La condena del coronel
Por Diego Martínez
Luego de 35 años de impunidad, incluidos 27 meses de changüí por cortesía de los jueces Alejandro Esmoris y Nelson Jarazo, el coronel retirado Alejandro Duret fue condenado a quince años de prisión por secuestrar, torturar y asesinar a Carlos Alberto Labolita, ex militante de la Juventud Peronista. Se trata de la primera sentencia condenatoria por delitos de lesa humanidad de la Cámara Nacional de Casación Penal, que revocó la absolución dictada por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, cinco días después de la derrota electoral del kirchnerismo a mediados de 2009. Hasta anoche no había novedades sobre el paradero del militar.
La absolución del ex jefe de inteligencia del Grupo de Artillería Blindado 1 de Azul, donde transcurrió el cautiverio de Labolita, fue celebrada hace dos años por represores y cómplices como el comienzo del fin de los procesos por delitos de lesa humanidad. Las pruebas contra Duret eran contundentes. El 27 de abril de 1976 recibió a Labolita detenido y lo convirtió en desaparecido. Los policías que sin suerte pidieron una constancia de la entrega vieron cuando le ponían la capucha. En la madrugada del 1º de mayo, acompañados por el cautivo destrozado por la tortura, un grupo de tareas allanó la casa de la familia en Las Flores. Lo encabezaba un oficial alto y rubio que la madre de Labolita había visto la noche del golpe de Estado cuando secuestraron a su esposo y a quien identificó luego como Duret, dato que confirmó durante un careo en 1985.
Pero nada logró conmover a Esmoris y Jarazo, que en línea con los argumentos del abogado Gerardo Ibáñez pintaron a Duret como un oficial de bajo rango pese a que integraba el Estado Mayor del regimiento, desacreditaron el relato de la madre de la víctima, que ya no estaba viva para ratificarlo, y prescindieron de los testimonios de los policías que entregaron a la víctima en Azul por considerarlos potenciales imputados. “Los señores jueces han realizado un denodado esfuerzo analítico por destruir una por una las pruebas en contra del acusado”, escribieron los fiscales Daniel Adler y Horacio Azzolín al apelar el fallo. “Si del conjunto de estas pruebas no puede deducirse una activa participación de Duret en los crímenes, sólo cabe esperar que un escribano certifique las acciones delictivas al momento de ser cometidas”, ironizaron.
El mes pasado, en una audiencia oral y pública ante la Sala IV de la Cámara de Casación, el fiscal Azzolín y el abogado César Sivo desmenuzaron las incongruencias de la absolución y la eliminación artificial de pruebas de cargo, y pidieron la condena del militar. La sala colmada del tribunal dejó en evidencia, aquel 9 de agosto, la expectativa que generaba el caso: no sólo estuvieron presentes los familiares y amigos de las víctimas de la dictadura en Las Flores, sino también la apologista del genocidio Cecilia Pando y un grupo de militares retirados.
La resolución de los jueces Mariano González Palazzo, Gustavo Hornos y Augusto Díaz Ojeda trascendió el miércoles, pero recién ayer fue confirmada por fuentes judiciales, y hasta anoche no había sido difundida por la agencia de prensa del Poder Judicial. A la histórica condena de Casación se sumó ayer otra mala noticia para los nostálgicos de la capucha y para el abogado Ibáñez: la Cámara Federal, con votos de Martín Irurzun y Eduardo Farah, confirmó el procesamiento con prisión preventiva del ex piloto naval Julio Alberto Poch por su participación en los vuelos de la muerte. “Los enjundiosos argumentos” de Ibáñez, apuntaron los camaristas, “no han logrado desvirtuar el cuadro cargoso” contra el marino.
Fuente:Pagina12
Condenan a 15 años de prisión al represor Duret por la desaparición de Labolita
En abril de 1976, como jefe de inteligencia del Grupo de Artillería Blindado 1 de Azul, el teniente Alejandro Duret recibió a Carlos Labolita detenido y lo convirtió en desaparecido. Los policías que sin suerte pidieron constancia de entrega vieron cuando le ponían la capucha. En la madrugada del 1º de mayo, acompañados por el cautivo destrozado por la tortura, un grupo de tareas allanó la casa de la familia en Las Flores. Lo encabezaba un oficial alto y rubio que la madre de Labolita había visto el 24 de marzo cuando detuvo a su esposo y al que identificó luego como Duret, acusación que confirmó durante un careo en 1985.
En 2009, en un polémico fallo dividido, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata -compuesto por los jueces Alejandro Esmoris, Nelson Jarazo y Carlos Rozanski- absolvió al coronel Alejandro Guillermo Duret, de 56 años, y condenó a prisión perpetua pero con el beneficio de la prisión domiciliaria al general (RE) Pedro Pablo Mansilla, de 77 años, en el marco de la causa por la desaparición de Carlos “Chiche” Labolita.
Los dos militares, que en 1976 revistaban en el Grupo de Artillería Blindado 1 de Azul, estaban acusados por el secuestro, las torturas y el asesinato del militante, amigo y compañero de Néstor y Cristina Kirchner.
Rozanski votó en minoría por la condena de Duret. Esmoris y Jarazo, igual que el defensor Gerardo Ibáñez, pintaron al represor como un oficial de bajo rango pese a que integraba el Estado Mayor, desacreditaron el relato de la madre de Labolita, que no podía ratificarlo, y el de los policías que entregaron al detenido por ser posibles imputados, objeción que debieron formular antes de citarlos.
Ante la decisión del TOF, la Fiscalía de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y el abogado querellante, Dr. César Sivo, presentaron un recurso de revocatoria en la Cámara Nacional de Casación Penal, que en las últimas horas resolvió rechazar el fallo de primera instancia y condenar a Duret a 15 años de prisión.
A comienzo del pasado mes de agosto, el fiscal Horacio Azzolín y el abogado César Sivo desmenuzaron las incongruencias de la absolución, la eliminación artificial de pruebas de cargo, y pidieron la condena de Duret, que prefirió no pisar la sala.
Por su parte, el presidente de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del centro y sur de la provincia de Buenos Aires, Carlos Fernando Díaz, consideró este miércoles que el fallo de Casación es una “cachetada judicial” para los doctores Esmoris y Jarazzo, quienes actualmente intervienen en la causa Base Naval II.
“Este revés los pone en caja y quizás les sirva para no tomar a la ligera un delito de lesa humanidad ni a un partícipe necesario e imprescindible de un delito de lesa humanidad, como fue Duret”, aseveró y subrayó que “al igual que en Azul, en Mar del Plata hay muchos casos de oficiales de medio rango que fueron parte imprescindible de la asociación ilícita”.
Además, Díaz analizó que la condena al ex coronel es “un duro golpe a la derecha, para la cual él es un cuadro importante”.
“Ojalá los Jueces comprendan que la búsqueda de memoria, verdad y Justicia no es declamatoria y que los testigos de las querellas y la fiscalía, en la mayoría de los casos son víctimas y no ‘cosas’, por lo tanto les deben dar el tratamiento y el respeto que se merecen”, concluyó.
Autor / Fuente: Luciana Acosta
Fuente:Agndh
Carlos Alberto Labolita
FuenteFoto:proyectodesaparecidos.org
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