Secretos revelados
El director de Vías y Medios de Transporte admitió que Oscar Simone –uno de los que aparece en el listado– continúa ejerciendo funciones dentro del sector. El diputado Ricardo Puga, presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados, sostuvo que Simone es una persona a la que la Justicia Federal debería investigar por su actuación en la dictadura.
Durante más de veinte años la nómina del personal civil de inteligencia –PCI en la jerga castrense– fue un secreto de Estado. Tras la reapertura de las causas por delitos de lesa humanidad en las distintas ciudades del país, familiares de desaparecidos en Mendoza pidieron acceder a esta información en virtud del derecho a conocer la verdad de lo sucedido durante la dictadura. Ese derecho comenzó a hacerse efectivo cuando la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa elaboró el listado y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto 4/2010 habilitando su difusión pública. En febrero del año pasado la revista Veintitrés tuvo acceso exclusivo a ese listado y lo difundió en un número que se agotó en cuestión de días. Ahora es el Archivo Nacional de la Memoria el que publica un nuevo listado donde además del nombre y la función cumplida en el período 1976-1983, incorpora el dato de los respectivos DNI. De esta manera, se termina cualquier duda que pueda surgir por posibles “homónimos”, como fue el caso de Oscar Alfredo Simone, coordinador de gestión de todos los servicios regulares de transporte de Mendoza (urbanos de media y larga distancia así como la inspección de los servicios públicos restantes: taxi, remises, contratados, escolares, especial, más el control de servicios de transporte clandestinos).
De acuerdo con una investigación de Veintitrés, este funcionario mintió al negar su vinculación con la dictadura. Tal como lo haría un agente secreto, contó sólo una parte de su pasado para ocultar precisamente aquella labor oscura que hoy lo complica. Según la versión de Oscar Simone, toda su trayectoria conocida en la provincia es la de un militante comprometido con las víctimas. Es verdad que fue uno de los cesanteados de la Dirección de Transporte y que su reincorporación, entrados los ochenta, fue consecuencia de una larga lucha contra la administración pública provincial. Fue delegado gremial en ATE –Asociación de Trabajadores del Estado– y antes había sido activo militante de Intransigencia y Movilización Peronista (nombre que utilizó la agrupación Montoneros a comienzos de la democracia). Mas la verdad es que recolectó información de esos ámbitos donde se lo tenía como un compañero más.
Surge de un expediente radicado en la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal que el 2005 marcó un punto importante en su vida. Ese año se jubiló como agente del Batallón 601, sumándose tiempo después a la ola de reclamantes por haberes retroactivos adeudados o mal liquidados por la División de Inteligencia del Ejército. Frente a esta prueba documental hubo reacciones disímiles.
La directora de Derechos Humanos de la provincia, María José Ubaldini, usó el expediente “Simone c/Inteligencia del Estado” para fundar su pedido de apartar a Oscar Simone de la planta de personal de la administración pública. Por esta vía, a fines del año pasado logró que el ministerio abriera un sumario que no avanzó en lo sustancial por el argumento de la “confianza”, explicitado dos años atrás, cuando el gobierno provincial defendió al subcomisario Carlos Rico, vinculado a la represión ilegal en la pasada dictadura, como persona idónea al frente de la Subsecretaría de Seguridad. En ambos casos se esgrime que “no se ha probado algún delito de lesa humanidad ni se ha constado un incumplimiento a los deberes propios de la función pública”.
Las últimas declaraciones de Diego Martínez Palau, director de Vías y Medios de Transporte, fueron en ese sentido al admitir que Simone continúa ejerciendo funciones dentro del sector y enfatizar que “no lo echamos para no hacer lo mismo que la dictadura”, expresión que debe entenderse en relación al derecho de defensa que le asiste a cualquier empleado que es sumariado. La situación es disparatada ya que nadie le niega a Simone su derecho de defensa, el tema es que hay un cuestionamiento ético y político en el señalamiento de quienes gozan de la confianza de este gobierno.
“Esto es una prueba más de la tibia defensa de los derechos humanos que lleva adelante este gobierno”, sostuvo a Veintitrés el diputado Ricardo Puga. Para el presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados es bien claro que Simone es una persona a la que la Justicia Federal debería investigar por su actuación en la dictadura y que así como era inadmisible que un represor como Rico formara parte del gobierno también lo es que un gobierno democrático deposite la confianza en un agente de los servicios. “Está visto que para la gestión actual esto no pasa de ser un problema formal, administrativo. No es sólo eso, hablamos de personas a las que no les importó la vida o la muerte de los señalados. Su sumario ya podría haberse resuelto en virtud de haberse comprobado que Simone ha seguido cobrando una jubilación del Ejército de modo paralelo a su sueldo de funcionario”, opinó Puga.
En relación al legajo jubilatorio de Simone, hay un dato que llama la atención: la fecha de inicio de su actividad como agente civil de Inteligencia del Ejército es el 1 de diciembre de 1983. Es decir, nueve días antes de que Raúl Alfonsín asumiera la presidencia. Esto no se contradice con el listado que se desclasificó que abarca sólo el período 1976-1983 y tiene una posible explicación esbozada por Ricardo Puga: “Hubo una operación de blanqueo antes que asumiera el gobierno democrático, esta es una teoría sobre la que hay un consenso amplio en la Argentina, la idea es que el Ejército deliberó qué hacer con los informantes que trabajan con ellos desde el golpe militar. Es que no sabían qué rumbo tomaría la democracia, si subsistiría o podrían necesitar de todo ese recurso humano disponible. Fue entonces que ‘legalizaron’ a los agentes. Luego la democracia tomó el rumbo de una democracia vigilada ya que estos agentes de inteligencia siguieron operando hasta el 2004, fecha en la cual se frenó todo por decisión del ex presidente Néstor Kirchner”.
Una aclaración de rigor. El primer ascenso de Oscar Simone fue durante el gobierno de Roberto Iglesias y luego con Julio Cobos, quienes lo nombraron como director de la Empresa Provincial de Transporte. En junio del año pasado hubo una reasignación de funciones y distribución de tareas y pasó a la Dirección de Inspección General, ascenso que firmó el actual director de Transporte, Diego Martínez Palau.
Ahora bien, Simone no es el único caso controvertido. Osvaldo Montesino también figura en la nómina de PCI y se mantiene en su cargo de empleado de la Dirección de Rentas de San Rafael. Sobre él también existe un pedido concreto de parte de los organismos de derechos humanos que no ha sido resuelto desde el 23 de septiembre de 2010, fecha en la que entregaron una nota a la directora de Derechos Humanos de la provincia.
Javier Faggetti, de la agrupación HIJOS, relató a Veintitrés lo traumático de la situación planteada con Montesino, ex compañero de su padre desaparecido Aldo Faggetti. Ambos eran empleados de la repartición y trabajaban en escritorios vecinos. Javier pidió en la fiscalía del doctor Palermo la apertura de los legajos de los PCI ya que la desclasificación de estos archivos puede facilitar la investigación de lo que ocurrió con su padre en cuyo caso no habría motivos para evitar que Montesino fuera llamado a declaración indagatoria.
“Todo esto parece una película de James Bond, y justamente era una copia de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, con la variante que ellos se involucraban afectivamente con sus víctimas, ingresando en sus viviendas, siendo sus amigos y de esa forma les sacaban la información que los llevaría a la muerte”, expresó Javier Faggetti. Y agregó: “La relación de los PCI (personal civil de inteligencia) con la dictadura es directa; basta una breve reseña de lo que fue el Batallón 601 para comprenderlo. D’Andrea Mohr, capitán del Ejército jubilado y arrepentido por el accionar del Ejército, lo dice en su libro Memoria de vida. “El Batallón 601 fue el sistema nervioso de la dictadura. Es muy gráfico porque señala que los PCI eran los que recolectaban la información de las ciudades, se infiltraban entre las organizaciones, partidos políticos, barrios, gremios, universidades, etc., y labraban memorándum por triplicado que uno se quedaba en el batallón de origen, otro iba a la subzona que correspondía a la provincia y el tercero se entregaba al 601 que era el Estado Mayor del Ejército; por lo que me parece que en algún lugar debe estar toda esa información.”
Javier también señaló que “el Ejército no realizó ninguna actividad sin una inteligencia previa, hasta para subir una montaña mandaban una persona que les decía por dónde ir. Cuando se decide eliminar la subversión en todo el país en el ’74, salen partidas presupuestarias para agrandar el personal en las distintas subzonas y el trabajo era tomar personal que receptara información: se tenía en cuenta distintos ítems como determinación del oponente, valoración de peligrosidad, cualitativamente y cuantitativamente, organizaciones políticas y su grado de peligrosidad, etc. Esta parte de la historia debe dejar de estar en sombras. En San Rafael, por ejemplo, la lista de PCI es de más de 50 personas, por la población que había es una exageración, pero cualitativamente tiene sentido ya que la ciudad era el espacio político más importante de la época, había universidades, estaba la JP que trabajaba mucho en los barrios y sobre todo la semilla de Martínez Baca que era importante. Los jóvenes estaban organizados y era necesario la confección de listas negras que marcaran a los que ellos denominaban ‘subversivos’, que no eran más que militantes políticos en su mayoría de la JP. De ahí entonces que la relación era directa entre los PCI y los militantes. Estudiando la lista, otro dato importante que surge era que estaban en puntos estratégicos como Dirección de Rentas, Poder Judicial, la radio, los partidos políticos, entre otros”.
Javier recordó que su padre y Osvaldo Montesino entraron el mismo día a trabajar, un 23 de diciembre de 1973: “Con seguridad, hasta la desaparición de mi viejo, él le contaba todo ya que era muy solidario en el trabajo; en cambio Montesino no contaba nada de su vida manteniendo un hermetismo que continúa hasta el día de la fecha. Me consta que el actual director de Rentas le preguntó a Montesino por qué se había hecho PCI y que él contestó que porque necesitaba dinero. Yo sobre eso puedo decir que mi viejo vendía pastelitos y empanadas por los barrios además de trabajar en Rentas, y también estudiaba y era un muerto de hambre, pero no andaba haciendo listados de gente, lo cual señala el compromiso ideológico de los PCI. Hoy, cuando yo entro a Rentas, Montesino baja la mirada y no se atreve a mirarme a los ojos; ¿será porque tengo la mirada de mi viejo o porque sabe algo de la muerte de él?”.
Más revelaciones. La perversidad del sistema represivo desplegado por la dictadura militar fue explicitada en instrucciones de neto carácter operacional. El mecanismo respondía a un plan previamente delineado, comenzaba con una directiva emanada de las máximas autoridades del Ejército teniendo como finalidad establecer plazos para cada orden concreta a ejecutar en algún sector puntual del país. Este mecanismo debió producir cientos o miles de documentos que se presumen destruidos en 1983, o bien, microfilmados y guardados en el exterior para que no cayeran en manos del Estado democrático.
Veintitrés tuvo acceso a tres documentos que conforman una secuencia de operación que terminó con el asesinato de una persona: José Diego Funes, oriundo de la ciudad de San Luis. Dichos documentos constituyen toda una revelación no exenta de sus zonas oscuras. Como no podía ser de otra manera, proceden de un ex agente de inteligencia que los conservó durante más de treinta años. Si salen a la luz es por una disputa interna bastante conocida en la vecina provincia entre tres personas vinculadas al aparato represivo: Jorge Hugo Velázquez, Luis Saiz y Roberto Arce, y la banda del capitán Carlos Esteban Pla. Como consecuencia de esas peleas, Velázquez y Arce fueron torturados y encarcelados, al primero le endilgaron un robo de automotor, y al segundo, el homicidio de Funes.
En la actualidad Pla cumple condena por delitos de lesa humanidad y Arce, el único del trío que sigue con vida y metas, se propone que la Justicia reabra la investigación del “caso Funes”, es decir, quiere que se establezca nuevamente la cadena de responsabilidades de un asesinato cometido por órdenes expresas el Ejército Argentino a través del GADA 141.
Los tres documentos ostentan firmas y sellos. Hay una secuencia lógica que se inicia con directivas precisas emanadas en junio de 1977 de quien fuera director general de Seguridad, organismo dependiente del Ministerio del Interior, Vicente Manuel San Román, y continúan con la firma del jefe de la Policía de la Provincia de San Luis, Claudio Alberto Franco. También está involucrado el capitán Carlos Esteban Pla, a cargo de la Subjefatura de dicha repartición. Obviamente las instrucciones están altamente codificadas. Por “objetivo primario” debe entenderse la persona sobre la cual se hace “blanco”, mientras que el caso no se caratula como podría suponerse “eliminación de subversivo” sino como “Depósito armamento Hospital de San Luis” (Funes fue secuestrado cuando se encontraba internado en el hospital). Sin lugar a dudas el documento más impactante es la tercera foja, si bien los tres tienen todo el aspecto de instrumento público, este es realmente siniestro. La foja está dispuesta para que cada agente aclare la fecha a realizar y cuál ha de ser el “destino interno”. En ese ítem hay dos posibilidades: depósito o traslado. En el caso de Funes está señalada la opción “traslado”. A Diego Funes lo matan el 1 de julio de 1977 al mediodía y su cadáver apareció flotando en el dique Cruz de Piedra cuarenta días después. Las pericias determinaron que Funes fue arrojado vivo al dique y atado a una piedra de quince kilos.
FuentedeOrigen:RevistaVeintitres
Fuente:Agndh
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