Por Ramiro Rearte, desde Tucumán
Manlio Martínez está acusado de tomar declaración en centros clandestinos y de rechazar hábeas corpus.
El ex juez federal durante la dictadura militar, Manlio Torcuato Martínez, finalmente declaró ante un juez en democracia, luego de más 35 años de silencio por parte del ex magistrado tucumano, acusado de haber visitado centros clandestinos de detención para tomarles declaración a los detenidos, entre otros delitos de lesa humanidad.
Luego de varias dilaciones de parte de Martínez, llegó el miércoles pasado al primer piso de los Tribunales Federales de Tucumán, donde lo esperaba el juez Daniel Bejas. Martínez fue un activo civil durante la presencia de los genocidas Acdel Vilas y Antonio Domingo Bussi en la provincia. El ex magistrado llegó ofuscado: porque consideró (y lo dijo frente a los empleados de tribunales a los gritos) que era víctima de “los fiscales militantes”, haciendo referencia al fiscal Carlos Brito, que firmó su comparecencia ante Bejas y elevó todo el trabajo de investigación realizado durante más de un año. Pero lo que más lo molestó a Martínez fue la exposición de esta situación en los medios gráficos nacionales, como las notas publicadas por Miradas al Sur, que lo hicieron “conocido” y también ayudaron a que este civil colaboracionista fuera citado como imputado en una causa de derechos humanos de relevancia.
El pedido de instrucción se realizó en la segunda parte de la causa conocida como “Romero Niklison”, en cuyo primer tramo el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán dictó sentencia en el mes de marzo de este año, condenando a Menéndez y a Roberto Heriberto Albornoz (a) El Tuerto a prisión perpetua por el asesinato de cinco militantes de la organización Montoneros (María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Juan Carlos Meneses, Atilio Brandsen y Eduardo González Paz) en una vivienda de calle Azcuénaga n° 1816/1820 de San Miguel de Tucumán el día 20 de mayo de 1976. Para la fiscalía existen pruebas suficientes de que el ex magistrado participó en los homicidios de cinco personas y en la privación ilegítima de la libertad de otra, a través del incumplimiento de sus deberes de funcionario como forma de garantizar la impunidad de los policías y militares que cometieron estos hechos materialmente, o que dieron las órdenes para que se cometieran.
Durante más de dos horas, Martínez trató de defenderse de su participación en los hechos que se lo vinculan. Entre otras cosas, de rechazar todos los pedidos de hábeas corpus que entraban en su despacho, desde 1975 hasta entrada la democracia. Por ende, eligió vendarse los ojos frente a los familiares de desaparecidos, a la hora de impartir justicia, pero acudía raudamente cuando algún genocida de turno lo convocaba para tomar declaración testimonial a personas detenidas ilegalmente.
Según el fiscal Brito, “los responsables del aparato represivo en Tucumán podían contar con su anuencia para organizar la actividad del aparato represivo con riesgos jurídicos minimizados”. Además se lo acusa de haber enviado a un detenido a su cargo a un centro clandestino de detención, entregándolo al entonces encargado del Servicio de Informaciones Confidenciales de la policía provincial, El Tuerto Albornoz. Ese prisionero ilegal estuvo privado de su libertad durante más de un año.
El juez Bejas le mostró a Martínez todas y cada una de las actas firmadas por él mientras fue magistrado durante la represión ilegal de los años ’70. El ex juez poco pudo decir sobre las pruebas que se le presentaban, una tras otra. Sólo entre 1975 y 1976 Manlio Martínez recibió más de 350 acciones de hábeas corpus ante su juzgado a fin de dar con el paradero de personas secuestradas y/o desaparecidas: todas fueron rechazadas o archivadas.
Con el apoyo de Vilas. Según el fiscal Brito, “Manlio Martínez fue nombrado como juez federal de Tucumán entre 1974 y 1975. Según el entonces general Acdel E. Vilas, a cargo de la Operación Independencia, en su primera etapa, este nombramiento obedeció a un pedido suyo, pues para él el accionar excesivamente “legal” del juez anterior entorpecía las tareas represivas de las Fuerzas Armadas a su cargo. Señaló Vilas en esos años que pidió “la remoción de la Cámara de Apelaciones, del juez federal (…) y del fiscal, tratando que los nuevos nombramientos recayesen sobre personas de inequívoca ortodoxia”. Una de esas personas era Martínez.
Desde 1975 hasta 1983, Martínez dio muestras que cumpliría con la promesa realizada a Vilas. “Las denuncias de torturas y violaciones por personas secuestradas ‘legalizadas’ eran sistemáticamente pasadas por alto por el ex juez, que aceptaba como prueba incriminatoria confesiones arrancadas bajo tortura”, dice parte de la acusación de la fiscalía.
Ante la cantidad de testimonios que Bejas tomó a las personas detenidas durante la dictadura se pudo comprobar que existen además registros de su presencia en los centros clandestinos de detención más importantes de la provincia: la Jefatura de Policía, la cárcel de Villa Urquiza, lo que se llamaba “Puesto de Comando Táctico” de la Operación Independencia, la Escuelita de Famaillá y la Delegación local de la Policía Federal. En esos lugares, “el ex magistrado decidió no percibir que existían cientos de personas secuestradas y torturadas”, asegura Brito en su informe.
Martínez supo construir en democracia mucho poder dentro de la esfera judicial. De hecho, uno de los comentarios más fuertes en los tribunales tucumanos era que el ex juez nunca iba a ser citado a declarar. Sin embargo, al parecer las cosas empezaron a cambiar dentro de la familia judicial.
Lo que se espera en un par de días es que el juez federal Bejas dictamine sobre la causa en cuestión y sobre el futuro procesal de Martínez, que podría quedar detenido por las pruebas aportadas por el fiscal Brito y la Unidad de Fiscales en la materia, coordinadas por Jorge Auat y Pablo Parenti.
Fuente:MiradasalSur
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