En el juicio por robo de bebés, el ex médico del Hospital Militar declaró que tuvo contacto con los niños y con la madre, pero buscó desligarse. Antes el Tribunal había rechazado el pedido de su defensa de no juzgarlo por incapaz.
Fuente: UNO/Juan Ignacio Pereira
El médico militar Juan Antonio Zaccaría fue el protagonista excluyente de la segunda jornada del juicio por robo de bebés durante la última dictadura, que se lleva adelante en Tribunal Oral Federal de Paraná. No sólo que se decidió que está en condiciones de ser juzgado, sino que aceptó prestar declaración y terminó aportando nuevos datos sobre el paso de la detenida-desaparecida Raquel Negro por el Hospital Militar y el nacimiento de los bebés mellizos que fueron sustraídos.
Zaccaría comenzó su declaración diciendo que se limitaba a cumplir órdenes de sus superiores. Además, como en la indagatoria durante la etapa de instrucción, reconoció que los mellizos de Negro estuvieron internados en el servicio a su cargo, de Terapia Intensiva, pero a eso agregó que también la propia detenida estuvo en esa área y hasta dijo que la atendió.
“Yo recibía órdenes”, dijo cuando fue interrogado por el fiscal José Ignacio Candioti, y agregó que esas órdenes eran “de la superioridad de la guarnición”.
Dijo también que tomó contacto con los bebés una vez nacidos, que estaban en “una incubadora o una cuna chica” y creyó recordar que fue al día siguiente del parto. Según manifestó, los bebés se los “metieron de prepo” en Terapia Intensiva y al poco tiempo “los hicieron desaparecer, se los llevaron a otra parte”.
Sobre lo que pasó con la madre, dijo: “Creo que quedó en Terapia, pero no recuerdo bien”, y estimó que no tenía problemas de salud. Señaló que estaba acostada, que su aspecto era bueno y que la vio durante un tiempo aproximado de cinco minutos y después no la vio más.
Asimismo mencionó que se encontró con los hechos consumados y que a Raquel Negro “hubo que darle atención porque no se puede tirar un paciente a la calle”.
Planteos rechazados
Antes de la declaración de Zaccaría, el Tribunal Oral Federal rechazó todos los pedidos de la defensa, consistentes en la nulidad del juicio por haber pruebas pendientes y recursos aún no resueltos, y la incompetencia territorial del Tribunal. También rechazó el planteo que hizo de uno de los imputados, Juan Daniel Amelong, en ejercicio de su autodefensa, quien pidió que lo juzgue un tribunal militar.
De la misma manera, rechazó la solicitud del defensor de Zaccaría, Humberto Franchi, quien insistió con su planteo de los últimos meses de que el imputado posee una incapacidad mental que lo convierte en inimputable. Sin embargo, después de analizar los argumentos de las partes, el Tribunal decidió que está en condiciones de ser juzgado y de estar presente en el debate.
“El Tribunal entiende que, por el cocimiento 'de visu' durante el desarrollo de la audiencia ayer (por el miércoles) y hoy (por este jueves), se encuentra apto, en condiciones para estar presente y ejercer su defensa material en las presentes audiencias”, sostuvo el presidente del Tribunal, Roberto López Arango.
En el juicio por la causa conocida como Hospital Militar están procesados cinco militares que integraban el Destacamento de Inteligencia 121 durante el gobierno de facto –Pascual Oscar Guerrieri, Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Dionisio Pagano, Jorge Alberto Fariña y Marino Héctor González– y el jefe de Terapia Intensiva del hospital, Juan Antonio Zaccaría.
Están acusados de los delitos de sustracción y sustitución de identidad de los hijos mellizos de los detenidos-desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela, nacidos en marzo de 1978 en la maternidad clandestina del Hospital Militar. La beba mujer fue abandonada en un orfanato rosarino y dada en adopción legalmente a una familia que la llamó Sabrina Gullino. Recuperó su verdadera identidad en diciembre de 2008. El bebé varón todavía continúa desaparecido.
Zaccaría ingresó en sillas de ruedas. Amelong lo hizo saludando a los trabajadores de prensa y respondiendo a los flashes de los fotógrafos con un dedo pulgar en alto.
Alfredo Hoffman
De la Redacción de UNO
25/08/2011
Juicio a represores en Paraná
Un médico militar confesó haber visto a la desaparecida Raquel Negro
Los acusados Zaccaría, Fariña, Guerrieri, González, Amelong y Pagano.
El médico militar Juan Antonio Zaccaría, imputado en la causa que investiga el funcionamiento durante la última dictadura de una maternidad clandestina en el hospital militar de Paraná, admitió que "había casos que no se registraban (en ese nosocomio) porque estaban internados en forma ilegal o no correcta".
El médico, que se desempeñó como jefe de terapia intensiva en 1978 cuando la detenida-desaparecida Raquel Negro dio a luz mellizos en el hospital militar, dijo este jueves que nunca antes "tomó contacto con los otros imputados" y que no los conocía hasta la iniciación de la causa.
Zaccaría accedió a declarar ante el tribunal oral federal de Paraná luego de que los jueces rechazaron un pedido de su abogado defensor, Humberto Franchi, para que se anule el proceso contra el médico a raíz de los problemas físicos y psíquicos que argumentó.
Zaccaría ingresó este jueves a la sala donde se ventila el juicio en una silla de ruedas, aunque el día anterior lo había hecho por sus propios medios.
Con aparentes dificultades auditivas y para expresarse, el médico reconoció que en 1978, cuando Raquel Negro fue internada para dar a luz mellizos, se desempeñaba como jefe de terapia intensiva del hospital militar local.
Dijo que su trabajo se limitaba a "recibir órdenes de la superioridad", pero no recordó el nombre del jefe de la guarnición de ejército local.
Explicó que el primer contacto que tuvo con Raquel Negro y los mellizos fue al día siguiente del nacimiento, cuando llegó al hospital y se encontró con ellos.
Dijo desconocer dónde nacieron los niños y reconoció que la internación de ambos en terapia intensiva "era algo excepcional".
"Yo no hice nada porque no soy obstetra ni pediatra, pregunté porqué estaban ahí, pero nadie me contestó", agregó.
Zaccaría explicó que los bebés "estaban en incubadoras o cunas chicas", aunque aclaró "no recuerdo bien".
Dijo que fue a la jefatura del hospital a pedir explicaciones y que, cuando regresó, los chicos ya no estaban más en terapia intensiva.
"Los habían hecho desaparecer. Creo que los llevaron a un instituto privado de pediatría de Paraná", agregó.
Calificó al hecho de "irregular" y dijo que, aunque dio la novedad verbalmente a la jefatura del hospital "no tuve ninguna respuesta".
Consultado sobre el estado de salud de los niños, comentó que creía que "el varón estaba mal y la nena bien".
Dijo que no alcanzó a darles ninguna indicación a las enfermeras "porque no me dieron tiempo a nada. En l5 minutos los llevaron, no sé dónde", remarcó.
Zaccaría dijo no recordar si Raquel Negro quedó internada en terapia intensiva. "Yo la vi durante 5 minutos, su aspecto era bueno, pero hablé muy poco con ella", agregó.
El médico aseguró no tener "idea del destino de Raquel Negro", aunque recordó que "siempre había algún militar junto a ella".
"Yo no era amigo de eso, pero tuve que tenerla internada", reconoció.
Dijo además desconocer si había detenidos internados en el hospital militar.
"No sé si estaban inscriptos en el libro de registros. Había cosas que no se registraban porque estaban internados en forma ilegal o no correcta", completó.
En el inicio de la segunda jornada del juicio que investiga el funcionamiento de una maternidad clandestina en el hospital militar local, el defensor oficial de los cinco militares imputados, Mario Franchi, pidió la nulidad del juicio y la incompetencia del Tribunal.
El abogado argumentó que las actuaciones corresponden al tribunal oral número 1 de Rosario, donde operaba el grupo de tareas que es juzgado ahora en Paraná, acusado de traer a la mujer desde la Quinta de Funes para tener mellizos en el hospital militar local.
También consideró que el debate debe ser anulado porque faltan pruebas pedidas y recursos pendientes de resolución.
Este planteo fue rechazado por el tribunal por "improcedente", porque los hechos investigados ocurrieron en la capital entrerriana.
El militar y abogado Juan Amelong, imputado en la causa, ejercitando su propia defensa, planteó la incompetencia de los jueces federales y pidió ser juzgado por un tribunal militar, solicitud que fue descartada de plano por los magistrados.
En la Causa Hospital Militar se investiga la internación de Raquel Negro en ese lugar para dar a luz mellizos.
Uno de los niños, fue abandonado en un horfanato de Rosario y luego dado en adopción como Sabrina Gullino, hasta que recuperó su identidad en 2008.
El niño y la madre nunca fueron encontrados y se ignora su paradero.
El juicio continuará mañana con las declaraciones de los cinco militares que integraban el grupo de tareas del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario durante la dictadura: Pascual Oscar Guerrieri, Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Dionisio Pagano, Jorge Alberto Fariña y Marino Héctor González.
Fuente:RedaccionRosario
25/08/2011
En la segunda audiencia se presentaron los planteos preliminares de las defensas, que fueron rechazados por el Tribunal
Sin sorpresas: los represores apelaron a diferentes estrategias para evitar el procesamiento en la Causa Hospital Militar de Paraná
Con argumentos recurrentes -ayudados por algunas cualidades teatrales-, los representantes de los genocidas solicitaron la suspensión del juicio por robo de bebés y sustitución de identidad durante la última dictadura cívico-militar. Ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná, el defensor Oficial Mario Franchi aludió a la “incompetencia territorial” del cuerpo y los recursos “pendientes de resolución”. Entre otros “errores” procedimentales de los que fueron “víctima” los militares retirados Jorge Fariña, Héctor González, Pascual Guerrieri, Walter Dionisio Pagano y Juan Amelong –quien en su co-defensa pidió ser juzgado por un tribunal militar o en su defecto por una corte internacional. “Las víctimas reales de esta causa son Sabrina Gullino y Sebastián Álvarez”, rebatieron desde el Ministerio Público Fiscal. A su vez, instaron a “considerar la naturaleza de los delitos imputados”, a la hora de desestimar los requerimientos. Por su parte, Humberto Franchi, defensor del médico anestesista Juan Antonio Zaccaría –quien ingresó a la sala en silla de ruedas- reclamó la suspensión del proceso, “porque no se encuentra en condiciones psíquicas ni físicas”. La fundamentación encontró fuertes refutaciones, sobre todo, de Florencia Amore, representante de HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio) y de los descendientes de Raquel Negro. Tras un cuarto intermedio, el Tribunal integrado por Roberto López Arango –presidente-, Lilia Carnero y Juan Carlos Vallejos –subrogante-, rechazó los planteamientos ratificando su competencia territorial y material, así como la extemporaneidad de algunas requisitorias. Este viernes a las 10 continuarán las audiencias.
Por Betiana Spadillero Gaioli
En la audiencia de este jueves las defensas se dedicaron a intentar echar por tierra el tan esperado juicio a seis represores. La jornada se desarrolló sin la euforia de su antecesora, sin embargo, el debate volvió a seguirse en la sala de 25 de Mayo, en la calle y en los espacios de las organizaciones de derechos humanos, con el mismo anhelo de “Verdad y Justicia”.
Al igual que en otros procesos por delitos de lesa humanidad, no faltó el genocida en silla de ruedas –ayer Fariña se descompuso y se abocó a hacer gestos de malestar permanente-, tampoco quedaron afuera las expresiones de somnolencia y tedio de los ex miembros del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario. Todo sumó a la insistente solicitud de anular el inicio del juicio y demorar aún más su concreción. No obstante, el Tribunal rechazó los planteamientos, ratificando su competencia territorial y material, así como la extemporaneidad de algunas requisitorias.
Nuevos planteos: el defensor Oficial buscó suspender el debate
La jornada inició con una serie de planteos preliminares por parte del defensor Oficial, mediante los cuales argumentó las razones por las que el debate debería ser suspendido y anulada la apertura del mismo.
En primer término, Mario Franchi solicitó que “se declare la incompetencia del Tribunal Oral de Paraná” para juzgar los delitos imputados en la causa. “Se superponen hechos y circunstancias que han sido evaluados ante el Tribunal de Rosario”, advirtió. No obstante, aclaró que la sentencia de ese cuerpo “no está firme, por lo que no es cosa juzgada”.
Asimismo, mencionó que en esa oportunidad “prestaron declaración una serie de testigos que parecen exceder el orden procesal de esa causa”, y evaluó que “como consecuencia de esto un pronunciamiento que estableciera circunstancias distintas produciría un ‘escándalo’, en tanto se establecerían dos verdades forenses”.
El segundo planteo tuvo que ver con la nulidad de la apertura del debate, “en tanto existen pruebas y recursos pendientes de resolución, que afectan decididamente el derecho de defensa”, arguyó. En esa línea, amplió: “La estrategia defensiva se encuentra limitada porque no cuenta con toda la prueba solicitada. Incluso algunos elementos arribarán sobre el final del juicio”. Por ello, instó a que la “apertura del debate se deje sin validez, hasta tanto se incorporen todos los elementos”.
También refirió a una presentación pendiente, rechazada por el Tribunal de la capital provincial. Se trata de un recurso extraordinario que Amelong interpuso ante la Corte Suprema de Justicia, el cual aún no se resolvió. “No es disponible comenzar con el debate mientras existan recursos pendientes”, reafirmó. Además, indicó que “los demás imputados están a favor de que se resuelva el recurso y se postergue el debate, ya que podría beneficiar no solamente a Amelong sino también a ellos mismos”.
La última solicitud estuvo relacionada con los procesamientos de González y Fariña. “Cuando se dicta el auto de procesamiento, los acusados apelan con sus abogados particulares, pero cuando esto ocurre la Cámara Federal de Paraná resolvió, atento a la no concurrencia de los defensores, tomar por desistido el recurso. Es decir, que no pudieron obtener una revisión judicial por un doble error que no puede serles cargado”, explicó.
“No tuvieron la revisión de su procesamiento y prisión preventiva”, insistió al respecto. Por tanto, el letrado entendió que la no realización de “este paso lógico y necesario” demanda la suspensión de las audiencias.
Ante los requerimientos, la fiscal Marina Herbel se expidió sobre la incompetencia del Tribunal Oral de Paraná, y pidió que se consideren “improcedentes” los planteos sirviéndose de “la competencia territorial de donde se cometieron los delitos”. Además, subrayó que “los pedidos afectan a las víctimas reales de esta causa, que son Sabrina Gullino y Sebastián Álvarez”.
“Debemos considerar la naturaleza de los delitos imputados y la existencia de un plan sistemático, con el acometimiento de varios ilícitos”, instó. Y respecto al procesamiento de Fariña y González apuntó que “si bien fue un desacuerdo entre las partes, la Cámara consideró que no era un procedimiento definitivo”.
Por su parte, José Ignacio Candioti refirió a los otros planteamientos. En concreto, el representante del Ministerio Público señaló que “las diligencias que no se han podido materializar afectarían a las partes acusatorias y por ende no se afectaría el derecho de defensa de los imputados”.
“No es imperativo suspender el debate a pesar de que existan recursos pendientes”, sentenció, quien se valió para justificar su posicionamiento de jurisprudencia nacional e internacional. Luego, nombró una solicitud de las mismas características que se presentó en Rosario y no tuvo lugar.
El querellante particular Álvaro Baella –por Abuelas de Plaza de Mayo- adhirió a los planteos de la Fiscalía, y también desestimó el cuestionamiento vinculado a las testimoniales del debate realizado en la provincia de Santa Fe. En igual sentido se expresó Lucas Ciarnelo, representante de la Secretaría de Derechos Humanos de Entre Ríos.
Requisitoria de Amelong
Como parte de su co-defensa, Amelong sostuvo que la competencia de los delitos que se imputan es de la Justicia Militar y no de un Tribunal Federal. “En todo caso, si la Justicia Militar no se expide en un tiempo razonable, podría ser competencia del Tribunal Federal”, expuso el acusado.
En otro orden, argumentó que si se le imputan delitos de lesa humanidad debería ser juzgarlo un tribunal internacional público. Para abonar esa tesis aludió extensamente a diferentes tratados.
Posteriormente, Baella alertó que el Colegio de Abogados de Rosario canceló la matrícula de Amelong, a lo que el imputado respondió que “no hace falta ser abogado para defenderse”.
Pidieron otras pericias médicas a Zaccaría
A su turno, Humberto Franchi reclamó la suspensión del juicio a Zaccaría, “porque no se encuentra en condiciones psíquicas ni físicas para afrontar el proceso”. Mencionó los estudios que le efectuaron, los que según destacó abonaron el pedido de prisión domiciliaria. “La conclusión médica legal fue de hipertensión arterial y deterioro cognitivo”, indicó, al tiempo que alertó que “el nivel de estrés de las audiencias puede generar un impacto mayor y, dado los antecedentes físicos, aumenta el riesgo de un accidente cerebro-vascular”.
El abogado trajo a colación además la instancia del 3 de junio pasado: “El Tribunal determinó no dar lugar ’por el momento’ al pedido de suspensión, y dispuso llevar a cabo una nueva evolución previo al debate”, reseñó. Por lo expuesto, consideró que “se está vulnerando” la Constitución Nacional y el derecho internacional, “al no estar en condiciones de ejercer su defensa material, a participar activamente, carearse, a contestar a los testigos y a responder las preguntas”.
“La inimputabilidad es contundente, clara y concreta”, remató. No sin antes adelantar su reserva a Casación e incluso llevar el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Frente a la requisitoria, el Ministerio Público enfatizó las posibilidades otorgadas al imputado, los exámenes realizados y el dictamen de los peritos de la Corte al respecto. En consecuencia, demandó que no se de lugar a la requisitoria. A su vez, Amore hizo “un análisis integral de expediente”, asegurando que “ha quedado demostrado que Zaccaría tiene una deterioro mínimo”.
Al respecto, se manifestó sobre los “antecedentes de la conducta” del anestesista, y recordó que “al momento de solicitar la prisión preventiva hizo una manipulación de una entidad clínica”. Del mismo modo, llamó a “tener en cuenta la profesión” del acusado. “Si a esto le sumamos los delitos que se le imputan, es al menos posible sospechar que está buscando algún beneficio”, reflexionó.
Argumentos del Tribunal
Luego de un cuarto intermedio, el Tribunal rechazó los planteamientos de las defensas. En relación a la incompetencia territorial del cuerpo, señaló que “los hechos son investigados en el lugar de su acometimiento, según versa en la Constitucional Nacional”. Además, entendió que “son hechos independientes a los juzgados por el Tribunal de Rosario”.
Respecto a la nulidad del inicio de las audiencias, indicó que “resulta extemporáneo” y que “nadie impide la producción de la prueba en el transcurso del debate". Igual interpretación realizó sobre los pedidos vinculados al procesamiento de González y Fariña.
En tanto, el requerimiento de Amelong sobre la “incompetencia material” también fue refutado, así como el de la defensa de Zaccaría: “Conforme al conocimiento del estado físico y psíquico del imputado, se considera que está en condiciones de presenciar el debate”, afirmaron.
Los hechos que se investigan en la causa
La causa tuvo su inicio en la denuncia realizada el 18 de mayo de 2005 por el entonces coordinador del Registro Único de la Verdad, Guillermo Germano. En la presentación hizo referencia a dos clases de hechos: la internación de mujeres en estado de gravidez en el Hospital Militar de Paraná, quienes se hallaban privadas ilegítimamente de su libertad; y el asesinato y entierro clandestinos de personas en el Escuadrón Comunicaciones
En ese contexto, se investiga la apropiación de los hijos de la desaparecida Raquel Negro, quien fue detenida ilegalmente al igual que su pareja Edgar Tulio Valenzuela y su hijo menor Sebastián Álvarez, el 2 de enero de 1978 en Mar del Plata. La mujer fue trasladada desde la Quinta de Funes en Rosario hasta el nosocomio castrense, donde dio a luz a los mellizos, uno de los cuales, Sabrina Gullino, recuperó su identidad en diciembre de 2008.
La joven fue abandonada el 27 de marzo de 1978 en la puerta del Hogar Huérfano de Rosario, desde donde fue dada en adopción por Raúl Gullino y Susana Scola. De su hermano mellizo no se ha logrado aún determinar su destino.
Foto: ANALISIS DIGITAL
Fuente:AnalisisDigital
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