En el marco de una nueva jornada por delitos de lesa humanidad ocurridos en el V Cuerpo de Ejército, se analizaron los planteos presentados por los defensores aunque el tribunal no los aceptó.
En relación a que el juez Martín Bava no era apto para integrar el tribunal “por no ser camarista, lo que constituye un no cumplimiento de las disposiciones legales”, los jueces entendieron que no era pertinente y que la defensa debería haberlo planteado antes de que se tomaran otras decisiones jurisdiccionales, como la recusación de Velázquez.
Respecto de Oscar Hergott, quien ocupa el lugar de cuarto juez en el tribunal, los defensores cuestionaron que el letrado, en al menos dos oportunidades, cuando debía ejercer su voto en causas similares, el juez virtió opiniones que “permiten sospechar falta de imparcialidad”, los jueces tampoco hicieron lugar por entender que las opiniones vertidas fueron en otra causa y además, tratándose del cuarto juez, no tiene voto por el momento.
En el caso de la recusación del fiscal Horacio Azzolin, los letrados argumentaron que el representante del Ministerio Público Fiscal tendría una supuesta vinculación con uno de los imputados, dado que desde 1994 a 1997 habría compartido distintos grupos misioneros con la hija de Osvaldo Páez, e incluso “pernoctado en la casa de otro hijo del imputado”.
Sobre ese planteo, los magistrados entendieron que no corresponde aceptarlo y le recomendaron a Castelli -defensor oficial- que de ahora en más acompañe sus pedidos con elementos, ya que se advierte una insuficiencia provatoria para demostrar el grado de comopromiso que pudiese existir entre la persona nombrada- hija de paez- y el fiscal.
Por último, los abogados defensores hicieron un cuestionamiento de tipo “territorial”, toda vez que entendieron que aquellos imputados que son de Viedma, y que desarrollaron allí sus tareas, debían ser juzgados en aquella localidad y no en Bahía Blanca.
En ese caso, los jueces tampoco aceptaron el planteo y le llamaron la atención al abogado denfensor por mostrar desconocimiento de las leyes territoriales, ya que en aquella época Viedma se encontraba bajo la jurisdicción de la Cámara Federal local.
Por otra parte, respecto de la situación de Julián Corres, los jueces decidieron que el jueves 11, a las 16 horas, un médico del Cuerpo Médico Forense que haya evaluado a Corres, comparezca ante el tribunal para que brinde detalles de su estado de salud e informe si puede ser sometido a juicio.
Finalmente se decidió la colocación de dos televisores con una cámara frente a cada uno de los testigos, para que los defensores puedan observar las declaraciones en forma detallada.
AGRESIONES VERBALES Y BURLAS
La doctora Mónica Fernánez Avello, representante de la querella, señaló que en la jornada de ayer uno de los imputados se dio vuelta mirando al público, les hizo burlas y provocaciones, por lo que solicitó que se tomen medidas.
A su turno el defensor, Guillermo Vidal, dijo que le había pasado algo similar y que un grupo de jóvenes lo agredió verbalmente diciéndole "basura, basurita, sorete, soretito", y también pidió que se tomen medidas al respecto.
Recordamos que la semana próxima comenzarían las indagatorias a los 17 imputados presentes en el debate. Uno a uno, serán llamados por orden alfabético para saber si van a declarar o no. Según trascendió, al menos cuatro de ellos harían uso de la palabra.
FuentedeOrigen:LaBrujula24
Fuente:Agndh
Avanza la investigación por la desaparición de un matrimonio de Tres Arroyos en 1977
El Juez Federal ad hoc del Juzgado Nº1 de Bahía, Eduardo Tentoni, citó a un escritor y precandidato a intendente para brindar testimonio. Guillermo Torremare escribió un libro donde publicó detalles de lo sucedido con la pareja.
El juez Eduardo Tentoni busca establecer responsabilidades sobre la desaparición del matrimonio tresarroyense, secuestrado en febrero de 1977.Guillermo Torremare, precandidato a intendente por la alianza Nuevo Encuentro, se reunió con el juez federal de Bahía Blanca, Eduardo Tentoni, a fin de brindar testimonio y aportar documentación relativa a la búsqueda del deportista Carlos Alberto Rivada y su esposa María Beatriz Loperena, secuestrados en Tres Arroyos en febrero de 1977.
En un comunicado de prensa enviado el pasado sábado, se indicó que desde marzo del corriente año el magistrado que investiga la comisión de delitos de lesa humanidad cometidos en el área del V Cuerpo de Ejército está reuniendo elementos que permitan establecer responsabilidades en torno a la desaparición del matrimonio tresarroyense.
La causa fue impulsada por el fiscal federal Abel Córdoba con fundamento en lo relatado en el libro "22, los tresarroyenses desaparecidos".
Torremare, coautor de ese trabajo junto al periodista Andrés Vergnano, relató detalles de su investigación, aportó datos vinculados a los habeas corpus oportunamente presentados para establecer el paradero de Rivada y Loperena, y entregó copias de las cartas que el padre de Rivada enviara a autoridades militares y políticas de la época -el general Harguindeguy y el almirante Massera entre ellas-, a la Iglesia Católica y a organizaciones humanitarias internacionales, dando cuenta de la desaparición y la infructuosa búsqueda posterior, como así también facilitó copias de las respuestas formuladas a esos pedidos.
Se estima que la instrucción de la causa se prolongará por varios meses, durante el transcurso de los cuales se citará a prestar declaración a las máximas autoridades militares que se desempeñaron en la zona de Bahía Blanca durante el terrorismo de Estado.
FuentedeOrigen:LaVozdelPueblo
Fuente:Agndh
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