Juicio por Ragone: pidieron que se allane la Jefatura de Policía
El abogado David Leiva pidió ayer que se allane la Jefatura de Policía de Salta, el Archivo General de la provincia y la empresa Plumada (que guarda archivos provinciales) para dar con documentación referida a las acciones de lucha contra la subversión que llevó a cabo la Policía en la década del 70.
El debate por el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone pasó a un cuarto intermedio hasta el 25 de julio, día en que se retomarán las audiencias. La suspensión más extensa obedece en este caso a la feria judicial de invierno.
El pedido de Leiva, que es querellante en el juicio, se hizo luego de varios intentos para que la Jefatura enviara copias de informes sobre la represión, y el organigrama de la División de Contralor General y del Departamento de Informaciones Generales (el nombre que tomó posteriormente Contralor General), quiénes la integraban, los cargos que ocupaban y sus legajos personales. Leiva pidió también que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta le aplique una sanción a la Jefatura de Policía, por entender que fue reticente a entregar esta documentación. Y solicitó que se le apliquen astreintes (multas diarias) al jefe de Policía, Néstor Cardozo, y que las pague de su propio bolsillo.
El fiscal federal Horacio Azzolín adhirió “en general” a este pedido, y pidió al Tribunal que considere la posibilidad de intimar a la Policía a que conforme una comisión especial que se dedique a reunir la documentación requerida y a entregarla al Tribunal.
El Tribunal ya tuvo que disponer que Gendarmería fuera a buscar estos documentos, porque la Policía no los enviaba, a pesar de que se lo requirieron reiteradamente. Gendarmería entregó algunos archivos acompañados de un informe sobre las respuestas de las autoridades policiales respecto de otros documentos que no entregó.
La decisión sobre si se hacen los allanamientos quedó en suspenso porque los jueces Liliana Snopek, Luis Giménez y Carlos Jiménez Montilla quieren recibir antes un informe sobre los documentos mandó la Policía.
Fuera de estos pedidos, la jornada de ayer fue menos intensa que la de la antevíspera. Fue sacudida sí por la presencia de Juan Carlos Villamayor, que había sido convocado para un careo con Damián Mendoza, el hombre que afirma haberse enterado por un militar de que iban a secuestrar a Ragone y haber intentado, infructuosamente, que huyera. La confrontación no se realizó y Villamayor fue puesto bajo custodia de la Policía Federal porque ni bien entró a la sala empezó a cuestionar que se lo pretendiera carear con Mendoza sin dar lugar a que el juez Luis Giménez, que ayer dirigió el debate, le explicara los motivos. Al final el juez se cansó y terminó por enviarlo a una habitación, bajo custodia, para que se tranquilizara y reflexionara. Más tarde el defensor oficial Federico Petrina le tendió una mano, al desistir del careo.
Antes Mendoza había sido careado con Miguel Ragone hijo, de este intercambio salió fortalecido el testimonio del primero.
El único testigo que declaró ayer, Algredo Gilabert, figura como secretario de Héctor Zanetto en el Ministerio de Bienestar Social, durante la intervención al gobierno de Ragone. El testigo dijo que no cumplía funciones ahí, sino en la Dirección de Deportes y que la designación le fue tramitada a través del secretario general de la UOM en Salta, Mario Amelunge. También dijo que conocía al entonces ministro de Bienestar Social, Ginés Fernández, “él manejaba con Amelunge el gremio”, sostuvo.
Dos militares, Carlos Alberto Mulhall y Miguel Raúl Gentil; tres policías, Joaquín Guil, Andrés del Valle Soraire, Pedro Herrera y Javier Herrera, y el civil Héctor Zanetto están siendo juzgados por el secuestro de Ragone, el homicidio del almacenero Santiago Arredes y las lesiones a Margarita Martínez de Leal. El juicio comenzó el 5 de abril y se estima que continuará hasta agosto o septiembre próximos.
FuentedeOrigen:ElenaCorvalan
Fuente:Agndh
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