24/09/2011
Abel Córdoba, que actúa en el proceso por crímenes de lesa humanidad en esa ciudad, dijo que la frustrada detención del abogado Sierra refleja dificultades para juzgar el rol de civiles.
VIEDMA (AV) – "La impunidad permanece mientras no haya un juzgamiento. Sólo una sentencia judicial puede revertir la supremacía de la voluntad del torturador que actuó como dueño de vidas, muertes y bienes de las víctimas", aseguró Abel Córdoba, fiscal Federal de Bahía Blanca que interviene en los juicios por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar.
En esta causa están imputadas 17 personas entre ex militares y ex policías federales, uno de ellos prófugo. Además está pendiente de respuesta el pedido de incorporación a este juicio de otros 10 militares, cuyas causas ya están elevadas.
En estos casos son quienes cumplieron las guardias en el centro clandestino que funcionó en Bahía Blanca. La idea es sumarlos a este juicio porque los hechos son los mismos y para "evitar la revictimización de los testigos". En su visita a Viedma, Córdoba sostuvo que el juicio avanza y estimó su finalización para principios del año próximo.
Otro de los pendientes importantes en el juicio es el pedido de detención del abogado bahiense Hugo Sierra, quien hasta hace unos días se desempeñaba como docente de la cátedra de Derecho Penal en la Universidad Nacional del Sur. Si bien pesaban en su contra cinco pedidos de detención, la contundencia de testimonios escuchados en la audiencia en relación a la presencia del abogado en sesiones de tortura mientras se desempeñaba como secretario del juzgado federal generaron que el Tribunal elevara copias al juzgado.
Como existía un riesgo de fuga los camaristas dispusieron su inmediata detención.
Sin embargo a partir de excusaciones y sorteos, Sierra fue liberado en menos de 24 horas sin ser indagado, lo cual originó la apelación de la Fiscalía a cargo de Córdoba y la recusación del juez Desandi que lo liberó por ser apoderado de la Sociedad Militar (ver aparte).
También está pendiente el pedido de detención de otra abogada bahiense que cumplió el mismo rol que el docente pero "el juzgado Federal no ha hecho lugar a estas acusaciones y la contundencia de los testimonios llevó al Tribunal a reaccionar de algún modo para asegurar este proceso", explicó Córdoba y dijo que la situación se agrava.
Admitió dificultades dentro del Poder Judicial de Bahía Blanca para que estas causas avancen sobre sectores que no son los afectados hasta ahora, mayormente uniformados, sino civiles que actuaron en complicidad con las Fuerzas Armadas.
"En ese sentido se producen tensiones corporativas que originan estas idas y vueltas de un proceso que no se está desarrollando de acuerdo a la entidad de las pruebas. Todo proceso penal tiene que ir hasta donde las pruebas lo permitan y en este caso estamos en un grado inicial pese a que la prueba es contundente como para avanzar mucho más".
Apropiación de dos niños
En esta causa de Bahía Blanca no sólo son investigadas detenciones ilegales, torturas de personas y homicidios sino la apropiación de dos chicos.
Uno nacido a mediados del 76 con su madre desaparecida que fue vista por última vez en "La Escuelita" y el otro nacimiento es de abril del 77, sobre el que existen más precisiones como que fue varón pero aún no hallado.
"Está pendiente al igual que encontrar los restos de personas desaparecidas", puntualizó el fiscal al destacar que en los últimos meses fue posible ubicar, a partir del trabajo del equipo de Antropología Forense, el cuerpo de Daniel Bombara, desaparecido en enero del 76.
Destacó la dimensión que esto tiene para su familia, que lo vio por última vez irse en bicicleta una mañana de verano.
"Tener ahora una certeza ayuda a saldar historias personales. Estos son los aspectos que van mucho más allá de la condena que tenemos en cuenta como prioritarios al momento del trabajo".
Fuente:RioNegro.com
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