Dato revelador
El vicepresidente de La Alameda fue abogado de Scilingo
Así lo confirmó, Carlos Slepoy, abogado querellante en España en juicios contra represores argentinos. Mario Ganora, integrante de la ONG que acusó a Eugenio Zaffaroni, fue defensor de Adolfo Scilingo.
04.08.2011
En el medio de la controversia mediática que se generó con el miembro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, surgieron detalles sorprendentes sobre la denuncia. Hoy Carlos Slepoy, abogado querellante en España en juicios contra represores argentinos, confirmó que el vicepresidente de La Alameda, la ONG que denunció al magistrado, fue defensor de un represor argentino.
En España, Mario Ganora actuó como abogado de Adolfo Silingo, ni mas ni menos que uno de los primeros militares de la última dictadura que admitió en público, en una entrevista con el periodista Horacio Verbitsky, que se ejecutaron prácticas de terrorismo de Estado en Argentina. Además confesó ante el juez español Baltasar Garzón haber participado en dos vuelos de la muerte mediante los cuales a muchos prisioneros se los arrojaba al mar con la intención de hacerlos desaparecer.
“Ganora era el abogado de Silingo. Ganora vino a España como defensor de Silingo. El juez Garzón le permitió estar presente en las jornadas que finalmente terminaron con la detención" aseguró hoy Carlos Slepoy, abogado querellante en España en juicios contra represores argentinos, que en diálogo radial con Víctor Hugo Morales, completó: "Silingo quería cambiar información por impunidad. Cuando comenzó este proceso era algo inédito y por tanto se requería la conformación de un cuerpo doctrinal".
En la entrevista Slepoy también brindó otro dato relevador que une los destinos de Ganora y Zaffaroni: "Recuerdo que cuando comenzó el tema le pedimos a Pérez Esquivel que consultaran con juristas argentinos la situación y recibimos un fundamentado escrito de Zaffaroni que nos ayudó mucho en el procedimiento. El siempre apoyó calurosamente esta causa”.
Fuente:DiarioRegistrado
LA CORTE SUPREMA CERRO FILAS CON ZAFFARONI
“Hay una unidad interna muy fuerte”
Por Irina Hauser
Después del revuelvo mediático en torno de la denuncia de la ONG La Alameda contra el juez Raúl Zaffaroni, la Corte Suprema unificó su mensaje: “Esto no afecta el trabajo” del tribu-
nal, ni pone en duda “la actividad de Zaffaroni como magistrado”, quien tampoco tiene por qué explicar ante sus colegas lo que entienden como un asunto “personal”. Palabras más, palabras menos, es lo que dijo públicamente un día antes el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Sólo que ayer lo conversaron entre todos los jueces en su primer plenario pos feria judicial y con el tema todavía en caliente. Quien sumó su voz fue Carmen Argibay: “Nosotros esperamos a ver qué pasa. Las explicaciones se las tendrá que dar (Zaffaroni) a quien corresponda. Será el Congreso, no lo sé”.
La idea de que hay un clima de “tranquilidad” en la Corte y de “cordialidad” y respaldo a Zaffaroni fue la que intentaron transmitir desde distintos despachos del tribunal ante las consultas de Página/12. “Hay una unidad interna muy fuerte”, fue una de las frases más repetidas. Apuntaba a contrarrestar el clima de crisis institucional que intentaban pintar algunos medios y sectores subidos al pedido de renuncia que formuló el candidato presidencial Ricardo Alfonsín. Contra ese reclamo, desde el alto tribunal insistieron en que “no hay un cuestionamiento a Zaffaroni por su desempeño como juez” “y la Corte no tiene nada que hacer”.
Eso fue lo que le expresaron durante el acuerdo y aunque le dijeron que tampoco veían necesario que rindiera cuenta puertas adentro, él les dijo, como lo había hecho en algunas radios, que se había visto “superado” por un problema con sus propiedades convertido “en un vendaval político insólito”. Desde que La Alameda denunció que en seis de sus inmuebles se ejerce la prostitución, el juez viene explicando que ni siquiera conoce algunos de sus departamentos (ya que tiene quince propiedades), que no sabe quiénes son los inquilinos y que no recibió reclamos ni denuncias. La administración de sus bienes la delega, dijo, en un apoderado y el alquiler lo hace una inmobiliaria. El, señaló, se ocupa de su vida profesional y académica. Ante el alboroto público informó que está tratando de que se vayan los inquilinos. Atribuyó todo a una campaña para forzarlo a renunciar, en medio de la campaña electoral.
En la Corte, al parecer, hasta los colegas que le tienen menos simpatía le dieron apoyo. Nadie lo increpó ni lo aisló, cuentan en el Palacio de Justicia. “Para mí es una cuestión particular y es el doctor Zaffaroni quien debe explicar o decir lo que quiera decir. A la Corte esto no la afecta en su trabajo ni nada por el estilo, no tiene nada que ver con la Corte”, insistió Argibay. El penalista les reiteró a sus colegas que si lo cita la Cámara de Diputados, irá a contestar todas las preguntas.
Fuente:Pagina12
OPINION
Apunten, fuego (carta a Zaffaroni)
Por Julio Maier *
Apreciado Raúl:
Me gustaría conocer qué le atribuyen y quién es el “atribuyente” (valga el neologismo). El primer dato es imprescindible, pues cualquier juicio de valor, con mayor razón el que reposa sobre una conducta humana, necesita un objeto y tal objeto debe estar, desde el comienzo, bien descripto. Cuando el objeto es una conducta humana, lo mínimo que podemos exigir consiste en definir la conducta y calificarla; por lo contrario, no resulta idónea la descripción y la calificación que se refiere a la relación de una cosa con una persona, ni a la conducta de otros, salvo que –en idioma penal–, como usted sabe mejor que yo, se establezca una relación de participación en el hecho de otro. La descripción y el significado que, a juicio del “atribuyente”, deben ser analizados, son también imprescindibles en la vida de relación para que usted pueda responder, defenderse de la imputación. Si bien no he leído ni escuchado toda la catarata de dimes y diretes que hoy lo tienen a usted por centro, le confieso que, aun dejando de lado la procacidad y la falta de educación de algunos, no he conseguido conocer qué le atribuyen, si se supone –como algunos esconden con mecanismos increíbles– que ello debe portar el signo del delito o, al menos, de la mala conducta en el ejercicio del cargo. Más me desorienta el hecho de que una imputación formalmente definida como delito, por vía judicial, esto es, fundada en elementos públicos, ha provocado un éxito político sin precedentes hace escasos días a través del voto ciudadano y sido valorada por los porteños tan positivamente, que pudo ser calificada así por el mismo imputado.
La pregunta por el quién se relaciona con la advertencia anterior: algunos proclaman la necesidad de un juicio político en su contra o le recomiendan que renuncie a su cargo de juez de nuestra Corte. Me gustaría poder preguntarles a ellos por qué toleran en cargos públicos a aquellos sobre los cuales pesan imputaciones delictuales formales y, más aún, los votan como ciudadanos y públicamente para ejercer cargos electivos, mientras pretenden crucificar a otros sin conocimiento alguno. Peor aún, varios de los que así se pronunciaron son abogados y hasta creen ser juristas.
No se moleste en contestarme. Usted, en verdad, ya contestó a mis interrogantes en sus libros y escritos, sobre todo cuando explica la relación entre prensa y pena. Con la misma falta de educación que algunos han demostrado para con usted intentaré consolarlo pidiéndole que no se preocupe pues, según la afirmación vulgar, “por interés baila el mono”.
* Amigo y colega como profesor en la Facultad de Derecho de la UBA.
Fuente:Pagina12
El pedido de renuncia realizado por Ricardo Alfonsín no tuvo eco entre sus pares
La embestida contra Zaffaroni divide a los candidatos opositores
Publicado el 5 de Agosto de 2011
Por Claudio Mardones
Francisco de Narváez se despegó del planteo de su socio radical y pidió mesura. Desautorizado, el postulante presidencial de la UDESO insistió en que si fuese el juez habría renunciado. Carrió irá a la carga después de las primarias.
Para algunos está en juego la credibilidad de la Corte Suprema. Para otros, la sangre no llegará al río, porque se trata de una conducta particular que no involucra al máximo tribunal argentino. Pero desde una postura o la otra, la oposición no logra ponerse de acuerdo sobre el juez Eugenio Raúl Zaffaroni, uno de los siete integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que fue acusado por la ONG La Alameda, de ser el propietario de seis departamentos de alquiler donde actualmente funcionan prostíbulos.
La denuncia estalló antes del ballottage porteño del domingo pasado y sus repercusiones se metieron de lleno en la campaña electoral de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias del próximo 14 de agosto. La primera piedra la tiró Ricardito Alfonsín, el candidato presidencial del frente Unión para el Desarrollo Social (UDESO), quien sostuvo que el descubrimiento de los prostíbulos que funcionan en departamentos de su propiedad “están afectando el prestigio” del máximo tribunal. El apresuramiento del hijo del ex presidente Raúl Alfonsín en sus declaraciones le trajo problemas a la coalición con sus socios conservadores de Unión Federal, la fuerza conducida y financiada por el empresario Francisco de Narváez que se postulará como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por la UDESO. En sus declaraciones, Ricardito dijo que si le ocurriera una cosa así “renunciaría”, pero con sus palabras se transformó en el único precandidato presidencial que llegó a pedirle la renuncia a Zaffaroni. Su socio, De Narváez, se demoró unos días en diferenciarse. Ayer por la mañana, sostuvo que el ministro de la Corte “debe presentarse en la Cámara de Diputados para dar explicaciones”. Para el magnate, su reclamo consiste en aplicar el “procedimiento” que debería afrontar el ministro del máximo tribunal ante una situación como esta. Esa aclaración, muy diferente al pedido de renuncia de Ricardito, no le impidió recordar que el caso debe ser tratado “fuera del contexto de la campaña” y con “mesura”. Los radicales, rápidos de reflejos, advirtieron que el socio conservador de la UDESO había resuelto desautorizar a su candidato, pero pocos minutos después Ricardo Alfonsín ya tenía una respuesta, aunque no logró que los desacuerdos quedaran en privado. “Lo que dije es que yo haría eso, que yo hubiera hecho eso”, afirmó el dirigente radical en declaraciones radiales y luego aceptó con resignación la desautorización que le propinó su aliado. “Está bien, porque esto no es una cuestión programática”, evaluó Ricardito, y dio el caso por cerrado. Pero el peor golpe que recibió el pedido de renuncia de Alfonsín no provino de su socio colombiano, sino de la jueza de la Corte María del Carmen Argibay. “Para mí es una cuestión particular y el doctor Zaffaroni es quien debe hablar y explicar lo que quiera. A la Corte eso no le afecta en su tarea”, indicó la magistrada, que también desestimó que exista algún malestar en el tribunal por el caso. Sin embargo, fue tajante sobre el derrotero institucional que debería recorrer el juez: “Las explicaciones tendrá que dárselas a quien corresponda, si se las piden en el Congreso”, disparó la magistrada en la misma línea que lo hizo el presidente del máximo tribunal Ricardo Lorenzetti, quien habló con la prensa luego de un plenario de miembros de la Corte, donde analizaron el tema y consideraron que el escándalo de los departamentos es un tema “personal” que no se vincula con sus sentencias en el máximo tribunal.
Por la mañana, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se mostró mesurada y también desautorizó a Ricardito: “Este no es el tema que tenga que estar en la campaña. Yo he sido la que pidió juicio político a la anterior Corte y muchos años nos costó renovar la Corte y reconstruir este prestigio. Nosotros de ese tema en campaña no vamos a hablar. Después de que pase la campaña, (las diputadas nacionales) Fernanda Gil Lozano y Patricia Bullrich pedirán las explicaciones y se evaluará el juicio político”. Por la tarde, cuando las palabras de la corte retumbaron en todos los candidatos, el precandidato a presidente por Compromiso Federal, Alberto Rodríguez Saá, recomendó al juez que además de “ser honesto” también debe “parecerlo”.
Fuente:TiempoArgentino
El gobierno respaldó al juez de la corte suprema
“Hay una campaña para que renuncie”
Publicado el 5 de Agosto de 2011
Aníbal Fernández y los ministros Randazzo y Boudou hicieron públicas sus sospechas sobre las verdaderas intenciones detrás de la reacción mediática y opositora contra Zaffaroni. “Hay una carga ideológica”, dijeron.
El gobierno respaldó ayer públicamente al juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni al instalar la sospecha de que existe una campaña intencionada detrás de la escalada que busca provocar su renuncia y someterlo a juicio político a partir de la denuncia sobre la presunta existencia de prostíbulos en cuatro departamentos de alquiler de los cuales es propietario.
El ministro del Interior, Florencio Randazzo, sostuvo que existe una “carga ideológica” en los “ataques” a Zaffaroni y destacó la “honorabilidad” del magistrado. “Creo que hay una carga ideológica con respecto a un ataque sin sentido, sobre todo teniendo en cuenta el prestigio, la honorabilidad y la trayectoria de Zaffaroni”, dijo el funcionario durante una visita al stand que el Ministerio del Interior tiene en la mega muestra Tecnópolis de Villa Martelli.
Randazzo recordó que “ya hubo un pronunciamiento muy claro por parte del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, que señaló que de ninguna manera Zaffaroni incumplió con sus funciones, que son esenciales y específicas”.
Además de Randazzo, también salieron en respaldo del juez el ministro de Economía y candidato a vicepresidente, Amado Boudou, y el jefe de Gabinete Aníbal Fernández.
Boudou remarcó que Zaffaroni tiene “la simpleza de los genios”, y consideró sospechoso que haya acusaciones en su contra durante la campaña electoral para las presidenciales. “Lo conozco personalmente a Zaffaroni, él tiene la simpleza de los genios”, señaló el candidato a vicepresidente del kirchnerismo y evaluó que “es sospechoso cómo tiran temas antes de la campaña”, ya que “apareció primero lo de Hebe” (de Bonafini) por el desmanejo de fondos públicos para la construcción de viviendas “y ahora lo de Zaffaroni”.
En declaraciones a Radio Del Plata, el ministro consideró que Zaffaroni dio “una explicación muy clarita” sobre el caso de los departamentos, y restó carácter institucional a la denuncia presentada por la asociación civil La Alameda, una ONG que combate la trata de personas.
“Todos sabemos quién es Zaffaroni y cuál es su obra, el lugar que tiene en el Derecho argentino. Esto que ocurre es el intento de desacreditar a una persona muy emblemática, que es el símbolo de la renovación de la Corte Suprema, de un cambio que llevó adelante Néstor Kirchner”, consideró el compañero de fórmula de la presidenta Cristina Fernández, quien no se refirió públicamente al caso.
Aníbal Fernández, en tanto, afirmó que “el olfato dice mucho” sobre una campaña para desprestigiar al magistrado, con el fin de lograr su renuncia. “Creo que la expresión más concreta la dio el propio titular de la Corte (Ricardo Lorenzetti): No hay absolutamente nada que pueda opacar la tarea que Zaffaroni hace en la Corte; se trata de un tema personal que él deberá explicar, dijo que tiene la vocación de hacerlo y está abocado a esta tarea”, sostuvo.
Fuente:TiempoArgentino
Opinión
Operación: desprestigien al juez
Publicado el 5 de Agosto de 2011
Por Roberto José Boico Constitucionalista.
Tan pronto advertimos el escenario amarillista montado en torno a las supuestas actividades indecorosas del juez Eugenio Zaffaroni, creemos presenciar un espectáculo ficcional semejante a los soporíferos escándalos mediáticos que inundan las pantallas televisivas, pero ni bien se cuelan al escenario especulaciones de incidencia política, e incluso, absurdos pruritos republicanos de oportunistas candidatos que reclaman la renuncia del magistrado por quién sabe qué desempeño defectuoso, alardeando además un bochornoso desconocimiento de la ley y la Constitución, nos enfrentamos a una ostensible operación mediático-política desestabilizante, cuyos contornos y objetivos no resultan difíciles de vaticinar.
Frente a una porción político-ideológica insuflada en estos días al calor popular de los últimos resultados electorales, y frente a otros espacios políticos que condenados al ostracismo pretenden capturar cualquier milimétrico espacio de protagonismo televisivo, resulta esperable que se proyecten desde los laboratorios de formación de opinión escenarios fantásticos y catastróficos que procuren horadar la credibilidad y el honor de personajes públicos que de algún modo se emparenten, por acción o predicada simpatía, con el proyecto popular considerado enemigo público a destruir.
Es indudable que a la mirada de algunos, Eugenio Zaffaroni representa significativos valores ético-jurídicos que una visión conservadora y recalcitrante no estaría dispuesta a tolerar, sumando a ello pendientes decisiones del máximo tribunal sobre las cuales giran inmensos intereses corporativos que no debemos desplazar del análisis.
Algunos desvergonzados opinólogos han pretendido encontrar en los confines del código penal aspectos que ligan el fabricado escándalo con la trata de personas, el proxenetismo y otros disparates de igual magnitud, además de exigir rectitudes republicanas que difícilmente puedan acreditar esos mismos paladines de la moral. Para aclarar: 1) la prostitución no es delito; 2) la ley de profilaxis antivenérea 12.331 castiga a los regentes de prostíbulos por afectar la salubridad pública, no a los locadores, 3) el locador no puede responsabilizarse penalmente por la actividad del locatario, 4) no constituye mal desempeño constitucional alquilar inmuebles a personas que eventualmente ejercen la prostitución, máxime cuando la locación se terceriza. Si echamos a volar la imaginación no resultaría fantasioso sostener que la denominada Rita sea un producto pergeñado por algún integrante del abanico interesado en desprestigiar al juez, extremo que nos exige velar por hombres de la talla moral y jurídica de Eugenio Zaffaroni, irreprochable en su conducta a través de los años, y valiosos para la conformación del máximo tribunal de la República.
Fuente:TiempoArgentino
El juez irá al Congreso tras las primarias
Publicado el 5 de Agosto de 2011
El juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni anticipó anoche, en una entrevista concedida al canal de noticias CN23, que luego de las primarias abiertas se reunirá la Comisión de Juicio Político en el Congreso y está “dispuesto a ir, contestar todas las preguntas y aportar todos los documentos que tengo”. En su primera aparición televisiva desde que se conoció la operación en su contra, Zaffaroni consideró que las acusaciones son “un hostigamiento que lleva adelante una campaña de desprestigio no contra mí, sino contra la República”.
“No creo que sea una investigación tener un móvil estacionado frente a mi casa permanentemente, eso es hostigamiento”, consideró el magistrado, y destacó que tomó “las medidas que tenía que tomar, ya desocupé los inmuebles”.
Zaffaroni aseveró que “no conocía a los inquilinos, no cometí ningún error. Delegué todo en un apoderado que contrató a una inmobiliaria y si él se equivocó con la inmobiliaria tampoco sería un error”, concluyó.
Fuente:TiempoArgentino
RESPALDO DE ORGANIZACIONES DE JURISTAS, DERECHOS HUMANOS, SINDICALES Y FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO
Cuando las críticas son a las críticas
Los ministros del Interior y de Economía apoyaron al juez de la Corte. Diferentes entidades de juristas hicieron lo mismo y ponderaron su trayectoria y prestigio. Adolfo Pérez Esquivel criticó a Alfonsín.
La Red Latinoamericana de Jueces dijo que Zaffaroni es “el más importante exponente del mundo jurídico de habla hispana”.
Distintos referentes y organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos, de trabajadores, juristas, criminólogos y abogados sumaron ayer su apoyo al juez Raúl Zaffaroni. El CELS, el Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, Hebe de Bonafini, de Madres de Plaza de Mayo, fueron algunos entre los que respaldaron al ministro de la Corte Suprema. En respuesta al pedido de renuncia que hizo Ricardo Alfonsín y de juicio político por parte de otros dirigentes opositores, el ministro de Economía, Amado Boudou, y el ministro del Interior, Florencio Randazzo, también se solidarizaron con el magistrado.
El candidato a vicepresidente por el kirchnerismo señaló que Zaffaroni es “el símbolo de la renovación de la Corte” y que por esa razón “ahora se lo está intentando estigmatizar”. En una línea similar se expresó Randazzo. Afirmó que “hay una carga ideológica” en las críticas al juez, a las que consideró como “un ataque sin sentido”, y destacó “el prestigio, la honorabilidad y la trayectoria” del magistrado.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expresó su solidaridad con Zaffaroni. En un comunicado, el organismo de derechos humanos que preside Horacio Verbitsky manifestó que se pretende “demonizar” al juez e “instalar sobre él una condena sin sustento, cuando ni siquiera se sabe si existe algún delito”. Por su parte, la titular de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, consideró a Zaffaroni como “lo mejor de la Justicia”.
Los integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria también emitieron un comunicado, en el que afirman que “quienes impulsan esta campaña de desprestigio pretenden condicionar a la Corte Suprema, lesionando el principio de una Justicia independiente”. Entre los firmantes están Pérez Esquivel, el dirigente de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Víctor De Gennaro, el escritor Mempo Giardinelli, la hermana Martha Pelloni, el sociólogo Fortunato Mallimaci y el judicial Víctor Mendibil. Pérez Esquivel agregó luego que “es preocupante que el candidato del partido radical, que pretende llegar a la presidencia de la Nación, pida la renuncia del magistrado y actúe con tanta ligereza, torpeza y falta de responsabilidad”.
Llovieron las adhesiones por parte de diversas entidades del ámbito de la Justicia y el derecho. El presidente de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), Abel Fleming, dijo que Zaffaroni “es la persona que más prestigio internacional tiene desde el punto de vista jurídico”. Agregó que la opinión pública debe tener “cuidado”, porque en el ataque al juez “se tritura su prestigio, y detrás hay una vida de trabajo, trayectoria y buena fe”.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn) expresó su respaldo al magistrado por medio de un comunicado, en el que sus representantes pidieron “mesura y prudencia” ante las denuncias y alertaron respecto de los efectos institucionales que podrían generar los ataques: “El juicio ligero y las conclusiones apresuradas emitidas sin suficiente fundamento lesionan profundamente la credibilidad social, sin que las decisiones futuras de los organismos institucionales pertinentes a los que están obligados a comparecer todas las autoridades de la Nación alcancen luego a reparar en toda su dimensión”.
Del mismo modo se pronunció la Red Latinoamericana de Jueces: “En forma antirrepublicana buscan sacarlo (a Zaffaroni) de la Corte Suprema de Justicia”, afirmaron sus representantes, quienes calificaron al magistrado como “el más importante exponente del mundo jurídico de habla hispana”.
En un sentido similar opinaron los integrantes de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología: “Es lamentable que sólo por intereses electorales se persiga la destrucción de quien ha sido el principal precursor de las garantías en Latinoamérica. Confiamos en que el pueblo argentino no se dejará engañar”, aseveraron.
La Asociación de Abogados de Buenos Aires consideró las críticas a Zaffaroni como “ataques injustificados y desaprensivos”, y expresó su “apoyo solidario” al juez, y la agrupación Abogados por la Justicia Social (AJUS) manifestó que Zaffaroni es “el símbolo de que es posible construir una Justicia y un Poder Judicial mejores”.
Desde el ámbito sindical también defendieron al magistrado. El secretario de CTA, Hugo Yasky, afirmó que “la reacción de respaldo a Zaffaroni por parte de varios sectores de la ciudadanía muestra que existen reservas morales en nuestra sociedad como para enfrentar las canalladas de los que sueñan con volver a tener una Justicia que se maneje con control remoto”. Desde los movimientos sociales, el dirigente de la Federación Tierra y Vivienda, Luis
D’Elía consideró que Zaffaroni “es el Dalmacio Vélez Sarsfield del siglo 20 y 21, y está siendo objeto de una campaña sucia”. Agregó que quienes critican al juez tendrían como objetivo modificar la estructura de la Corte, porque “saben que cuando la ley de medios llegue, las corporaciones van a sufrir un duro golpe”.
FuentedeOrigen:Pagina12
Fuente:Agndh
Posición del CELS sobre las acusaciones al ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Eugenio R. Zaffaroni
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) hace pública su solidaridad con el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni, ante los ataques dirigidos sobre la base de acusaciones escandalosas e imprecisas, y con un alto contenido de hipocresía. De este modo se pretende demonizar al juez e instalar sobre él una condena sin sustento, cuando ni siquiera se sabe si existe algún delito y, de ser así, quién lo habría cometido. Esta criminología mediática, tal como él mismo la ha llamado, comienza por la condena y no se sostiene en la comprobación de un delito sino en la denuncia pública indeterminada. El juez Zaffaroni no es acusado por lo que hizo sino por lo que representa.
Su trayectoria como académico, activista e integrante del poder judicial es conocida por todos. Largas horas duró la audiencia ante el Senado de la Nación en la que dio cuenta de sus atributos para ocupar un lugar en el máximo tribunal del país. Quienes luchamos por la recuperación democrática y la vigencia de los derechos humanos nos sentimos reconfortados con su designación.
Por eso nos alarma que hoy se lo fustigue con tanta ligereza. Si no es posible para algunos medios de comunicación dar cuenta de la trayectoria de Zaffaroni y contextualizar la información que brindan para enriquecer el debate democrático, al menos debería existir ese límite entre las fuerzas políticas. En especial cuando algunas de esas fuerzas se suman a la condena mediática en el contexto de la campaña electoral y llegan al extremo de pedir la renuncia del magistrado, “aunque no haya cometido un delito”.
¿Es esta la discusión sobre la justicia que se propone? La incorporación de Zaffaroni a la Corte Suprema se dio en el marco del proceso de recomposición del máximo tribunal, luego de un periodo en el que la Corte de la mayoría automática habilitó el desguace del Estado y la absoluta desprotección judicial. La calidad institucional de esta Corte ha sido reconocida y ha quedado demostrada en sus fallos. Los ataques a Zaffaroni pretenden poner en riesgo esos avances.
El debate sobre la independencia judicial en Argentina es tan superficial que los mismos que motorizan las acusaciones contra Zaffaroni luego se escandalizan y denuncian presiones a los jueces cuando se los critica por tomar decisiones que benefician a los poderes fácticos y van en contra del interés público. ¿Acaso este tipo de ataques no representan una presión indebida y una afectación directa a la independencia judicial? ¿Por qué, en este caso, los valores republicanos no son defendidos con ahínco por aquellos sectores que enarbolan ese tema como bandera?
Es lamentable que tenga lugar este debate cuando se debería pedir a los jueces que rindan cuentas por las decisiones que toman y que generan consecuencias gravísimas como el hacinamiento y la tortura de miles de presos o la represión de los conflictos sociales. Nuestro país enfrenta enormes asignaturas pendientes en materia de política judicial que no pueden quedar reducidas a especulaciones de campaña. En todo caso, la agenda electoral debería dar lugar a la saludable y legítima discusión sobre el rol del poder judicial en el acceso a derechos para los grupos más vulnerables.
Horacio Verbitsky
Presidente
Gastón Chillier
Director ejecutivo
Centro de Estudios Legales y Sociales
web@cels.org.ar /www.cels.org.ar
Fuente:Agndh
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