Un genocida viola su prisión domiciliaria
Publicado el 4 de Julio de 2011
Por Ramiro Rearte
Desde Tucumán para Tiempo Argentino
El represor y genocida, Roberto Heriberto “El Tuerto” Albornoz, condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad por su desempeño como jefe de policía de la provincia durante la dictadura, todavía tiene ciertos privilegios. Albornoz, quien cumplía prisión domiciliaria, recibió la visita de dos asistentes sociales en su casa, el pasado 17 de junio, para constatar su estaba cumpliendo la condena, en una medida de rutina de parte del Patronato de Internos y Liberados. Las funcionarias que lo visitaron se llevaron una sorpresa: el represor no estaba en su casa, se había ido. Golpearon insistentemente la puerta de la vivienda, esperaron a que los atendieran y nadie salió. Es más, el lugar debía estar custodiado por efectivos de la Policía Federal, pero tampoco se encontraba efectivo alguno.
“El viernes 17 de junio del corriente año, se realizó la visita domiciliaria al señor Albornoz Roberto Heriberto, quien cumple arresto domiciliario en calle Martín Fierro 541, Banda del Río Salí. Esta visita se realiza con el objetivo de dar cumplimiento a la supervisión del arresto domiciliario. Se informa que el referente en el momento de la visita no se encontraba en su domicilio”, redactó Noelia Tapia, trabajadora social de la institución al juez federal Nº 1 de Tucumán, Daniel Bejas, e informó que el represor seguía manejándose de manera impune en la provincia que supo manejar bajo el miedo y el terror desde la llegada de otro genocida como Antonio Domingo Bussi.
Ante esta situación, el jueves pasado, el fiscal federal Leopoldo Palma, pidió que “en efecto de lo ocurrido, se disponga la inmediata revocación de la detención domiciliaria en cuanto quebrantó injustificadamente la obligación de permanecer en el domicilio fijado y se lo traslade de manera inmediata a la institución penitenciar correspondiente”. Por las dudas, los jueces federales, pidieron por escrito a la delegación de la Policía Federal que informe el día que se había ausentado por última vez el represor Albornoz de su casa por chequeos médicos. El informe policial fue tajante: “El mencionado imputado fue autorizado por última vez a ausentarse de su domicilio, para concurrir a consulta médica, el día 17 de mayo de 2011, medida cumplimentada por la Delegación Tucumán de la Policía Federal. Es todo cuanto tengo que informar”, respondió el comisario Eugenio Mallca.
El viernes por la mañana, el juez Carlos Jiménez Montilla, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal de Tucumán (TOC) llamó a declarar a las dos asistentes sociales y al chofer del Servicio Penitenciario Provincial, quienes estuvieron en el domicilio del represor Albornoz. Las dos jóvenes, Noelia Tapia y Juana Cisterna y el sargento Julio Alberto Caro, dijeron que no lo encontraron en su lugar de detención y coincidieron en su testimonio tomado en el primer piso del edificio de los tribunales federales de Tucumán a pocas cuadras de la Casa Histórica.
Los tres testigos dijeron que “normalmente los días viernes se realizan visitas de control de arresto domiciliario”, y que el día 17 de junio arribaron al domicilio del represor, “golpearon insistentemente las manos y tocaron el timbre varias veces, sin que nadie abriera. Luego bajó el chofer, quien también golpeó las manos con insistencia, pero no hubo respuesta (esa acción duró al menos cinco minutos)”, dijeron.
Además, trataron de hacer contactos con los vecinos de la zona sin mucha suerte. “A continuación fueron a la vivienda ubicada al lado de la del imputado, en donde los atendió una mujer a quien le preguntaron si sabía algo de su vecino”, tampoco tuvieron respuesta. “Expresan que no dejaron notificación o aviso de visita porque llovía y la hoja de notificación se habría mojado. Relatan que no pueden recordar si había vehículo en la casa.” Por otra parte, resaltaron que “no se advirtió la presencia policial”, en las inmediaciones de la vivienda del “El Tuerto” Albornoz.
El genocida fue condenado por la muerte y desaparición de 22 personas en el centro clandestino de detención Jefatura de Policía, y recibió la pena a “prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, por ser coautor material penalmente responsable de la comisión del delito de asociación ilícita en calidad de organizador, y autor material penalmente responsable de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravada, torturas seguidas de muerte y homicidio agravado por alevosía, con el fin de lograr impunidad y por el concurso premeditado de dos o más partícipes.” En un primer momento cumplió condena (siete meses) en el Penal de Villa Urquiza, pero por problemas de salud se le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria. Ahora el juez Bejas deberá decidir si se le revoca o no la modalidad de prisión a quien fuera uno de los jerarcas más conocidos del norte argentino, por su participación activa en las salas de tormentos.
Fuente:TiempoArgentino
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