Basta de tortura
Por Guillermo Posada
13.10.2011
El curso cuenta con el apoyo de la Procuración Penitenciaria de la Nación y de la UNC. Se pretende instalar en agenda el tema de la tortura y otros vejámenes que se aplican en las prisiones, como resabio de períodos autoritarios.
La tortura es una práctica que llega hasta la actualidad de modo masivo en todos los centros carcelarios de la Argentina, y revela una continuidad de la cultura autoritaria, heredada de la última dictadura”, lanzó la semana pasada el juez federal Daniel Rafecas en el lanzamiento del curso de capacitación sobre “Monitoreo de lugares de encierro para la prevención de la tortura”. Rafecas entiende del tema, es el magistrado a cargo de la causa del Primer Cuerpo de Ejército, quizá la más grande de las que se encuentran en marcha sobre violaciones a los derechos humanos en el país en la actualidad.
Fue el elegido por la Procuración Penitenciaria de la Nación para abrir un curso de capacitación donde participan funcionarios judiciales, trabajadores de dependencias de DD.HH., activistas de organizaciones no gubernamentales y todos aquellos que intervienen de alguna forma en la problemática carcelaria en la provincia. Es la tercera experiencia en que se desarrolla en el país, después de realizarse en La Plata y en Rosario en 2009 y 2010, como una forma de instalar desde el Estado en agenda de debate social la tortura en las cárceles, ocultado socialmente a pesar de las recurrentes denuncias de presos y familiares sobre vejámenes que se aplican en el sistema carcelario.
Cuando la Argentina ratificó en 2004 el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, se comprometió a adecuar su legislación para facilitar el control sobre torturas en vejámenes en el sistema carcelario nacional. Desde 2007, vencido el plazo, el Estado entró en mora pero recién hace 15 días tuvo aprobación en Diputados el proyecto de ley elaborado que creará el mecanismo de prevención de la tortura en las cárceles. Se espera que antes de fin de año el Senado de la Nación apruebe la norma. El curso tiene la intención de formar personal que deberá integrar los nuevos organismos.
“El mecanismo establece un sistema de prevención de la tortura que involucra la creación de un comité contra la tortura, y un consejo nacional de mecanismos locales, de forma que cada provincia tendrá nueve meses para designar su mecanismo local. Eso habilita y nos obliga desde las provincias a trabajar en ese sentido. Si las provincias no crear su propio mecanismo, el sistema establece un principio de subsidiariedad para que intervenga el mecanismo nacional. De esta forma, si el Estado provincial no pone en marcha el sistema, será el nacional el que ingresará a las cárceles para constatar la situación de las personas en situación de encierro”, advierte Rossana Gauna, delegada de la Procuración Penitenciaria en Córdoba.
Los organizadores pretenden poner en marcha un debate que se plasme en un anteproyecto de creación de un mecanismo local de prevención de la tortura en los lugares de encierro, no sólo cárceles, sino neuropsiquiátricos, institutos de menores, todos aquellos lugares donde haya alojada gente que por su propia voluntad no puede salir, sean adultos o menores.
“Anticipando el escenario de aprobación de la ley, hacemos este curso que tiene un sentido de sensibilización en la problemática”, dice Gauna.
Si bien la procuración viene trabajando coordinadamente con el gobierno provincial, a través de los convenios que firmó con el Ministerio de Justicia a cargo de Luis Angulo, su rol es controlar la situación de los presos a cargo de la justicia federal. A nivel provincial no existe organismo que se ocupe del tema y la transparencia no es una de las características del Servicio Penitenciario cordobés, como en el resto del país.
“La semana pasada un grupo de legisladores intentaron ingresar a la UCA (ex Cárcel de Encausados) y el servicio penitenciario no se lo permitió, por eso hace falta de forma urgente un mecanismo que regularice el control. Internacionalmente está reconocido que cuanto más abiertos y transparentes sean los lugares de encierro, menores son las posibilidades de que se produzcan actos de tortura. La idea es abrir las cárceles al escrutinio público”, afirma Gauna.
El proyecto de ley establece que las legislaturas provinciales tendrán nueve meses, a partir de la puesta en vigencia de ley, para crear mecanismos espejo en cada jurisdicción. Algunas, como Chaco, Mendoza o Río Negro, ya empezaron a trabajar al respecto, creando sendos organismos.
El protocolo internacional adoptado por la Argentina exige que los organismos, tanto a nivel nacional como provincial, deben tener autonomía y autarquía, con presupuesto propio. “Lo importante es que le otorga la capacidad de ingresar a todos los lugares de encierro sin previo aviso para realizar visitas periódicas de prevención de la tortura”, anuncia Gauna.
Córdoba muestra serios antecedentes sobre violaciones a los DD.HH. que se hicieron públicas en ocasión de producirse el cruento motín en el penal de barrio San Martín. Tanto el gobierno como el Servicio Penitenciario han sido históricamente renuentes a permitir controles externos de la situación carcelaria, a pesar de los avances que significó la gestión de Luis Angulo.
Para la delegada de la Procuración Penitenciaria, el manto de oscuridad que oculta la realidad de las cárceles cordobesas genera condiciones para que se apliquen tormentos y vejámenes.
–Si bien la Constitución sostiene que las cárceles deben servir para reeducar las los individuos en conflicto con la ley, en la práctica sucede que los presos profundizan su relación con el mundo delictivo. ¿El proyecto puede achicar la distancia entre el discurso institucional y la realidad que el mismo Estado administra?
Rossana Gauna: –La gente debiera entender que una parte de los problemas de inseguridad tiene que ver con la falta de cumplimiento del rol de las cárceles para reeducar a los presos. Porque una persona cumple 10 años de condena y sale peor que como entró. Además el Estado gasta un montón de recursos, con una falta total de eficacia. La verdad que hoy como Estado se tira la plata y como sociedad no estamos cumpliendo con la ley. Por eso, si a la sociedad no le importan los presos como seres humanos, desde una perspectiva pragmática por lo menos deberían importarle porque reinciden en el delito. Esto es responsabilidad del Estado y de la sociedad que no exige que se cumpla con la ley y que se efectivicen los derechos humanos. El único garante de los derechos humanos es el Estado porque es el único que los puede violar.
Carencias y responsabilidades. Daniel Rafecas presentó el año pasado su libro La tortura y otras prácticas ilegales a detenidos. Entrevistado por Veintitrés, dijo que la situación carcelaria revela que “hay espacios y ámbitos donde no somos todos iguales ante la ley, en los ámbitos carcelarios no se ve al preso como un ciudadano, con derechos o un estándar mínimo de dignidad. De este trato discriminatorio al preso no sólo participa el penitenciario, sino también el policía y los integrantes de la Justicia. Este estereotipo es el punto de partida para revertir la situación, porque parece que el preso es un no-ciudadano. Pero es un ciudadano con derechos, especialmente con el derecho a la dignidad, y si no revertimos esto, no podremos salir adelante con esta situación ni revertir las prácticas sistemáticas de tortura que siguen existiendo hasta hoy”.
En ese sentido, el magistrado entiende indispensable llamar la atención de las distintas entidades estatales y no estatales sobre la importancia que tiene para el estado de derecho identificar, descubrir, denunciar y condenar las prácticas atentatorias contra la dignidad humana en los presos, que califican como vejaciones o torturas. “Es claro el Código Penal en cuanto a las normas que reprimen con severas penas de prisión a los funcionarios que cometen estos delitos. Debemos impulsar políticas coordinadas para que estos delitos sean objeto de condena porque tenemos miles de denuncias todos los años por estos delitos en las cárceles y muy pocas condenas. Esto ha sido objeto de señalamiento de organismos internacionales como Amnesty International o el Comité de DD.HH. de Naciones Unidas, y es algo que tenemos que revertir rápidamente porque detrás de cada acto de esta naturaleza hay una gravísima afectación de DD.HH. en donde el Estado, nacional o provincial según el caso, es responsable directo”.
En Córdoba, una de las quejas permanentes de los presos es que los juzgados de control, los jueces que están a cargo del seguimiento de la las condenas, no conocen la situación que viven. Para Rafecas, esta queja se origina en “la escasa sensibilidad del órgano judicial respecto de los presos que tiene a cargo. Una de las maneras de contrarrestarlo es forzar a las agencias judiciales a hacerse vulnerables frente al preso, ir a verlo, visitar las condiciones en que está siendo detenido, y es algo que el propio poder judicial puede solucionar, estableciendo visitas obligatorias de los jueces a sus detenidos, como ocurre en la ciudad de Buenos Aires”.
El abandono suele hacerse extensivo a los presos enfermos que no reciben la medicación adecuada. Esta situación también se entiende como vejatoria. “Es así, la ley argentina establece estándares razonables para que el preso, en prisión preventiva o en condena, continúe el encierro en su domicilio”, asegura el juez federal.
La situación en Córdoba. Durante el juicio a los presos amotinados en el penal de San Martín, la Procuración Penitenciaria de la Nación participó con veedores que realizaron un seguimiento del proceso penal que derivó en una serie de fuertes condenas para los presos. Sin embargo, las denuncias sobre torturas en la cárcel, tras ser recuperada por el Servicio Penitenciario cordobés, nunca fueron investigadas.
Francisco Mugnolo, a cargo del organismo federal, recuerda la toma del penal como “un episodio sangriento, de extremada violencia. En el interior de la cárcel hubo episodios muy graves. Cuando entramos vimos las condiciones dramáticas en que estaban los presos. Chicos muy jóvenes en situación deplorable”.
El funcionario sostiene que “la cárcel ahora está reconstruida, está mejor. Dentro de lo que se puede hacer, porque a San Martín hay que voltearla y hacerla de nuevo. No llevarla lejos, porque las cárceles apartadas de las ciudades forman parte de una idea medieval. Hay que mantener al preso cerca de su familia”.
–Las dos cárceles que se construyeron, con posterioridad a sendos motines, fueron Bower, bajo el gobierno de Ramón Mestre, y Cruz del Eje, por mandato de José Manuel de la Sota. Ambas están alejadas de las ciudades. ¿Usted es contrario a este criterio?
Francisco Mugnolo: –Son cárceles nuevas pero los presos prefieren San Martín para estar cerca de la familia. Pasa lo mismo en provincia de Buenos Aires, en el sistema federal. Después viene la hipocresía de que entre los objetivos de quienes están privados de la libertad se encuentra afianzar los vínculos familiares. Pero los mandan lejos, las familias no pueden pagar el colectivo y, en definitiva, pierden contacto. Son prácticas penitenciarias que van en contra de la naturaleza humana. El aislamiento produce que los presos se vuelvan más violentos. Hay que revisar la política en materia de privación de la libertad en Córdoba, no es hacer más cárceles. Hubo cosas buenas en la gestión del ministro Angulo, pero no está la discusión puesta sobre la mesa de cómo renovar el sistema penitenciario.
–¿Organismos de monitoreo pueden prevenir motines como en San Martín?
–No digo que no se puede producir un motín, pero seguramente hubiesen tenido información temprana de que la situación estaba en un grado intolerable. Además se habría denunciado en la Justicia mucho antes el estado de la cárcel para que se tomen medidas. Ahí nadie intervino, dejaron avanzar la situación y un día explotó mal. Eso debió ser un punto de inflexión pero, si bien hubo buenas intenciones de algunos funcionarios, fue equivocado el tratamiento de la problemática a fondo. Hay que discutir la facultad punitiva del Estado en la provincia: no tanta gente presa por cualquier cosa, con gente que no constituye un peligro. Un chico con cuatro ravioles en el bolsillo es para meterlo en la escuela, no en la cárcel. La Justicia tiene que analizar estas cuestiones, las legislaturas no sólo deben actuar tras las demandas histéricas de la gente por un caso que puede conmover a cualquiera. Esto no se arregla con mayores penas. La reforma del Código de Procedimiento Penal (se refiere a la conocida reforma impulsada por Juan Carlos Blumberg) desarmó toda una estructura articulada del sistema de garantías en el proceso penal. Hoy, pasado el tiempo, vemos que el resultado fue pésimo: más gente en las cárceles sobrepobladas y no se bajó la cantidad de hecho delictivos.
–¿Desde su punto de vista, cuál es la lógica de los servicios penitenciarios?
–El control de las cárceles por medio de violencia física y psicológica. Hay corrupción y tráfico de drogas. Por un lado, los viejos penitenciarios tienen la lógica paternalista de querer “enderezar” al preso, fuera de toda lógica de reposición de pensar en la persona; por otro, si es un tipo influido por las secuelas de las estrategias de la dictadura se aplica el castigo, la sanción, el encierro. Ahora están practicando doctrinas que vienen de Norteamérica, como encerrar aislado al preso 23 horas por día. Lo hemos denunciado y hay causas judiciales. Recién ahora, con Víctor Hortel, el nuevo director del Servicio Penitenciario Nacional, se pretende ser más coherente entre el discurso y lo que se hace. Alejandro Marambio, el director anterior, fue una calamidad y un retroceso en las prácticas penitenciarias. Está instalado en las provincias que el Servicio Penitenciario Federal es el modelo a imitar pero en realidad es un desastre.
–¿Cómo es la relación, en términos generales, del poder político con la corporación penitenciaria? Algunos señalan que es tolerante con la situación y otros sostienen que el problema es que la política no puede penetrar en la corporación que se maneja de forma autónoma.
–Están las dos cosas. Hay muchos funcionarios que son tolerantes y terminan poniéndose el uniforme penitenciario, son los funcionarios que no tienen convicción y no saben nada de la problemática pero asumen el cargo público y termina convencidos por los penitenciarios. También es cierto que los penitenciarios son muy corporativos y resisten cualquier cambio porque imitan a los militares en todo. Su estructura es militarizada y su ley orgánica es de la época de la dictadura, con 25 años de democracia no pudimos reformularlas.
Fuente:Revista23
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