Bajo la custodia de los sospechosos
Los elementos que serán sometidos a pericias para saber si la policía disparó balas de plomo pasaron ahora a Gendarmería. La madre de uno de los jóvenes asesinados recusó al juez: “Es inadmisible que el mismo juez que ordenó desalojar ahora investigue los homicidios”.
Por Irina Hauser
El portal oficial del Poder Judicial de Jujuy anuncia entre sus últimas novedades que anteayer el Juzgado de Jorge Samman entregó a la Gendarmería gran cantidad de elementos secuestrados que serán sometidos a pericias balísticas y químicas como parte de la causa en la que se investigan las consecuencias del desalojo del predio del Ingenio Ledesma, en Libertador General San Martín. El material incluye las armas utilizadas por el personal policial durante la represión que causó la muerte de cuatro personas, cuya revisión por parte de expertos es fundamental para determinar si los agentes dispararon balas de plomo. Lo que no dice la página web es que esas pruebas, al parecer, estuvieron toda la semana bajo custodia de la propia policía provincial, que se supone que está siendo investigada, según informaron a Página/12 funcionarios que siguen de cerca la causa. La mamá de Ariel Farfán, uno de los jóvenes asesinados, recusó al juez por posible parcialidad, al haber hecho lugar expeditivamente al pedido de la empresa para vaciar el predio, sin antes analizar la situación ni verificar “la existencia o no de una comunidad originaria”. Y por considerar “inadmisible que el mismo juez que ordenó desalojar ahora investigue los homicidios”, dijo la abogada Mariana Vargas.
El sitio www.justiciajujuy.gov.ar informa que los “diferentes elementos secuestrados” vinculados al desalojo en el ingenio azucarero fueron entregados al comandante mayor Eduardo Silva, de Gendarmería Nacional, el miércoles último en presencia del fiscal Emilio Cattan. Silva, explica la publicación, fue designado para realizar las pericias sobre “proyectiles de armas de fuego extraídos en las autopsias, ropa de las víctimas, armas utilizadas en el operativo por la policía provincial, armas de fuego, vainas y cartuchos servidos recolectados en el predio donde ocurrieron los enfrentamientos; guanteletes de parafina realizados a los detenidos, personal policial y víctimas y un escudo de protección utilizado por el policía que falleció”.
La intervención de la Gendarmería fue dispuesta por la jueza Carolina Pérez Rojas, quien subrogaba a Samman, que se había ido de vacaciones tras firmar la orden de desalojo. Ella alegó que nombró a una fuerza “independiente” porque el personal de la policía jujeña “estaría involucrado”. Samman volvió raudamente el viernes pasado a su despacho. Pero antes de que fueran entregadas a los gendarmes, las evidencias habrían estado bajo vigilancia de la policía de Jujuy, advirtieron fuentes cercanas a la pesquisa. En un comienzo, los hombres de la Gendarmería las recibieron embolsadas, pero exigieron hacer un inventario. Aun así, no pueden garantizar el origen ni el estado del material, que se supone debería servir para algo tan importante como saber si las armas de la policía dispararon municiones de plomo, según los rastros que tengan de pólvora.
Nélida González, la mamá de Ariel Farfán, el chico de 17 años asesinado en el desalojo, pidió ser querellante, representada por la abogada Vargas, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC). También se presentó con un pedido para impulsar la causa el Centro de Acción Popular Olga Márquez de Arédez (Capoma), que respaldó la ocupación inicial en 15 hectáreas de Ledesma. La actitud del juez, que firmó el desalojo el 22 de julio, dos días después del pedido de los Blaquier, fue cuestionada desde un comienzo por las organizaciones y hasta el gobernador Walter Barrionuevo. González recusó anteayer a Samman. Alegó que su “desalojo, sin investigación previa de la existencia o no de una comunidad originaria en el predio, en las condiciones poblacionales de Jujuy, y la urgencia de la orden, demuestra ya por sí misma su parcialidad respecto de quien denunciara la usurpación de las tierras (la empresa Ledesma)”. Recordó que ante la jueza subrogante se acreditó la presencia de la Comunidad Aborigen Unión Guaraní Tata Oguembae, “lo que implicaba la prohibición de de-salojo en razón de normas de orden público, hasta noviembre de 2011”.
Ahora el mismo magistrado tiene que resolver si acepta apartarse. Ayer, militantes de la CCC hicieron un escrache frente a la casa del juez en la ciudad de San Pedro, donde dejaron pintadas: “asesino”, “andate”, decían. Luego marcharon a su Juzgado y reclamaron su renuncia.
Quienes han intentado acceder al expediente desde las organizaciones afectadas se han topado con un enorme hermetismo. Sólo trascendió que ayer se habría hecho una inspección ocular en el predio ocupado de Ledesma en Libertador, que hay tres personas baleadas aún internadas y que no hay detenidos. El expediente seguiría caratulado como “atentado y resistencia a la autoridad seguido de cuádruple homicidio calificado, lesiones, robo calificado e incendio contra persona a establecer”. “Es una forma de decir o anticipar que los manifestantes se mataron entre ellos y a un policía”, se quejó Andrés Reynoso, de la oficina jujeña de Abogadas y Abogados del NOA en Derechos Humanos.
Fuente:Pagina12
EDUARDO FELLNER HABLO SOBRE LA CRISIS QUE ATRAVIESA JUJUY
“Adjudicar un terreno a cada familia desactiva”
A una semana del intento de desalojo que terminó con cuatro muertos, en un contexto de piquetes y ocupaciones masivas de tierras, viviendas en construcción, parques y hasta canchas de fútbol, el diputado y candidato a gobernador jujeño Eduardo Fellner (PJ) admitió ayer que existe un “estado de caos”, aunque también sugirió que “se están haciendo tomas sin ningún sentido ni justificación”. El intendente de Libertador General San Martín, Jorge Ale, relató ante la comisión parlamentaria creada para investigar a los responsables políticos de los crímenes que la familia Blaquier “siempre manifestó el no a la cesión de los terrenos” y que tenían previsto volver a reunirse el jueves de la masacre. La multisectorial de gremios y las cámaras de comercio e industria respaldaron el plan de viviendas que anunció el gobierno provincial.
La toma que comenzó en Libertador General San Martín ya se extendió a toda la provincia. Tras la represión, las ocupaciones se multiplicaron ante un tácito “dejar hacer” de las autoridades. Con el correr de los días se comenzaron a tomar complejos habitacionales a medio construir, tierras privadas y fiscales, incluso las lindantes con el aeropuerto de San Salvador. Ayer trascendió que varios punteros políticos comenzaron a censar y al mismo tiempo a vender terrenos por tres mil pesos. Algunos ocupantes iniciaron de inmediato la construcción de viviendas de material. En el Poder Judicial se acumulan las denuncias por usurpaciones, pero, a diez días de las internas abiertas y ante las evidencias sobre la nula capacidad disuasiva de la policía provincial, no se ejecutan desalojos.
“La adjudicación de un terreno fiscal a cada familia jujeña desactivará rápidamente un montón de focos de conflicto, detrás de los cuales está la necesidad real de la gente, pero también intereses políticos y económicos que tienen que quedar al descubierto”, afirmó Fellner. El titular del PJ provincial abogó por que “se blanquee la situación de verdadera necesidad de cada jujeño”, pero también advirtió que se “están haciendo tomas sin ningún sentido ni justificación”. “Los intendentes están de acuerdo para implementar este sistema” y “seguramente va a haber apoyo del gobierno nacional”, anticipó el titular de la Cámara de Diputados. “Ante este estado de caos, de crisis, de aprovechamiento, no se pueden hacer anuncios en diferido”, dijo Fellner, quien se postula para reemplazar a su delfín Barrionuevo, cuya candidatura impulsó en 2007 ante la imposibilidad de buscar su segunda reelección como gobernador.
El intendente Ale, interrogado el martes por la comisión parlamentaria, contó que antes del desalojo “tuvimos reuniones con directivos de Ledesma, que siempre manifestaron el no a la cesión de los terrenos”. “Teníamos previsto para ese jueves una reunión con la gente de la CCC y Ledesma, lo habíamos acordado un día antes, pero horas antes me avisaron que ya estaba la orden de desalojo”, relató. “El jefe del operativo policial junto a los efectivos consiguieron despejar el predio y estaba a la espera de que la empresa inundara el terreno para impedir que la toma siguiera cuando se reanudó el enfrentamiento con más fuerza”, explicó.
Fuente:Pagina12
Hará el censo del plan “un lote para cada familia”
Piden apoyo a Milagro Sala para resolver la crisis de vivienda en Jujuy
Publicado el 5 de Agosto de 2011
Por Rodolfo González Arzac
El gobernador Walter Barrionuevo tendrá problemas para aprobar el proyecto en la Legislatura. La UCR se resiste a darle “un cheque en blanco” y se dificulta la sanción. Nuevas familias ocuparon el barrio Coronel Arias de la capital.
El diputado Eduardo Fellner, el hombre fuerte de la provincia, se refirió a cómo sigue el gobierno nacional los episodios que se sucedieron en la provincia después de que un desalojo feroz dejara cuatro muertes en un predio de la firma Ledesma una semana atrás. “¿Si va a haber apoyo del gobierno nacional?, y seguramente lo va a haber, pero queremos ordenar esto. Ante este estado de caos, de crisis, de aprovechamiento, que hay en muchos lugares, no se pueden hacer anuncios ni pedidos al gobierno nacional. Claro que hay manifestaciones de acompañar del gobierno nacional”, dijo.
El plan urgente lanzado 24 horas atrás por Barrionuevo y Fellner es el segundo intento del gobierno provincial por encauzar la situación. A principios de esta semana los diputados habían aprobado la expropiación de 40 hectáreas para satisfacer la demanda de unas 2000 familias de Libertador General San Martín.
El relevamiento empezó ayer. La mayoría de las tomas y el puñado de cortes de ruta se mantuvieron. Milagro Sala viajó de apuro desde Buenos Aires a Jujuy. “En esta oportunidad hay que sacarse la camiseta de los partidos políticos. Estoy muy preocupada por la situación de Jujuy. Debemos unirnos para sacar a la provincia adelante”, dijo la dirigente.
En la Cámara de Diputados se prepara un escenario complicado, con negociaciones contrarreloj. El proyecto enviado por el gobernador consiste en autorizar el uso de tierras fiscales provinciales y, de ser necesario, “expropiaciones como las que se hicieron en Libertador General San Martín”. La prioridad, según el borrador, la tendrán los departamentos de Ledesma, San Pedro, Palpalá, El Carmen y Manuel Belgrano. Cada lote, según se informó, contará con “infraestructura mínima indispensable para condiciones dignas de vida”.
El Frente para la Victoria tiene 23 diputados sobre un total de 48. Necesita acordar con los radicales, que ayer ya anticipaban que no quieren darle un “cheque en blanco” al gobernador. Una postura similar podría tener el bloque Jujuy Primero, una escisión del FPV que data de 2007. El proyecto se trataría la semana que viene.
Medio centenar de familias se instaló ayer a la madrugada en espacios públicos del barrio Coronel Arias, en el sur de la ciudad, donde se registraban cuatro asentamientos sobre la calle Juan Manuel de Rosas, uno en cercanías de la plaza Heller Keller, otro en la calle Villafañe, y otro, próximo a un parque de diversiones. Afiliados a gremios de las 62 Organizaciones, que ya tenían viviendas preadjudicadas en el barrio Los Perales, ingresaron al nuevo complejo habitacional para evitar que otras familias que tomaron terrenos lindantes ocupen las casas. En la zona del barrio Alto Comedero de la capital provincial, en tanto, un grupo de vecinos y desocupados instalaron carpas en los predios del Aero Club. El número mayor de ocupaciones se registraba en las localidades de Perico y sus alrededores, donde había 22 espacios intrusados; Libertador General San Martín, con 6; San Pedro de Jujuy, 4; el barrio capitalino Alto Comedero, 7; y la ciudad de Palpalá, 4. Fuentes policiales, en tanto, reportaron que los cortes de rutas nacionales y provinciales en demanda de viviendas persistieron en diferentes puntos de la provincia.
Fuente:TiempoArgentino
Protesta de la CCC contra el juez que firmó el desalojo en Ledesma
Publicado el 5 de Agosto de 2011
La Corriente Clasista y Combativa (CCC) realizó ayer una protesta frente a la casa del juez Jorge Samman en San Pedro, el magistrado que firmó la orden de desalojo pedida por Ledesma y se fue de vacaciones al momento en que una feroz represión dejó cuatro muertos. Los militantes marcharon luego a la sede del juzgado para exigir su renuncia.
Samman designó a Gendarmería Nacional para que realice las pericias de los elementos secuestrados tras el desalojo y entregó al titular de la fuerza, Héctor Eduardo Silva, armas y ropa, entre otros objetos, para determinar cómo se produjeron los hechos.
Según pudo saber Tiempo Argentino, la información con la que cuenta el gobierno nacional y el provincial indica que se encontraron dos tipos de calibre en los cuerpos de las víctimas: unos de armas reglamentarias de la policía y otros calibre 22.
“Si no lo destituyen y no cambia la carátula no nos vamos a presentar a declarar. Nos tendrán que venir a buscar a la fuerza”, explicó a Tiempo, Enrique Mosquera, dirigente de la CCC, quien también criticó con dureza la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, por no contar con la presencia de organismos de Derechos Humanos.
Fuente:TiempoArgentino
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