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A PARTIR DEL LUNES 8 DE AGOSTO EMPIEZAN A DECLARAR LOS TESTIGOS. LAS AUDIENCIAS PREVISTAS PARA AGOSTO 8-9-23-29 Y 30. A PARTIR DE LAS 9,30HS. LAS AUDIENCIAS SON PUBLICAS, MAYORES DE 18 AÑOS CON DNI ó CEDULA ó PASAPORTE.
2 de agosto del 2011- 7º audiencia
Declaró sólo uno de los imputados
El coronel retirado Jorge Luis Toccalino fue el único de los 16 imputados que decidió hablar, no sin antes aclarar que no contestaría preguntas de los abogados querellantes. Cuando uno de los jueces le preguntó por los centros clandestinos de detención, se negó a responder.
Con sus 77 años –le faltan pocos días para llegar a los 78-, es uno de los imputados más viejos. Pero a diferencia del resto de los militares y policías en el banquillo de los acusados, los achaques de la edad no se le notan. Por el contrario, su voz firme y vehemencia al hablar, le quitan años. A paso seguro caminó y se sentó frente a los jueces Alfredo Ruiz Paz (presidente), Lidia Soto, Elvio Osores Soler y Daniel Cisneros.
Lo primero que hizo el coronel retirado frente al estrado fue rechazar las “injustas imputaciones” que se le hacen. Y, enseguida, explicó: “Declaro en este momento porque de soldado del Ejército argentino se me quiere convertir en delincuente”. Todo el tiempo se dirigió al tribunal. Solo bajó la vista para consultar unos papeles que hacían de ayuda memoria.
Como todo relato bien ordenado comenzó desde el principio. Contó que fue nombrado coronel por el Senado de la Nación en 1984 y nombrado agregado militar en Ecuador por el presidente de aquel entonces Ricardo Raúl Alfonsín. Con respecto a sus años en el GADA 601 recordó que fue enviado cuando era oficial mayor del Ejército. Allí fue nombrado jefe de la sección Operaciones. En todo momento se encargó de aclarar que nunca se desempeñó en el área de Inteligencia. También mencionó que nunca impartió órdenes porque nunca tuvo personal a su cargo ni manejo de tropa.
Como jefe de Operaciones le tocó ocuparse de las medidas de seguridad de “puntos sensibles” de la subsede Mar del Plata durante el Mundial 78. Incluso fue el encargado de informar a la prensa de todo el mundo cuales eran aquellas medidas de seguridad.
El coronel retirado también recordó que luego del Mundial 78, pasó algunos meses preparando las defensas antiaéreas de distintas zonas del país, ante el inminente conflicto bélico con Chile. “Nos habíamos olvidado de la subversión ante la posibilidad de una guerra”, contó Toccalino.
El ex jefe de fuerzas terrestres en Malvinas, recordó que la jurisdicción de General Pueyrredon dependía exclusivamente del GADA 601. Así intentó explicar que los “hoy llamados centros clandestino de detención” que dependían de otras fuerzas no estaban en Mar del Plata. Acto seguido afirmó con categoría: “nunca participé de una detención, ni de un traslado ni de un interrogatorio”.
Toccalino recurrió a uno de sus pensadores predilectos para interpelar al tribunal. Primero definió el concepto de venganza de Santo Tomás de Aquino y dijo que con estos juicios no se busca justicia sino venganza y que se actúa con iracundia (exceso de ira), crueldad (exceso de castigo) y ferocidad (deleite de los castigos a otro, aún sin causa). Por último rogó a los jueces que tuvieran “prudencia”, la primera de las “virtudes cardinales” según el santo. “Aquella que está por encima de la justicia y la verdad”, concluyó.
No sabe, no contesta
La vehemencia de los gestos y la firmeza en la voz del imputado se perdieron por unos segundos. El silencio fue imperceptible pero pareció eterno. El juez Daniel Cisneros quiso saber como llamaban a los centros clandestinos de detención en aquel entonces. Toccalino dijo no entender la pregunta y el juez arremetió: “¿si usted dijo que no sabía de los hoy llamados centros clandestinos de detención, cómo se llamaban antes, como los nombraban?”. ”Prefiero no contestar esa pregunta”, fue la respuesta del imputado.
Continuarán en casa
Antes de tomar declaración a Toccalino, el tribunal dio a conocer su decisión con respecto a los pedidos de las partes realizados en la audiencia del lunes. En cuanto a la solicitud del abogado Horacio Insanti –defensor de los policías Ernesto Orosco y Héctor Cerutti- de nulidad del juicio por considerar que los delitos que se juzgan están prescriptos y sus clientes amnistiados, los jueces fallaron en contra y el debate continuará.
En tanto, al pedido de las querellas y la fiscalía de revocar el arresto domiciliario de 13 imputados y la excarcelación de uno de los policías, el tribunal decidió no hacer lugar a la requisitoria. No obstante, solicitarán al Patronato de Liberados –órgano a cargo de custodiar que los detenidos cumplan con las reglas del arresto domiciliario- un informe de cada uno de los imputados cada 15 días, hasta el final del debate.
1 de agosto 2011 -6º audiencia
Nulidades y cárcel común fueron los pedidos de las partes
Tras la feria judicial se reanudó el juicio a los 16 imputados por delitos de lesa humanidad cometidos en Mar del Plata y Necochea
La sexta audiencia del juicio en el que se juzga a 16 personas -entre militares y policías- por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar en centros clandestinos de detención (CCD) de Mar del Plata y Necochea, se extinguió rápidamente entre las solicitudes de nulidad de los defensores y el pedido de revocación del arresto domiciliario de los imputados por parte de los querellantes. El tribunal resolverá hoy los planteos de las partes.
En su argumentación, Insanti trajo a cuenta que el juez federal de primera instancia, Alejandro Castellanos –a cargo de la instrucción de la causa- había rechazado su planteo por considerarlo una maniobra dilatoria para evitar llegar al juicio oral. Por lo tanto, solicitó la anulación del juicio hasta tanto se trate la apelación que hiciera en primera instancia.
En otro intento de argumentación que le valió un reto del presidente del tribunal, Insanti arremetió contra el procurador General de la Nación, Esteban Righi, a quien acusó de haberse alzado en armas contra el Estado en los años ´70 y ahora nombra a los jueces que juzgan a sus clientes. No sería el único exabrupto del abogado.
Por su parte, el abogado Gerardo Ibáñez, defensor del exteniente coronel del Ejército, Jorge Luis Toccalino, argumentó la violación del principio de irretroactividad que implica –según su visión- juzgar los delitos que se le imputan a su cliente bajo la estructura jurídica de los delitos de lesa humanidad. Al mismo pensamiento adhirieron el resto de los defensores, los abogados Manuel Bailleau (representante del exteniente coronel Leandro Marquiegui y del exintegrante de la CNU Nicolás Cafarello); Paula Muniagurria (defensora del exvicecomodoro Jorge Carmen Beccio); Carolina Muñoz (representante de los policías Marcelino Blaustein, Adriano Argüello y Mario Jorge Larrea), Roberto Babington (defensor del excomodoro Ernesto Alejandro Agustoni) y Juan Pablo Blanco Moyano (defensor junto al abogado Carlos Meira del exgeneral de brigada Alfredo Arrillaga, del exteniente coronel Eduardo Blanco, del excoronel Aldo Máspero, del teniente coronel Fortunato Rezzett y del policía Aldo José Sagasti).
La réplica del fiscal Juan Portela y de los querellantes no se hizo esperar. En primer lugar, el representante de la Fiscalía le informó al tribunal conformado por los jueces Alfredo Ruiz Paz (presidente), Lidia Soto, Elvio Osores Soler y Daniel Cisneros, que lo expuesto por los defensores estaba fuera de lugar ya que el momento procesal para plantear la nulidad del proceso es en el momento de los alegatos, antes del fallo.
Por su parte, el abogado César Sivo -representante de la APDH y de familiares de víctimas- arremetió contra los argumentos de los defensores. Primero aseguró que el abogado Insanti pretendía “mostrar como ilegítimo, un proceso penal sujeto a derecho sin poder exhibir algún perjuicio contra su cliente que le permite poder pedir la anulación de lo actuado”.
“Todos mis defendidos son presos políticos”
Además, el abogado remarcó que en sus casas los imputados no pueden ser controlados como en una cárcel y tienen total libertad para hacer lo que gusten. De esta manera se refirió a un blog llamado Unión de presos políticos de la República Argentina, en la cual un grupo de militares imputados de delitos contra la humanidad se dedica a hacer trabajo de inteligencia y a mantener contacto con otros imputados, con otros miembros de las fuerzas armadas y con hombres de la Iglesia que deslegitiman los juicios que se llevan a cabo en todo el país atacando a los operadores judiciales y a los jueces.
El primer abogado defensor en tomar la palabra tras la solicitud de las querellas fue Insanti. El defensor dirigió su alocución directamente contra la querella a quien llamó “stalinista” por mencionar argumentos vagos y generalidades. Además, lo acusó de desvirtuar las garantías de los imputados y de violar el principio de inocencia de sus clientes. Por último, y en una declaración de sus principios, más que una estrategia argumentativa, exclamó: “Sin eufemismos y sin esquivar el bulto porque nunca lo he hecho, digo que todos mis defendidos en este tipo de casos son presos políticos”. Palabras más, palabras menos el resto de los defensores adhirieron a los argumentos del abogado.
4º audiencia- 4 de julio 2011
Apartan a uno de los imputados
Se trata del oficial de la Fuerza Aérea Gregorio Rafael Molina. Un informe médico determinó que debe guardar al menos 90 días de reposo por una enfermedad que lo afecta y le impide trasladarse a esta ciudad
El tribunal que juzga los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la megacausa “ La Cueva – Comisaría cuarta” decidió postergar por tres meses el juicio al represor Gregorio Rafael Molina, quien debe ser sometido a un tratamiento de quimioterapia para combatir el cáncer que lo afecta desde hace varios años.
A raíz de la decisión del cuerpo médico, los jueces anunciaron ayer que se posterga el enjuiciamiento a Molina hasta que se reponga y pueda concurrir nuevamente a esta ciudad. De esta manera, el juicio continúa para el resto de los imputados. No obstante, Molina será juzgado individualmente cuando su salud así lo permita.
El juicio al resto de los imputados continuará hoy a partir de las 9.30 con la lectura de las elevaciones a juicio. Será la última audiencia antes de la feria judicial de invierno. En agosto se reanudará el debate y comenzarán a declarar los testigos.
27 de junio del 2011 - 2º audiencia
Sería apartado uno de los imputados
Se trata del oficial de la Fuerza Aérea Gregorio Rafael Molina que, según un informe médico, un tratamiento a causa de un cáncer no le permite asistir a las audiencias.
La segunda audiencia del juicio a 17 imputados por crímenes de lesa humanidad ocurridos en esta ciudad durante la última dictadura cívico militar comenzó con un lugar vacío en el banquillo de los acusados. El ex oficial de la Aeronáutica , Gregorio Rafael Molina no asistió a la cita con la justicia, el agravamiento de un cáncer en el recto determinó 30 días de reposo y la imposibilidad del traslado del paciente. Es defendido por la Dr Paula Muniagurria (def oficial). Ahora el tribunal espera un nuevo informe médico para determinar si suspende el juzgamiento al represor hasta que mejore o lo deja sin efecto por motivos humanitarios.
Molina ya cuenta con una prisión perpetua sobre sus espaldas. El año pasado fue juzgado y condenado por los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención (CCD) La Cueva , entre ellos la violación de mujeres cautivas. El oficial cumple su condena en la Unidad Penal Nº 34 en Campo de Mayo y el cuerpo médico de la repartición militar diagnosticó la gravedad de Molina y ordenó el reposo absoluto a raíz del tratamiento de quimioterapia.
Los jueces Alfredo Ruiz Paz (presidente), Lidia Soto, Elvio Osores Soler y Daniel Cisneros juzgan los crímenes cometidos en los CCD “ La Cueva ”, en la comisaría cuarta y en las dependencias policiales primera y Díaz Vélez de Necochea.
Se estima que el juicio durará entre 16 y 18 meses. Se programaron dos audiencias por semana, los días lunes y martes. Se han ofrecidos unos 600 testigos
El Ministerio Público Fiscal está representado por los fiscales Daniel Adler (fiscal general), Juan Portela y María E. Montero. Por su parte, las querellas están integradas por Gustavo Puppo en representación de la Secr de DD.HHde la Provincia ; Gloría León patrocina a familiares de víctimas y la Secretaría de Derechos Humanos de Nación está representada por el abogado Roberto Zelada. Por el Colegio de Abogados, se presenta Gustavo Marceillac y Alberto Rodríguez. César Sivo patrocina a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos.
Marcelo Nuñez
fotógrafo
54-0223-156 881698
Fuente:Agndh
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