Por Alejandra Dandan
Empezó el juicio a los represores responsables de los seis campos de concentración conocidos como “Circuito Camps”, encabezados por Etchecolatz, Saint Jean, Arias Duval y Smart. Están acusados por crímenes de lesa humanidad sobre 281 víctimas, entre ellas menores de edad y embarazadas.
EMPEZO EL MEGAJUICIO POR EL SECUESTRO Y DESAPARICION DE 281 VICTIMAS EN EL CIRCUITO REPRESIVO DE RAMON CAMPS
Veintiséis represores frente a sus atrocidades
Durante un año y medio, más de 500 testigos contarán cómo fue el operativo en el que se secuestró a la hija de Chicha Mariani, cómo se torturó a los chicos de la Noche de los Lápices, qué le hicieron a Jacobo Timerman, entre otras causas emblemáticas.
Por Alejandra Dandan
En el centro, el médico Bergés, uno de los represores que empezaron a ser juzgados por la represión ilegal ordenada por el fallecido Ramón Camps.Imagen: Rafael Yohai
Esas palabras que podían llegar a perforarles los oídos a medida que bajaban esposados de los móviles del Servicio Penitenciario Federal se potenciaron, abrumadoras, dentro de la sala, acaso acentuadas por las escenográficas formas del Teatro platense de la AMIA. Víctimas y sus victimarios se juntaron cuando todo estaba listo para comenzar un juicio histórico: el primero oral por los crímenes cometidos durante la dictadura en los centros clandestinos que integraron el llamado Circuito Camps. Pese a eso, a que todo estaba listo, algo pasó. Durante veinte minutos la sala estuvo sin los jueces del Tribunal Oral Criminal Federal 1. Como en un ritual en el que de pronto se alteran todas las rutinas, las víctimas, solas, frente a las espaldas de los acusados, soltaron lo único que tenían a mano: sus palabras. ¡Cobardessss!, gritó alguien. ¡Asesino! ¡Hijos de putaaaa!, decía la sala convertida en una única voz. ¡Abusadores! ¡Violadores! ¡Pervertidos!, seguían. Y empezaron a pronunciar el nombre mántrico de los caídos: Jorge Julio López, Adriana Calvo. “¡Pónganle esposas al segundo que se hace el rengooo!”, dijeron. “¡Contestá dónde está López!”, se oyó. Dijeron y cantaron “Como a los nazis...”. Dijeron presente por los 30 mil desaparecidos. Volvieron a cantar hasta que entonces sí, dos horas después del comienzo previsto, y mucho después de que cada uno haya ocupado su lugar, el presidente del TOCF 1 Carlos Rozanski entró a empezar con el juicio.
El proceso que comenzó en La Plata tiene las dimensiones de una megacausa. Varios tramos de seis centros clandestinos que integraron el circuito de la Jefatura de Policía bonaerense a cargo del brutal Ramón Camps confluyeron en este juicio que reunirá durante un año y medio el tránsito de más de 500 testigos, por 281 víctimas, entre las que hay menores de edad y embarazadas, en contra de 26 represores, entre los cuales están las figuras negras de la represión de la provincia.
El jefe de la Brigada de Inteligencia de la Policía Bonaerense –el primer lugar al que llegaban las víctimas secuestradas y espacio de distribución de los prisioneros–, el policía Miguel Etchecolatz todavía no había llegado a la sala cuando empezó la audiencia. En ese comienzo, en cambio, se habían sentado los otros acusados, tres de los cuales subieron al escenario arrastrados en sillas de ruedas. Entre ellos, dos de los tres militares juzgados: Ibérico Saint Jean, ex gobernador bonaerense que llegó al juicio defendido por su hijo. Agustín Arias Duval, el ex jefe del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército y entre los dos se sentó el médico de policía Jorge Bergés, también reducido a la silla de ruedas. El resto ocupó otras tres tumultuosas hileras. En un extremo, se sentó el primer civil con rango de ministro que llega a ser juzgado por delitos de lesa humanidad: Jaime Lamont Smart, ex ministro de Gobierno de Saint Jean, pero además abogado que consiguió poco más tarde la autorización del Tribunal para asumir su propia defensa. La decisión, complicada, criticada en otras jurisdicciones porque de ese modo puede preguntar a los testigos y convertir el interrogatorio en una suerte de careo, le permitió rápidamente desplazarse, maletín en mano, de la silla de acusado a la mesa de los abogados. Los otros acusados son mayoritariamente los ex policías de la Bonaerense que libraron la batalla en nombre de la represión. Entre ellos, Norberto Cozzani, mano derecha de Etchecolatz, y Hugo Alberto Gullana, su chofer, acusado de robarse a Clara Anahí, la nieta de María Isabel “Chicha” Chorobick de Mariani.
Chicha también estaba ahí. Pese a sus ojos casi ciegos, a su bastón, se sentó a la espera, como en cada comienzo de juicio, de que, a lo mejor, alguno de ellos, esta vez, diga algo. “Para mí es muy distinto este juicio de los otros porque se va a juzgar el caso de Clara Anahí”, dijo Chicha. “No tengo muchas esperanzas porque los veo tan crueles, tan duros, pero uno siempre espera en un rincón del corazón que uno de ellos diga la verdad, es cierto que ya se murieron muchos, pero tengo la esperanza de que alguno hable.”
El hijo de Saint Jean en calidad de abogado dijo que su padre de 89 años tiene problemas de salud avalados por informes de tres peritos forenses: “¡Es estéril e ilegal que esté presenciando el debate en esta sala!”, clamó. La abogada de Arias Duval pidió lo mismo e invocó un cuadro de cáncer terminal. Se sumó el abogado de Rodolfo Campos, el tercer militar juzgado, subjefe de policía de Camps.
Rozanski reprendió al Servicio Penitenciario por las demoras. Y el más demorado fue Etchecolatz, que llegó después de la una de la tarde. Ante la ausencia, el juicio empezó con la lectura de los dos únicos tramos que no lo tienen de acusado. Uno, contra Bergés por falsificación de documentos en la apropiación de Pedro Luis Nadal García, y el otro contra el policía retirado Santiago Antonini por el secuestro de Chicha Mariani el 10 de diciembre de 1976, en su casa, durante media hora, pero cuando la patota que integraba buscaba a su hijo, a días del ataque a la casa de la calle 30. Ese comienzo azaroso por la ausencia de Etchecolatz se convirtió sin embargo en una entrada simbólica porque plantó en medio de la sala el ataque a la imprenta de Montoneros y el asesinato de los militantes de la calle 30.
Antonini estuvo en la casa de Chicha Mariani después del ataque. Ella lo reconoció en una audiencia de los Juicios por la Verdad, pero él participó a su vez del ataque a la casa de la calle 30, como surge de sus fojas de servicio. La Jefatura lo felicitó después del ataque “por haber participado” y abatir a quienes mantenían ocultas armas y hacer un hallazgo que calificaron de “sorprendente”, por la imprenta de Montoneros. El ataque, se recordó en la sala, buscó “anular el funcionamiento de una imprenta oculta ingeniosamente en la pared, donde se imprimía material de Montoneros”. Y “el objetivo principal fue exterminar a los ocupantes de la casa”. Recordaron el impresionante despliegue de fuerzas militares y policiales, la presencia anticipada de morgueros: “Esta es una muestra de la brutalidad que tenía quien comandó ese ataque, que fue Miguel Etchecolatz”, recordó la elevación. Hubo despliegue de todo tipo de armamentos, explosivos, lanzacohetes. “De allí que no hubo un enfrentamiento, sino una verdadera masacre planificada que cumplió con su objetivo de eliminar a los ocupantes para hacer tronar el escarmiento a implantar en La Plata y en el país y llevarse como trofeo a la pequeña hija de dos militantes de Montoneros.”
Ese será un eje al que volverá el debate en los primeros tiempos. De acuerdo con el cronograma, el debate comenzará con los casos que rodearon el ataque de la calle 30, el robo de Clara Anahí y el secuestro de Chicha. Esa escala permitirá ingresar a uno de los microcircuitos integrado por la Brigada de Investigaciones de La Plata, Comisaría V con jurisdicción en el lugar y el Pozo de Arana.
Claudia Belingieri es perito de la causa, investigadora a cargo de los archivos de la ex Dipba, la Dirección de Inteligencia de la Bonaerense. “Los 29 centros clandestinos que incluyó el Circuito Camps funcionaron en comisarías, puestos y destacamentos, es decir –dice–, estaban montados sobre la estructura de la Policía Bonaerense que conducía Camps y Camps militarizó a la policía para ponerla al servicio de la represión.”
El debate avanzará así en causas emblemáticas que tuvieron lugar en ese tramo: el secuestro de los Graiver, el de Jacobo Timerman, Julio López y Adriana Calvo, quien seguramente encontrará la forma de estar presente pese a su muerte, porque la fiscalía pidió que se incorpore uno de sus últimos testimonios filmados. Lo mismo se hará con Julio López.
Emilce Moler era estudiante de Bellas Artes cuando empezó a militar en la Unión de Estudiantes Secundarios. Parte de los jóvenes secuestrados en la llamada Noche de los Lápices, otro de los casos que integrarán la primera parte del juicio. Emilce, que estuvo ayer en la sala, aclaró que no los secuestraron por la pelea del boleto estudiantil, que eso sucedió un año antes, que los secuestraron por la UES. Ella pasó el primer tramo de su secuestro en el Pozo de Arana, de ahí pasó a la Brigada de Quilmes, luego a la Comisaría de Valentín Alsina y luego quedó blanqueada en el Penal de Devoto hasta 1978, en que salió en libertad vigilada. “Yo siento que éste es un juicio bueno y reparador”, dijo al comienzo, todavía en la entrada. “Un juicio de esta magnitud es muy emblemático porque se puede centralizar el Circuito Camps, pero porque también aparece un civil, policías y militares: es una muestra de lo que pasaba con los distintos actores que intervinieron desde distintos lugares para que la represión de una dictadura cívico-militar pudiera darse en los distintos grados.”
Afuera, mientras tanto, estaban los que todavía no iban a entrar. Las banderas de HIJOS La Plata y de las agrupaciones que montaron una radio abierta. Las fotos de Jorge Julio López. El paso raudo de Etchecolatz más tarde bajando en medio de nuevos gritos de cobarde y de asesino. Las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo. Vera Jarach, Carmen Lapacó, Enriqueta Maroni, Mirta Baravalle, Elsa Pavón, Adelina de Alaye, Alba “Nieca” Martino. Las querellantes de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, Justicia Ya!, Abuelas de Plaza de Mayo y Alejo Ramos Padilla, que acompañó por última vez a Chicha Mariani porque asumirá de juez en los próximos días. Entre el público, hubo sobrevivientes de todos los centros. La audiencia seguirá hoy y se hará lunes y martes en La Plata.
Fuente:Pagina12
El proceso se realiza en sede de la ex AMIA de La Plata y durará un año
Comenzó el juicio que pondrá fin a la impunidad de la patota de Camps
Publicado el 13 de Septiembre de 2011
Por Laureano Barrera
Se juzgarán los crímenes cometidos por la Policía Bonaerense durante la dictadura. Casos paradigmáticos, como la apropiación de Papel Prensa, el secuestro de Clara Anahí Marini y la primera desaparición del albañil Julio López.
Ayer, en la sede de la ex AMIA de La Plata, comenzó el proceso oral donde se juzgarán gran parte de los crímenes cometidos por la Policía Bonaerense que comandó el general Ramón Camps durante los años de plomo. Avejentados, pero siempre con la mirada torva, se sentaron al banquillo 26 represores, algunos de ellos con gran capacidad de decisión en la política de exterminio que hace 35 años sembró el terror en la provincia: el coronel Américo Saint Jean, que fungió como gobernador de facto, su ministro de gobierno –y único civil– Jaime Lamont Smart, el ex director de investigaciones –y mano derecha del mandamás– Miguel Etchecolatz, el subjefe de la fuerza Rodolfo Campos, y el jefe del Destacamento de Inteligencia 101 –la estructura que coordinó gran parte de la logística represiva en la región– Agustín Arias Duval. También deberán rendir cuentas otros nueve ex comisarios, algunos de los cuales tuvieron bajo su mando los seis centros clandestinos que se investigarán en el juicio (Brigada de Investigaciones y la Comisaría 5ª de La Plata, el Destacamento de Arana, Puesto Vasco, el Comando de Operaciones Tácticas de Martínez y la Brigada de San Justo), y miembros de las patotas que secuestraban día y noche, en casas particulares, fábricas o en la vía pública, y torturaban en sus cuevas secretas sin piedad.
Durante el año y medio de audiencias que se prevé, darán su testimonio ante el Tribunal Oral Federal Nº1 –que preside Carlos Rozanski, quien en las últimas semanas fue el blanco de numerosas amenazas– 486 testigos, entre familiares y víctimas directas, que reconstruirán el destino de 281 secuestrados que pasaron por el ominoso Circuito Camps. El debate incluye algunos de los casos más emblemáticos de la represión ilegal, entre los que se destaca el traspaso forzoso de Papel Prensa a La Nación, Clarín y La Razón, mediante el secuestro y la tortura en una celda de la Subcomisaría de Don Bosco –Puesto Vasco– y en Coti Martínez, de varios miembros y allegados a la familia Graiver, hasta ese momento propietaria de la empresa.
Precisamente, el remisero y ex cabo de la policía Norberto Cozzani –que en la década del ’80 fue condenado a cuatro años de prisión por interrogar con “golpes y la aplicación de corriente eléctrica” a Isidoro y Juan Graiver, Silvia Cristina Fanjul y Lidia Papaleo de Graiver– es uno de los imputados. “Yo he sido un represor, y no me asusta la palabra represión. Y estoy contento en haber contribuido a que la logística de Montoneros se quedara sin dinero”, declaró en una entrevista desde la cárcel de Marcos Paz a un blog marginal, en 2005, mientras cumplía prisión preventiva por 26 nuevos casos de tortura y por su participación en el ataque a la casa del matrimonio Mariani y Teruggi, conocido como el “Operativo de calle 30”, que también se ventilará en este juicio: cuatro homicidios calificados y el robo de Clara Anahí, la nieta de tres meses de una de las fundadoras de Abuelas, Chicha Mariani.
Habrá otros casos que darán que hablar: las desapariciones seriales de los estudiantes secundarios platenses –hecho conocido como La Noche de los Lápices, de la que se cumplen esta semana 35 años–, el juicio a los apropiadores de Pedro Luis Nadal García –quien se encuentra en París para recibir el premio de la Unesco junto a otros nietos y a Estela Carlotto–, y el primer secuestro de Jorge Julio López –a través de su propio testimonio filmado–, y de cuya segunda y definitiva desaparición también se aproxima una efeméride: el 18 de septiembre se cumple un lustro sin él.
El juicio oral que se inició ayer es, tal vez, la causa más extensa de la historia judicial argentina. Se abrió en 1984 en un tribunal militar, y luego del pasaje a la justicia civil se logró la condena del general Camps, su par Ovidio Riccheri y sus subordinados, Miguel Etchecolatz, el médico policial Jorge Bergés y el “Beto” Cozzani, pero quedó trunca con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. En 2004, cuando el Congreso de la Nación las declaró inconstitucionales, las penas que habían quedado flotando en la impunidad se reactivaron, y cinco expedientes que confluyeron en la justicia federal platense, y que terminaron por unificarse, se siguió investigando hacia abajo en la cadena de mandos. Otros siete años de instrucción somnolienta permitieron que en el camino murieran 12 procesados y que a muchos denunciantes indoblegables, como Adriana Calvo, los venciera la muerte. Esa espera injusta terminó: la justicia debe suceder a la ignominia.
Fuente:TiempoArgentino
Crímenes de lesa humanidad
Comenzó a develarse el circuito del terror
Con los 26 represores en la sala, inició la lectura de las acusaciones
12.09.2011
Todos los procesados están juntos en un corralito anexado al escenario. En Primera fila, Saint Jean, el médico Berges y Etchecol
Los represores involucrados en la causa Circuito Camps comenzaron a ser juzgados ayer por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de La Plata, por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 281 víctimas en seis centros clandestinos de detención que funcionaron bajo el mando de la Policía Bonaerense durante la dictadura. En el primer día de debate estuvieron presentes los 26 represores, entre ellos Miguel Osvaldo Etchecolatz, quien llegó último y fue recibido entre gritos e insultos; y el abogado y ex ministro de Gobierno de la Provincia durante el proceso militar, James Smart, quien ejercerá su derecho a autodefenderse. En el inicio del debate fueron leídos las acusaciones a once acusados, entre los que se cuentan los casos de la privación ilegal de la libertad a Chicha Mariani, la apropiación y ocultamiento de identidad de un menor, y 87 casos de la causa comisaría Quinta. Hoy deberán estar presentes en el juicio sólo los nueve represores; al resto el tribunal les permitió no asistir hasta que sea el turno de leer sus acusaciones.
El tribunal presidido por Carlos Rozanski e integrado por Roberto Falcone y Mario Portela, comenzó a las 12 a juzgar a los 26 represores en el teatro de la ex Amia, ubicado en 4, entre 51 y 53. El inicio había sido planificado para dos horas antes, pero el Servicio Penitenciario Federal (SPF) demoró más de la cuenta en trasladar a los acusados.
A las 11.45, Jaime Lamort Smart, Norberto Cozzani, Rodolfo Aníbal Campos, Domingo Almeida, Hugo Alberto Guallama, Luis Vicente Patrault, Carlos García, Horacio Elizardo Lujan, Eros Amílcar Tarela, Roberto Antonio Cabrera, Sergio Arturo Verduri, Rubén Oscar Páez, Miguel Kearney, Fernando Svedas, Bernabé Jesús Corrales, Pedro Ferriole, Raúl Orlando Machuca, Julio César Arguello, Mario Sita, Roberto Grillo, Daniel Lencinas y Santiago Antonini, ingresaron a la sala y se acomodaron en las 26 sillas ubicadas frente a los jueces, en un sector delimitado por un corralito de rejas. Ibérico Saint Jean, Jorge Antonio Berges y Alejandro Agustín Arias Duval, los tres en sillas de ruedas por deficiencias físicas, se ubicaron en la primera fila.
Durante los quince minutos que los jueces se demoraron en ocupar sus lugares, los acusados fueron señalados como “asesinos” y “genocidas”, con gritos con los que el público hizo retumbar la sala.
Dos butacas de la primera fila fueron reservadas para el desaparecido en 2006, Jorge Julio López, y para la ex detenida desaparecida Adriana Calvo, quien falleció el año pasado, y cuyos testimonios fueron fundamentales para la instrucción de la causa.
En la primera fila del público estuvieron las Madres de Plaza de Mayo, y detrás se sentaron los ex detenidos desaparecidos, compañeros e hijos de los desaparecidos.
En la audiencia de ayer se leyeron los requerimientos de elevación a juicio contra Antonini -por la privación ilegal de la libertad a Chicha Mariani-, contra Bergés -por la apropiación del menor Pedro Luis Nadal García- y contra otros nueve represores, entre ellos Arias Duval quien por razones de salud pidió no asistir a la sala de audiencia tras la lectura de su acusación.
Además, el Tribunal hizo lugar por mayoría a un pedido del imputado civil, James Smart, de ejercer personalmente su defensa en juicio. Las querellas y el fiscal Hernán Schapiro habían rechazado esa posibilidad, pero los jueces Portela y Falcone resolvieron que Smart puede ejercer ese derecho.
El presidente del Tribunal votó en contra al considerar que “la sola designación resulta en sí misma una afectación de las víctimas”, pero el tribunal fundamentó su decisión en que el Código Procesal Penal, la Constitución y otros tratados internacionales a los que Argentina adhiere, permiten la autodefensa.
Miguel Osvaldo Etchecolatz llegó a los tribunales a las 14.50 desde la cárcel de Marcos Paz, y fue recibido con abucheos y gritos de “asesino”.
Con el ex comisario en la sala, el tribunal inició la lectura del requerimiento de elevación a juicio por los crímenes cometidos en Comisaría Quinta. Se leyeron 87 casos de secuestros, desapariciones, y torturas cometidos en ese centro.
El juicio se retomará hoy a las 9 con la continuidad de la lectura del pliego que involucra a Almeida, Patrault, Cosani, Arias Duval, Guallama, Etchecolatz, Campos, García y Luján, quienes deberán estar presentes ante los jueces. A los otros 17 imputados el Tribunal les permitió no estar presentes.
Fuente:Diagonales
SOBREVIVIENTE NOCHE DE LOS LAPICES CELEBRA INICIO DE JUICIO
12 de septiembre de 2011
Emilce Moler, una de los cuatro sobrevivientes de la Noche de los Lápices cuando varios alumnos secundarios fueron secuestrados, torturados y desaparecidos por reclamar el boleto estudiantil "celebró" hoy el inicio del juicio a 26 represores que actuaron durante la dictadura cívico militar en el denominado Circuito Camps.
"Celebramos todos los juicios porque desde hace muchos años bregamos junto a organismos, victimas y abogados para que se de este momento", dijo a Télam Moler durante un cuarto intermedio del juicio que se le sigue entre otros a los represores Ibérico Saint Jean, Miguel Etchecolatz y Jaime Lamont Smart.
Reiteró que "celebramos fuertemente que se esté dando este juicio en una mega causa con tantos represores y tanto centros clandestinos".
Moler, que fue detenida a los 17 años, será testigo de este juicio cuando se traten los episodios de La Noche de los Lápices, ocurridos entre el 15 y 16 de setiembre de 1976.
Fuente:Telam
2011-09-12
Chicha Mariani: “Hace 30 años que estoy esperando que se abra este juicio”
La fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo espera que del juicio contra represores del Circuito Camps surjan “algunas verdades” para dar con el paradero de su nieta Clara Anahí
Chicha Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, es una de las víctimas que brindará su testimonio en el juicio a 26 represores que formaron parte del Circuito Camps. “Es un juicio muy esperado por mí. Hace 30 años que estoy esperando que se abra este juicio buscando a mi nieta, Clara Anahí”, expresó.
Subrayó que “va a ser un juicio muy muy importante y espero que salgan a la luz al menos algunas verdades”.
Admitió, en diálogo con Radio Provincia que no es “muy optimista sobre el resultado final”, pese a lo cual dijo tener “esperanzas de que este juicio traiga alguna claridad en por lo menos algunas causas”.
“Ojalá alguien hable por fin y diga lo que tenga que decir, pero parece que esta gente no tiene conciencia porque nunca han querido aportar nada”, enfatizó.
Chicha Mariani repudió las amenazas que sufrió el juez Carlos Rosansky y aseguró que el magistrado está siendo perseguido “para que deje de hacer justicia”.
“Esto es preocupante –agregó- porque ya deberían haber terminado con esta carroña que anda por ahí haciendo daño”. Por último, aseveró que “estamos todos a la espera de qué va a pasar, que no haya otro Julio López, pobre hombre que dijo sus verdades y que terminó como sabemos, también sin aclarar”.
Fuente:LaPlataYa
12 de Septiembre de 2011
Smart, el primer civil de la dictadura juzgado por violación de los derechos humanos
Hoy se inicia en La Plata el proceso por el llamado "Circuito Camps" o "Grupo La Plata". Smart, ex ministro de Gobierno y uno de los ideólogos del Proceso, está imputado en dos causas y procesado con prisión preventiva en una.
Por José Luis Cutello
Jaime Lamont Smart es, a partir de hoy (lunes 12) el primer funcionario civil de la última dictadura militar en ser juzgado por delitos de lesa humanidad, aunque no el único detenido ni el único imputado en las causas vinculadas con la violaciones a los derechos humanos entre 1976 y 1983.
Ex juez del llamado "Camarón" (La Cámara Federal en lo Penal Especial de la Nación) creado en 1971, durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse; ex ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires; y ex defensor de Albano Harguindeguy, Smart está acusado en al menos dos causas relacionadas con el denominado "Circuito Camps" o "Grupo La Plata" de la dictadura: el secuestro de Jacobo Timermann, padre del actual canciller, y el de un abogado de Derechos Humanos.
Desde el 2008, tiene además el "privilegio" de ser el primer funcionario civil de la dictadura en quedar preso en las cárceles de la democracia. Dos años más tarde, lo secundó "Joe" Martínez de Hoz.
En el juicio que comenzó hoy en el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de La Plata se juzga a 26 imputados de cometer delitos de lesa humanidad contra 360 víctimas, entre ellos el secuestro de la nieta de Chicha de Mariani, la llamada "Noche de los lápices", el secuestro de Jacobo Timerman y el de los Graiver.
Smart reportaba en esa época a la estrella de la estructura jurídica del Proceso, el abogado nacionalista católico Alberto Rodríguez Varela, segundo ex ministro de Justicia de Jorge Rafael Videla y, en democracia, uno de sus más activos defensores durante los numerosos juicios que tuvo el dictador.
Entre otros casos, a partir de hoy se estudia el secuestro en su estudio de la ciudad de San Martín, en febrero de 1978, del abogado Rodolfo Gutiérrez, hoy desaparecido.
En esta causa, el ex juez del Departamento Judicial de San Isidro durante la dictadura Juan Carlos Dillón está denunciado por haber emitido "falsas órdenes de captura del abogado" tras haberlo imputado de favorecer la evasión de tres detenidos.
Dillón tomó esa medida al responder a los "habeas corpus" que se habían presentado a favor del abogado. En la causa, tambié está procesado Smart. Un policía denunció durante una audiencia que los captores de Gutiérrez "cumplían órdenes de Smart y Dillon".
Smart fue el abogado defensor del general Albano Harguindeguy hasta que debió responder por su propia actuación durante la dictadura. Fue procesado con prisión preventiva, ratificada por la Corte Suprema actual, como partícipe necesario en el delito de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos.
A partir de hoy, tendrá que responde por su actuación bajo la órdenes de Ibérico Saint Jean y de Ramón Camps.
Fuente:GacetaMercantil.com
Amenazas e intimidaciones
El titular del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, Carlos Rozanski, atribuyó las amenazas de muerte e intimidaciones sufridas a un “plan para desestabilizar el proceso de los juicios”. El magistrado agregó que esta situación “hace más de un año que comenzó e incluye una serie de hechos de distinto tipo que están en plena investigación, por eso no corresponde dar detalles”. El juez federal que juzgó y condenó al represor Miguel Etchecolatz y al capellán Christian von Wernich precisó que “efectivamente hay gente interesada en desestabilizar el proceso de los juicios, en especial los que se llevan a cabo aquí (en La Plata)”. Rozanski denunció la semana pasada haber recibido amenazas de muerte e intimidaciones. Este magistrado, junto a los jueces Roberto Atilio Falcone y Mario Portela, juzga desde ayer a 26 represores, entre ellos un civil, por delitos de lesa humanidad cometidos contra 360 víctimas, en seis centros clandestinos de detención del Circuito Camps.
Fuente:Pagina12
Etchecolatz llegó dos horas después de iniciada la audiencia
El público interpeló a los represores sobre Julio López y Clara Anahí
Publicado el 13 de Septiembre de 2011
Por Milva Benítez
El juicio se inició dos horas después de lo previsto: “El retraso se debe a demoras en el traslado de los imputados a cargo del Servicio Penitenciario Federal”, explicó el titular del Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata, Carlos Rozanski.
El ex comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz no se encontraba en la sala. Llegó más de dos horas después. Así evitó escuchar las primeras interpelaciones, cuando el público repetía: “¿Dónde esta Jorge Julio López?” Un pañuelo blanco sobre el respaldo de los primeros asientos recordaba la ausencia de López, desaparecido desde hace cinco años, tras declarar en el juicio en el cual el ex comisario fue condenado a cadena perpetua.
Los restantes imputados ocuparon sus lugares en una tarima, a la altura del tribunal, que se despliega sobre el escenario de la sala teatral. “¡Les queremos ver las caras!”, retumbó el grito, y se sumaron: “¡Asesinos! ¡Torturadores! ¡Secuestradores! ¿Dónde está Clara Anahí, la hija de Diana Teruggi y Daniel Mariani? ¡Devuelvan a los chicos que se robaron!” Y luego se escucharon los nombres, de hombres y mujeres, que fueron secuestrados y torturados en los centros clandestinos que formaron parte del denominado Circuito Camps, para terminar a una sola voz: “¡Treinta mil detenidos–desaparecidos, presentes!”
El ex gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires, Ibérico Manuel Saint Jean, ocupaba la primera fila, en una silla de ruedas. Junto a él se encontraba –también en una silla de ruedas–, el médico policial Jorge Antonio Bergés, condenado por haber participado en el robo y la apropiación de niños durante la última dictadura. “Bergés, ¿a quién le diste la hija de Silvia Valenzi?”, se escuchó. No hubo respuesta. En el otro extremo, Jaime Lamont Smart, el ex ministro de Gobierno juzgado por delitos de lesa humanidad, requirió ejercer su propia defensa, pero el planteo fue rechazado por las implicancias que puede tener que un imputado como Smart interrogue a los testigos.
Por otra parte, quedó pendiente la resolución del tribunal sobre el pedido de algunos de los imputados de no presenciar las audiencias por cuestiones de salud. El fiscal Hernán Schapiro se opuso a esta solicitud, salvo opinión en contrario de los peritos médicos oficiales. Su intervención fue seguida de los vivas del público, que fue interpelado a guardar silencio por el presidente del tribunal. Hoy está previsto que continúe la lectura de la elevación a juicio por cada una de las víctimas que permanecieron detenidas en el centro clandestino que funcionó en la Comisaría 5ª de La Plata.
Fuente:TiempoArgentino
Opinión
Acerca de la complicidad civil
Publicado el 13 de Septiembre de 2011
Por Luis Alén Subsecretario de Protección de los Derechos Humanos.
Lo sumamente importante del inicio del juicio es que, además de la gran cantidad de casos, en los centros clandestinos que van desde San Justo hasta la Brigada de La Plata, por primera vez aparece un civil: Jaime Smart, ministro de Gobierno de la dictadura en la provincia, y uno de los funcionarios de la Cámara Federal en lo penal, un tribunal especial creado por Onganía para el juzgamiento de los militantes populares. En este juicio hay 26 imputados y 281 víctimas. Es uno de los juicios más emblemáticos, en el que hay hechos como el de La Noche de los Lápices, que estamos a días de que cumpla 35 años. En la mayoría de los juicios ha ido quedando clara la participación y complicidad de los civiles en los crímenes de lesa humanidad. Por eso sería bueno que más allá del juicio en sí, en el Juzgado Federal N° 3 de Arnaldo Corazza, que tiene a cargo la instrucción, avanzaran las imputaciones contra otros civiles, como es el caso de Alberto Rodríguez Varela, Roberto Durrieu, Juan Torino, Edgardo Frola, quienes participaron en casos como el de Jacobo Timerman, y a quienes la Secretaría de Derechos Humanos tiene querellados hace años sin que haya habido ningún avance.
Fuente:TiempoArgentino
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