14 de octubre de 2011

CÓRDOBA: Quiénes son y cuánto cobran los represores del D2.

Quiénes son y cuánto cobran los represores del D2
Hasta que sus condenas no estén firmes, los ex represores del D2 seguirán cobrando sus jubilaciones como policías retirados. Yanicelli, la más jugosa.

El jueves 29 de septiembre, un día antes por el feriado de San Jerónimo, el comisario mayor retirado Carlos Yanicelli ya tenía depositada su jubilación en una cuenta del Banco de Córdoba.
Aunque suene inverosímil, el hombre es todavía miembro de la fuerza policial. Tan miembro como lo era cuando tenía a cargo la inteligencia y la represión de los primeros piquetes de la historia de Córdoba, allá en Cruz del Eje en épocas del gobierno de Mestre. Tan miembro como cuando llegó a ser la segunda autoridad policial de la Provincia, antes de su pase a retiro. Y tan miembro como cuando integraba las patotas más sanguinarias de la represión en nuestra provincia, en la segunda mitad de los '70, incluso antes del Golpe cívico-militar.
En la misma fecha, el último hábil de septiembre, también cobraron con total regularidad su jubilación los hombres que supieron acompañarlo: Marcelo Luna, Juan Molina, Ricardo Cayetano Rocha, Calixto “el Chato” Flores, Fernando “el Tuerto” Rocha, y también la recordada Mirta “Cuca” Antón.
Con condenas a perpetua la mayoría, ninguno ha perdido todavía su “estado policial”, y por esa razón, ninguno tampoco ha debido resignar las jubilaciones que les pagamos los cordobeses.

Cifras privilegiadas
No está nada mal lo que cobra el “jubilado” Yanicelli cada fin de mes. Por haber llegado al segundo escalafón máximo de la fuerza policial, cada fin de mes le corresponden cifras por encima de los 14 mil pesos.
De hecho, la liquidación del 29 de septiembre seguramente le alcanza para darse algunos gustos. 14.421 pesos con 74 centavos salieron de la Caja de Jubilaciones para pagarle a uno de los más feroces represores del proceso, quien se halla cumpliendo en Bouwer los primeros meses de su condena a prisión perpetua por seis secuestros, torturas y homicidios.
Esa cifra de envidiables cinco dígitos coloca a Carlos Yanicelli como el ex D2 de mayor jubilación. De cualquier modo, esto no le quita mérito a los 5619,47 pesos que embolsó también en septiembre y con carácter mensual Calixto “el Chato” Flores, condenado a perpetua también por seis homicidios, torturas y secuestros, el 22 de diciembre de 2010.
O los 5227,67 pesos que recibe Fernando “el Tuerto” Rocha, condenado a 8 años de prisión por seis secuestros y torturas agravadas. Que son parecidos a los 5090,25 pesos que se le paga a Marcelo “Piruchín” Luna, quien recibió perpetua por cuatro torturas y tres homicidios agravados.
En un escalón más abajo aparecen los 3982,04 recibidos por Mirta “la Cuca” Antón, por ahora la única mujer condenada por delitos de lesa humanidad en Córdoba, quien recibió 7 años de prisión por seis casos de secuestros y tormentos. Le sigue Ricardo Cayetano Rocha, con una jubilación de $3824,30. Si bien fue absuelto en el juicio de la UP1, sigue seriamente comprometido en causas que se sustancian en la Justicia Federal y que pronto llegarán a juicio. Cierra esta tabla aún incompleta Juan Molina, también condenado a perpetua (cuatro tormentos y seis homicidios calificados) quien cobra $3781,22.
En la lista aún faltan detalles que El Sur aún no pudo confirmar, y que son los referidos a los haberes jubilatorios de los comisarios retirados Hugo Cayetano Britos y César Armando Cejas, ambos condenados a perpetua por la espantosa muerte por castración y desangramiento del subcomisario Albareda, cuyo juicio fue en 2009.
Los otros datos que no pudieron constatarse fueron los del comisario mayor Yamil Jabour (perpetua), Alberto Luis Lucero (perpetua), Luis Rodríguez y Gustavo Salgado (ambos absueltos pero complicados en otras causas), todos vinculados con los fusilamientos de la Penitenciaría.
Las cifras contrastan, por ejemplo, con el subsidio por víctima de terrorismo de Estado (y de estos mismos hombres ya condenados) que cobra en la actualidad Luis Urquiza, a quien le abonaron 3666 pesos con 15 centavos en su última liquidación. El detalle prueba que la víctima cobra menos que sus propios victimarios.

Sin sentencias firmes
¿Está bien que estos represores sigan cobrando su haber jubilatorio de la Provincia pese a que ya han sido hallados responsables por un tribunal federal? ¿Es apropiado que conserven su estado policial luego de haber sido en su mayoría condenados a perpetua e inhabilitados de por vida?
Está claro que en términos subjetivos no habría muchos reparos para responder por la negativa a ambos interrogantes. A nadie puede hacerle gracia pagarles mensualidades a probados delincuentes.
¿Por qué cobran entonces? Porque hasta tanto no sean dados de baja, Yanicelli y compañía siguen siendo personal policial. En retiro, pero personal policial al fin.
La ley 6.702 de Personal Policial les da garantía estabilidad de por vida a quienes revistan ese estado, y con ello los habilita inmediatamente para cobrar la jubilación de la Caja Provincial. No es la Policía quien les paga, sino la Caja, como a cualquier jubilado provincial, aunque ellos técnicamente no lo sean.
Para darles recepción en su régimen especial, el organismo previsional pone como único requisito el hecho de conservar su pertenencia a la fuerza, tal como lo señala en su artículo 91 la ley 8.0234 que rige su funcionamiento.

Causales de baja
Pero el detalle más interesante aparece en la misma ley donde se puntualizan las posibles razones para perder el estado policial, y con ello los haberes como personal activo o pasivo. Estamos hablando de la tan temida baja.
El artículo 19 de esa normativa contempla como razones de baja el haber recibido “sentencia condenatoria firme que no admita ejecución condicional”, o bien “sentencia condenatoria firme que impusiere inhabilitación absoluta para el desempeño de cargos públicos”.
Son los dos primeros escollos. Si bien casi todos en la lista de “beneficiarios” ex D2 han recibido condenas de ejecución efectiva e inhabilitaciones absolutas, también en todos los casos se trata de sentencias que están casadas ante la Cámara de Casación Penal de la Nación, e incluso con la posibilidad de luego recurrir a la Corte Suprema de Justicia. Por ende, no están firmes.
En términos temporales, estamos hablando de varios años de proceso por delante, para seguir pateándola con argucias y chicanas que tan bien saben plantear sus abogados defensores.
Para tener una referencia temporal, recién en enero de 2011 quedó firme la segunda de las condenas a perpetua que recibió el ex general Luciano Benjamín Menéndez, tres años después de haber recibido veredicto, y tras agotar las vías recursivas en Casación y la Corte. Esto permitió que en mayo de este mismo año se le diera de baja en el Ejército y se dispusiera la quita de sus haberes de retiro. Aunque por ahora sigue con final en suspenso (ver aparte…)
Por la complejidad de la causa UP1, con una treintena de condenados y un número similar de víctimas, esto hace pensar que llevará un largo plazo a los tribunales de alzada confirmar las condenas, con lo cual si se espera a que queden firmes los fallos, aún se tendrá varios años por delante, durante los cuales los ex D2 seguirán conservando el estado policial, y lo más jugoso de ello, las jubilaciones.

¿Será cuestión de esperar?
La misma ley 6.702 contempla como supuesto para la pérdida de estabilidad policial, el hecho de haber recibido “resolución condenatoria recaída en sumario administrativo, con sanción de cesantía o exoneración” (artículo 19, inciso c).
Más adelante, en el capítulo de Bajas y Reincorporaciones, prevé como causal de baja el recibir “sanción disciplinaria de cesantía y exoneración” (artículo 77, inciso f). Esto habilitaría a tomar una resolución incluso antes de que los fallos queden firmes.
“El problema es que a estos tipos que fueron los peores represores de la historia de la policía jamás se les abrió un sumario interno”, se queja René Zabala, quien sí padeció un sumario con baja y exoneración, aunque en su caso por intentar armar un sindicato policial que defendiera los derechos de los uniformados. “Está claro cómo valora las causales el Tribunal de Conducta Policial”, dijo el propio Zabala, quien está cercano a salirse con la suya mientras avanza en el Ministerio de Justicia de la Nación el trámite de personería jurídica para su asociación.
Acorde con este planteo, daría la impresión de que no es prioridad del gobierno avanzar sobre el estado policial de los represores del D2. “Que yo sepa no hay por ahora ningún trámite de este tipo dentro de la policía”, le respondió algo desconcertado a Revista El Sur el secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Raúl Sánchez.
Algo parecido esbozó Ana Becerra, titular del Tribunal de Conducta Policial. “No conozco que haya alguna causa en contra de esas personas, habría que verificar”, respondió escueta, como si se tratara de cualquiera de las causas por coimas, por mal desempeño policial, por intento de agremiación, o por faltas reiteradas que se sustancian de forma rutinaria, y no por el caso de reconocidas figuras policiales de otros tiempos que fueron condenadas a perpetua por delitos contra la humanidad en su conjunto.
Mientras tanto, los muchachos del D2 siguen muy tranquilos, disfrutando de su estabilidad policial. La poca celeridad de la Justicia para dejar firmes sus condenas, y la absoluta falta de voluntad del Tribunal de Conducta son los que permiten que la Provincia, a través de su deficitaria Caja de Jubilaciones, siga gastando jugosas mensualidades en estos célebres represores.


RECUADRO: El detalle de los represores jubilados*
Nombre Quién era Condena Jubilación
Carlos “Tucán” Yanicelli Miembro activo del D2. En épocas de Mestre llegó a ser el segundo hombre de la Policía Perpetua por 6 secuestros, tormentos y homicidio. Procesado en varias causas. $14.421,74
Calixto “el Chato” Flores Suboficial mayor, miembro del D2 Perpetua por 6 secuestros, tormentos y torturas. Procesado en otras causas. $5619,47
Fernando “el Tuerto” Rocha Suboficial mayor, miembro del D2 Ocho años de prisión por 6 secuestros y tormentos agravados $5227,67
Marcelo “Piruchín” Luna Suboficial mayor, miembro del D2 Perpetua por 4 tormentos y 3 homicidios agravados $5090,25
Mirta “la Cuca” Antón Suboficial miembro del D2 Siete años de prisión por 6 casos de secuestros y tormentos $3982,04
Ricardo Cayetano Rocha Suboficial miembro del D2 Absuelto en la Causa UP1 aunque procesado en otras causas $3824,30
Juan Molina Oficial ayudante Perpetua por 4 tormentos y 6 homicidios calificados $3781,22
* En esta tabla no se consignan los datos correspondientes a Hugo Cayetano Britos y César Armando, Yamil Jabour, Alberto Luis Lucero, todos ex miembros del D2 y condenados por la Justicia, aunque sin sentencia firme.

Recuadro: Ya no es general pero sigue cobrando
Pese a que desde el 27 de mayo de este año Luciano Benjamín Menéndez ya no forma parte del Ejército, dejó de ser general y recibió la baja, por obra y gracia del mismo tribunal que lo condenó en Tucumán, le fueron también devueltos sus haberes de retiro.
En esa fecha el Ministerio de Defensa había emitido el esperado comunicado de las bajas de Menéndez y Bussi, luego de que en enero de 2011 la Corte Suprema de Justicia dejara firme el fallo Vargas Aignasse, de diciembre de 2008, en el que ambos represores recibían perpetua.
Sin embargo tal resolución fue recurrida por el defensor de ambos ex generales, Ciro Lo Pinto, quien argumentó “desamparo legal” lo que padecerían Menéndez y Bussi, en sus calidades de “enfermos crónicos”.
Esta vez con extraordinaria agilidad, el 28 de junio de este año el Tribunal tucumano declaró la inconstitucionalidad del artículo 80 de la Ley 19.101 (regula el funcionamiento interno del Ejército), que establecía que “el derecho al haber de retiro se pierde, indefectiblemente, cuando el militar, cualquiera sea su grado, situación de revista y tiempo de servicios computados es dado de baja”. Con ello dictó una medida cautelar de no innovar, que si bien puede ser apelada, les asegura a los ex represores seguir cobrando sus jubilaciones. Aún habiendo sido echados del Ejército.
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