Por otra parte, la Fiscalía a cargo de Abel Córdoba apeló el fallo que la semana pasada le otorgó la libertad y solicitó la recusación de su firmante, el juez ad hoc Luis María Esandi, también docente de Derecho de la UNS.
Hugo Mario Sierra volvió a adueñarse por segunda semana consecutiva del estrellato en lo que respecta a la actualidad de lo ocurrido en la Universidad Nacional del Sur (UNS). Quince días atrás, se recuerda, su nombre había comenzado a circular cuando se supo de su decisión de no presentarse al concurso cerrado con que obtendría la reválida al cargo de docente titular en Derecho Penal I, una de las materias que dictaba desde hacía casi dos décadas. Con el antecedente de la polémica desatada cuando Gloria Girotti pretendió acceder a una reválida equivalente, es fácil imaginar las razones que llevaron a Sierra a optar por mantener su discreto segundo plano.
Pese a ello, el letrado continuaría ligado a la UNS al estar al frente de la asignatura correlativa, Derecho Penal II, cuyo nombramiento vencía en 2014.
Unos días más tarde, nuevamente ocupó las primeras planas al conocerse el testimonio que el ex legislador provincial Mario Medina brindó ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal que enjuicia a diecisiete represores, acusados de gravísimos delitos de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura bajo jurisdicción del V Cuerpo de Ejército. El relato de Medina implicó a Sierra como una de las personas que participó en interrogatorios bajo tortura encabezados por el ex juez federal Guillermo Federico Madueño. Durante la segunda mitad de la década del ’70, tanto Sierra como su colega Gloria Girotti se desempeñaron como secretarios del ex magistrado, fallecido el año pasado.
La descripción brindada por el ex legislador peronista Medina complementó la abundante prueba testimonial y documental contra Sierra que el fiscal Abel Córdoba incluyó en cinco sucesivos pedidos de detención contra el letrado, elevados al juez vitalicio Alcindo Álvarez Canale. Con ello a la vista, el Tribunal integrado por los jueces Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava ordenó la detención de Sierra y le transfirió al juez de instrucción la orden de avanzar en el procesamiento del abogado y docente.
Sorprendentemente, Álvarez Canale optó por tomarse una licencia. Su reemplazante natural, Santiago Martínez, se excusó de intervenir y, de este modo, todo quedó en manos de un abogado que ad hoc tomó las responsabilidades de juez. El expediente cayó en manos de Luis María Esandi, otro docente del Departamento de Derecho de la UNS.
Esandi, tal como informó EcoDias en su edición anterior, dispuso la libertad de Sierra y dio por válido el argumento utilizado por la defensa del imputado: que el Tribunal no tenía potestad jurisdiccional para emitir una orden de detención como la que recayó sobre el ex secretario de Madueño.
Cómo sigue la historia
Luego de conocerse la liberación del acusado, el fiscal Abel Córdoba adelantó a EcoDias que se encontraba estudiando la posibilidad de presentar una apelación a la medida. Finalmente, durante la semana pasada la presentación formal llegó, acompañada además de un pedido de recusación hacía Luis Esandi como magistrado ad hoc interviniente.
En el escrito elevado a la Cámara Federal de Apelaciones de nuestra ciudad, Córdoba consideraba que “la resolución impugnada agravia a esta Fiscalía en primer término por haber sido dictada por un juez ad hoc que al momento de su intervención, se hallaba incurso en específicas causales de excusación”.
Argumenta, además que Esandi “dispuso la liberación de un imputado por crímenes de Lesa Humanidad en base a una fundamentación aparente que no satisface la exigencia cardinal del sistema republicano en cuanto las decisiones judiciales deben ser fundadas, resultado de la aplicación razonada del derecho vigente y de conformidad con las circunstancias de la causa en la que se dictan”.
Por otra parte, marca “la desatención absoluta de Esandi respecto a los motivos dados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esta ciudad para disponer la inmediata detención de Hugo Mario Sierra a partir de la noticia de la presunta comisión de un delito, en virtud de lo acontecido en una audiencia del debate en curso”.
“Así, la resolución que se impugna omitió valorar y luego conjurar el riesgo procesal configurado a partir de la permanencia en libertad del imputado, cuya acusación se encuentra actualmente sin curso procesal, pues, voluntariamente y abdicando de los deberes propios de su condición de magistrado Esandi, ante presentaciones de Fiscalía y Querella decidió no adoptar resolución alguna respecto a la imputación formulada a Hugo Mario Sierra, cuya situación decidió sin fundamentos: “…poner a consideración del juez titular de la sede Dr. Alcindo Álvarez Canale”, subraya.
“Es también agravio para esta Fiscalía la absurda valoración en que incurrió Esandi al limitarse a considerar como únicos elementos probatorios en un expediente judicial la documentación que obra en un juzgado, omitiendo evaluar las contingencias de afectación al trámite de la causa, en orden a la posible afectación de testigos, a la realización de maniobras de ocultación de material obrante fuera de la sede del poder judicial, y en definitiva descartando -en razón de aquella arbitrariedad- el sinnúmero de conductas que podrían desplegarse en libertad a partir de vínculos personales y de la capacidad de incidencia del imputado”, agrega.
En cuanto al argumento de incompetencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal para dictar órdenes de detención como la que recayó sobre Sierra, Córdoba indica en su escrito que “un Tribunal Oral Federal reúne las condiciones exigidas por la Constitución Nacional (Art. 18), en cuanto exige que la detención se decrete por orden escrita de autoridad competente, que no es otra que la que directa o indirectamente tenga asignadas funciones judiciales concretas”.
Esandi, el recusado
El otro escrito elaborado por Córdoba dedica sus páginas a enumerar las razones probadas por las cuales Esandi debería haberse excusado de decidir sobre la situación del imputado Hugo Mario Sierra, lo que motivó el pedido de recusación por parte de la fiscalía.
Tres hechos documentados ampliamente forman parte del corpus argumental con que el fiscal subrogante Abel Córdoba fundamentó el pedido. Uno de ellos tiene que ver con la propia UNS: en 2002, tanto Esandi como Sierra formaron parte de la lista “Fundacional” que se presentó a las elecciones del Departamento de Derecho de la casa de estudios por el claustro docente.
La coincidencia en ideas y proyectos entre el imputado y el abogado que ordenó su liberación expresan una continuidad que se mantiene hasta el presente, cuando ambos forman parte del grupo de autoridades del Colegio de Abogados y Procuradores de nuestra ciudad. Esandi es vicepresidente primero del Consejo Directivo y Sierra se desempeña como revisor de cuentas de la Caja de Previsión bajo la órbita de la entidad. Los dos llegaron a sus respectivos cargos por intermedio de la misma lista, denominada “Integración”.
Además, Esandi resulta el apoderado de la Sociedad Militar “Seguro de Vida”, institución mutualista que administra los haberes de una larga lista de represores a los que se acusa de formar parte de la misma asociación ilícita por la que se imputa a Sierra. Incluso, la mencionada Sociedad Militar aconseja a sus miembros cómo eludir posibles embargos judiciales a partir de sus procesamientos.
Estos datos llevaron a “abonar el temor de parcialidad” sobre las decisiones de Esandi en torno a la situación de Sierra y motivaron la presentación formal del escrito de Córdoba para solicitar la recusación del magistrado ad hoc.
¿Y la UNS?
Como ha quedado dicho, Sierra dictaba hasta el cuatrimestre pasado dos materias bajo la órbita del Departamento de Derecho de la UNS. Con el último día de agosto, expiró su nombramiento al frente de la cátedra de Derecho Penal I, al no haberse sometido a un concurso cerrado para obtener la reválida. Su colega Gloria Girotti, también secretaria de Madueño durante la dictadura y acusada por la fiscalía de los mismos delitos que se imputan a Sierra, había ido por la suya en 2010. El Consejo Superior Universitario (CSU) le otorgó, en polémica votación, el visto bueno a su continuidad, pero lo que no pudo evitar fue obtener máxima exposición sobre sus antecedentes.
Pese a quedar desafectado de Derecho Penal I, al momento de su detención Sierra seguía siendo docente de la UNS, al encontrarse afectado a la asignatura correlativa, Derecho Penal II.
El mismo día en que se conoció la noticia de la detención del mencionado abogado, el rector Guillermo Crapiste determinó suspenderlo de sus actividades académicas. La resolución, que EcoDias reseñó en su última edición, salió ad referéndum de la Comisión de Interpretación y Reglamento del CSU, que decidió quitar del proyecto original elaborado por el rectorado el artículo que disponía además el inmediato inicio del Juicio Académico al letrado. Esta instancia es la que puede determinar la exoneración definitiva de la institución de un integrante de la comunidad académica.
Unas horas más tarde, antes de que Sierra fuera puesto en libertad, la Secretaría General del CSU envió una nota a cada una de las listas que lo integran, con el objeto de convocar a una primera reunión interclaustros para avanzar en la búsqueda de consensos que permitieran un rápido inicio del enjuiciamiento académico a Sierra y sus colegas Gloria Girotti y Néstor Montezanti.
Motivos para la destitución, a la luz de ampliamente probado por el fiscal Córdoba e informado en ediciones anterior de EcoDias, sobran. Y todo lo narrado se constituye en una infracción al segundo artículo del Estatuto de la UNS, tal como quedó asentado en uno de los considerandos reunidos en el proyecto de resolución que propiciaba el “no” a la continuidad de Gloria Girotti como docente de esa casa, tema que el CSU trató en mayo pasado. El texto indicaba que la actuación de Girotti en el Poder Judicial durante la última dictadura cívico militar “no condice con los objetivos fijados en el Art. 2º del Estatuto de la Universidad Nacional del Sur como tampoco con los preceptos referidos a la formación democrática de los alumnos y a las condiciones morales de los docentes, establecidos en normas tales como el Estatuto Docente, la Ley 26.206 (de Educación Nacional) y la Ley 24.521 (de Educación Superior)”.
El mencionado segundo artículo del Estatuto de la UNS establece que “la Universidad tiene como fin la formación integral de sus miembros, capacitándolos para el ejercicio de las actividades científicas y profesionales, e inculcándoles el respeto a las normas e instituciones de la Constitución Nacional”.
Está todo dicho. Máxime tratándose de dos abogados, uno de ellos penalista y catedrático de Derecho Penal en la propia UNS, que aceptaba tomar declaración a víctimas ilegítimamente detenidas, que presentaban signos de tortura y comparecían ante un juez federal mientras sus captores los apuntaban con fusiles.
El caso Montezanti
Abogado, camarista y escritor, Néstor Luis Montezanti es también docente del Departamento de Derecho de la UNS y completa el tridente de miembros de esa unidad académica vinculados a la dictadura, al menos entre los hasta ahora relevados.
Su caso, sin embargo, es distinto de los de Gloria Girotti y Hugo Sierra pero, desde el punto de vista institucional, más grave: entre enero de 1981 y junio de 1982, Montezanti fue “asesor universitario” del Destacamento 181 de Inteligencia del Ejército.
Eran, claro, tiempos de la última dictadura. Y los malos vientos que soplaban en la economía nacional lo habrán obligado a buscarse otro “trabajito”. Sólo que, en este caso, se trataba de un puesto como Personal Civil de Inteligencia (PCI).
El dato se desprende del listado de civiles que participaron en tareas de inteligencia que el Ejército Argentino desclasificó a partir de una orden presidencial incluida en el cuarto decreto que la presidenta de la Nación Cristina Fernández firmó durante el año pasado.
Aunque ningún cuerpo del cogobierno universitario ha pedido aún explicaciones a Montezanti por las funciones que desempeñó durante el periodo antedicho, desde el punto de vista institucional su actuación durante la dictadura es más grave que la de los ex secretarios del juez Madueño, al implicar directamente tareas de “asesor universitario”, según revela un listado de PCI firmado en 2010 por el general de brigada César Milani, Director General de Inteligencia del Ejército.
Autor: Redacción EcoDias
Fuente:Agndh
Publicado el 03/10/2011
PIDEN JUICIO ACADÉMICO A MONTESANTI
La solicitud está fundada en el Reglamento de Juicios Académicos universitario que establece “como una de las causales la ‘Falta de ética en el ámbito universitario o profesional que se proyecte sobre aquel’ (…) dada su participación como ‘personal civil de inteligencia’ durante la última dictadura militar”.
Patrignani subrayó en la presentación que “la comisión de los delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura militar que sufrió nuestro país necesitaron de complicidades a través de toda una red de informantes que facilitaron el genocidio. En muchos casos, fueron civiles y formaron parte de lo que se llamó Personal Civil de Inteligencia. En consecuencia se puede afirmar que han sido partícipes necesarios en estos delitos”.
“Muchos son los estudiantes, docentes y no docentes de esta universidad víctimas de detenciones, secuestros, torturas, cesantías u obligados al exilio. Sus nombres, domicilios, actividades y relaciones sociales eran suministrados a los grupos de tareas por los agentes civiles de inteligencia”, explicó el docente.
El antecedente del camarista federal consta en la documentación desclasificada en virtud del Decreto 4/2010 del Poder Ejecutivo Nacional ‘Nómina del Personal Civil de Inteligencia que revistó en el período 1976/1983′, foja 57, con la firma del general de brigada César Gerardo Milani del 5 de febrero de 2010, publicada por el Archivo Nacional de la Memoria como puede verse aquí.
El asambleísta exige además “que el Tribunal Académico requiera a las autoridades pertinentes, el detalle de las tareas que desempeñaba, categoría en la que revistaba y descripción de las actividades reglamentarias que le correspondían”.
Se destaca la resolución de la Asamblea Universitaria 17/2011 que explícitamente declara “que la participación en esas tareas de inteligencia están reñidas con toda norma ética y moral aceptable dentro de la comunidad universitaria en particular y en el marco ciudadano en general”.
Agrega que “‘esta actividad queda comprendida en las causales de impugnación de los artículos 21 del Reglamento de Concursos de Profesores Ordinarios, 17 del Reglamento de Concursos de Asistentes y Ayudantes’, manifiesta claramente que quienes desarrollaron tareas de inteligencia, como las que está probado realizó el dr. Montezanti, no tienen cabida en la Universidad Nacional del Sur”.
Finalmente, recuerda la misión de la UNS expresada en su Estatuto: “Art 2º La Universidad tiene como fin la formación integral de sus miembros, capacitándolos para el ejercicio de las actividades científicas y profesionales, e inculcándoles el respeto a las normas e instituciones de la Constitución Nacional”.
Este objetivo “no puede ser cumplido cabalmente mientras la tarea docente esté en manos de personas cuya complicidad con quienes terminaron con el orden constitucional en el año ’76, está probada por documentos oficiales”.
Citado al Consejo de la Magistratura
El Plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación que se reunió el jueves pasado en su sede de la calle Libertad dispuso la citación en el marco del art. 20 del Reglamento del integrante de la Cámara Federal de Bahía Blanca dr. Néstor Montezanti, aunque acotada únicamente en lo atinente a una denuncia formulada por el dr. Julio Piumato en representación de la Unión de Empleados del Poder Judicial.
Según publicó el Consejo en su página web oficial, en relación al mismo tema, el cuerpo decidió rechazar un planteo de la defensa acerca de la prescripción, a la vez que postergó el tratamiento de otras imputaciones hacia el magistrado, lo cual se tratará en el próximo encuentro, con fecha a definir.
Fuente:JuicioVCuerpoEjercitoBB
Publicado el 02/10/2011
"TENDRÍAS QUE ESTAR CHOCHO POR SALVAR LA VIDA"
En el marco de la detención ordenada por el Tribunal Oral contra el ex secretario del juzgado federal, Hugo Mario Sierra y su inmediata liberación por parte del abogado Luís Esandi, declaró ante la Fiscalía, Julio Fernández, militante de la izquierda revolucionaria durante la década del ’70.
Julio integraba el Frente Antiimperialista por el Socialismo cuando fue detenido la madrugada del 10 de octubre de 1974 “a propósito de un hecho militar que realizó el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) en el Parque de Mayo, un intento de homicidio a un teniente coronel” del cual no había participado.
“Ya para enero del ’75 tenía la libertad por falta de mérito porque, por suerte no le metieron ningún tiro al teniente coronel, estaba vivo y supo que yo no había sido, porque vio a quien le había disparado, estaba clarísimo”, dijo en una entrevista emitida el viernes en EL JUICIO DESDE LA CALLE.
A diferencia del tiempo récord que se tomaron los colegas de su victimario para darle la libertad, la de Fernández no se efectivizó y el 6 de noviembre de 1975 quedó a disposición del Poder Ejecutivo Nacional por la aplicación del estado de sitio. “Razón por la cual seguí detenido y después vino el golpe y terminé estando preso cuatro años siete meses y diecinueve días. Después vino el sobreseimiento provisorio y finalmente el definitivo”.
Por esa situación es que “acuso por negligencia a la justicia de entonces en manos del secretario de Guillermo Madueño que era Hugo Sierra y que a mi juicio tuvo una actitud discriminatoria desde el punto de vista político conmigo, por el hecho de que el sobreseimiento que debía haber firmado o haber hecho firmar al juez rápidamente lo fue demorando. Por lo menos así fue la evidencia que yo tuve”, explicó.
En referencia a la orden de detención contra Sierra, Julio dijo que le “sorprendió” que finalmente alguien se acordara del abogado. “En verdad, nunca lo tuve en estima, si bien es cierto que él era un funcionario de la democracia en el momento en que me atiende como detenido, no me olvido que cuando hicimos las denuncias por nuestras torturas, nos dio a entender: ‘Escucháme, vos me vas a plantear una cuestión de torturas y apremios ilegales cuando en verdad tendrías que estar chocho porque salvaste la vida’”.
“Recuerdo que en vez de tener una actitud paternal como debería tener la justicia frente a un detenido en ese grado de vulnerabilidad en que estábamos, por el contrario, tuve una respuesta como diciendo ‘Date por contento pibe que la verdad que estás vivo, otros la han pasado peor, otros no volvieron nunca”, insistió el testigo.
Mencionó a Carlos Corvelini, otro compañero que había caído preso con él, que tenía los brazos destrozados porque esposado y atado a la espalda lo habían colgado de una roldana. “Decía, ‘No tengo brazos’. Cuando veo que los tiene pegados al cuerpo digo, ‘Ah bueno, los tenés, ya te vas a recuperar…’”.
“Pero en verdad no tenía, durante un mes le tuvimos que ayudar a limpiarse el culo y hacer pis porque no podía usar los brazos para tal elementales necesidades. Y eso él (Sierra) lo vio porque Corvelini estaba en esas condiciones ante su secretaría y ni Sierra ni Madueño se ocuparon de averiguar quiénes fueron los policías que nos habían sacado de casa, quiénes fueron los que después nos llevaron a la Comisaría Segunda y quienes de la Segunda al juzgado. Eso no era tan natural, lo que habían hecho con nosotros era una vergüenza”.
Luego de una etapa desaparecido -que con la evidencia del plan sistemático reconocería como tal- fue trasladado a la Unidad Penal de Villa Floresta a fines de octubre de 1974, a Sierra Chica en abril de 1975 hasta abril de 1979 cuando lo llevaron a Rawson.
Un viejo socialista
“Por suerte mi familia logró algo que yo quiero públicamente hacerlo notar y con mucha fuerza… Me emociona… Que es el hecho de que haya sido mi abogado don Pablo Lejarraga, la verdad, pobre don Pablo, ¡lo terminaron metiendo preso conmigo después! Un viejo socialista de más de setenta años, tendría cerca de ochenta ya. Con una dignidad se plantaba él ante las autoridades que venían maledicentemente a prepoteárnos y a tratarnos de cualquier manera”, recordó Julio.
Sobre aquellos días agregó que cuando lo metieron preso a Lejarraga les tocó Arzuaga. “Ese hombre yo no lo conocía pero tuvo el mérito de quererme defender legalmente y además por defenderme legalmente le volaron el estudio”.
“Por Pablo Lejarraga y por Arzuaga creo que el foro de abogados bahienses debería sacarse el sombrero y ponerles sendas placas porque ellos supieron hacer honor a su profesión y sin preguntar cuál es el palo del que provenís en la política”, sugirió.
Libertad Real
El hermano de Julio logró llegar hasta el secretario general del Partido Socialista Español -posteriormente primer ministro- Felipe González, quien interesó al rey Juan Carlos por su caso dado “que tenía ascendencia española y no tenía causa ni condena”.
La intención era que gestione su liberación ante Videla en la visita que hizo a fines de 1978 a la Argentina. Trajo cinco nombres, entre ellos el de Julio Fernández que pudo salir con opción a la península ibérica en mayo de 1979.
Desde allí pudo denunciar varios casos de secuestros y torturas y colaborar con la libertad de compañeros como Martín Guevara, quien recibía mayor descarga represiva en su cuerpo por ser hermano del Che.
Más de tres décadas después, Julio advierte que “es fundamental que la verdad se sepa, creo que de no conocerse uno puede vivir engañado y eso es lo peor que te puede ocurrir en la vida”.
Fuente:JuicioVCuerpoEjercitoBB
No hay comentarios:
Publicar un comentario