El 42% de los represores fue excarcelado
Publicado el 4 de Julio de 2011
Por Gerardo Aranguren
En los 13 juicios actualmente en curso, el 25% de los imputados por delitos de lesa humanidad espera su sentencia fuera de la cárcel. Hay preocupación de los testigos, quienes consideran que su seguridad está en riesgo.
La fuga reciente de cuatro represores que habían sido excarcelados, tres de ellos por la Cámara de Casación Penal, llamó la atención sobre una situación que se extiende a las causas de todo el país: el 42% de los procesados por delitos de lesa humanidad fue excarcelado, y en los 13 juicios que hay en curso, el 25% de los imputados está en libertad.
Mientras que el ex militar correntino Leopoldo Norberto Cao y ex suboficial Víctor “Lindoro” Olivera fueron apresados luego de haberse fugado, el ex policía santiagueño Roberto Díaz y el capitán retirado Miguel Ángel García Moreno permanecen prófugos a la par del desarrollo de los juicios en Santiago del Estero y Bahía Blanca. Los cuatro habían sido excarcelados al momento de ser juzgados, poniendo en riesgo la seguridad de los testigos –quienes deben cruzarse con sus secuestradores y torturadores en las calles o en los ingresos de los tribunales–, y la continuidad del proceso, como en el caso de Corrientes, donde la fuga de Cao obligó a suspender las audiencias.
Norberto Cao ocupaba el cargo de teniente primero en la Compañía de Ingenieros 7 del Regimiento de Goya, Corrientes. Antes de ser indagado en esta causa ya había permanecido prófugo durante nueve meses en 2008, sin embargo la Sala II de la Cámara de Casación no tuvo en cuenta esto cuando aceptó un recurso de la defensa y le otorgó la excarcelación el 10 de junio de 2010.
Para ponerlo en libertad, los jueces Guillermo Yacobucci y Luis García, los mismos que limitaron el examen de ADN de Marcela y Felipe Noble Herrera, argumentaron que la prisión preventiva es una excepción y que sólo puede aplicarse cuando hay peligro de fuga o de que el imputado entorpezca la investigación.
Cao huyó de la justicia por segunda vez cuando el pasado 26 de abril la Corte Suprema de Justicia rechazó el fallo de Casación y le denegó la excarcelación. El 26 de mayo no se presentó a la audiencia del juicio oral por la causa Panetta en Corrientes y se ordenó su inmediata detención a las fuerzas de seguridad nacionales e Interpol, lo que se logró el 13 de junio, para esta vez sí quedar detenido.
Lo mismo sucedió con el ex suboficial Víctor “Lindoro” Olivera, procesado por delitos de lesa humanidad en la ESMA, quien se dio a la fuga en abril de este año luego de que Casación lo liberara. El fallo finalmente fue revocado por la Corte Suprema, pero “Lindoro” ya se había escapado. Su captura se dio el pasado 24 de junio, luego de un episodio todavía en investigación en el que la casa de su ex esposa fue baleada y su hija de nueve años resultó herida.
El capitán retirado Miguel Ángel García Moreno se fugó en dos oportunidades y permanece prófugo mientras se realiza el juicio oral en Bahía Blanca. A pesar de haber permanecido clandestino seis meses en 2007, el 25 de marzo de 2010 el tribunal oral de Bahía Blanca concedió su excarcelación y fue confirmada luego por la Sala II de la Cámara de Casación. Como era de esperarse, García Moreno volvió a huir de la justicia.
En los primeros días de junio se fugó Roberto Díaz, un ex policía de la provincia de Santiago del Estero, acusado de integrar el grupo de tareas a cargo de Musa Azar Curi en el Departamento de Informaciones Policiales. Había sido liberado por el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero en octubre de 2010.
Según cifras de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas por violación a los Derechos Humanos, del total de poco más de 800 procesados, el 42% están excarcelados y sólo el 58% restante cumple prisión preventiva. Además, de ese total de detenidos, el 40% permanece en su domicilio.
La mayor cantidad de liberaciones ocurren en la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal que genera jurisprudencia que luego es aplicada por otros juzgados del país. Tal es el caso del fallo Díaz Bessone, que limitó el alcance de la prisión preventiva. Aunque el precedente de Casación comenzó a ser revertido por algunos fallos de la Corte Suprema, el daño ya fue hecho: en los 13 juicios que se desarrollan actualmente, alrededor del 25% de los imputados está en libertad mientras se desarrollan las audiencias.
En el juicio oral que se realiza en Rosario por la causa Díaz Bessone, el único que quedó detenido, en su domicilio, es el ex comandante del Segundo Cuerpo del Ejército que da nombre a la causa, mientras los otros cinco imputados permanecen en libertad por fallos de Casación. En Bahía Blanca, donde comenzó el primer juicio oral la semana pasada, de los 19 acusados por delitos en el V Cuerpo del Ejército, sólo seis cumplen prisión preventiva, dos de los cuales están en domiciliaria y uno, el ya mencionado García Moreno, se encuentra prófugo.
En el juicio oral que se sigue por el Centro Clandestino de Detención El Vesubio, del que en poco tiempo se conocerá la sentencia, tres de los ocho acusados lo afrontaron en libertad: Héctor Gamen, Hugo Pascarelli y el fallecido Pablo Durán Sáenz. Por el Plan Sistemático de robo de bebés, de los ocho acusados sólo el ex jefe de la Marina Rubén Franco está libre.
Otro problema son los represores que una vez que fueron condenados quedan en libertad mientras se revisa la sentencia, una instancia con graves demoras sobre todo en Casación. Un ejemplo concreto es el trío Alberto Barda, Hipólito Mariani y César Miguel Comes, encontrados culpables en 2008 de delitos de lesa humanidad en Mansión Seré, quienes esperan la confirmación de la sentencia fuera de la cárcel.
Fuente:TiempoArgentino
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