Un día de duelo y organización en la toma
El féretro del joven Ariel Farfán fue despedido en las tierras ocupadas. La familia de Reyes no permitió la entrada a la CCC.
Por Diego Martínez
Los ocupantes debieron afrontar ayer la ola polar y esperaban ayuda oficial.Imagen: Gentileza diario El Pregón
Ya sin las carpas, frazadas y colchones que les quemó la policía de Jujuy, pero con la decisión intacta de resistir hasta conseguir su objetivo, las setecientas familias que ocupan tierras del Ingenio Ledesma para construir allí sus viviendas se concentraron ayer a las cuatro de la tarde para despedir a Ariel Farfán. La madre del pibe de 17 años que hace diez días se instaló para exigir un terreno no quiso dejarlo en el cementerio sin antes pasar con el féretro por el lugar donde su hijo pensaba vivir y perdió la vida. Algunos gritos de “asesinos” tuvieron como destinataria a la familia Blaquier, otros al gobierno de Walter Barrionuevo, todos a la policía. Mientras el municipio de Libertador General San Martín organizaba ayer la provisión de agua y luz en las quince hectáreas, los ocupantes se las ingeniaban para enfrentar la ola polar y seguían esperando ayuda por parte de los gobiernos de la provincia y de la Nación.
Ayer fueron enterrados tres de los cuatro muertos. Todos fueron velados en sus casas. Los familiares de Félix Reyes, de 21 años, se negaron a permitir el ingreso de una delegación de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), que encabezó las negociaciones durante los últimos días. Marcela y Karina Reyes afirmaron no tener dudas de que a su hermano lo mató la policía, pero le ordenaron al líder de la CCC, Enrique Mosquera, que se alejara del lugar. La hipótesis de la familia es que Félix fue asesinado en represalia por la muerte del policía Alejandro Farfán, de 22 años, quien también fue velado ayer en la localidad de Fraile Pintado. Hoy será enterrada en Calilegua la cuarta víctima, Juan José Velázquez, de 37 años.
“Vi cuando mataron a Félix y a Ariel, yo estaba parado a escasos diez metros”, relató Julio Gutiérrez, del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredez (Capoma). “El disparo salió del sector de la Comisaría de Infantería, que después la gente del barrio prendió fuego. Ahí no había manifestantes”, afirmó. “La versión del fuego cruzado, los francotiradores o las balas perdidas que difundió el jefe de policía es una total mentira. No hubo ningún enfrentamiento con armas de fuego. A la gente de Libertador le gusta la caza y sabe usar armas, pero si las hubieran usado, esto habría sido una verdadera masacre, de manifestantes y de policías”, explicó.
El dirigente de Capoma, organismo de derechos humanos que necesita un abogado para poder constituirse como querellante en la investigación de los asesinatos, calculó al atardecer que quedaban “ocho o nueve compañeros internados, todos con heridas de bala de plomo, aunque fuera de peligro”, e informó que ya habían ubicado a otros dos que estaban desaparecidos. “Julio Fernández estaba irreconocible porque le desfiguraron el rostro, le dieron una paliza atroz. El cumpa Tolaba se había escondido en la casa de un amigo, no quería ir al hospital por miedo a que lo detuvieran. Hoy lo llevaron y quedó internado con las piernas llenas de perdigones”, contó.
“La policía no nos dio tiempo a nada. Vinieron y empezaron a tirotearnos. La caballería se nos vino encima y arrasó con mujeres y niños, no les importó nada”, recordó ayer Patricia Jacu, de la comunidad guaraní. “Les pedimos por favor que nos dejaran sacar las frazadas, pero no, nos insultaron, nos faltaron el respeto, y en un momento empezaron a quemar todo, también las banderas argentinas y de la comunidad”, relató. “Desarmaban todo, hacían un bulto y prendían fuego”, coincidió Gutiérrez. “Todo esto fue a la madrugada, estaba oscuro. La gente corría por las calles de los barrios. Alrededor de 8.30 comenzó a aclarar, pero la represión continuó hasta la una de la tarde, fueron siete horas”, precisó.
La jornada de ayer fue de duelo pero también de organización para seguir resistiendo. “No nos vamos a ir porque estas tierras nos pertenecen, la empresa nos las prometió hace cuatro años”, recordó Jacu, que además de golpes recibió heridas de balas de goma en una pierna y un brazo. “Estamos alertas, preparados por si viene otra represión. Nos preparamos con piedras, hondas y palos para defendernos. Estamos chupando frío, pero de acá no nos saca nadie”, aseguró la mujer, madre soltera, que intentaba armarse un refugio rodeada por sus hijos de 3, 6, 7 y 8 años.
“La gente está confiada en que la expropiación se va a concretar, pero con estas quince hectáreas no se soluciona el problema habitacional. Según nuestro análisis hacen falta entre cincuenta y cien hectáreas sólo en Libertador”, advirtió el representante de Capoma. El proyecto de ley presentado por el gobernador Barrionuevo, que esta semana trataría la Legislatura, incluye también terrenos en Fraile Pintado, donde ya hubo cuatro ocupaciones que terminaron en desalojos, y en Pampa Blanca. “Hay un fuerte déficit en Calilegua, en Caimancitos, por eso no se entiende lo de Pampa Blanca, que está muy lejos. Sospechamos que hay detrás algún manejo político que no entendemos”, concluyó.
Fuente:Pagina12
OPINION
Se repiten los apagones
Por Monena Márquez *
Leí las noticias, Libertador General San Martín, se repiten los apagones, la oscuridad, las matanzas. Agazapados en la noche 500 mandados por el poder económico y esa Justicia jujeña que todavía no entendió que hay una política nacional y social que exige juicios a los genocidas, de la Noche del Apagón y tantos otros atropellos a la vida que indiferentemente siguen cometiendo. Esas fuerzas de seguridad, ¿para quién trabajan? ¿Para cuidar a los habitantes de los pueblos de Calilegua y Libertador? ¿O contra el derecho que tienen de tener una vivienda digna? ¿Valen más 15 hectáreas que las 130 o 140 mil de las que dispone el feudo Blaquier? Está a la vista que la Justicia y el poder económico siguen intactos. A 35 años de la Noche del Apagón nos convocamos el 19 de julio unas 30 mil personas como cada año para decirles que no olvidamos, no perdonamos, tenemos memoria y exigimos justicia. Luis y Olga hubieran acompañado a más de 2 mil jujeños que aspiran a tener su techo. Luis Arédez exigió a esa empresa ligada al terrorismo de Estado que pague los impuestos acumulados por décadas en que nadie se animó a cobrarle, o que entregue tierras para que el pueblo pueda disponer de viviendas. Todos sabemos lo que pasó, lo desaparecieron y a Olga la mataron con un cáncer a los pulmones producido por la bagazosis, como tantas otras muertes silenciosas maquilladas con nombres menos cuestionadores de la realidad como pulmonía, neumonía y asma. Pero las esporas del bagazo siguen matando de manera invisible, lo sabemos y no lo olvidamos.
Deben comenzar los juicios a los genocidas de la Noche del Apagón, por los estudiantes, los obreros, el ex intendente, contra los militares, los policías y los civiles de la empresa Ledesma. Le decimos a esa Justicia federal complaciente con el poder económico que no toleramos más atropellos.
Hay una política del Estado nacional, por primera vez en nuestra historia, de no criminalizar actos de movilización popular, pero parece que no llega a provincias como Jujuy y Catamarca, donde tampoco avanzan los juicios por los crímenes de lesa humanidad de la dictadura. Falta que la Justicia se comprometa con lo social, lo digo porque sobreviví y mantengo los valores de la generación del ’70: un país inclusivo, con justicia social, dignidad y solidaridad, como intento construir desde El Rodeo, Catamarca.
* Hermana de Olga Márquez de Arédez, esposa del desaparecido ex intendente de Libertador General San Martín, Luis Arédez.
Fuente:Pagina12
TESTIMONIOS DE LAS VICTIMAS DEL DESALOJO EN JUJUY
Relatos en primera persona
Patricia Jacu y Marcela Padilla contaron a Página/12 cómo llegaron a la toma y cómo fue la represión. También dieron cuenta de los maltratos que sufrieron las mujeres durante las horas que las mantuvieron detenidas sin dar aviso a sus familiares.
Por Adriana Meyer
“Estas tierras son nuestras, fuimos los primeros en llegar, después vinieron ellos a ocuparlas, más que cederlas las tienen que devolver”, dice Patricia Jacu, de la comunidad guaraní de Libertador General San Martín, mientras sus cuatro hijos juegan en una fracción de El Triángulo, el escenario del violento desalojo que volvió a ocupar junto a las demás familias. Jacu tiene 27 años, es viuda y vende artesanías de barro en la feria del pueblo. De pronto se hace un silencio cuando aparece la procesión que trae el féretro de Ariel Farfán, uno de los asesinados. Antes de llevarlo al cementerio sus familiares pasan por el pedazo de tierra donde había armado su carpa. Algunos gritan ¡justicia!, otros lloran. A su lado, Marcela Padilla cuenta que estuvo doce horas desaparecida, junto a otras ocho mujeres que fueron detenidas y a cuyos familiares se les ocultó que estaban presas. “Nos insultaron, nos golpearon y en la seccional 40 hasta nos hicieron desnudar, yo me negué pero a mi hija la obligaron”, cuenta en diálogo con Página/12.
Jacu y Padilla también vieron esa madrugada a empleados del ingenio entre los gases y las balas. Todavía quedan las puntas de las cañas de azúcar que Ledesma cosechó hace poco, y con esos pedazos se entretienen Agustín, de 8 años, Gianella, de 7, Patricio, de 6 y Carmen, de 3. Los ocupantes van limpiando de a poco el terreno y hacen surcos para volver a armar ranchitos. “Es para aguantar, por ahora el gobernador salió hablando que hay un arreglo, pero queremos hechos, que muestren papeles que digan que esta tierra, por la que tuvieron que morir compañeros, nos pertenece”, dice Jacu con bronca. Y pide frazadas, colchones, agua y comida. “Hace mucho frío acá, y la policía nos quemó todo, incluso nuestra bandera”, explica.
Uno de los hijos de Jacu fue afectado por los gases lacrimógenos, pero llegó rápido al hospital por la ayuda de autos y motos de los vecinos que acudieron a ayudar a los desalojados. “Vivimos cuatro familias en dos ambientes en el barrio San Francisco, cuando no vendo suficiente a los turistas, voy a limpiar casas. No nos quedó otra que venir a tomar la tierra porque nos cansamos de las promesas de la empresa”, dice, y habla en nombre de su comunidad.
Jacu cuenta que todo comenzó a las 5 de la mañana “sin orden de desalojo y sin darnos al menos una hora para irnos, vinieron directamente a disparar a la gente, había motos de la empresa Ledesma, ellos ayudaban a tirar las carpas, los reconocemos, incluso algunos dueños estaban acá viendo cómo nos reprimían, se paraban y daban órdenes a la policía, los caballos pasaron por arriba de las mujeres y los chicos, nos insultaban”. Les pidieron que los dejaran sacar sus cosas, pero como respuesta los policías arrojaron kerosene y prendieron fuego. “Queríamos resistir un poco pero nos rodearon, y cuando empezamos a irnos comenzaron a disparar.”
Marcela Padilla tiene 40 años, trabaja en una empresa de vigilancia, está casada y acompaña a su hija Jaquelin, de 23, en la toma. “Ella hace reemplazos en una estación de servicio y no tiene casa”, dice. “Ledesma se apropió de terrenos de indígenas, antes no se podía discutir si la tierra era tuya. Pero hace unos diez años la empresa empezó a cercar porque la gente empezaba a tomar tierras.”
“Algunos muchachos fueron a intentar defendernos pero les dieron con balas de plomo, eran de armas reglamentarias 9 milímetros, no calibre 22 como dijeron primero”, afirma Padilla. Y recuerda el asesinato de Marcelo Cuellar en 1997 a manos de la policía.
En su relato la Infantería los rodeó cuando se retiraban. “Vinieron por el camino interno de Ledesma, al que sólo pueden acceder con permiso de la empresa”, dijo. “Yo tenía un video del celular que mostraba cómo le pegaron a una embarazada, que me borraron ellos cuando estuve detenida. Cuando nos rodearon, yo me defendí como pude hasta que vi que tenían a mi hija tirada con un policía que le pisaba la cabeza.”
Las mantuvieron incomunicadas hasta las 22 y las acusaron por las muertes obligándolas a firmar una declaración a cambio de ser liberadas. “Nos decían que éramos activistas, montoneras, que yo era la cabecilla, y se burlaban de que estuviera desocupada a pesar de tener estudios”, relata Padilla, que es bromatóloga.
“Ledesma le cede cosas al gobierno. El jefe regional tiene mucho que ver, en Libertador hay que pedirles permiso a los famosos Blaquier para todo. Yo antes lo miraba desde otra vereda pero ahora me di cuenta de que la gente de los derechos humanos tiene razón cuando van y hablan, porque ellos se siguen manejando como en el virreinato, como en la dictadura”, dice antes de despedirse.
Fuente:Pagina12
Represión en Jujuy: despiden los restos de las víctimas
Los sepelios de las cuatro personas que murieron durante el desalojo del predio que había sido ocupado por varias familias finalizan hoy. Inhumaron los restos de las víctimas. En tanto, el Gobierno repudió el violento episodio.
30.07.2011
Familiares del policía Alejandro Farfán, de 22 años, Juan Velázquez, de 37, Félix Reyes, de 21, y Ariel Farfán, de 17, participaron de las exequias e inhumaron sus restos esta tarde en el cementerio municipal de Libertador General San Martín.
Los familiares de las víctimas pudieron retirar los cuerpos de las morgues hospitalarias, tras las autopsias, para luego realizar los sepelios.
Enrique Mosquera, jefe de la Corriente Clasista Combativa local, dijo que "la gente sigue asentada en el predio y en la jornada de ayer, vimos que se acercó más gente con pocas pertenencias para asentarse".
"De acá no nos vamos y creemos que en la semana que viene, vamos a poder lotear y empezar a trabajar la tierra para construir", señaló el dirigente.
"Las balas que mataron a estas personas, incluido al policía, salió del lado de la empresa, ya que tenemos denuncias y testimonios de la gente que vio a gente de seguridad de Ledesma con arma de fuego", remarcó.
Primero "vamos a reunirnos para ver si acompañamos a la familia de Ariel Farfán", el adolescente de 17 años que murió el jueves de un balazo que no tuvo orificio de salida en el hemitorax izquierdo.
Las familias del agente Alejandro Farfán, de 22 años, de Félix Reyes, de 21, y Juan Velásquez de 37 años, harán lo mismo en las próximas horas, informó Mosquera.
Fuente:ElArgentino
Los Blaquier: una historia de represión, imperio y poder
Luego del desalojo represivo del jueves, la familia Blaquier, terrateniente absoluta de la provincia de Jujuy, demostró ser la real y verdadera dueña de esas tierras. Sin la anuencia de esta familia, nada puede ser tocado, ni construido. Pero la historia no es de hoy. Los Blaquier recurrieron siempre a la fuerza para cumplir sus deseos.
29.07.2011
Los actos de los Blaquier se remontan a los '70 (o incluso antes). En la semana del 20 al 27 de julio de 1976, principios de la dictadura militar, con la colaboración de la familia Blaquier, cortaron la luz para que policías, gendarmes y militares saquearan impunemente los hogares de los pobladores y secuestraran a más de 400 personas. Las ciudades jujeñas de General Libertador San Martín y Calilegua fueron el escenario. Todo quedó en la oscuridad más tenebrosa, la del miedo.
El ingenio azucarero Ledesma de la familia Blaquier prestó 43 vehículos para el accionar represivo, y galpones, para pozos de detención. Allí tuvo espacio el temible teatro del dolor y las torturas. El cautiverio duró varias semanas. Todavía permanecen desaparecidos 40 pobladores, de aquellos 400. El inicio de aquella semana fue bautizada como la “Noche del Apagón”. Todo quedó a oscuras, menos la fábrica Ledesma, como un faro temible que observaba impertérrito el desenvolvimiento de los actos de violencia.
Olga Márquez de Arédez se hizo conocida por marchar sola, pidiendo por su marido, Luis, secuestrado y desaparecido. Se enfrentó, nada más ni nada menos que al gigante Ledesma. David y Goliath. La desigual lucha entre una Madre de Plaza de Mayo y una compañía de peso. Olga murió en 2005 a causa de bagazozis, una enfermedad producida por el bagazo de caña de azúcar y que contraen personas que trabajan o viven cerca de los ingenios azucareros.
La empresa, fundada en 1908, hoy controla 35.000 hectáreas sólo de tierra jujeña. Los 41.000 habitantes de Libertador viven a merced de la corporación.
Dueños de varios imperios como el azucarero, el del papel, carnes, granos, glucosa, almidones, gas y petróleo, la familia Blaquier supo relacionarse con los gobiernos jujeños de turno. Carlos Pedro Blaquier dijo alguna vez que “el problema de los países en vías de desarrollo es que la mayoría de los que votan son subdesarrollados”. También son dueños de Cabaña Argentina, la mayor productora de cerdos del país. El criadero se encuentra en la Estancia La Biznaga, un verdadero palacio erigido en Roque Pérez, provincia de Buenos Aires.
La familia reconoció que existe un depósito de fibra de caña en sus terrenos, sin embargo se defiende de las acusaciones de contaminación ambiental. El hollín es incesante. Una inmensa chimenea invade la ciudad de cenizas, situación que ha derivado en un alto índice de enfermedades respiratorias.
Esta noche a las 23, el canal CN23 emitirá el filme "Sol de Noche", con la historia de Olga y Luis. El era médico, y siendo intendente de Ledesma, Jujuy, fue detenido y desaparecido. Desde entonces, su esposa peleó sola en busca de justicia. Pero en su desarrollo se reconstruye "La noche del apagón", en que los militares secuestraron a la mitad de la población. Directores: Norberto Ludin y Pablo Milstein, con la locución Eduardo Aliverti.
Fuente:ElArgentino
La Cámpora expresó su "profundo rechazo" a la represión
La juventud del Frente para la Victoria emitió un comunicado de prensa en el cual repudia el accionar de la policía en el intento de desalojo del predio del ingenio Ledesma, ubicado en la localidad de Libertador General San Martín.
29.07.2011
La juventud del Frente para la Victoria agrupada en La Cámpora expresó hoy su "más profundo rechazo a la brutal represión" que se produjo ayer en la localidad de Libertador General San Martín, en la provincia de Jujuy.
En ese sentido, a través de un comunicado, la agrupación manifestó: "Desde La Cámpora expresamos nuestro más profundo rechazo a la brutal represión que se produjo en el día de ayer en la ciudad de Ledesma y nos solidarizamos con los seres queridos de los cuatro fallecidos".
"Nuestra Organización condena la utilización de la violencia para resolver conflictos sociales, sean genuinos o fogoneados, y desea que la Justicia actúe para detectar y castigar con todo el peso de la ley a los responsables de estas muertes.
No se puede gobernar ni protestar con armas en la mano. Pero es el Estado, sea Nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien siempre tiene la mayor responsabilidad.
Parece ser que no se aprendió nada de aquellas jornadas del Parque Indoamericano cuando en el primer intento de desalojo del predio, dictado por un juez a pedido del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ocurrieran hechos similares a los que sucedieron en General San Martín (Jujuy).
La Presidenta de la Nación fue criticada duramente en medios de comunicación pertenecientes al Grupo Clarín, por Mauricio Macri y Eduardo Duhalde quienes pretendían que el problema se resolviese de forma rápida, exacerbando incluso, un costado xenófobo como argumento para hacerlo.
En un trabajo conjunto, el Ministerio de Desarrollo Social y el de Seguridad, trabajaron mancomunadamente para resolver la situación de precariedad en que vivían las familias que ocuparon esos terrenos.
Desde esta concepción de un Estado que se hace cargo de los problemas que afectan a la sociedad, que no niega los conflictos y los soluciona, se desarrolló un operativo que tuvo como objetivo custodiar a las familias que se encontraban en el Indo americano y se realizó un relevamiento social para detectar y llevar soluciones a dichas personas. Si el ejemplo estaba, ¿Por qué no se aprende?", concluye el texto.
Fuente:ElArgentino
Ledesma: la madrugada del apagón
Año 4. Edición número 167. Domingo 31 de julio de 2011
Por Eduardo Anguita
Carlos Pedro Blaquier. El dueño de Ledesma es un hombre muy ilustrado, con títulos de filósofo y abogado, con una colección privada de arte que está entre las mayores del país. Publicó un libro con el presuntuoso nombre de Manual de Historia Argentina, que empieza con la llegada de los españoles a estas tierras que, por entonces, no eran la Argentina. Confeso admirador de Julio Roca, dice en un pasaje: “Los indios sometidos por Roca no solamente fueron usurpadores, sino también genocidas, a pesar de lo cual el tratamiento que se dio a los que se sometieron voluntariamente fue muy generoso”.
Es uno de los varios multimillonarios influyentes de la Argentina que recibe a todos los embajadores y promotores de la alta cultura en su mansión de la silenciosa calle Sucre, en San Isidro. También gusta que todos los veranos los fotógrafos puedan retratar a los siete yates que lleva a Punta del Este. Cinco son de sus hijos y los otros dos de su actual mujer y de él.
La estrella de Blaquier comenzó en 1966, cuando estaba casado con Nelly Arrieta. Apenas consumado el golpe de junio de 1966, el dictador Juan Carlos Onganía y su ministro de Economía, Jorge Salimei, dispusieron el brutal cierre de plantas azucareras en Tucumán, dejando en la calle a decenas de miles de trabajadores. Claro, la Fotia era un sindicato duro y en los planes de Onganía no estaba subsidiar a la oligarquía tucumana para que ésta consintiera a los obreros combativos en sus demandas. Fue el turno del Ledesma, propiedad de la familia Arrieta y cuyo gerente general por entonces era Blaquier. Hace unos años, en una entrevista que le dio a La Nación, dijo: “Me acuerdo de un día, hace años, que un funcionario de Ledesma me vino a contar que se había separado. Le agradecí la confianza por esta confidencia y le pregunté por qué se había distanciado de su mujer. ‘Bueno, lo hablé con mi psicoanalista y él me aconsejó que me separara’. A ese funcionario lo despedí. Porque si una persona necesita que su psicoanalista le diga lo que tiene que hacer no puede manejar una empresa”.
Fuente:MiradasalSur
Desalojo y muerte en Ledesma
Año 4. Edición número 167. Domingo 31 de julio de 2011
Por Raúl Arcomano y Sebastián Hacher
Cómo fue el operativo que terminó con cuatro muertos y más de 60 heridos. La participación de la empresa. El problema de la falta de vivienda. Las responsabilidades políticas y judiciales. Los ocupantes volvieron y resisten.
Eran las 6.30 del jueves. El día empezaba a clarear en Libertador General San Martín, cerca del ingenio Ledesma y a unos cien kilómetros de la capital jujeña. Los ocupantes del predio conocido como Quince Hectáreas o El Triángulo amanecieron con la mala nueva: una orden de desalojo decretaba la expulsión del lugar de las 700 familias allí instaladas. Les llamó la atención, porque estaban en medio de una negociación con el municipio y la empresa. Todo terminó de la peor manera: la policía provincial los desalojó a sangre y fuego con ayuda de personal de Ledesma. Hubo cuatro muertos y unos sesenta heridos. El conflicto se da en un contexto de una fuerte demanda habitacional en la zona. El viernes los desalojados volvieron al terreno. Armaron de nuevo sus carpas y sus toldos y prometen no irse. Mientras, el gobierno jujeño prometió expropiar las tierras. Una medida que llega tarde.
Félix Reyes Pérez (21) y Ariel Farfán (17) murieron como consecuencia de balas policiales, el jueves. También el policía Alejandro Farfán (22) murió casi en el acto de un tiro. Llegó sin vida al hospital Oscar Orías, según informó el director del establecimiento, Roberto Maizel. Al día siguiente, sucedió lo mismo con Juan José Velázquez (37): un balazo en la cabeza terminó con su vida. Las familias de las víctimas pudieron retirar los cuerpos de la morgue ayer, luego de las autopsias. Los cuatro fueron enterrados en el cementerio local. Ni siquiera en el camposanto hay lugar: el municipio reconoció que no puede extenderlo por falta de espacio. De los más de 60 heridos que hubo el jueves sólo quedaban ayer seis personas internadas: dos de ellas, con heridas de bala.
La orden de desalojo la firmó el juez Jorge Samman el 22 de julio. Luego, se fue de vacaciones. La orden se efectivizó después. La causa la tuvo por unas horas su colega Ana Carolina Pérez Rojas. Es que Samman adelantó su regreso para hacerse cargo del caso. Mariana Vargas, abogada de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), confirmó a Miradas al Sur que se van a presentar como querellantes y van recusar a Samman: “No puede ser que investigue los crímenes porque fue quien dio la orden. Mientras se producía el desalojo intenté presentar un escrito, pero la jueza Pérez Rojas, no lo quería recibir”. Por otro lado, están las responsabilidades políticas. El gobernador de la provincia es Walter Barrionuevo, aliado del anterior mandatario, Eduardo Fellner. La primera cabeza en rodar fue la del ministro de Gobierno, Pablo La Villa, que ya renunció. Para calmar las aguas, Barrionuevo también envió a la Legislatura un proyecto para expropiar tierras en Libertador, y destinarlas a la construcción de casas. Terrenos en Libertador, pero también en otras dos localidades linderas: Fraile Pintado y Pampa Blanca.
Julio Gutiérrez es de la Casa de Acción Popular Olga Márquez de Arédez. Contó a Miradas al Sur que ya en 2008 se hizo el primer reclamo por tierras. Entonces, el administrador de Ledesma, Federico Gatti, había prometido ceder ese espacio para construir viviendas. “Nunca lo hicieron. Por eso se tomó el predio. Se venía pidiendo una donación de los terrenos o que se haga un plan de pagos para comprarlo. Estaba la propuesta de armar una mesa de negociación para el jueves a las 9 de la mañana, pero a las 12 de la noche empezaron a amenazar con reprimir. Empezaron a hacerlo pasadas las 6 y terminaron a las 13. Al frente estaba la policía provincial. Junto al jefe del operativo estaba el jefe de seguridad de la empresa.” Julio acusa: “Ledesma siempre tiene que derramar sangre de la comunidad. Lo hicieron en la dictadura y lo volvieron hacer ahora”.
Lo mismo piensa el periodista jujeño Julio Flores. Para él, los acontecimientos “fueron más allá de lo que uno imagina”. Y aportó un dato importante: “En medio del grupo de civiles se infiltraron desconocidos que, con armas de fuego, comenzaron a realizar disparos a mansalva”. Dice que uno de esos tiros “impactó en el policía Farfán”. Es la versión que sostiene la CCC, al frente de la toma. “Las balas que mataron a estas personas, incluido al policía, salió del lado de la empresa. Tenemos denuncias y testimonios de la gente que vio a gente de seguridad de Ledesma con armas de fuego”, remarcó Enrique Kike Mosquera, líder de esa agrupación. Vargas ratificó: “Tenemos videos y los vamos a entregar a la Justicia”. Durante la dictadura era Gendarmería quien custodiaba los terrenos y la fábrica de Ledesma. Hoy la empresa cuenta con ejércitos privados.
El uso de armas en desalojos o manifestaciones está prohibido. En la última reunión del Consejo de Seguridad Interior, la ministra de Seguridad Nilda Garré presentó ante las provincias la propuesta de utilizar en todo el país un protocolo para las fuerzas federales. Estipula que la intervención de las fuerzas policiales será progresiva: primero el diálogo. Luego, las acciones serán coordinadas por un funcionario político. Y, lo más importante: que los efectivos que tengan contacto con manifestantes tendrán prohibido portar armas de fuego y usar pistolas lanzagases. Las postas de goma sólo se podrán usar para fines defensivos y el personal policial tendrá que estar identificado de forma visible. “Después de esa reunión hubo varias reuniones regionales, en las que varias provincias suscribieron a ese protocolo. Jujuy todavía no lo hizo”, confió una fuente del Ministerio a Miradas al Sur.
Amo y señor. La familia Blaquier posee más de 150 mil hectáreas en Jujuy. Cuarenta mil hectáreas son destinadas a la caña de azúcar en Libertador General San Martín. Otras dos mil hectáreas se usan para plantaciones de cítricos y paltas. El predio que ocuparon las 700 familias son 15 hectáreas. La CCC sostiene que con 40 hectáreas se resolvería el problema de vivienda en esa población. “La situación social es grave y no se avizora la posibilidad de revertirla en tanto continúen las condiciones estructurales de latifundios, monopolios y opresión imperialista”, señalaron en un comunicado. En la cronológica historia que se lee en la web de Ledesma, los años de dictadura están prolijamente borrados: la historia salta de 1970, año que Pedro Blaquier se puso al frente de la empresa, a 1983. Ledesma fabrica casi el 20 por ciento del azúcar que se consume en el país. Y el 35 por ciento del papel estucado y para impresión.
Ledesma dio su versión. Lo hizo a través de un comunicado. Se desmarcó de la acusación de que hayan actuado hombres suyos en la represión. “Son totalmente falsos los rumores que buscan asociar a la empresa como partícipe del operativo de desalojo de las personas que ocuparon de manera ilegal el predio. Ledesma, ni el personal que cumple funciones de vigilancia, ni sus vehículos participaron del desalojo. La orden judicial de desalojo recayó en la policía de la provincia de Jujuy”, se lee. La empresa sostuvo que el 20 de julio hizo la denuncia policial por la toma del predio. Y afirmó que donaron a la provincia “cerca de 200 hectáreas para urbanizar y construir viviendas”. “Recientemente –agregaron– la empresa puso a disposición del gobierno de Jujuy 80 hectáreas adicionales de su propiedad para ampliar la urbanización de Libertador y de Calilegua, otra de las localidades adyacentes a Ledesma, a través de un plan de ordenamiento urbano de toda la región.” Por último aclaró: “Las 15 hectáreas tomadas de manera ilegal no están incluidas en las 80 mencionadas”.
El Gobierno Nacional condenó las muertes. Primero, a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que reiteró “su convencimiento de que las únicas herramientas útiles para la solución de la problemática social parten del diálogo y no de la represión”. Al día siguiente hizo lo mismo el Ministerio del Interior: “Solicitamos a la Justicia que, en forma inmediata, se investigue y se esclarezcan los hechos”.
Tierra, quiero tierra. En los últimos treinta años, Libertador General San Martín casi duplicó su población: viven allí unas 60 mil personas. El déficit habitacional es grave: se calcula que unas dos mil familias no tienen casa. Ante la falta de tierras fiscales, la expropiación es vista con buenos ojos por el intendente local, Jorge Ale. El funcionario confirmó a Miradas al Sur que estaba negociando con la empresa la cesión de predios. “La ciudad creció mucho y no hay tierra libre: estamos rodeados de cañaverales. Ledesma nos ofreció tres hectáreas, pero en Calilegua, que está a siete kilómetros de acá. No nos sirve. Quiero contar con terrenos en Libertador”, comentó. El intendente informó que se licitaron unas 1.240 casas, pero que no se terminaron por falta de fondos. Y los alquileres son altos: van de 1.500 a 2.000 pesos.
“Libertador no puede crecer más, no lo dejan. Está rodeado por Ledesma”, ejemplifica Ricardo Arédez. Es el hijo de Olga del Valle Márquez de Arédez, histórica militante de derechos humanos de la zona –ya fallecida– y de Luis Arédez. Luis fue el médico del pueblo y llegó a ser intendente de Libertador. Está desaparecido desde el 24 de marzo del ’76. Ricardo sostiene que muchos terrenos de Ledesma deben confiscarse porque fueron compradas “a precio vil durante las dictaduras, desde la de Onganía a la de Videla”. Gutiérrez agrega: “El dueño de todo es Ledesma y no hay otro lugar de donde sacar tierras. Lo que ofrecen ellos es mandar a la gente a otras localidades. Pero en Caliguea o Caimancito también hay déficit de vivienda. No podemos pelear pueblo contra pueblo. La gente que es de acá quiere vivir acá”.
Adriana Arédez es otra de las hijas de Luis y Olga. Vive en Tilcara pero estuvo en la marcha del viernes en Jujuy. “La movilización fue descomunal: se extendió por más de quince cuadras. La gente decidió quedarse en el predio. No se mueven más de allí”, cuenta a este diario. Y advierte: “El responsable político de lo que pasó es el gobernador y su ministro de gobierno. Pedimos celeridad para determinar las responsabilidades. Aunque en la Justicia nos cuesta creer, porque la mayoría de los jueces son puestos por Ledesma. Acá la impunidad no tiene límites”. La abogada Vargas coincide: “Ledesma es una empresa soberbia: nada se mueve sin que ellos no sepan. No tienen preocupación por pagar cierto costo. Ellos opinan que si entregan tierras, abren la puerta para que las ocupaciones sigan”.
La leyenda jujeña de El Familiar habla de un perro grande. Un lobo con ojos brillantes. Un viborón. Un hombre con cuerpo de animal. El diablo mismo. Un fantasma que se mueve entre los surcos de las cañas de azúcar y que, en ocasiones, sale a recorrer el Ingenio. Un demonio que, a cambio de la prosperidad del terrateniente, exige a los patrones la sangre de sus obreros. Curiosamente, durante la dictadura, El Familiar elegía y desaparecía a los trabajadores que cuestionaban el sistema de explotación al que eran sometidos. Ni Ledesma ni el gobierno provincial ni las autoridades judiciales podrán acusar ahora a El Familiar de llevarse cuatro vidas de Libertador General San Martín. Un fantasma no los liberará de dar explicaciones ante la Justicia.
Fuente:MiradasalSur
Secretos industriales en el ingenio jujeño
Por Eduardo Anguita
Cómo son las condiciones de trabajo de los zafreros en el territorio en el que Blaquier es amo y señor.
Viajé a Libertador General San Martín en septiembre de 1986. Habían pasado 10 años de La Noche del Apagón y la impunidad respiraba tranquilamente por los cañaverales del poderoso Pedro Blaquier. El secretario general del sindicato de trabajadores azucareros de Ledesma era el chaqueño Melitón Vázquez. Honesto y combativo, se había ocupado de la situación de los zafreros. Hay que entender una cosa básica: los trabajadores de la planta industrial estaban en blanco y tenían estabilidad mientras que para la cosecha llegaban los obreros golondrinas, por entonces bajo el régimen laboral establecido por la dictadura que, en 1980, antes de la salida de José Alfredo Martínez de Hoz, se dio el gusto de derogar el estatuto del peón rural y reemplazarlo por un régimen de informalidad sin ninguna protección social. Era el regreso a la Argentina infame de los privilegios para los latifundistas. Melitón había pactado con el periodista Enrique Vázquez ir al programa El árbol y el bosque en ATC. Previo a su concurrencia fui con un equipo del canal a registrar lo que Melitón denunciaba: Ledesma había quitado la báscula que al final de la jornada permitía asentar cuántos kilos de caña entregaba cada trabajador. Los empleados jerárquicos de Blaquier asentaban lo que a ojo de buen patrón les parecía conveniente. Sin control del peón.
Llegamos. Nos instalamos en el hotel y, al rato, fui a la sede de Ledesma para tramitar un permiso y entrar a la zona de zafra. Era imposible entrevistar a los peones golondrinas sin entrar en territorio de Ledesma porque vivían en los barracones y de allí salían, machete en mano, a cortar y pelar caña. Me recibió el jefe de fábrica, que era el mismo que estaba en 1976, y me dijo que no podía autorizar el ingreso de los periodistas porque tenían que guardar “los secretos industriales”. Por la tarde, tras hablar con mis compañeros del equipo de ATC, aceptamos el ofrecimiento del sindicato que nos ponía un colectivo para salir a la madrugada y entrar para poder cumplir con nuestro trabajo. Al día siguiente estábamos registrando los testimonios de los peones que confirmaban la denuncia de Melitón. También visitamos los barracones donde las mujeres cocinaban los guisos para llevar las marmitas a sus maridos e hijos. Con las madres estaban los chicos más chicos. Era inevitable no rebelarse ante tanta injusticia. Las caras curtidas, los brazos fuertes y la destreza para usar el machete no eran suficientes para lograr justicia. Esa gente necesitaba que eso se viera por la televisión para que la clase media se indignara y no quisiera comprar resmas de papel o azúcar con la marca Ledesma.
Volvimos con un material impactante. A los días, fue Melitón al estudio y se grabó el programa. Pero la verdad no sería televisada. El canal guardó silencio y no lo dejó emitir. Enrique Vázquez puso el grito en el cielo y le contaron qué había pasado. Antonio Tróccoli, ministro del Interior, había llamado al canal contando que, a su vez, había recibido un llamado de Carlos Pedro Blaquier, muy molesto por esta historia. Finalmente, el 24 de diciembre de ese 1986, para evitar ser caratulados de censores pero no de canallas, los del canal emitieron el programa.
Un cuarto de siglo después. El 4 de abril pasado, el Frente Nacional Campesino (FNC), que nuclea agrupaciones de campesinos de varias provincias norteñas inició una marcha a pie hasta la Ciudad de Buenos Aires. Salieron desde el rincón donde se juntan Salta, Santiago del Estero y Chaco, provincias donde el desmonte y la expansión sojera deja a miles y miles de familias literalmente fuera del mundo. El 5 de julio pasado, tras recorrer a pie 1.750 kilómetros, decenas de hombres curtidos con sus ponchos y sus sombreros, llegaron al Congreso Nacional. Salvo algunos artículos (uno en Miradas al Sur) y alguna aparición televisiva (programa Sur, de CN23) esta marcha fue olímpicamente ignorada por los medios. Ayer llamé a Héctor Agüero, militante de Hijos del Monte, que integra el FNC, a quien conocí a raíz de la marcha. Agüero vive en El Talar, un pequeño pueblo salteño que está a 60 kilómetros de Libertador General San Martín, y se reivindica militante popular identificado con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, lo primero que aclara es: “La realidad nos explota en las manos”. El conflicto por la vivienda y el trabajo no mejoró en relación a lo que yo registré 25 años atrás. La tecnificación deja cada vez más obreros golondrinas sin siquiera el trabajo de zafra. En la inmensidad de las tierras de Carlos Pedro Blaquier ya no sólo hay azúcar y las plantas de azúcar y papel. Además, tienen plantaciones de citrus y plantas jugueras. Además, inauguraron con pompa y presencia de funcionarios provinciales y nacionales, una moderna planta de biodiésel. Además, agregaron soja. Esto es, desmontan, ponen alambre de púa y cuentan con una infinidad de camionetas de la seguridad privada de la empresa que recorre las más de cien mil hectáreas de Blaquier para evitar los ocupas. Hay entre 15 y 20.000 personas en lo que denominan el Gran Libertador General San Martín. Algunos jujeños, otros formoseños, salteños o bolivianos. Para ellos todavía rige el mismo régimen ¿legal? que dejó Martínez de Hoz. Además, los que consiguen trabajo temporario lo hacen a través de las contratistas. Son Manpower y Adecoagro, cuyas páginas web muestran gente linda y promesas de futuro. En realidad, medran con contratos basura. Le permiten a Blaquier evitar que vuelvan a surgir dirigentes comprometidos como los del ’76 o los del ’86.
Cuando le pregunto a Agüero sobre el papel del gobernador Walter Barrionuevo o el senador –y candidato a gobernador– Eduardo Fellner, ambos del Frente para la Victoria, mi interlocutor se muestra prudente. No quiere decir cosas que perjudiquen a la Presidenta, a quien apoya con pasión. Pero aclara que el gobierno provincial tiene injerencia en San Salvador de Jujuy y de allí hacia el norte, mientras que el resto no es tierra de nadie sino tierra de los Blaquier. Un duro golpe para los que sueñan con rosas sin espinas.
Fuente:MiradasalSur
No hay comentarios:
Publicar un comentario