Cómo un sector de la oposición sigue conspirando contra la Ley de Medios
Publicado el 10 de Octubre de 2011
Por Agustín Álvarez Rey
Con el objetivo de deslegitimar la normativa, evita designar a sus representantes ante la autoridad de aplicación, alienta planteos judiciales para frenar artículos y trabaja en sintonía con las necesidades del Grupo Clarín.
“La oposición siempre consideró que la ley era inconstitucional. Hicieron presentaciones judiciales y se negaron a conformar la comisión bicameral para designar a quienes integrarían la autoridad de aplicación. Es una cosa totalmente insólita, pero fue una estrategia para no permitir que se aplique la ley, una forma de deslegitimar la democratización de los medios”, explicó la diputada Cecilia Merchán, que hasta hace poco formaba parte de Libres del Sur, y fue una de las impulsoras que tuvo la ley en el Congreso de la Nación. Merchán conformó junto con sus compañeros del bloque Encuentro Popular y Social, legisladores del socialismo y de Proyecto Sur, el grupo de diputados que impulsaron cambios en la ley. El resto de los bloques, directamente, se opuso a todo.
El diputado mendocino Enrique Thomas, del bloque Peronismo Federal, aseguró que estaría dispuesto a integrar la comisión bicameral, pero aclaró que la conformación de ese cuerpo no está entre las prioridades de los peronistas disidentes. ¿Por qué? “Nosotros nunca estuvimos entusiasmados con la conformación de la comisión bicameral. En el kirchnerismo las tareas de control son muy relativas. El kirch-nerismo impone el número y no escucha a la oposición. Yo integro la comisión de seguimiento de los Decretos de Necesidad y Urgencia que nunca se reúne. Entonces, es muy relativa la posibilidad de controlar con la comisión”, explicó.
Merchán, sin embargo, puntualiza que si se hubieran designado representantes de la oposición en la AFSCA, estos, por ejemplo, entre muchas otras cosas, podrían presionar para que se designe a la figura –aún vacante- que ocupará el rol de defensor del público.
Dos años pasaron desde que el Senado, en una sesión que duró 20 horas, le diera sanción definitiva con 44 votos a favor y 24 en contra a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y le pusiera fin a un camino extenso plagado de debates, audiencias públicas y polémicas mediáticas
A partir del 10 de octubre de 2009, y con mayor vehemencia tras el recambio legislativo del 10 de diciembre de ese año, distintos sectores de la oposición se ocuparon de que la ley no entrara en plena vigencia y, por lo tanto, de que los intereses de los grupos concentrados que monopolizaban la información en la Argentina no fueran afectados. En esa búsqueda los diputados del entonces denominado Grupo A no escatimaron imaginación ni esfuerzo.
Las primeras escaramuzas llegaron a través de la justicia. Así, de manera casi inédita, miembros del cuerpo parlamentario –en este caso de la Cámara de Diputados– se presentaron ante la justicia bajo el argumento de que el Congreso había incumplido sus propias normas. El primero en intentarlo fue Thomas.
El diputado mendocino argumentó que, debido al incumplimiento de normativas, se vio restringido en su derecho a legislar, por lo tanto reclamó la suspensión de la aplicación de la ley en todos los casos. Con ese solo argumento consiguió la medida cautelar de la jueza mendocina de primera instancia Olga Pura de Arrabal y la confirmación de la Cámara. El endeble argumento se cayó ante la Corte Suprema por carecer de peso específico.
En el mismo sentido, y con similares argumentos, la diputada salteña Beatriz Daher se presentó ante la justicia de su provincia. Daher consiguió la medida cautelar en primera instancia, que finalmente fue revocada por la Cámara provincial. En el término de diez días, en el mes de octubre del año 2010, fueron revocadas las dos medidas cautelares impulsadas por diputados que habían suspendido en su totalidad la Ley de Medios Audiovisuales.
En ese entonces quedaba en claro que el accionar de algunos legisladores iba no sólo en sintonía con la estrategia judicial del Grupo Clarín, sino también con sus intereses.
La tercera presentación judicial que llegó desde el Parlamento estuvo a cargo de Federico Pinedo. En este caso, el titular del bloque PRO intentó conseguir una medida cautelar para frenar la conformación de la comisión bicameral prevista en la ley y así postergar la entrada en vigencia de la norma.
La juez de primera instancia rechazó la cautelar aduciendo que el objeto de la misma coincidía con el fondo de la cuestión. La decisión fue confirmada por la Cámara de Apelaciones; sin embargo, la bicameral, como fue dicho, sigue siendo una deuda pendiente.
Tras el 10 de diciembre de 2009, con el recambio legislativo consumado, la oposición, que ya se planteaba “refundar la República” de la mano de su mayoría parlamentaria, fijó como una de sus prioridades el trabajo en la Comisión de Libertad de Expresión para defender los intereses de los grandes grupos que monopolizaban la información. Así, con la conducción de la radical Silvana Giudici y la anuencia de Patricia Bullrich (CC), Fernando Iglesias (CC), Paula Bertol (PRO), Roy Cortina (PS) y Enrique Thomas (PF), la comisión impulsó, en coincidencia con los reclamos del Grupo Clarín y con los primeros amparos presentados por los legisladores, el proyecto para modificar el artículo 161 de la ley para dejar sin efecto el plazo de desinversión fijado por la norma.
Giudici, Bullrich e Iglesias fueron acusados una y otra vez, en el recinto y en la comisión, de defender los intereses del Grupo Clarín. Los cuestionamientos fueron disparados tanto por colegas como por los periodistas que asistieron a la Comisión a denunciar censura, persecución ideológica y discriminación laboral por parte del “gran diario argentino”, el Grupo América y el diputado Francisco de Narváez
El 10 de junio de 2010 expusieron, ante la comisión de Libertad de Expresión, el recientemente fallecido Claudio Díaz, quien fue avasallado con preguntas mientras intentaba relatar la discriminación laboral sufrida en el diario Clarín por hablar a favor de la Resolución 125 en otro medio; Pablo Llonto, quien detalló la persecución que vivieron los trabajadores del diario Clarín que quisieron formar una comisión interna, y Reynaldo Sietecase, quien denunció el caso de censura sufrido en el Grupo América, quien además aseguró que el diputado nacional Francisco de Narváez no sólo era dueño de una parte de ese Grupo, sino que había tenido que ver con el episodio de censura.
La comisión, que actuó con notable celeridad a la hora de recibir y escuchar a los periodistas emblema del Grupo que se sentían asediados por manifestaciones populares y afiches callejeros, o a la hora de pronunciarse sobre la medida de fuerza que impidió la salida del diario Clarín en una oportunidad, no mostró la misma rapidez a la hora de tener que convocar a las autoridades de los multimedios y al diputado para que presentasen su descargo.
Ni las denuncias de Llonto y Díaz sobre las persecuciones permanentes que viven los trabajadores en Clarín, ni la denuncia de Sietecase sobre el atropello a la libertad de expresión en el Grupo América tuvieron resolución. A un año y cuatro meses de su presentación, ninguno de los denunciados se presentó ante la comisión.
La cifra I. 220 son los canales de televisión digital abierta que están actualmente en proceso de licitación en todo el país. Son el símbolo del cambio de paradigma comunicacional.
La cifra II. 161 es el artículo que obliga a las empresas a desprenderse en un año de las licencias que superan las permitidas a un mismo titular. Clarín logró frenar la aplicación en su caso.
Homenaje del secretario de Medios
El secretario de Medios y Comunicación del gobierno de la Nación, Juan Manuel Abal Medina, rindió ayer homenaje a los legisladores a dos años de la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
“A dos años de la histórica aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, quiero rendir un homenaje a los legisladores de la Nación que, impulsados por el enorme coraje y patriotismo de Cristina Fernández y Néstor Kirchner, y acompañados por la valentía de miles de referentes de la sociedad civil, lograron lo que casi todos creían imposible”, señaló.
En esa línea, Abal Medina señaló que “la sanción de la ley marcó un antes y un después en la historia de nuestra democracia al lograr torcer el brazo de los intereses monopólicos de (el CEO del Grupo Clarín Héctor) Magnetto y compañía, sentando las bases de un país en el que las decisiones se toman en las instituciones de la democracia y no en los lobbies de los poderes concentrados económicos y mediáticos”.
El secretario de Medios señaló además que “a partir de ese día nadie puede pretender seguir definiendo a su antojo la realidad en nuestro país y serán siempre las diversas y plurales voces de los 40 millones de argentinos las que determinen democráticamente lo que ocurre”.
“Es bueno recordar a los políticos, intelectuales, actores, periodistas y referentes sociales que se superpusieron al miedo que Clarín había instalado en la sociedad argentina durante décadas y terminaron de saldar esa gran deuda de la democracia”, finalizó el secretario de Medios.
Los que buscaron trabar la Ley
Enrique Thomas - Peronismo Federal
El diputado mendocino Enrique Thomas, del bloque Peronismo Federal, fue el primero en recurrir a la justicia en busca de un freno a la Ley. Lo consiguió gracias a una medida cautelar de la jueza Olga Pura de Arrabal. Hoy dice que estaría dispuesto a integrar la comisión bicameral, pero aclaró que la conformación de ese cuerpo no se encuentra entre las prioridades de los peronistas disidentes debido a que ese espacio “nunca estuvo entusiasmado” con su conformación.
Silvana Giudici - UCR
Al frente de la Comisión de Libertad de Expresión, la diputada radical Silvana Giudici fue acusada en reiteradas oportunidades tanto por sus colegas como por periodistas de intentar defender desde allí los intereses de los grandes grupos monopólicos. Ignoró los testimonios de periodistas que denunciaron persecución sindical en Clarín y censura en América, pero recibió con celeridad a los principales referentes del Grupo Clarín y La Nación.
Federico Pinedo - PRO
El diputado del PRO Federico Pinedo fue otro de los que acudió a la justicia para frenar la entrada en vigor de la Ley de Medios. El titular del bloque del PRO intentó conseguir una medida cautelar para congelar la conformación de la comisión bicameral prevista en la normativa y así postergar la entrada en vigencia. El objeto de su pedido coincidía con el fondo de la cuestión por lo que fue rechazado por el juez de primera instancia y la Cámara de apelaciones.
Las víctimas de la grilla
Las obsesiones de Giudici y de la Comisión fueron variando a lo largo de los meses. A fines de 2010, la diputada que cosechó el 2% de los votos en su intento por ser jefa de gobierno de la Ciudad, intentó embestir contra Gabriel Mariotto, titular de la AFSCA, en el marco del supuesto interés por el funcionamiento de la Televisión Digital Terrestre. La embestida fue acompañada por el permanente cuestionamiento al Fútbol para Todos y el intento sistemático de impulsar, entre otros, el proyecto de Enrique Thomas para regular la pauta oficial. Las últimas víctimas de la Comisión de Libertad de Expresión fueron el canal de noticias CN23 y la señal infantil del Ministerio de Educación, Pakapaka. El pleno del cuerpo presidido por Giudici recibió la denuncia respecto de la negativa permanente de Cablevisión a incluir los canales en su grilla. La decisión de la comisión fue citar a la Cámara de Cableoperadores, pero la reunión nunca se llevó a cabo. CN23 y Pakapaka siguen sin ser incluidos en la grilla del servicio básico de Cablevisión.
Fuente:TiempoArgentino
El homenaje de Abal Medina
Fuente:Pagina12
OPINION
Ahora dicen que la ley no se aplica
Por Damián Loreti *
(A dos años de la noche del 9 de octubre)
Quizás hubiera resultado oportuna la fecha del segundo aniversario de la sanción de la Ley SCA para reflexionar sobre los aportes a la democratización de las comunicaciones que implicó la aprobación de una normativa que contó con audiencias públicas; la intervención de cuanta persona y entidad quisieron hacerlo para corregir la propuesta de proyecto antes de su presentación al Congreso; un reconocimiento al derecho a la comunicación como derecho humano antes que a la radiodifusión como negocio y un conjunto de notas de derecho comparado que refieren a las mejores prácticas regulatorias, como no contemplaron los proyectos anteriores precisamente porque nunca se inspiraron en buenas prácticas. Decenas de miles de personas, sobre todo jóvenes, reclamaron por su aprobación y por su aplicación cuando fue suspendida. Pero a veces la realidad nacional obliga a repasar lo obvio. Y es que la ley sí se aplica. Vaya como demostración este listado pequeño y parcial que no pretende dar cuenta de la totalidad de lo hecho.
- A lo largo de los últimos dos años se llevó adelante un proceso de elaboración participada de normas que dio origen al decreto reglamentario de la ley. Con sólo ver los considerandos se puede comprobar la cantidad de personas y entidades, incluidas empresas y cámaras del sector, que participaron en su redacción.
- Las audiencias saben qué contenidos corresponden a la tanda publicitaria y cuáles no. La supuesta molestia de ver en pantalla o escuchar en radio la mención “espacio publicitario” habla de la picardía de quienes quieren vender pauta a precios más altos cuando se reinicia un programa o de la falta de conocimiento de otras experiencias. Si efectivamente queremos que nuestros medios se parezcan a los mejores ejemplos, alcanza con preguntar a cualquiera que tenga la posibilidad de acceder, por ejemplo, a la televisión francesa. Allí, no sólo se indica cuándo empieza la tanda sino que también aparece una cuenta regresiva con la cantidad de segundos que faltan para retornar a la programación.
- En conjunto con la ley de reforma política permitió que más medios transmitieran los mensajes preelectorales en condiciones equitativas. Antes, las señales de cable permanecían al margen de cualquier regulación.
- Se han aplicado criterios para democratizar el acceso a contenidos de interés relevante. Aun cuando podría ampliarse la lista de sucesos que deben ser transmitidos por señales de aire, esta primera medida ya permite algo tan relevante como que un deporte que se juega en el interior pueda verse de manera gratuita en la misma ciudad donde tiene lugar. Así se puso fin a las prácticas anticompetitivas que llevaban adelante aquellas empresas que contaban con la exclusividad de los derechos de exhibición a través de señales pagas.
- Se han realizado censos de titularidad de medios. Parecía una humorada que no existieran, pero era real. Hasta hubo casos en los cuales ni los trabajadores sabían a quién reclamar por los incumplimientos.
- Los prestadores de servicios de comunicación audiovisual deben poner a consideración de las audiencias sus carpetas públicas. Entrando a la web de un medio se puede saber quiénes son sus dueños y qué compromisos tomaron al momento de conseguir la licencia o autorización. En el caso de las radios, ya se emiten los mensajes con el nombre de la empresa titular del servicio, su composición accionaria y la ubicación de las oficinas.
- No hay más Comfer ni interventor que reemplace a los brigadieres, almirantes, generales y empresarios que constituían el directorio según la ley 22.285, aunque sectores de la oposición parecen entenderlo tarde, luego de haber boicoteado la conformación de las nuevas autoridades. Hoy, tanto la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual como Radio Televisión Argentina tienen directorios con miembros propuestos por el Ejecutivo, el Consejo Federal y una de las minorías parlamentarias.
- Es aplicable la regla que obliga a aumentar los contenidos nacionales y la producción propia. En las provincias, de a poco y con las dificultades que implica revertir un modelo centralista concentrado durante décadas en Buenos Aires, van creciendo los porcentajes de contenido local. También aumentó la difusión de programas infantiles en la TV abierta de acuerdo con lo dispuesto por la ley.
- Vinculados con el artículo 153 de la Ley SCA, que promueve la conformación de conglomerados de producción de contenidos audiovisuales, se multiplican los emprendimientos conjuntos y mixtos para la generación de contenidos. En especial para la televisión digital. Mencionar el Arbol de Contenidos Audiovisuales y el Banco alcanza para la cita en virtud de la realización de concursos abiertos para creadores y productoras cuyos programas estarán a disposición de los nuevos medios y de los viejos también.
- Están vigentes las grillas de programación y en los soportes de cable de tecnología digital se han incorporado, finalmente –aunque es opinable si en el lugar debido y si no debería ocurrir lo mismo en analógico–, las señales Pakapaka, Telesur y otras.
- Están en período de presentación de propuestas los concursos para doscientas veinte señales en Televisión Digital Terrestre con reservas del 50 por ciento para entidades sin fines de lucro en todo el país. Hoy sólo siete ciudades tienen más de una señal de TV local. Esto implica una gesta de emancipación de la palabra que vuelve operativa la ley y también el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y demuestra que de ningún modo es admisible discutir derechos contra dinero. Si el papel prensa no es infinito (menos en Argentina y me ahorro la explicación) y cualquiera puede poner un diario, ¿por qué no abrir todas las ventanas posibles en audiovisual? ¿O es que el Estado debe regular la cantidad de voces para cuidar negocios?
- Están asignadas las frecuencias para la instalación de los canales universitarios y provinciales. Sólo depende de ellos comenzar a emitir.
- Se siguen asignando radios de baja potencia, entre otros a escuelas del interior de las provincias. ¿Hace falta explicar la alegría y el aporte a la construcción de identidad nacional que esto implica para quienes hablarán por esos micrófonos?
El listado podría seguir, pero corresponde además dar algunas razones de lo que aún no ocurrió. Un juez resolvió suspender los trámites para la adjudicación de licencias de televisión por cable a las cooperativas de servicios públicos porque tienen un tratamiento impositivo distinto al de las sociedades comerciales. La Ley SCA había determinado que estas particulares solicitudes debían ser evaluadas por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y así evitar que pudieran existir prácticas predatorias. Pero si lo que se pone en juego es la diferencia en el tratamiento impositivo, corresponde hacer un llamado urgente a la atención de todos. Porque si fuera desleal estar exento del pago del Impuesto a las Ganancias, quienes compiten en el mercado con las sociedades comerciales no podrían poner diarios, páginas web, supermercados, constructoras, salas de cine, ni ejercer ninguna otra actividad susceptible de generar lucro, en tanto su mera intervención afecta “la libertad de comercio”. Aunque parezca chiste, con la misma lógica algunos pretenden que no haya más canales en Televisión Digital Terrestre, porque volverían poco rentable la actividad.
También está pendiente la aplicación para ciertos grupos multimedia del famoso artículo 161, que establece el plazo de adecuación a la nueva normativa. La Corte Suprema debe resolver en un caso que involucra al Grupo Clarín la duración de la medida cautelar que suspendió su aplicación. El problema no es sólo la situación de las empresas que solicitaron este tipo de medidas, sino la situación del mercado donde esos mismos grupos están en condiciones de abusar de su posición respecto de las facilidades esenciales –frecuencias, tendidos de cable, publicidad, distribución, compras de programación, etcétera– pueden impedir que aparezcan nuevas voces. El artículo 161 no habla de desinversión. Esa palabra la utiliza Unesco en un documento de 2008 que menciona como uno de los indicadores clave para monitorear el pluralismo y la diversidad en los medios que “las autoridades responsables de ejecutar las leyes antimonopolios cuentan con las atribuciones suficientes, por ejemplo para negar las solicitudes de licencias y para exigir la desinversión en las operaciones mediáticas actuales cuando la pluralidad esté comprometida o se alcancen niveles inaceptables en la concentración de la propiedad”.
Se dice que el artículo 161 es el corazón de la Ley SCA. No lo comparto. El corazón de la ley es reconocer el derecho del público a la comunicación, a la diversidad y al pluralismo. Si después de leer el listado anterior alguien puede sostener que la ley no se aplica es porque, como reza un viejo adagio del periodismo, los hechos son sagrados y las opiniones son libres. Así debe seguir siendo.
* Doctor en Comunicación. Abogado. Docente e investigador (UBA-UNLP).
Fuente:Pagina12
No hay comentarios:
Publicar un comentario