“Un modus operandi que perduró en el tiempo”
Fue acusado por unanimidad de haber “omitido en forma reiterada y prolongada” la investigación de “delitos de lesa humanidad de los que habría tomado conocimiento en su condición de fiscal federal y de juez federal subrogante”, entre 1975 y 1983.
Por Irina Hauser
En Tribunales, en territorio de la Justicia en general, esperar es costumbre. Es un dato insalvable, casi naturalizado, que la realidad depara. Esperar un trámite, un papel, un fallo. Los organismos de derechos humanos y las víctimas que ayer llenaban buena parte de la sala de audiencias del Consejo de la Magistratura tuvieron que aguardar cerca de dos horas a que empezara esa reunión plenaria que tanto ansiaban. Era, de todos modos, la prolongación de un continuo que llevaba más de un año y medio, cuando una medida cautelar frenó casi todo lo que habían avanzado en sus denuncias contra jueces de Mendoza por complicidad con la última dictadura. Pero ellos apostaron a convertir ese paréntesis en un tiempo activo, en el que sacaron a la luz sus historias y las de otros ex detenidos-desaparecidos ignorados por ciertos integrantes del Poder Judicial durante el terrorismo de Estado, cuyo auxilio ante el secuestro y la tortura nunca llegaba y devenía en una de las más crueles esperas. Cerca del mediodía, cuando el público se acomodaba para escuchar largos discursos, el Consejo sorprendió con una decisión expeditiva: sin mediar discusiones aprobó por unanimidad la “inmediata suspensión” y la apertura del juicio político del camarista federal mendocino Otilio Romano, a quien le adjudicó una conducta “funcional” al terrorismo de Estado al haber “omitido en forma reiterada y prolongada en el tiempo” la investigación de “delitos de lesa humanidad de los que habría tomado conocimiento en su condición de fiscal federal y de juez federal subrogante”, entre 1975 y 1983.
Romano quedará suspendido como camarista hasta que termine su juicio político, algo que deberá ocurrir –según la Constitución– antes de que se cumplan 180 días hábiles contados a partir de la sesión de ayer. La decisión del Consejo señala sospechas de “mal desempeño” y la “posible comisión de delitos” en función de un dictamen que propuso el representante del Poder Ejecutivo, Hernán Ordiales, quien estuvo al frente del expediente. A su vez, este consejero se basó en los fallos judiciales, de primera instancia y de Cámara, por los que Romano está procesado como partícipe primario en 103 delitos de lesa humanidad que van desde secuestros, torturas, allanamientos ilegales y robo de bienes hasta el archivo de la causa por la apropiación de una hija de desaparecidos que impulsó invocando las leyes de impunidad (pese a que no eran aplicables a ese delito). Se le adjudican conductas como no haber denunciado o investigado evidentes violaciones a los derechos humanos de las que habría tenido conocimiento por los detenidos o por visitas a los centros de detención como el D2 –el del Departamento de Policía de Mendoza– y la U9 de La Plata (ver testimonios aparte), e incluso haberse basado en testimonios obtenidos bajo tortura para promover causas por la llamada “ley antisubversiva”, de los tiempos de la Triple A.
La acusación y suspensión fueron votadas por integrantes de todos los sectores y fuerzas políticas representados en el Consejo: el camarista laboral y presidente del cuerpo, Mario Fera; el académico Manuel Urriza, el representante del Poder Ejecutivo, Hernán Ordiales; los senadores kirchneristas Ada Iturrez y Marcelo Fuentes y el radical Mario Cimadevilla; el diputado oficialista Carlos Moreno y el de la UCR Oscar Aguad, y los abogados Alejandro Fargosi y Daniel Ostropolsky. Este último, un mendocino que había sido cuestionado por vínculos con el acusado, apoyó la suspensión, pero acotó que había que investigar y juzgar por igual a jueces que pudieran tener “claudicación en la independencia judicial” cualquiera fuera el gobierno de turno. Los únicos ausentes fueron el camarista Ricardo Recondo –asumido militante antikirchnerista y referente de la Asociación de Magistrados– y la diputada del Frente para la Victoria Stella Maris Córdoba, de campaña por Tucumán, donde es candidata a gobernadora.
En el recinto, que desbordaba de gente, estaban la secretaria de Derechos Humanos de Mendoza, María José Ubaldini; el subsecretario de Gobierno, Ariel Pringles; representantes de organismos de derechos humanos como el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) –que impulsó la causa–, algunas de las víctimas que comprometieron a Romano con sus relatos, el abogado Rodolfo Yanzón y Angela Urondo, secuestrada junto con sus padres, el escritor Paco Urondo, asesinado, y Alicia Raboy, desaparecida. Había un grupo encabezado por el secretario de Derechos Humanos de la CGT, Julio Piumato, y unos cuantos curiosos del Poder Judicial. A medida que los consejeros encendían su micrófono y anunciaban su voto, la platea iba ganando sonrisas, que terminaron en un intenso aplauso ante el anuncio de la suspensión.
Si hay algo que desconcierta a los mendocinos es haber pasado de ser una de las provincias más rezagadas en los juicios de lesa humanidad, con record de represores sueltos, a tener audiencias y condenas y en menos de un año dos jueces suspendidos por haber actuado en complicidad con la maquinaria dictatorial. Uno de ellos, Luis Miret, juez durante la última dictadura, fue destituido en marzo último. Tenía imputaciones y hechos en común con Romano, quien en forma contemporánea era fiscal. El caso de Miret abrió un nuevo ciclo donde crece el número de investigaciones que involucran a jueces en acciones colaboracionistas con la dictadura y/o en conductas tendientes a evitar el juzgamiento del terrorismo de Estado aún en la actualidad. Pero Romano recurrió a todo a su alcance para frenar su juicio penal y su proceso de destitución, y lo logró por un tiempo: con una medida cautelar de un conjuez abogado puso stop en el Consejo hasta hace poco. En la causa judicial hizo apartar al juez que lo procesó, algo que llevó meses revertir. Los consejeros Ordiales y Moreno, que fueron fiscales en el jury a Miret, también lo serán en el juicio a Romano.
El dictamen acusatorio aprobado propone siete cargos contra Romano, que precisan algunos casos concretos de omisión de denuncias y requerimiento de medidas, pero confluyen en una conclusión: “La conducta omisiva del Dr. Romano respecto de delitos de lesa humanidad resulta sistemática, ya que no se reduce a uno o pocos casos aislados, sino que por su reiteración demuestra un patrón de conducta, un modus operandi, y por otra parte resulta prolongada, ya que ha perdurado en el tiempo. Ello se registra no sólo (...) entre 1975 y 1983 sino que (...) hasta el día de hoy nada hizo el juez Romano para promover la investigación de los delitos de los que tuvo conocimiento mientras se desempeñaba en el cargo de fiscal federal de primera instancia, sin perjuicio de haber continuado ininterrumpidamente siendo funcionario, ya sea como miembro del Ministerio Público Fiscal o del Poder Judicial de la Nación”.
Fuente:Pagina12
TESTIMONIOS DE QUIENES DENUNCIARON EL ROL DEL JUEZ DURANTE LA DICTADURA
Las voces de las víctimas
“Después de visitarme en la celda, Romano le dijo a Miret que yo era una delincuente subversiva”, cuenta Luz Faingold, que fue detenida en 1975. La denuncia de Fernando Rule ante el Consejo de la Magistratura que permitió la aparición de otros testimonios.
Por Irina Hauser
Fernando Rule tiene una barba gris muy tupida y anteojos pequeños, ovalados. Estuvo siete años detenido desde febrero de 1976 en el D2 (el centro de detención del Departamento de Policía de Mendoza), en la cárcel provincial, la U9 de La Plata y en Caseros. Sufrió torturas, vio morir a varios amigos y presenció la violencia sexual a su propia compañera a pocas celdas de la suya. Cuenta que hace algunos años, reunido con el abogado de derechos humanos Pablo Salinas, intentaban descifrar qué pasaba en Mendoza que no lograban que avanzaran los juicios por los crímenes de la última dictadura, que todo se dilataba y hasta los represores salían libres. Le dieron vueltas al tema, hasta que cayeron en la cuenta de que “la clave estaba en la Cámara Federal”, dice. “Los mismos jueces de ese tribunal que ponían escollos para avanzar habían sido jueces o fiscales durante el terrorismo de Estado. Es más, vimos que Luis Miret defendía como profesor de Etica en la Universidad de Cuyo a la dictadura porque había puesto orden; Miret había sido juez antes de camarista, Otilio Romano, su fiscal”, cuenta. Fue así como se convirtió en el primero en denunciarlos junto con David Blanco, quien falleció, ante el Consejo de la Magistratura.
Miret fue destituido en marzo último por el jurado de enjuiciamiento, por haber omitido investigar denuncias de torturas y secuestros. Romano fue suspendido por las mismas razones, y por más hechos todavía. A Rule aún le parece increíble haber estado preso en calabozos del palacio policial cuyo diseño había seguido de cerca, ya que era técnico en electrónica y proyectaba las comunicaciones de los edificios públicos. No recuerda haberse cruzado personalmente con Romano o Miret, aunque sí que este último, quien actuó como su defensor oficial, les dijo a sus padres: “Si su hijo atentó contra el Estado, tenga en cuenta que a mí me paga el Estado”. La denuncia de este ex detenido dio pie a la aparición de otros testimonios que fueron ayudando a reconstruir el papel que estos funcionarios del Poder Judicial tuvieron ya desde 1975, cuando aplicaban la llamada “ley antisubversiva”.
Invocando esa norma fue como detuvieron a Luz Faingold, en 1975, cuando militaba en la escuela secundaria, en la Organización Revolucionaria Poder Obrero y era delegada de su curso, en quinto año. Luz, de pelo lacio y ojos color miel, era menor de edad, tenía 17 años, pero la mandaron al D2, una cárcel de adultos, donde estuvo una semana. Un día –le cuenta a Página/12–, alguien abrió la puerta de su celda. “Pensé que venían a buscarme, para irme a casa. Vi un hombre con aspecto de abogado”, repasa, junto a su hija.
–¿Me voy? –preguntó Luz, ilusionada. El hombre hizo un “no” con la cabeza.
“Nunca supe quién era verdaderamente ese señor –dice Luz–, hasta hace un tiempo, cuando vi en los diarios de Mendoza una foto de Romano que había salido a festejar con champán en un restaurante con otro camarista, Julio Petra Fernández, que habían apartado al juez que lo había llamado a indagatoria por crímenes de lesa humanidad. Hasta ese día, la única foto que circulaba de Romano no se parecía a la imagen que yo recordaba. Esta sí.” Durante su cautiverio, Luz sufrió ataques sexuales que incluso eran oídos desde otros calabozos. En uno de ellos estaba su pareja, quien denunció lo que sucedía, además de las torturas a otros detenidos. Ni el fiscal Romano ni el juez Miret, dice Luz, investigaron nada. “Después de visitarme en la celda, Romano le dijo a Miret que yo era una delincuente subversiva y que desaconsejaba la restitución a mis padres, que me buscaban. Estuve en un hogar de niños por tres semanas, hasta que pude volver a casa”, cuenta.
Luis Toledo también fue detenido en Mendoza a los 18 años, cuando militaba en la Juventud Peronista. Su primera parada fue también el D2, donde un suboficial que le fue a tomar los datos le leyó lo que le imputaban: “Delincuente subversivo sin Dios y sin Patria, al servicio de la sinarquía internacional y en contra de la Iglesia Católica y el Ejército Argentino”. Lo conoció a Romano, cuenta a este diario, pero no fue en Mendoza, sino mucho más lejos, en la U9 de La Plata, donde lo trasladaron. “Primero vinieron a verme unos tipos, que me querían hacer firmar unos papeles. Con el tiempo entendí que eran para armarme una causa, pero en ese momento estaba muy golpeado y no tenía claridad para pensar. Después aparecí en un expediente con otras tres personas sobre un allanamiento a una casa donde habían encontrado cientos de panfletos. Luego apareció Romano, que me pidió el nombre, me informó de la causa y preguntó si tenía algo que decir. Dijo que si firmaba un arrepentimiento tendría una condena menor. Para esto me sacaban de la celda, me llevaban a otro lugar dentro del mismo centro. Más adelante me vino a tomar declaración el juez Gabriel Guzzo. Cuando me están llevando a una oficina, me cruzo con Romano otra vez”, repasa Luis, con mezcla de acento norteamericano, producto de haberse exiliado a Wa-shington cuando recuperó la libertad. Allí terminó el secundario, estudió sociología y construyó su vida hasta hace dos meses, cuando volvió a la Argentina.
Eugenio Pais, quien también estuvo ayer en la audiencia en el Consejo de la Magistratura, es otra de las víctimas que se sumaron a las denuncias contra los camaristas por no haber investigado ni su secuestro, en el D2, ni el de sus compañeros. Angela Urondo pudo reconstruir que estuvo al menos una noche en el D2 con apenas un año (luego la llevaron a Casa Cuna), mientras mataban a su papá, el escritor Paco Urondo, y desaparecían a su mamá, Angela Raboy. “¿Cómo es que nadie investigó mi paso por ahí?”, se pregunta.
Fuente:Pagina12
GRACIELA ALFANO PIDIO PERDON
“No tuve nada con él”
“Quizá fue un coqueteo erróneo, poniendo livianamente el tema. Me arrepiento, y ahora lo digo en cámara: yo no tuve nada que ver con ese señor. ¿Queda claro?” Con esas palabras respondió la actriz Graciela Alfano en un programa de televisión cuando le insistieron: “¿Por qué no negaste tu vinculación con (Emilio) Massera en el momento en el que te lo preguntaron?”. Mirando a cámara y con una expresión de seriedad, la vedette pidió disculpas por sus declaraciones sobre la desaparición sistemática de personas implementada por la última dictadura militar: “Si hablé con alguna liviandad sobre el tema fue porque vino de un programa de chimentos, y decidí hablar así para pasarlo por arriba, porque es un tema demasiado grave. Pero, bueno, la estrategia fracasó. Me hago cargo, y ofrezco mis disculpas públicas”. Horas antes había pedido disculpas desde su cuenta de Twitter, @alfanograce: “Me disculpo por haberme expresado con frivolidad respecto de un tema grave para nuestra sociedad”.
En el mismo programa, la actriz negó haber tenido una vinculación afectiva con el represor Emilio Massera durante el gobierno militar: “Con el señor Massera no tuve ninguna relación, ni de amistad, ni de ninguna otra naturaleza, más que un apretón de manos en el Teatro Colón un 9 de Julio”. Con respecto al pedido de investigación del fiscal federal Luis Comparatore, Alfano afirmó que se presentará “espontáneamente” ante la Justicia, dado que aún no recibió una citación oficial. “No tengo gastos, ni cuentas, ni cosas en el colchón. No tengo testaferros. ¡No tengo nada!”, agregó.
“No creo que (Alfano) se acuerde de mí, pero tampoco creo que haya olvidado lo que me dijo ese día”, aseguró más tarde la hija del bailarín El Chúcaro. Elsa Ayala sostiene que Alfano se encontraba junto a Massera cuando, en 1976, ella fue a hablar con el dictador para dar con el paradero de su esposo, que se encontraba secuestrado.
Fuente:Pagina12
Escuela en el lugar del horror
Al fin comenzarán a alzarse las paredes de la futura Escuela 9, en Morón, en un sector del predio donde funcionó el centro clandestino conocido como Mansión Seré. Ayer se abrieron los pliegos para su construcción, una iniciativa que había sido vetada por el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. La Legislatura de la ciudad, con el voto de todos los bloques, incluido el oficialista, dejó sin efecto ese veto y, así, habrá aulas donde reinó el horror durante la dictadura. En el predio ubicado en Castelar ya funciona la Casa de la Memoria y la Vida. El propósito de la nueva escuela es resolver los problemas de matrícula de tres escuelas del partido, porque podrá recibir a unos 800 alumnos, para lo cual contará con doce aulas, un patio cubierto y dos abiertos, sala de informática, una biblioteca y un laboratorio, además de rampas para discapacitados y un ascensor. Los terrenos donde se construirá fueron cedidos por el gobierno porteño a Morón en 2006, con un destino específico para el desarrollo de las actividades de promoción de los derechos humanos y los deportes, que se generaron desde la gestión del ex intendente Martín Sabbatella. Luego se pidió que se ampliara dicho criterio para la construcción de un edificio para la Escuela 9, que funciona en una casa alquilada y en el edificio de la escuela 17. A fines de 2010, la Legislatura porteña aprobó por unanimidad modificar el destino del predio. Pese a que se trata de un histórico reclamo de la comunidad de Morón, Macri vetó lo resuelto por los legisladores. Tras el repudio unánime, la Legislatura finalmente habilitó el proyecto.
Fuente:Pagina12
Un paso adelante
“Esta decisión implica un paso fundamental para demostrar la complicidad de algunos funcionarios judiciales con el terrorismo de Estado. Avanzar en la renovación y democratización del Poder Judicial es una asignatura pendiente de la democracia argentina y el Consejo de la Magistratura tiene la responsabilidad de asumir su rol en ese recambio. En los próximos meses el jurado de enjuiciamiento deberá definir la destitución de (Otilio) Romano y demostrar que es inadmisible que un magistrado procesado por crímenes de lesa humanidad continúe en su cargo”, señaló el Centro de Estudios Legales y Sociales en un comunicado. Allí se recordó que “a lo largo de los últimos dos años, el CELS y otros organismos de derechos humanos presentaron denuncias contra Romano, quien fue citado en varias oportunidades para rendir cuentas ante el Consejo, pero las audiencias se suspendieron sin mayores justificaciones. En esta ocasión el juez envió su descargo por escrito, declaró ser víctima de una “patraña judicial” y sostuvo que “las fuerzas armadas y la policía actuaban de manera clandestina durante el terrorismo de Estado, por lo que no pudo ser partícipe de un accionar que desconocía”.
Fuente:Pagina12
Opinión
“Un paso vital para el avance de los juicios de lesa humanidad”
Publicado el 26 de Agosto de 2011
Por Rodolfo Yanzón Abogado de la Fundación Liga por los Derechos Humanos.
De la Comisión de Acusación y Disciplina, miraba a los costados en los que se concentró el público. Era notoria la ausencia del juez Ricardo Recondo, consejero en representación de los magistrados. Uno de los asistentes dijo que “su antecesor (por el juez Luis Cabral) era más vivo: en casos como este venía a acompañar el féretro”, entreviendo que la decisión que pronunciaría el órgano competente para juzgar a los jueces se hacía sentir en el ambiente. Había periodistas, asesores y funcionarios, abogados, políticos y sindicalistas, familiares, sobrevivientes y miembros de organismos de Derechos Humanos. Entre ellos, el fiscal Félix Crous, Julio Piumato, y los querellantes de Mendoza, Luz Faingold, Ángela Urondo y Fernando Rule. Los consejeros fueron dando su opinión favorable sobre el dictamen recomendando la suspensión del juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, Otilio Romano, procesado por su participación necesaria en un centenar de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Los asistentes intercambiaban miradas de satisfacción luego de tantos meses de parálisis,en los que el proceso se había sumido como consecuencia de la acción de amparo que Romano había presentado para impedir que avanzara y que tuvo éxito por la complicidad de otros jueces. Su par en la Cámara Federal, Luis Miret, fue destituido en marzo por el Consejo de la Magistratura por omitir denunciar e investigar torturas, vejaciones y robos por parte de las fuerzas militares y de seguridad contra personas detenidas, a quienes dejó a merced de sus captores. Destituido y sin jubilación, Miret quedó a disposición de la justicia en el marco de un proceso penal en el que se le imputa haber dado cobertura institucional a los crímenes de las fuerzas represoras en la provincia. El consejero Daniel Ostropolsky, representante de los abogados de las provincias de origen radical, fundamentó su voto leyendo un escrito en el que fijaba posición a favor del dictamen, diferenciándose de sus colegas al manifestar que Romano estaba procesado por la justicia pero que el Consejo debía analizar su connivencia y falta de imparcialidad respecto de un gobierno (la dictadura), más allá de las imputaciones que contra él pesaban. “Está sobreactuando”, dijo uno de los presentes, recordando que había sido recusado en abril por no garantizar imparcialidad, debido a su amistad con otro juez, íntimo de Romano, el camarista Julio Petra Fernández, también con un proceso en su contra ante el Consejo por su complicidad con la dictadura. En esa presentación se cuestionó a Ostropolsky por haber sido parte de la maniobra montada para proteger a Romano, junto a los jueces que le prestaron cobertura. “La cadena de favores y amistades genera sospechas de parcialidad”, suscribieron los abogados. Luego de que los consejeros dieran su opinión, se leyó el texto que sería aprobado por unanimidad: suspender en su cargo a Romano y promover su enjuiciamiento. Los aplausos invadieron la sala. Mientras el presidente informaba el siguiente tema a tratar, los asistentes se confundían en abrazos y los periodistas buscaban las opiniones de quienes llevaron adelante la acusación. “Ahora es el turno de Petra”, dijo la hija de Paco Urondo, Ángela. Petra Fernández fue denunciado por haber beneficiado al coronel Luis Stuhldreher dictando una falta de mérito a su favor por 18 desapariciones. Esa decisión había sido firmada también por Carlos Pereyra González, que, para evitar el avance del proceso en su contra por encubrir torturas, renunció a su cargo en 2009. Petra y Pereyra habían firmado varias resoluciones amparando a militares, lo que provocó un vendaval de presentaciones de los querellantes. Tanto Petra como Romano esperaban que la nueva composición del Consejo les permitiría tomar un poco de aire y evitar sus destituciones, pero sus sueños se desvanecieron al conocerse los últimos acontecimientos.
La decisión unánime de suspender y enjuiciar a Romano debe ser destacada como un paso vital para el avance de los juicios de lesa humanidad, desplazar a los cómplices de la dictadura de sus cargos y sostener estos juicios como política de Estado. Mendoza es una de las provincias en las que con mayor desparpajo se exhibieron los cómplices de la dictadura enquistados en cargos de relevancia dentro del Estado. Esta medida presagia el fin de esa política de pocos. Debe también destacarse a quienes han hecho posible este hito a favor de la justicia, entre los que cabe mencionar a los ya recordados acusadores particulares que vivieron en carne propia los horrores de la dictadura. Y también, un reconocimiento para los abogados que en soledad y desde el primer minuto no dudaron en poner sus esfuerzos a favor de los juicios; ellos son Pablo Salinas, Diego Lavado, Alfredo Guevara, Viviana Beigel y Carlos Varela.
Fuente:TiempoArgentino
25 de agosto de 2011
Un paso adelante en la depuración del Poder Judicial
El Consejo de la Magistratura ordenó hoy la suspensión del juez de la Cámara Federal de Mendoza Otilio Romano y pidió que sea removido de su cargo por mal desempeño. Romano se encuentra procesado en una causa en la que se investigan más de un centenar de delitos de lesa humanidad cometidos por la Triple A y la dictadura militar. A partir de la decisión tomada por unanimidad en el Consejo de la Magistratura, el camarista será apartado de sus funciones mientras el jurado de enjuiciamiento define su situación.
A lo largo de los últimos dos años, el CELS y otros organismos de derechos humanos presentaron denuncias contra Romano, quien fue citado en varias oportunidades para rendir cuentas ante el Consejo, pero las audiencias se suspendieron sin mayores justificaciones. En esta ocasión el juez envió su descargo por escrito, declaró ser víctima de una “patraña judicial” y sostuvo que las fuerzas armadas y la policía actuaban de manera clandestina durante el terrorismo de Estado, por lo que no pudo ser partícipe de un accionar que desconocía.
No obstante, el juez federal Walter Bento, quien procesó a Romano a principios de este año junto a otros funcionarios judiciales de Mendoza como el camarista destituido Luis Miret, consideró que todos ellos fueron partícipes en delitos de lesa humanidad de los que tomaron conocimiento en su carácter de jueces, fiscales o defensores, entre 1975 y 1983. Los procesamientos dictados por Bento fueron confirmados por la Cámara Federal mendocina. Según consta en el dictamen elaborado por la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, Romano, quien se desempeñaba como fiscal, rehusó investigar diversas denuncias de víctimas y familiares por desapariciones, secuestros, torturas y robos.
Esta decisión implica un paso fundamental para demostrar la complicidad de algunos funcionarios judiciales con el terrorismo de Estado. Avanzar en la renovación y democratización del Poder Judicial es una asignatura pendiente de la democracia argentina y el Consejo de la Magistratura tiene la responsabilidad de asumir su rol en ese recambio. En los próximos meses el jurado de enjuiciamiento deberá definir la destitución de Romano y demostrar que es inadmisible que un magistrado procesado por crímenes de lesa humanidad continúe en su cargo.
Centro de Estudios Legales y Sociales
web@cels.org.ar /www.cels.org.ar
Envío:Agndh
H.I.J.O.S.
25/8/2011
Comunicado de prensa
Una Justicia más justa: suspendieron a Romano, partícipe de la dictadura
El camarista federal mendocino Otilio Romano fue suspendido hoy por el Consejo de la Magistratura por su participación en 103 delitos de lesa humanidad.En marzo de este año fue destituido Luis Miret, otro juez partícipe de la última dictadura, procesado por cuatro delitos de lesa humanidad.
Éstos son pasos históricos que da la Justicia argentina para seguir avanzando en el proceso de Juicio y Castigo a los genocidas y sus cómplices. La Justicia no puede seguir teniendo integrantes que en tiempos de genocidio estuvieron en centros clandestinos de detención, que rechazaron pedidos de hábeas corpus de desaparecidos, que adulteraron documentos públicos para permitir la apropiación de niños o el robo de bienes.
Romano y Miret deben ser juzgados y condenados por la participación que tuvieron en el terrorismo de Estado. Detrás de ellos deben ir todos los que hayan participado en los crímenes cometidos contra la humanidad, como Juan Martín Romero Victorica, involucrado en la apropiación de Victoria Montenegro, hija de desaparecidos.
30.000 compañeros detenidos-desaparecidos: ¡presentes!
H.I.J.O.S.
Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
www.hijos-capital.org.ar
Envío:Agndh
No hay comentarios:
Publicar un comentario