Por Jorge Devincenzi, periodista
El papel de las mafias empresarias
En el relato mediático, la inseguridad se alimenta con delitos cometidos por piratas del asfalto con protección policial, secuestros de niños, motochorros y micrófonos abiertos para opiniones silvestres. Cierto sentido común reconoce, por su parte, la existencia de “delitos legales”, esos que suelen hacerse públicos por la prensa cuando coinciden con la línea editorial. A veces se fraguan: es cuando los periodistas se convierten en fiscales de la república, figura que en la Argentina tiene un largo historial antidemocrático.
Los delitos se legalizan cuando las mafias se apropian del Estado, construyendo su propia legitimación. Eduardo Luis Duhalde, secretario de Derechos Humanos de la Nación, se refirió a ello durante un acto en el que se recordó a un centenar de abogados desaparecidos: “En cada golpe militar hubo abogados y jueces complacientes, cuando no la propia Corte de Justicia... hubo interrogadores jurídicos en los centros clandestinos de detención, y también elaborando decretos para poner a disposición del Poder Ejecutivo, o justificando cualquier suerte de tropelía”.
Ejemplos sobran. La desaparición del funcionario Juan Carlos Casariego de Bel en 1979, en medio de la negociación por la estatización fraudulenta de la Compañía Ítalo de Electricidad, pretendió encubrir una estafa al Estado por parte de la controlante Motor Columbus con todas las formalidades de la ley. El avalista Banco Nacional de Desarrollo (Banade) pagó a la británica Brown & Boveri (socia de Motor Columbus) la compra de dos turbogeneradores adquiridos por la Ítalo. Como broche de oro, la estatización no se abonó con fondos genuinos sino con un préstamo de la Unión de Bancos Suizos, también socio de Motor Columbus. Casariego desapareció mientras se dirigía al domicilio de Guillermo Walter Klein (h), llamado por éste, quien intentaba disuadirlo de negarse a firmar una resolución en favor de la Ítalo como empresa extranjera que legalmente ya no era, en cuyo caso la estafa previa habría quedado al descubierto.
A veces resulta difícil marcar una diferencia clara entre actividad empresaria y mafias.
Los avales estatales fueron una fuente de corrupción centrada en el ex-Banade durante la dictadura, pero también reconfiguraron la estructura productiva y social. En los ’90, un incendio destruyó los archivos de ese banco, donde se guardaban constancias de sus mayores deudores. Sabemos que determinadas mafias perfectamente identificadas construyeron una prolija legitimación de sus crímenes, pero el delito termina dejando su huella en los lugares más insospechados. Por eso, la reforma del sistema judicial es una tarea pendiente de los próximos cuatro años.
Entre esos grandes deudores estaban Papel Prensa y Acindar. El caso de esta última es paradigmático. En sus instalaciones se inició durante 1975 una brutal represión ilegal en colusión con las fuerzas armadas que ya habían decidido desalojar al gobierno constitucional luego de una reunión con el Consejo Empresario Argentino (presidido por Martínez de Hoz) donde se acordó el precio cash para cada comandante.
Con el objetivo explícito de destruir a la estatal Somisa, Acindar había iniciado en 1975 un programa de integración (reducción directa) que costó 649 millones de dólares de esa época, con avales del Banade. Durante la dictadura, la empresa consolidó su monopolio en el sector de no planos, como lo han demostrado estudios del fallecido Azpiazu, Basualdo, Kulfas y otros. Esa deuda fue estatizada en 1981 por Domingo Cavallo, la cuarta en magnitud luego de las de Cogasco (1.338 millones de dólares), Autopistas Urbanas Ausa (951) y Celulosa Argentina (836).
Martínez de Hoz había renunciado a la presidencia de Acindar para asumir como ministro, colocando a un ex-ejecutivo de la misma empresa, Juan Alfredo Etchebarne, al frente de la Comisión Nacional de Valores.
Esa dupla, secundada por Christian Zimmerman en el Banco Central, Juan Alemann en la secretaría de Hacienda y el mencionado Klein en la secretaría de programación económica, operó en el desapoderamiento de los bienes de David Graiver en favor de otros grupos económicos domésticos y multinacionales. Cuando los dueños de Industrias Siderúrgicas Grassi, asociados con unos empresarios del rubro inmobiliario, los Chavanne, intentaron capitalizarse adquiriendo el banco de Hurlingham a la viuda Lidia Papaleo, el dúo fantástico promovió una carambola: piratear los activos del banco y sacar del medio a Industrias Grassi, que se interponía en la reconversión de Acindar.
El banco fue intervenido por la Conarepa (que delegó las decisiones en Zimmerman, vicepresidente del Bcra) y el ministerio de Justicia designó como su veedor al virtuoso jurista Gregorio Badeni mientras los Grassi y los Chavanne estaban chupados clandestinamente en la prisión de Campo de Mayo. El Bcra liquidó el banco mediante el recurso habitual de la denuncia anónima y a pesar de que los técnicos del propio Central lo daban como viable.
Los interrogatorios y torturas estuvieron a cargo del gendarme Rei (apropiador de Pedro Sandoval), del juez federal Rafael Sarmiento y de dos abogados de la CNV, Garris y Spinosa. Sarmiento y Garris se reciclaron en democracia, convirtiéndose en profesores de la Universidad de la Policía Federal, y en esa condición siguieron hasta la creación del Ministerio de Seguridad. Spinosa circula en uno de los tantos pliegues del poder político de la provincia de Buenos Aires.
Las torturas y privaciones de la libertad padecidos por los Grassi y los Chavanne no pueden atribuirse a sus vínculos con la subversión ni a exceso de celo de los interrogadores. Unos eran empresarios cercanos a Martínez de Hoz, quien en un cóctel realizado en la Bolsa de Comercio, ya como ministro, amenazó así a Luis Grassi: “O me vendés la empresa (se refiere a Acindar) o te la saco”. Los Chavanne (impulsores del balneario Santa Clara del Mar y otros destinos turísticos) eran ricos propietarios de Pergamino (el campo “La Ambógena”, escenario de las dos batallas de Cepeda) y vinculados con la noble familia Duggan.
Para financiar la compra del banco de Hurlingham, los Chavanne vendieron sus campos al banquero Oddone. Refugiado en Miami, el quebrado Oddone también dice haber sido víctima de delitos de lesa humanidad porque fue secuestrado por la Policía Federal. En realidad, se presentó voluntariamente ante ésta, creyendo que no podía ser blanco de la represión cuando su temible y numerosa custodia personal estaba organizada por la propia Federal, era él un fanático adherente de la dictadura y quizás financiara actividades ilegales desde su cueva en Santos Lugares.
Oddone y los Gotelli del quebrado Banco de Italia han iniciado sendas querellas contra el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la persecución que habrían sufrido en la dictadura y luego, en democracia. Pretenden sumas astronómicas por la liquidación de sus bancos que, en el caso de los Gotelli, ya cobraron luego de que la Justicia dictaminara la prescripción de la causa.
Los Gotelli tienen un largo historial. Socios de Martínez de Hoz en La Buenos Aires Seguros y de Macri en el banco de Italia, funcionarios de varias dictaduras, abrieron las puertas del mercado bancario local a Gaith Pharaon, titular del Bcci. Fue en la misma época en que el egipcio era representado en la Argentina por el fallido candidato a vicepresidente Javier González Fraga. Se quedaron en los ’90, por unos pesos, con la Caja Nacional de Ahorro y Seguro a través de su controlada Leucadia y la revendieron de inmediato a los Werthein con una astronómica diferencia. En la dictadura, Luis María Gotelli le dio una mano a Motor Columbus y elaboró un fantasioso dictamen según el cual la Ítalo era oro en polvo cuando en realidad no había invertido un peso en 50 años. Hoy, el empresario textil Guillermo Gotelli (ex-Alpargatas, ex-Gatic) integra el sector más liberal de la UIA (Grupo Industriales) que lidera Techint.
La frontera entre mafias y negocios empresarios es turbia e inestable. Esto pone en otros contextos qué se esconde cuando unos pocos sostienen que el Gobierno Nacional defiende los derechos humanos de un solo lado.
Cuando Yabrán enfrentó a los empresarios norteamericanos que querían quedarse con el Correo Argentino, le quedó a Don Alfredo el mote de mafioso, y con razón porque el entrerriano se había hecho poderoso desde el subsuelo de la represión ilegal y sería instigador del asesinato del fotógrafo Cabezas. Sin embargo, detrás de los alegatos éticos del ex-ministro Cavallo estaban el Citicorp, el Exxel Group y otras multinacionales prestigiosas que reconocían extraños vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero. El choque entre unos y otros se hizo patente cuando debía definirse si el Estado tendría el control del contenido de la correspondencia.
Fuente:MiradasalSur
El estadista de la patria financiera
Por Rodolfo Yanzón, abogado de derechos humanos
Martínez de Hoz y los crímenes económicos que esperan justicia.
Mientras José Alfredo Martínez de Hoz aguarda en su habitación de la clínica Los Arcos el desenlace de su procesamiento por el secuestro extorsivo de los empresarios Gutheim, casos similares aguardan resolución de parte de jueces federales. La Corte Suprema dijo que esos secuestros extorsivos fueron cometidos en el marco de crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, eran imprescriptibles.
El 12 de septiembre de 1978 Luis Grassi fue privado de libertad, luego de que la Comisión Nacional de Valores –entonces a cargo de Juan Etchevarne– inspeccionara la sede de Industrias Siderúrgicas Grassi SA. Fue denunciado por subversión económica y detenido por miembros del I Cuerpo de Ejército.
El 17 de octubre de 1978 Marcelo Chavanne fue privado de la libertad por los mismos captores y alojado en Campo de Mayo, al igual que Grassi. Entre los responsables de estos hechos figuran Víctor Rei y Roberto Roualdes. El ganadero Isidoro Carabassa fue privado de libertad y llevado al Regimiento de Granaderos a Caballo.
Raúl Aguirre Saravia fue secuestrado el 14 de septiembre de 1978 en su estudio y llevado a Campo de Mayo, donde fue torturado. Se los vinculó con una transferencia de 10 millones de dólares por la compra del Banco de Hurlingham y que, según la dictadura, habría pasado a Montoneros a través de Isidoro Graiver. Se labró un proceso militar para dar algún viso de legalidad. Pasaron dos meses hasta que fueron puestos a disposición de un juez. Se les impusieron condiciones inhumanas de vida y alojamiento. En diciembre del ’78 fueron puestos a disposición del PEN y recuperaron su libertad en enero del ’79. Estos hechos fueron ventilados en el juicio a las Juntas Militares. Actualmente el juez Daniel Rafecas analiza la situación de los imputados. El Banco Ganadero pretendía quedarse con el Banco de Hurlingham, bajo la alegada “lucha contra la subversión”. En los operativos participó un viejo conocido de la picana y la capucha: Raúl Guglielminetti.
La semana pasada José Greco se presentó ante el juez Oyarbide, solicitándole la acumulación de dos procesos: el de los Gutheim y el del grupo Greco, cuyos integrantes también fueron secuestrados con fines extorsivos. Greco dijo que, al igual que a los Gutheim, se los privó de libertad para ser desapoderados ilegalmente de sus bienes. El 25 de abril de 1980 una patota policial detuvo a Héctor Greco, José Greco y Jorge Bassil en un restaurante, a partir de una decisión tomada en la Casa Rosada en la que estuvieron Jorge Rafael Videla, Albano Harguindeguy, José Alfredo Martínez de Hoz, el que hacía de secretario de Programación, Guillermo Walter Klein, y el presidente y el vice del Banco Central, Adolfo Diz y Alejandro Reynal.
Días atrás, algunos de ellos suscribieron una solicitada de la Asociación de Abogados por la Concordia, en la que pedían el cierre definitivo de los procesos por crímenes de lesa humanidad. Hoy están en condiciones de ser imputados en una causa por la que, con visión de futuro y sin acudir a brujerías, pidieron su propia impunidad.
La intención fue obligar a los Greco a ceder el paquete accionario de su grupo al Estado nacional. Se trataba de 45 empresas relacionadas con la actividad vitivinícola y el Banco Los Andes SA. Días antes, el Banco Central (Bcra) había dispuesto la liquidación del Banco Interamericano Regional (BIR), que compartía con el Banco Los Andes SA la mayor captación de depósitos. Ello derivó en una corrida bancaria. El Banco Los Andes SA necesitó un acuerdo con el Bcra y el 22 de abril de 1980 el Bcra propuso un convenio. El 24 de abril los Greco fueron a la sede del Bcra para suscribirlo, pero Martínez de Hoz cambió sus términos. Pretendía que los Greco suscribieran documentos de caución y prenda sobre todo el patrimonio del grupo, con cláusulas irrevocables de venta, y una solicitud para que el Bcra interviniera el Banco Los Andes SA.
Los Greco se negaron y un director del Bcra, de apellido Fuentes Rossi, les dijo “firmen o aténganse a las consecuencias”. Los Greco se negaron y salieron en busca de un restaurante, donde fueron privados ilegalmente de libertad por personal policial, en ese entonces encolumnado con fervor en el plan de exterminio y en los pingües negocios que el poder arbitrario les otorgaba. Transportados en un auto sin identificación, fueron llevados a Coordinación Federal de la Policía Federal, célebre por sus métodos mafiosos y su capacidad de hacer padecer a los cautivos. Trasladados a la Escuela de Policía Ramón Falcón, en Rosario y José María Moreno de la ciudad de Buenos Aires, el 26 de abril, por orden del Ministerio de Economía, el Bcra intervino el Banco Los Andes y el resto de las empresas del grupo.
Durante días estuvieron sin comer y orinando en una botella. En tales condiciones fueron obligados a firmar los documentos cediendo su patrimonio, los mismos que el Ministerio de Economía les había impuesto antes de ser detenidos. Los Greco firmaron, pero no recuperaron la libertad hasta 1984. Después de más de un mes, un funcionario del Bcra denunció a los Greco ante la Justicia de Mendoza por subversión económica.
Las razones de la acumulación de este proceso con el de los empresarios Gutheim radican en que en ambos casos los secuestros extorsivos se hicieron con el fin de desapoderar a empresarios de sus bienes, para generar un lucro ilegal, tanto a la dictadura como a grupos económicos afines a ella. En febrero de 2007, y ante la novedad de que Oyarbide declarara la inconstitucionalidad del indulto que había beneficiado a Martínez de Hoz, Videla y Harguindeguy, José Greco solicitó ser tenido como querellante.
La causa por el secuestro extorsivo de los miembros del grupo Greco tramitó en el Juzgado Federal de Daniel Rafecas, que en febrero de 2008 se declaró incompetente y envió el proceso al juez Norberto Oyarbide, por una causa preexistente relacionada con el caso y en la que se había dictado la prisión preventiva de Guillermo Walter Klein, Adolfo Diz y Alejandro Reynal, entre otros. Por el transcurso del tiempo y la inacción judicial, fueron finalmente sobreseídos por prescripción de la acción penal.
Delitos que no prescriben. Rafecas consideró que los delitos de los que los Greco fueron víctimas eran de lesa humanidad, dado que se produjeron en un contexto de ataque sistemático a la población. Dijo que se trataba “de investigar la existencia de un plan sistemático, clandestino, coordinado por las fuerzas del Estado destinado a hostigar a los empresarios que en aquel momento no contaban con la protección del gobierno militar”, para lo cual utilizaron ilegalmente fuerzas de seguridad.
En un principio, Norberto Oyarbide no aceptó su competencia y dijo que las detenciones padecidas por los Greco habían sido legítimas, porque fueron puestos a disposición del PEN por vigencia del Estado de sitio. Esto se contradice con lo que resolvió en el caso Gutheim, en el que Videla y Harguindeguy están imputados justamente de haber firmado el decreto por el que se ordenaron sus detenciones.
Rafecas insistió en que se trataba de crímenes de lesa humanidad, le recordó a Oyarbide su decisión en el caso Gutheim y lo conminó a remover la prescripción dictada. De esta forma la causa quedó finalmente en el juzgado de Oyarbide. El fiscal federal Jorge Di Lello solicitó la reapertura de la causa y propuso medidas.
Queda pendiente, entonces, que Oyarbide sostenga que se trató de un crimen de lesa humanidad y la acumulación al proceso de los Gutheim, para investigar el plan clandestino erigido con el fin de desapoderar de su patrimonio a empresarios que no eran dóciles a los objetivos de la dictadura.
Estos son algunos de los casos en los que los crímenes de lesa humanidad y la alegada lucha contra la subversión se relacionan en forma directa con los objetivos económicos de la dictadura y sus negocios espurios. El de Papel Prensa es otro, muy renombrado en estos días. La empresa pasó ilegalmente a manos de los dueños de Clarín, La Nación y La Razón, mediante el desapoderamiento de acciones que los usurpadores del poder arrancaron de Lidia Papaleo de Graiver –viuda del banquero muerto en extrañas circunstancias– que padeció las mazmorras de la dictadura, sus tormentos y las condiciones inhumanas de vida.
Mientras se aguarda un pronunciamiento acerca de la legalidad de esa operación y la consiguiente investigación judicial en el marco de crímenes de lesa humanidad, deberá analizarse la necesidad de que se hagan cesar los efectos del delito y los entuertos desencadenados como consecuencia del imperio de la arbitrariedad más abyecta y la consiguiente afectación de la libertad de prensa a raíz de estos crímenes de lesa humanidad.
Fuente:MiradasalSur
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