La hora de la verdad, o casi
Por Eric Nepomuceno
A lo largo de todo el día, y con más énfasis al principio de la noche, emisarios del gobierno buscaban ayer llegar a un acuerdo básico en la Cámara de Diputados para poner en votación el proyecto del Ejecutivo que instaura en Brasil una “Comisión de la Verdad”, cuyo objetivo es examinar casos de abusos, violencia, tortura y asesinatos cometidos por el Estado. Trátase de una antigua reivindicación de amplios sectores de la sociedad brasileña, seguidamente postergada por los gobiernos.
Desde que asumió la presidencia, el primer día de 2011, Dilma Rousseff aseguró que llevaría adelante el proyecto, una de las pendencias dejadas por Lula da Silva, quien prefirió no enfrentar abiertamente a los adversarios de la idea. El texto ha sido amplia y exhaustivamente negociado con la oposición y con los militares, a punto de haberse tornado tan vago que casi pierde el sentido. Por ejemplo: queda vedado que se revelen los datos, informaciones y documentos obtenidos por la Comisión y no se prevé la elaboración de un informe final público. Pero, a pesar de deshidratado, es mejor que nada, mejor que el hipócrita olvido impuesto hasta ahora.
Brasil se ha quedado muy lejos de sus vecinos, en lo que se refiere a la averiguación de los crímenes del terrorismo de Estado cometidos por la dictadura militar que duró de 1964 a 1985. Una ley de amnistía de los militares, en 1979, absolvió de toda y cualquier responsabilidad a los torturadores, violadores y asesinos. En los últimos años hubo intentos de traer de nuevo a examen esa amnistía, pero ni modo. Siquiera la dura condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, surtió efecto.
En mi país, la frase del secretario argentino de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde –“para darle vuelta a la página hay que leerla antes”–, caería en el vacío. Aquí no se trata de darle vuelta a página alguna: lo que se trata es de ignorar toda y cualquier página, de dejar intocado el pasado.
La resistencia de los sectores más conservadores de la política y de los cuarteles fue y sigue siendo enorme. La palabra de orden es “lo que pasó, pasó, y no conviene volver al pasado”.
Fernando Henrique Cardoso, exiliado en la dictadura, logró un avance muy grande al instituir las indemnizaciones a ex presos políticos, a víctimas de torturas y parientes de asesinados. Lula optó por no crear problemas y prefirió hablar más y hacer menos. Dilma Rousseff, una ex presa y torturada, decidió que al fin ya era hora de pasar la historia en revista. Advirtió que su gobierno tocaría el tema a fondo, sin triunfalismos y sin revanchismos. A ver si lo logra, si la dejan cumplir con su palabra.
No ha sido ni será fácil. En un intento de alcanzar un consenso que le dé plena legitimidad a la ley, el gobierno cedió y cedió, a punto de haber sido mucho más condescendiente de lo que sería justo. Para empezar, se extendió el período a ser analizado de 1946 a 1988, con la justificación –bastante discutible, desde luego– de que se trata del espacio entre dos Constituciones democráticas. Pues para examinar esos 42 años, la propuesta del Ejecutivo prevé una comisión integrada por sólo siete miembros y otros escuálidos catorce funcionarios y sin autonomía financiera. Es decir, un trabajo claramente inviable, a menos que se pretenda una acción inocua.
Cualquier comparación –ya no digo con Argentina, país que ha llegado más a fondo en la aclaración del terrorismo de Estado y con la punición de los responsables, pero con otros vecinos sudamericanos, como Perú y Chile– deja la propuesta brasileña mal parada. Al mezclar en una misma olla etapas democráticas, como las de Juscelino Kubitschek o Joao Goulart, con la ferocidad de los períodos de los generales Emilio Garrastazú Médici o Ernesto Geisel, se corre el riesgo de no llegar a parte alguna, de la desmoralización de la idea.
A pesar de la plena seguridad de que no habrá ningún tipo de punición para responsables y culpables, la resistencia al proyecto siguió fuerte hasta el último instante. Ayer mismo, parlamentarios de derecha ponían serios obstáculos a la propuesta del gobierno, antes de que llegara al pleno de la Cámara de Diputados. A su vez, diputados de izquierda defendían que el proyecto sufriese enmiendas, disminuyendo el tiempo de análisis para el período 1961-1985, impidiendo que militares y miembros de la policía integren la Comisión y aumentando el número de sus miembros.
Por donde quiera que se mire, la conclusión es clara: parece que mi país tiene miedo a la verdad. No sabe cuánta verdad puede aguantar. Prefiere ignorar a mirarse al espejo del tiempo.
De todas formas, algo quedará de todo ese esfuerzo, aunque no sea más que el amargor del fracaso: tener una comisión de medias verdades.
Fuente:Pagina12
Brasil investigará los crímenes que se produjeron durante la dictadura
Una comisión intentará sacar a la luz las violaciones de derechos humanos bajo los regímenes militares entre 1964 y 1985
|Por JUAN ARIAS
Río de Janeiro 22/09/2011
Tras años de discusiones y polémicas, el Congreso de Brasil aprobó por unanimidad en la noche del miércoles (madrugada del jueves en España) un proyecto de ley para investigar "las graves violaciones de los derechos humanos" cometidas durante la dictadura militar, entre 1964 y 1985.
La ley supone la creación de una Comisión de la Verdad que tendrá como exclusiva tarea la "reconstrucción de la verdad histórica" y que tiene el apoyo del Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, quien durante el periodo militar permaneció dos años presa y sufrió torturas por sus vínculos con grupos guerrilleros opuestos a la dictadura.
Según la ministra secretaria de Derechos Humanos, Maria do Rosario Nunes, el texto aprobado "podría cambiar la historia de Brasil". Hasta ahora, los crímenes perpetrados durante aquellos años de sombras han sido una asignatura pendiente, arrinconada por miedo a las reacciones de los militares en un país que apenas cuenta con 20 años de democracia real.
La nueva ley fue aprobada con la mediación de la presidenta Rousseff, que se mantuvo en todo momento en contacto telefónico con los diputados desde Nueva York, donde participaba en la Asamblea General de la ONU. La norma, que tuvo que recoger a última hora varias exigencias de la oposición, supone la creación de una Comisión de la Verdad que investigará los casos. Esta comisión estará formada por siete miembros nombrados por la presidenta. La comisión tendrá dos años para investigar lo ocurrido y no podrán formar parte de ella las personas que "ejerzan cargos ejecutivos en el Gobierno", las que tengan cargos de confianza "en cualquier esfera del poder" y las que militaran contra el régimen dictatorial.
El Congreso aceptó la proposición del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) para que cualquier ciudadano pueda exigir informaciones que ayuden a esclarecer los casos.
La nueva Comisión de la Verdad abre el camino para que las investigaciones abarquen también los actos cometidos bajo la Operación Cóndor, el plan diseñado por las cúpulas de los regímenes dictatoriales del Cono Sur de América ?Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia? y que según diversas fuentes contó con el apoyo de la CIA de EE UU. El plan sirvió para perseguir a opositores de varios de estos países durante los años setenta y ochenta. La ley prevé, en efecto, las investigaciones de crímenes "aunque fuesen cometidos en el exterior".
La Comisión podrá servirse de todas las informaciones del Estado clasificadas como secretas, así como de las informaciones voluntarias entregadas anónimamente a sus miembros.
El proyecto ha podido contar con el consenso del Gobierno y de la oposición, e incluso de los militares, porque no significará la derogación de la Ley de Amnistía, que impide condenar a los torturadores de los tiempos de la dictadura.
La nueva ley, que deberá ahora ser ratificada por el Senado y aprobada definitivamente por la presidenta, intenta más bien esclarecer todas las sombras de los años de terror, devolver si fuera posible los muertos o desaparecidos a sus familiares y hacer justicia a la historia, sin quebrar el consenso alcanzado para poder devolver al país la democracia de la que hoy goza a pleno título.
Las familias de las víctimas, que siempre lucharon para que pudieran ser procesados y condenados los torturadores, han considerado la nueva ley como un primer paso importante en el esclarecimiento definitivo de la "terrible verdad de los años del terror y del horror" que vivió el país.
Fuente:ElPais
AVANZA UN PROYECTO DEBILITADO DE COMISION DE LA VERDAD EN BRASIL
Dilma, entre el deseo y lo real
La Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión que investigue las responsabilidades por actos de terrorismo de Estado durante la dictadura. Los culpables no serán castigados: la amnistía no se toca. Se negoció con los militares y la oposición.
Por Eric Nepomuceno
Desde Río de Janeiro
Hasta el último instante hubo peligro. Irritada por las exigencias del derechista Partido de los Demócratas, el DEM (una contradicción de raíz: es el nuevo nombre del mismo partido que, en tiempos de la dictadura, apoyó al régimen), poco después de las diez de la noche del miércoles la presidenta Dilma Rousseff rechazó cualquier nueva concesión a los que se oponían al decreto que instaura una Comisión de la Verdad para investigar los responsables (sin punirlos) por actos de terrorismo de Estado durante la dictadura militar que duró de 1964 a 1985 en Brasil.
En aquella noche, cuando el diputado derechista Antonio Carlos Magalhaes Neto (su abuelo ha sido uno de los grandes beneficiarios de la dictadura) expuso las exigencias de su partido, el DEM, los ministros de Justicia, José Eduardo Cardozo, y de Derechos Humanos, Maria do Rosario Nunes, decidieron llamar por teléfono a Dilma, en Nueva York. La primera reacción de la presidenta ha sido contundente: no ceder ni un milímetro más. La conversación entre Cardozo y Dilma se dio en una circunstancia que bien ilustra la tensión: eran cuatro hombres y una mujer (Cardozo, el presidente de la Cámara, Marco Maia, del PT; la ministra Maria do Rosario; el líder del PT en la Cámara, diputado Candido Vaccarezza, y el ex guerrillero y actual asesor especial del Ministerio de Defensa, José Genoíno) reunidos en el minúsculo baño del despacho de Maia. Cinco personas en tres metros cuadrados, único local donde pudieron encontrar la privacidad exigida. Y entonces se le explicó a la presidenta, con todas las letras: o se aceptaba la exigencia o el proyecto sería retirado y no volvería a ser apreciado antes del año que viene.
¿Y cuál era la exigencia del DEM? Que la Comisión de la Verdad no incluyese a ningún ex integrante de movimientos que se opusieron a la dictadura, ni por familiares de víctimas ni siquiera por quien tuvo militancia pública contra el régimen militar. El proyecto ya prohibía la participación de militares y policías, bien como sospechosos de haber practicado torturas, asesinatos y secuestros. Con la enmienda del DEM, tampoco podrán participar abogados de presos políticos, por ejemplo.
El proyecto fue enviado al Congreso con carácter de “urgencia urgentísima”, lo que impone un acuerdo previo para no ser debatido en el pleno de Diputados y ser votado por los líderes de los partidos, tanto de la alianza de gobierno como de la oposición. Dilma y sus asesores directos temían que, en un eventual debate, fuesen presentadas enmiendas inaceptables tanto por los movimientos de defensa de derechos humanos como de los militares. Para llegar a eso, el gobierno ya había, desde la presidencia de Lula, negociado línea por línea con los militares y con los partidos de oposición. Cuando surgieron exigencias de última hora, Dilma perdió la paciencia.
Tensión máxima en la alianza oficialista, tensión máxima en la oposición: en vísperas de la sesión del miércoles, el ex presidente Fernando Henrique Cardoso llamó por teléfono al líder de su partido, el PSDB, en la Cámara, diputado Duarte Nogueira, pidiendo que se aprobase el proyecto del gobierno. Diputados del PSDB consideraron la intervención de Cardoso como
inoportuna. Al final, todo resultó: se aprobó un proyecto debilitado, pero que es mejor que nada. Tal y como estaba previsto, no habrá castigo para los responsables por el terrorismo de Estado. Ningún torturador, ningún secuestrador, ningún asesino será punido. La comisión tendrá siete miembros, por un período de dos años. No podrán ser dirigentes partidarios ni ocupar cargos en el gobierno, y quien tuvo militancia contra la dictadura estará vetado. En contrapartida, el resultado de los trabajos de la comisión podrá ser consultado por cualquiera, en el Archivo Nacional.
Ahora, el texto sigue para el Senado. Si es aprobada, esa comisión será el tercer grupo que Brasil crea luego de la democratización, con el objetivo de investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la dictadura militar. Las otras dos surgieron en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, él mismo un exiliado en los tiempos del régimen militar. En su primer gobierno (1995-1998), Cardoso creó una Comisión sobre Muertos y Desaparecidos Políticos que, entre otras iniciativas, reconoció oficialmente que por lo menos 136 “desaparecidos” fueron asesinados por militares. Otra estableció indemnizaciones a víctimas de la represión y sus familiares, en casos de asesinatos.
No es, desde luego, lo que esperaban amplios sectores de la sociedad brasileña. Pero es lo que se logró. Como en una canción cantada por Alfredo Zitarrosa, Dilma Rousseff “quiso querer, pero no pudo poder”. Logró algo, que es mejor que nada.
FuentedeOrigen:Pagina12
Envío:CecilioM.Salguero
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