Ernestina Herrera de Noble. Pero desatendieron el impacto que esto puede tener en esta y otras causas: abrirá la discusión sobre qué familias quedan incluidas para comparar los perfiles genéticos e invita a que en cualquier otro caso de apropiación (y todos son tan importantes como éste) las personas que no se quieren hacer el estudio y sus apropiadores exijan un análisis limitado.
–¿Qué piensan hacer para tratar de revertir estos efectos del fallo?
–Evaluamos presentar un recurso extraordinario para que intervenga la Corte Suprema. El tiempo que puede demorar en expedirse la Corte igual se va a perder porque los abogados de Marcela y Felipe van a recurrir. Hay otras alternativas, que son presentaciones ante la misma Casación para aclarar esta cuestión del límite. Pero además, advertimos que no hay un criterio uniforme en los votos de los tres jueces sobre qué grupo de casos quedarían incluidos o excluidos en el análisis. Cada uno dice algo distinto. Esas discordancias, en una sentencia que en otros aspectos es muy meticulosa, hacen pensar que la cuestión del límite fue introducida a último momento.
–Los abogados de Marcela y Felipe dicen que no son ellos los que tratan de dilatar el expediente sino que acusan a las querellas.
–Es una falacia notable. Ellos cuestionan que nos opusimos a que se hicieran un tipo de análisis que plantearon en 2003, cuyo único fin era que no se llegue a la verdad. En diciembre de 2009 dieron muestras de sangre y saliva ante el Cuerpo Médico Forense, un organismo que estuvo intervenido por la Corte por sospechas de corrupción. Dos muestras quedaron allí pero no se acreditó en qué lugar preciso se reservaron ni su traslado al BNDG. No sabemos si fueron cambiadas. La otra muestra quedó en el juzgado de Conrado Bergesio hasta quince días después de ser apartado. Estaba en la caja fuerte, que apareció con la manija rota. Su secretario dijo que se le rompió por accidente. Es el hijo de Fernando Goldaracena, abogado de represores de la Marina. Todo esto, más las irregularidades en los allanamientos de los dos últimos años, hicieron que hoy estemos buscando nuevas muestras de ADN.
–Los abogados de los hermanos dijeron, a través de Clarín, que el fallo de Casación contradice la jurisprudencia de la Corte. ¿Es así?
–Claramente el fallo de Casación no contradice a la Corte. La reinterpreta en conjunto con la ley que regula la obtención de ADN. En el caso de (Emiliano) Prieto surge que si no se puede obtener ADN por medios alternativos en última instancia se pude recurrir a una extracción compulsiva. En Prieto la Corte dijo no a la extracción porque no se habían agotado otros caminos.
–¿Y cuál es la diferencia entre el caso Noble y el de Prieto? ¿Por qué ahora la Corte debería hacer lugar a la extracción?
–En el caso de Marcela y Felipe ya se agotaron los medios alternativos. Hubo dos intentos de obtener su perfil genético en allanamientos, pero hubo irregularidades y las muestras no son indubitables. La sangre que dieron ellos también está en duda. Además, el fallo de Prieto es de agosto de 2009, antes de la ley de ADN, lo que implica que algunos de los jueces van a tener que reformular sus votos.
–Cómo están dadas las cosas, la extracción de ADN de Marcela y Felipe no va a ser ni mañana ni en poco tiempo. ¿Cuándo se podrá saber la verdad?
–No se podrá hacer ningún tipo de análisis mientras la Corte no se pronuncie y la Corte no tiene plazos. Después de que se llegue a la verdad, dependerá también de que los padres de cada uno de ellos sean algunos de los desaparecidos cuyos familiares dieron muestras de ADN al BNDG. Todavía se siguen incorporando grupos familiares y se detectan casos de mujeres (cuarenta en los últimos cinco años) que no se sabía que estaban embarazadas al momento de ser secuestradas. Otra posibilidad es que no sean hijos de desaparecidos y que sean producto del tráfico de niños.
–¿Ustedes por qué creen que son hijos de desaparecidos?
–Está acreditado que la guarda fue irregular (con varios testigos falsos) y que la jueza que los dio es la misma que entregó a Andrés La Blunda, hijo de desaparecidos. Esto sugiere que se quiso esconder el origen de los niños. Como se sabe, en esa fecha ya estaba en marcha el plan sistemático de apropiación de menores. Además, son públicos los vínculos de Clarín con la dictadura. La propia Ernestina Herrera de Noble reconoció la posibilidad de que sean hijos de desaparecidos en una carta que publicó en su diario en enero de 2003. Sólo ella sabe la verdad y alguna gente que falleció. Casación reconoce que hay elementos suficientes para sostener la hipótesis de que podrían ser hijos de de-saparecidos que justifica la necesidad de un análisis.
Fuente:Pagina12
Causa Noble
“Es un límite caprichoso tomado de un expediente trucho”
Pablo Llonto, abogado querellante, habló del fallo de la Cámara de Casación que impuso un límite para contrastar las muestras de ADN de Marcela y Felipe. “La fecha excluye a una de las familias querellantes” dijo.
03.06.2011
Respecto al los por qué de la decisión de lo jueces de avalar la extracción compulsiva pero limitarla, el abogado dijo que “los jueces le tienen pánico al Grupo Clarín sino no se entiende por qué un expediente como éste lleva 10 años. Ésto va a ir a la Corte seguramente por apelación de sus abogados, suponiendo que la Corte confirma el fallo, baja nuevamente el expediente al juzgado y alguien debe hacer la lista de las familias con las que se va a comparar, la lista se presenta a los abogados de Clarín y ellos van a decir que no hay certeza sobre al fecha de alguna familia, por cada una van a apelar y así seguimos, siguen logrando la impunidad biológica y estirando las cosas”.
En tal sentido Llonto expresó que “Ernestina de Noble está para cumplir 86 años, lo que hacen es dilatar las cosas para que cuando se haga el análisis la principal imputada haya fallecido, ya no nos chupamos mas el dedo con ésto".
Por otra parte, acerca de los precedentes de la Corte en temas similares que da Clarín, Llonto señaló que " Clarín miente, porque los precedentes de la Corte con anteriores a la nueva ley de Banco Genético, la Corte en el tema de la nueva ley está virgen, no ha emitido ninguna resolución al respecto, en este caso Clarín miente, ahora la Corte va a decidir en base a la nueva ley".
Fuente:Diarioregistrado
Entrevista al médico claudio capuano
“La apropiación de niños buscó mejorar la raza y prolongar el castigo”
Publicado el 5 de Junio de 2011
Por Daniel Enzetti
Siempre ocurre que en los procesos represivos uno ve el producto final –explica Capuano–, pero no la génesis, el origen y el desarrollo de esa metodología. Y un ejemplo es lo que llamamos “plan sistemático”: los juicios están demostrando que el secuestro de criaturas, los partos clandestinos y las adopciones irregulares no fueron obra de un grupo de militares locos, sino partes de un entramado creado con un fin. Pero ese plan no nació de la nada, tiene antecedentes que la dictadura investigó y estudió para ponerlo en funcionamiento en la Argentina.
Para el docente, la sistematización del robo de recién nacidos y el asesinato de embarazadas “se inspiró sobre todo en la política trazada por Francisco Franco en la España de la República, y las tareas de los ejércitos de ocupación en Vietnam y Argelia. La dictadura de Jorge Rafael Videla, yquienes la continuaron, también copió distintas modalidades de sometimiento. No olvidemos que esa camada de uniformados había sido instruida en la Escuela de las Américas, y aprendido de los distintos períodos históricos que fue viviendo el país vinculados a la opresión y el genocidio a opositores políticos”.
–¿Es posible fijar un comienzo en el tiempo si se habla de apropiación de niños?
–La violación a los Derechos Humanos, con represión, se utilizó siempre para generar cambios en las relaciones sociales, con dictadores que piensan una modalidad y eligen a un sector como blanco, sin que nada quede librado al azar. Cuando matás a alguien, cuando lo desaparecés y accionás sobre su descendencia, producís un cambio en esas relaciones sociales, modificás ese medio, y ese es el fin que busca el dictador. No hay un loco desesperado por asesinar, sino gente que planea en una mesa, y conduce a quienes ejecutan, con el fin de construir poder. En el caso de la apropiación de la descendencia, la cuestión se plantea en términos de disputa, donde un bando castiga a su enemigo y prolonga el castigo a los hijos de ese enemigo. En la historia reciente hay varias muestras de hijos utilizados como esclavos. En la conquista del desierto, por ejemplo, los hijos de los adultos de pueblos originarios eran sacados y llevados a las familias patricias para ser usados como sirvientes, incluso quitándoles su condición jurídica y de persona. También se registran cambios en los modos de reprimir. Es distinto el aparato represivo de la Patagonia Trágica del 1900, que asesina a 1700 personas en ejecuciones sumarias sin proceso, que el utilizado en la Semana Trágica, con la muerte de 700 trabajadores. Y esas variantes no ocurren por los que ejecutan, sino que son la consecuencia de quienes piensan la manera de reprimir.
–¿El cambio significa una “perfección” en la forma de oprimir, por llamarla de alguna manera?
–No necesariamente; son cambios que se producen de acuerdo a lo que van necesitando los grupos represores en cada época y en cada geografía. Las dictaduras brasileña, argentina, chilena y uruguaya tuvieron la misma matriz, pero también es cierto que mostraron particularidades distintas.
–¿Cómo se podría describir el modelo represivo en el país?
–En nuestro caso, la represión es un traslado de lo que fueron las experiencias de Vietnam y Argelia, sobre todo en referencia a la desaparición y la instalación de centros clandestinos. Con una diferencia: tanto en Vietnam como en Argelia el avance lo hacían ejércitos de ocupación, mientras que aquí, aunque el país fue “ocupado” por las Fuerzas Armadas, el Ejército era nacional. Empecé a investigar otros antecedentes, sobre todo vinculados a la apropiación de recién nacidos, y concluí en que lo que llamo otredad negativa construida por los militares argentinos tiene lazos muy fuertes de parentesco con lo ocurrido en la España de principios del 1900, y que llega a su punto máximo durante el franquismo. También como en Argelia y en Vietnam, en la Argentina hubo un aumento del aparato de punición, y un fuerte protagonismo del aparato judicial militar, con el aumento de ejecuciones sumarias. Y sumado a todo eso aparece la represión clandestina. Es decir, cuando al disidente no lo pueden “chupar” en forma legal, lo hacen en forma clandestina. Con un aparato organizado: zonas liberadas, trabas para el avance de los habeas corpus, complicidad entre las distintas fuerzas de seguridad para ocultar información, etcétera.
–¿Qué es eso de la otredad negativa?
–Si bien cada proceso histórico es singular, propio y ofrece características distintas, a veces se pueden encontrar similitudes estructurales entre hechos ocurridos en distintos lugares. Es decir, puntos de contacto en la preparación, implementación y consecuencias de un plan de opresión. La preparación es el marco doctrinario, la justificación, la manera de entrenar a una población para dar a conocer tu fuerza represiva y encima lograr que se piense que lo que hacés está bien. En este punto, los militares decían que la dictadura significaba un bien a la patria, dentro del halo del “buen cristianismo”. Justificación que hacía posible que el mismo represor no tuviera culpa por lo que hacía. Hablando de las similitudes estructurales, es verdad que el proceso franquista tuvo rasgos distintos al argentino, pero también presentó puntos en común muy fuertes. Con el aporte de grandes personalidades de la medicina, la salud y la ciencia en general, España fue armando desde comienzos del siglo pasado esa otredad negativa a la que me refería antes: la construcción de un “nosotros” inmaculado, frente a un “otros” que era necesario eliminar de la faz de la tierra. El objetivo fue ejercer el control social sobre la población, con políticas de Estado que previnieran cualquier desviación de lo que ellos consideraban “normal”. La homosexualidad, por ejemplo, escapaba a esa normalidad. Se empieza a hablar de eugenesia, del mejoramiento de la raza, de la aparición de Césare Lombroso y su perfil del delincuente y el revolucionario. Este plan fue diseñado por Antonio Vallejo-Nágera, un reconocido médico psiquiatra referente a nivel mundial en ese momento, que además era comandante militar de Franco. Junto a Ramiro de Maeztu, jerarcas de la iglesia e intelectuales cercanos al ideario fascista, Vallejo-Nágera es el verdadero padre de la teoría del mejoramiento de la raza, construcción que deriva en la apropiación de menores. Todo enmarcado en una época en la cual la ciencia en general era sumamente racista, con un auge positivista que atravesaba la totalidad de las corrientes ideológicas. Otra muestra de la eugenesia era lo que pasaba en Inglaterra y en Francia, donde los negros no podían tener hijos en pos de ese “mejoramiento”. Esas escuelas fueron las que marcaron los fundamentos para el genocidio de Adolfo Hitler y el desarrollo de toda su estrategia de aniquilación. Sin embargo, algunos de aquellos intelectuales y científicos no llegaron al extremo de apoyar ni las castraciones ni la matanza de chicos, y crearon tiempo después la denominada eugenesia social, una suerte de mejoramiento de la raza desde lo cultural. Ahí es cuando aparece por primera vez el término “hispanidad”, y ese es otro punto en contacto con la dictadura argentina, ya que el terrorismo de Estado que irrumpe en 1976 se refiere a lograr una “argentinidad” libre de todo comunismo, ateísmo y terrorismo marxista. Para ellos, era la argentinidad la que nos representaba verdaderamente ante el mundo.
–¿Cuáles eran las características fundamentales de aquella hispanidad?
–Alcanzar una sociedad de caballeros y lograr volver a la España de los siglos XV y XVI, la del catolicismo, la guerrera, la imperial, la inquisidora. Eso empieza a rediseñar una noción de raza no sólo para los mismos españoles, sino también para los latinoamericanos, y en realidad para la totalidad de los hispanoamericanos, la Argentina incluida como eslabón fundamental. Se le da forma a ese “nosotros”, frente a los “otros”, los que están con la Revolución Francesa, los malthusianos, los partidarios de una diversidad cultural que respete al ser humano. Siguiendo con el análisis, todas esas teorías y diseño de medidas que en definitiva eran discriminadoras son las que preparan el caldo de cultivo para la República y la irrupción de Franco en 1936. Y el accionar contra el “otro” es terrible; no olvidemos que el franquismo también tenía campos de concentración donde eran encerrados los prisioneros que se salvaban de ser asesinados. En plena Guerra Civil, Vallejo-Nágera hasta realizó estudios con esos prisioneros y con las mujeres en cautiverio. Era un misógino que llegó a varias conclusiones, y tomó a los republicanos como delincuentes anormales. Trabajo que bajo un matiz “científico” le servía para diseñar verdaderas políticas de Estado. Cuando Franco gana la guerra, es la ciencia la que vela para que esa cultura de hispanidad quedara y se perpetuara como la única posible, legitimando el orden establecido. Aclaro lo del matiz científico, porque es importante: los responsables de llevar esto a cabo, desde la medicina y la sanidad, no eran profesionales sueltos, sino los grandes reconocidos de aquel entonces. Si uno visita hoy la biblioteca de la Facultad de Medicina podrá corroborar que las revistas más renombradas y especializadas del arranque del 1900 toman a Vallejo-Nágera y a sus contemporáneos españoles como fuentes respetadas y reconocidas a nivel mundial.
–¿En qué consistían esos estudios del “otro”?
–Eran investigaciones que formalizaban la descripción de marxistas, delincuentes y fanáticos para describir a los republicanos, y justificar su encarcelamiento. Con respecto a las mujeres detenidas en esos campos de concentración, el psiquiatra llegó a decir en uno de sus libros que ningún republicano podía legar un nombre honrado a sus hijos. Consecuencia: el sistema represor español separó los hijos de sus madres presas a partir de los tres años, y elaboró una reforma de las leyes de Orfandad y de Adopción, dando luz verde para que las criaturas fueran a familias “occidentales y cristianas”. El mismo Baltazar Garzón sostuvo en un trabajo reciente que en la actualidad, unos 31 mil españoles adoptados en esa época no conocen su verdadero origen. Son conclusiones a las que el juez arribó después de leer atentamente el trabajo de Ricard Vinyes, Montse Armengou y Ricard Belis sobre los niños perdidos del franquismo.
–Antes explicabas que, basados en esa escuela española, los militares argentinos prolongaban el castigo a los hijos de los desaparecidos. ¿De qué manera lo hacían?
–Esta cuestión es interesante, porque a pesar de que es indudable que hubo un Plan Sistemático y que el robo de bebés fue una acción diseñada y ejecutada como sistema, todavía hay quienes sostienen que la apropiación se trató de hechos aislados de delincuencia, minimizándola a la gestión de un matrimonio que, al no poder tener hijos, usaba sus influencias para que ciertos generales y coroneles les facilitaran una criatura. La idea de castigar a los padres secuestrándolos o matándolos, y extender ese castigo a la descendencia, tenía como fin principal reeducar a la nueva generación, porque la base de la eugenesia social marcaba que el “nuevo” medioambiente iba a transformar y corregir a esas personas. A Vallejo-Nágera, que es el primero que psiquiatriza al disidente político, también hay que recordarlo por la teoría del círculo completo que ayudó a dar un marco teórico a este plan de exterminio y apropiación: el represor, primero infringe una derrota militar a su oponente, asesinándolo o desapareciéndolo; y luego le gana la lucha cultural, apoderándose de su descendencia para “reencausarla”. Ahí la dictadura cierra el círculo, y eso es lo que trataron de hacer los golpes militares en la Argentina. Incluso, este médico fue más allá: obligó a repatriar a los hijos de los republicanos que habían logrado sacarlos del país para salvarles la vida. Existieron miles de niños reingresados al territorio español gracias al trabajo del Servicio de Inteligencia fascista y de ejércitos amigos, como el italiano y el francés.
–Más allá de la responsabilidad de los militares, en el tema de las apropiaciones hay un costado poco investigado, que es la pata judicial. Los Tribunales de Menores que avalaron guardas y adopciones irregulares, por ejemplo.
–Bueno, ese es otro punto de contacto entre el franquismo y la dictadura argentina, y se puede decir que nuestros generales también aprendieron de aquello. Cuando yo hablaba de las modificaciones que Franco impulsó en las leyes de adopción, también hay que decir que esa cuestión influyó fuertemente en nuestro sistema represor. Sobre un total de 500 chicos apropiados, hasta ahora un centenar fue restituido. Del centenar de restituciones, un 60% corresponde a bebés que fueron entregados gracias a una ley modificada durante el gobierno de Alejandro Lanusse, cambio que ya había recibido numerosas críticas porque, entre otras cosas, quitaba la potestad de los menores a los padres considerados perseguidos políticos. Mientras que el restante 40% de los nietos fue inscripto en registros pseudo legales, avalados por jueces de menores y distintos estamentos de la justicia. Pero esa pata judicial no podía hacer nada sin otra estructura, y me refiero a la de la sanidad, que estaba aceitada minuciosamente. Hablo de hospitales militares, profesionales de distintas disciplinas, maternidades clandestinas, médicos responsables de los nacimientos, enfermeros, anestesiólogos.
–¿Cuál es el resultado final de esa lucha cultural, vinculada a aquello del círculo que la dictadura intentaba cerrar?
–En realidad, no se trata de reducir el tema a ganar o perder. Por lo pronto, la Argentina contó con algo que no hubo en muchos países: el aporte y la lucha de organismos de Derechos Humanos, como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, surgida en la década de 1930. Organismos con autonomía, que no dependían de partidos políticos ni eran funcionales a ningún aparato. Los acuerdos de impunidad entre sectores políticos y militares, como por ejemplo, lo que intentaron Ítalo Luder y Herminio Iglesias, cuando prometieron que si en los ’80 ganaba el justicialismo no habría juicios, fueron arreglos desbordados por la legitimación de esos organismos. Y lo mismo pasó con los indultos, que a pesar de decretarse, después fueron al archivo. Esa decisión por esclarecer el pasado y condenar a los culpables fue fruto del esfuerzo de los organismos en su conjunto, idea que después tomó el kirchnerismo y terminó de darle forma. Por eso digo que esto no ocurrió en otros países. Ni siquiera en España, donde hubo un Pacto de la Moncloa y las investigaciones se pararon por mucho tiempo, aunque hoy, por suerte, la realidad es distinta. Miremos lo que pasa en Uruguay: es lamentable escuchar las opiniones de Pepe Mugica sobre la Ley de Caducidad. Volviendo a la batalla cultural, la dictadura perdió en varios frentes, pero no en todos. Los juicios avanzan, los responsables del genocidio van cayendo, pero también es cierto que las consecuencias nefastas de la tremenda recesión económica impuesta a partir del golpe todavía castigan. Lo importante es que el rumbo político para librarnos de ese peso continúe, y no se pierda lo que se logró hasta ahora.
Fuente:TiempoArgentino
El franquismo y los “padres” del robo de bebés
Publicado el 5 de Junio de 2011
Padre de la psiquiatría española, el médico ingresó en el Cuerpo de Sanidad Militar en 1910. Durante la primera Guerra Mundial, cumplió el rol de agregado militar en la embajada en Berlín, donde experimentó por primera vez en campos de prisioneros. Ya con el franquismo en el poder, uno de sus trabajos sostenía que “la medicina exige una política, el marxismo es una enfermedad y en nuestras manos está en gran parte su tratamiento”.
En 1937, en su libro Eugenesia de la hispanidad y regeneración de la raza, pide agradecer “a Nietzsche la resurrección de las ideas espartanas acerca del exterminio de los inferiores orgánicos y psíquicos, a los que llama parásitos de la sociedad. La sociedad moderna no admite tan crueles postulados en el orden material, pero en el moral no se arredra en llevar a la práctica medidas incruentas que coloquen a los tarados biológicos en condiciones que imposibiliten su reproducción y transmisión a la progenie de las taras que les afectan. El medio más sencillo y fácil de segregación consiste en internar en penales, asilos y colonias a los tarados, con separación de sexos.” Ideas que, finalmente, Franco llevó a la práctica en el campo de concentración de San Pedro de Cardeña, durante la época de la República.
En la dictadura argentina, uno de los que apoyó la teoría del psiquiatra fue el general Agatino Di Benedetto, médico subdirector del Hospital Militar de Campo de Mayo entre 1976 y 1977, y a cargo de su Dirección entre 1978 y 1979. Campo de Mayo operó bajo el Comando de Sanidad Militar.
Di Benedetto también fue uno de los que reconoció durante los juicios a los represores que existieron decretos y órdenes de qué hacer con las mujeres embarazadas, y cómo proceder con los recién nacidos clandestinamente. Con una premisa que era de cumplimiento obligatorio: separar inmediatamente al niño de su madre, aniquilar a la mujer e ingresar a las criaturas a un sistema de listas para su entrega posterior.
Fuente:TiempoArgentino
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