MÉXICO.

jueves 1 de septiembre de 2011
La insostenible procuración de la unidad
Por Gerardo Fernández Casanova

“Que el fraude electoral jamás se olvide.
Ni tampoco los miles de muertos inocentes.”

Dentro de las fronteras del absurdo, el invasor de la residencia presidencial convoca a la unidad nacional. Es un despropósito que, quien más ha contribuido al rompimiento del entramado social, pretenda restituirlo por la vía discursiva y lo condicione a que la unidad se dé en torno de su ilegítima posición. Felipe Calderón reclama la unidad para, supuestamente, combatir a la criminalidad y la violencia imperantes, en mucho provocada por su nefasta administración, sea por error de diseño o por aviesa intencionalidad. La unidad así planteada implicaría que la sociedad aceptara sin chistar la militarización del país, la cancelación de los derechos humanos y la resignación a sufrir en la zozobra del monopolio oficial de la violencia. No es por ahí.

Hasta en la más elemental de las sociedades la unidad se da en torno a la aceptación común de las reglas del juego y su correspondiente observancia por los participantes. Las constituciones y las instituciones son los instrumentos que permiten el acuerdo entre las partes para dirimir las diferencias y los conflictos de intereses. La actual debacle mexicana es producto natural del abandono y la violación de la norma básica, expresada en la prostitución de las instituciones colocadas al servicio de una minoría privilegiada y en perjuicio de los intereses de la mayoría.

El punto nodal que permite la coexistencia y la unidad en lo fundamental se ubica en el ejercicio de la democracia, de la que su vertiente electoral constituye el valor más preciado e importante. El México de la última década del pasado siglo había alcanzado un grado razonable de acuerdo entre las partes en materia de elecciones, después de años de luchas ciudadanas encaminadas a dar certeza y equidad a los procesos. Las elecciones de 1997 y 2000 fueron clara expresión de tal calidad institucional, aún muy lejos del ideal, pero con suficiencia para la aceptación de los resultados por las partes. La estulticia hecha gobierno llevó a Fox a romper el delicado acuerdo alcanzado; su enferma terquedad para eliminar de la contienda a López Obrador, que se vio frustrada por la movilización ciudadana, y la venganza orquestada mediante el fraude electoral que impuso a Calderón, acabaron de enterrar los esfuerzos de muchos años de construcción democrática. No haber aceptado el recuento de los votos, como era el reclamo de un importante sector de la sociedad, significó la puntilla del artero crimen contra la democracia. Es a partir de ello que el país quedó fracturado; más allá de la campaña sucia y de la indebida intervención de gobernantes y organismos empresariales, incluso de las carretonadas de dinero volcadas a favor del candidato oficial, las trampas cibernética y tradicional, determinaron el apretado resultado con el que se violó la voluntad y la soberanía popular.

Ya entrados en gastos de violaciones, el régimen ha sido más que explícito: como no cuenta con el respaldo social para reformar la constitución, promueve legislación secundaria que la viola en los hechos; así sucedió en materia energética y de pensiones, así se pretende hacer en materia laboral y de seguridad. ¿Cómo puede pedirse unidad nacional en tales condiciones?

La reconstrucción del país requiere de la regeneración del acuerdo fundamental, incluso mediante una nueva constitución. La única forma de unidad a que podemos aspirar es la que derive en la aceptación común de las reglas del juego. El Nuevo Proyecto de Nación propuesto por el MORENA postula el respeto a la decisión soberana de la mayoría popular, sin demérito a la participación de los grupos minoritarios. Respetémonos, pues.
Fuente:Argenpress


jueves 1 de septiembre de 2011
Seguro Popular: El espejismo del derecho a la salud
Por Guadalupe Cruz Jaimes (CIMAC)
Doña Celia Mendiola Torres tiene 82 años de edad y vive en Almoloya de Alquisiras, municipio rural del Estado de México. Ella sufrió un derrame cerebral hace tres años. Desde entonces requiere revisiones médicas constantes y tomar al menos dos medicamentos al día.

Se afilió al Seguro Popular (SP), programa creado por la Secretaría de Salud federal (Ss) en 2004, creyendo que tendría la atención adecuada para su padecimiento. Pero “de nada le ha servido”, dice Margarita, hija de doña Celia.

La adulta mayor forma parte de las 46 millones de personas afiliadas al SP hasta junio de este año; las mujeres representan 54.2 por ciento del total (24 millones), reporta la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, instancia rectora de este programa de atención.

Al cierre de 2010, la cifra de personas afiliadas era de 43 millones 518 mil 719. El año pasado la afiliación se triplicó respecto al número de personas que se registraron al seguro en 2009.

El vía crucis de Celia es tan sólo un ejemplo de lo que todos los días padecen millones de mexicanas que buscan satisfacer el derecho a la salud, garantía estipulada en el artículo cuarto constitucional pero que ha sido negada para la inmensa mayoría de la población en cinco años de la gestión de Felipe Calderón, señalan especialistas.

Una tortura
Celia tiene que llegar a la unidad médica de la Ss a las 6 de la mañana para “alcanzar ficha” y pasar a consulta. Para llegar a esa hora “salimos a las 4:30 de la mañana y tenemos que tomar un taxi que nos lleve a la clínica”, a dos horas de distancia de Almoloya. Gasta en pasaje 300 pesos “sólo en el viaje de ida”.

Una vez en la unidad, la espera parece eterna. “Vamos pasando a consulta hasta la 1 o 2 de la tarde” y la calidad de la atención “deja mucho que desear”, porque después de tantas horas “el doctor medio la revisa y no le da las medicinas que necesita, sólo le dieron hierro y otras vitaminas”, narra Margarita.

La hija de doña Celia considera que acudir al SP es muy desgastante para su mamá por el tiempo de espera y porque además le representa un gasto que “no vale la pena”, ya que de cualquier forma ella y su familia tienen que comprar cada mes dos cajas de medicamentos, de un costo de 400 y 600 pesos cada una.

Entre las disposiciones del SP se encuentra el otorgamiento gratuito de medicamentos, sin embargo por el desabasto de fármacos esa medida en muchos casos no se aplica.

Más afiliadas, menos derechos
A pesar del aumento en la afiliación al SP, tras la reforma a la Ley General de Salud (LGS) en 2009, la Ss disminuyó hasta en 40 por ciento el recurso destinado a la atención de cada mujer usuaria de este servicio.

A decir de organizaciones expertas en el tema, este hecho se tradujo en servicios deficientes por falta de personal e insumos para garantizar el derecho constitucional a la salud.

A su vez, de 2005 a 2010 el número de médicos familiares o generales en el SP pasó de 20 mil 571 a 29 mil 137, según un análisis del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos.

La organización civil calcula que 5 millones de afiliados y afiliadas al seguro viven en municipios que tienen menos de un médico por cada 100 mil habitantes afiliados al SP.

Disminución de recursos
Con la reforma a la LGS, cambió el “indicador de cobertura, pasando de familias a personas”, se explica en la investigación “Seguro Popular: afiliación y presupuesto”, realizada por Briseida Lavielle, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

Según los impulsores de la reforma, con la modificación se otorgarían “mayores recursos hacia aquellas entidades federativas que tienen un mayor número de miembros por familia”; pero en 2010 se redujo el presupuesto destinado a la atención de cada persona afiliada en 31 estados de la República.

Sólo aumentó el subsidio para las personas afiliadas en San Luis Potosí, de 700 a 800 pesos para ese año.

Otra de las justificaciones del cambio a la LGS era que permitiría “avanzar hacia la cobertura universal de la salud, ya que con los mismos recursos asignados será posible afiliar a una mayor cantidad de personas”, refiere el análisis de Fundar.

En efecto se incrementó el número de personas con SP, pero significó menos recursos para la atención médica de cada una de ellas. Por ejemplo, Baja California en 2009 recibió un subsidio de mil 500 pesos por persona afiliada, el cual disminuyó a 800 pesos en 2010, un recorte de más de 40 por ciento.

En una situación similar está Veracruz que en 2009 recibió mil 400 pesos y el año pasado 800; seguido del Distrito Federal, donde se redujo de mil 400 a mil pesos en el mismo periodo, detalla la investigadora de Fundar.

Otras entidades como Durango y Colima, que en 2009 recibieron 700 y 800 pesos, respectivamente, en 2010 sólo se les otorgaron 500 pesos.

Lavielle apunta que la disminución del gasto va en perjuicio de la población más marginada, en particular las mujeres, ya que ejercer el derecho a la salud “implica mucho más que estar afiliado a un esquema de financiamiento” como el SP.

Pesadilla sin fin
Carmen de la Cruz también está afiliada al SP. Padece diabetes, enfermedad que cada vez deteriora más su estado de salud sin que tenga opciones para recibir atención de calidad, ya que sus ingresos apenas le permiten subsistir.

“Soy costurera y me mantengo con los trabajos que me traen a la casa”, cuenta la señora de 53 años, residente de Tlalnepantla, Estado de México. Ella intentó conseguir una cita en el centro de salud más cercano a su casa en más de tres ocasiones, “pero ni llegando a las 5 de la mañana alcancé ficha”.

No le quedó de otra que ir a los servicios de salud ubicados a una hora de distancia de su hogar. “De todas formas hay que llegar temprano, pero es más seguro que me atiendan”, explica.

El primer día Carmen llegó a las 6:30 de la mañana. “Dieron las fichas a las 9 y pasé a consulta a las 1:30 de la tarde”, platica. Le tocó el turno 19 de los 23 que se reparten todos los días. “La atención no es buena, no revisan bien, pasan rápido un paciente tras otro porque siempre hay mucha gente”, relata.

En 2010 por cada familia el SP aportó 13.7 por ciento de un salario mínimo, proporción inferior al 15 por ciento que recibió desde su creación en 2004 hasta antes de la reforma a la LGS. En 2010 el seguro recibió más de 48 mil millones de pesos y para este año se le asignaron más de 56 mil millones.

De acuerdo con Briseida Lavielle es necesario que se evalúe y rindan cuentas sobre la suficiencia presupuestaria del SP, para hacer sostenible la atención integral de la salud las personas afiliadas “que haga posible el ejercicio efectivo de su derecho a la salud”.
Fuente:Argenpress