Año 4. Edición número 178. Domingo 16 de octubre de 2011
Por Daniel Cecchini y Alberto Elizalde Leal
La patota de la CNU amenazó de muerte a Horario Urrera en 1974. Dos años después, lo secuestró y lo ejecutó.
El 22 de abril de 1976, en una de sus páginas interiores, el matutino platense El Día publicó un pequeño recuadro a una columna de título lacónico: “Tres muertos”. La noticia, de apenas siete líneas, decía: “Buenos Aires (NA).Tres cadáveres fueron rescatados por los bomberos voluntarios de Sarandí de aguas del Arroyo Santo Domingo, según informó esa dependencia. El vocero dijo que los cuerpos fueron trasladados a la morgue del hospital de Avellaneda”.
El Día anterior, las redacciones de los principales diarios argentinos –entre los que se contaba El Día– habían recibido un comunicado con una orden precisa: “Por directivas de la Junta Militar no se deberán publicar reclamos de familiares de presuntos detenidos que deseen conocer su paradero”. En cumplimiento de esa instrucción, durante los treinta días siguientes El Día no publicó una línea sobre la desesperada búsqueda de los familiares de Horacio Salvador Urrera, Leonardo Guillermo Miceli y Carlos Alberto Satich, secuestrados por la patota de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) en tres operativos realizados entre la noche del 19 y la madrugada del 20 de abril de 1976. Sin embargo, fue un periodista de ese diario –que sabía aunque no pudiera publicar– quien, con la mayor de las reservas, le dijo a la esposa de Miceli que los buscaran en la comisaría cuarta de Avellaneda. Allí les dijeron que no tenían ningún detenido, pero que había cadáveres en la morgue del cementerio. Corría el 21 de mayo de 1976 cuando los identificaron.
El Día jamás publicó que los tres cuerpos acribillados que los bomberos habían sacado de las aguas del Arroyo San Antonio eran los de Urrera, Miceli y Satich, víctimas de una de las últimas acciones parapoliciales del grupo de tareas capitaneado por Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio. Por entonces, la patota de la CNU había pasado de participar del terrorismo de Estado del gobierno peronista de Victorio Calabró a ponerse al servicio de la dictadura genocida en el Área de Operaciones 113, comandada por el coronel Roque Carlos Presti.
La orden de matar a Carlos Satich y Leonardo Miceli vino del Batallón 3 de Infantería de Marina, que desde el 24 de marzo se había convertido en una fuerza de ocupación dentro de Propulsora Siderúrgica. Los marinos los habían marcado por resistirse a los despidos de los empleados de Limpiolux, una empresa de limpieza contratada por la siderúrgica del Grupo Techint. A Horacio Urrera, en cambio, la patota se la tenía jurada desde hacía más de dos años. Se trataba de una orden que en su momento El Indio Castillo y sus secuaces no habían podido cumplir.
Una deuda sin cobrar. Cuando fue secuestrado, Horacio Salvador Urrera tenía 23 años y trabajaba en el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, ubicado en la actual sede del Ministerio de Obras Públicas. Había llegado allí en 1974, luego de pedir el traslado desde la Dirección de Rentas, donde había desarrollado una fuerte actividad sindical como delegado de la Asociación de Empleados de Rentas e Inmobiliaria (Aeri). “Horacio era un tipo muy carismático y frontal. Desde lo ideológico simpatizaba con la Juventud Peronista, pero no militaba políticamente hablando. Lo suyo era lo gremial”, recordó para Miradas al Sur su hermano Mario Urrera, cuatro años menor, hoy querellante en la causa que investiga su muerte, radicada en el Juzgado Federal N° 3 de La Plata, cuyo titular es Arnaldo Corazza.
Horacio Urrera había ingresado a Rentas, que funcionaba en la sede del Ministerio de Economía, en 1971. Para 1973, sus posiciones como delegado lo habían llevado a tener fuertes enfrentamientos con varios integrantes de la Concentración Nacional Universitaria que también trabajaban allí, entre ellos Juan José Pomares (a) Pipi, Gustavo Guillermo Fernández Supera (a) El Misto y Carlos Chiarizzia, que con el tiempo llegaría a ser secretario general dela seccional La Plata de Upcn. El grupo de choque de la CNU en el Ministerio de Economía operaba bajo el paraguas de un funcionario de apellido Antonioli.
En 1974, luego de que el gobernador Oscar Bidegain –cercano a la Tendencia peronista– fuera obligado a renunciar, la ultraderecha peronista, que respondía al nuevo gobernador, Victorio Calabró, se hizo fuerte en todas las áreas del Estado. Urrera comenzó a sufrir apretadas y amenazas explícitas de muerte, no sólo por parte de Pomares, Fernández Supera y Chiarizzia, sino también de otros integrantes de la CNU que se hicieron asiduos concurrentes al Ministerio de Economía. A pesar del tiempo transcurrido, hay ex compañeros de Horacio que no han olvidado sus nombres: Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, Néstor Causa (a) El Chino y Antonio Jesús (a) Tony. “Mi padre había muerto en 1973 y Horacio y yo, luego de nuestros trabajos, compartíamos mucho tiempo en una mueblería que nos había dejado, que tenía más deudas que otra cosa. Aunque Horacio era muy reservado, empezó a contarme las amenazas que recibía y siempre nombraba a esos mismos personajes”, dijo Mario Urrera a Miradas al Sur.
Cuando la situación se hizo insostenible, Horacio pidió el traslado al Tribunal de Cuentas, donde trabajaba su hermano Mario. Pero ya estaba marcado. El aviso se lo dio un familiar, viejo militante de la ortodoxia peronista, que lo fue a ver a la casa de su abuela paterna, en los fondos de la mueblería. “¡Horacito, ¿en qué estás metido?! ¡Decime, por favor! ¡Abrite, que te van a reventar!”, le dijo, desesperado, en presencia de Mario. “Este familiar le dijo que estaba en una lista negra, una lista de gente que iban a secuestrar. Le contó también que un comisario conocido era el encargado de chequear esas listas y que, al reconocer el apellido, había echado atrás la orden y le había avisado a él”, relató Mario Urrera a los autores de esta investigación. Corrían los últimos meses de 1974.
El golpe del 24 de marzo de 1976 estableció también una nueva cadena de mandos en la estructura de la represión ilegal y la patota de la CNU tuvo vía libre para actuar contra Horacio Urrera. Era cuestión de días que lo fueran a buscar.
La procesión de la muerte. La noche del 19 de abril de 1976, el grupo de tareas comandado por Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio salió en una caravana de tres Ford Falcon a cumplir sus misiones de muerte. Contaba con zonas liberadas y autorización para secuestrar a cuatro personas: Carlos Satich, Leonardo Miceli, el médico Alberto Oscar Bossio –militante de Montoneros y cuñado de Miceli–, y Horacio Urrera.
La investigación de Miradas al Sur pudo establecer que esa noche la patota estuvo integrada, entre otros, por Dardo Omar Quinteros, Marcelo López, Martín Osvaldo Sánchez (a) Pucho, Antonio Agustín Jesús (a) Tony, Gustavo Guillermo Fernández Supera (a) El Misto, Ricardo Calvo (a) Richard, David Massota (a) Feiño, Néstor Causa (a) El Chino, y los policías Roberto Storni, Alfredo Ricardo Lozano (a) Boxer y Vicente Ernesto Álvarez. Un grupo de militares no identificados, de civil, actuó como apoyo. Los tripulantes de los tres autos se comunicaban entre sí y con quienes les daban las órdenes mediante handys militares.
A las 11.30 secuestraron a Leonardo Miceli en presencia de su mujer, Ana María Bossio (ver nota "Era el Indio Castillo"). Luego fueron a la casa de Alberto Bossio pero no lo encontraron. Pasada la medianoche, levantaron a Carlos Satich y, finalmente, entre las 0.30 y la una de la mañana, llegaron a la casa donde Horacio Urrera vivía con su madre y su hermano, en 26 N° 1191, entre 56 y 57. “Eran seis o siete tipos jóvenes, de civil, con el pelo cortito, con las caras descubiertas. Uno o dos tenían bigote de tipo castrense y uno era bastante gordo. Golpearon la puerta con mucha violencia, casi la tiran abajo. Se identificaron como Ejército. Mi hermano les franqueó la entrada sin ninguna resistencia. Creo que no se imaginó que fueran a matarlo. Fue todo muy rápido”, relató Mario Urrera a Miradas al Sur. Horacio no dio señales de conocer a ninguno de los integrantes del grupo. Miradas al Sur pudo saber que varios integrantes de la CNU, conocidos por él, se quedaron en la calle para que no descubriera de dónde venía la acción y supiera, con seguridad, que iban a ejecutarlo. “Uno o dos se quedaron con mi vieja y conmigo en un dormitorio, donde nos hicieron tirar bocabajo sobre la cama. Otros dos se quedaron en el living, con Horacio. El resto, tres o cuatro, recorrieron la casa y arrasaron con todo. Después vimos que se habían llevado adornos, un par de estatuillas, una campera mía y una pistolita calibre 22, con la empuñadura nacarada, de colección”, describió.
La acción se desarrolló en menos de diez minutos. Al sacar a Horacio, sus captores cerraron la puerta de calle desde afuera, con llave. “Con mi madre miramos por las persianas y vimos que había toda una movida en la calle, frente a la casa. Eran tres autos grandes, que me parecieron Falcon. Serían unas doce personas, como mínimo”, recordó Mario Urrera, entrevistado por los autores de esta investigación.
Los autos no se habían alejado cuando Mario Urrera corrió al teléfono y llamó a la Comisaría Quinta para denunciar el secuestro. Los policías tardaron más de una hora en llegar.
Búsqueda desesperada. La patrulla de la Bonaerense llegó cerca de las dos de la mañana a la casa de la familia Urrera. Su jefe se identificó como comisario, lo cual, dada la hora, resultó por lo menos extraño. A Mario Urrera le pareció que sólo estaban cumpliendo con una formalidad, que no iban a hacer nada. Desesperado por el secuestro de su hermano, casi descontrolado por lo que acababa de vivir, le exigió a la policía –ingenuamente, recordó 35 años después– que cerrara las salidas de la ciudad, que transmitiera un aviso, que tomara las huellas digitales de un vaso de agua que uno de los secuestradores le había alcanzado a su madre. Finalmente, el comisario reaccionó y le retrucó: “Entonces, ¿vos también estás en la joda? –y después, dirigiéndose a la madre, le advirtió: –Señora, cuide a su hijo porque le va a pasar lo mismo”.
Desde la mañana siguiente y durante un mes, Mario Urrera realizó una búsqueda desesperada de su hermano. Acompañado por un vecino, recorrió varias comisarías de La Plata, empezando por la que tenía jurisdicción en su domicilio, la Quinta. Sin resultados. En el Regimiento VII de Infantería –jefatura del Área de Operaciones 113– lo recibió el coronel Gómez Miguens. “El jefe era el coronel Presti, pero el que atendía a la gente era él”, explicó Urrera a Miradas al Sur. También intentó en el Batallón 3 de Infantería de Marina, en la Escuela de Policía Juan Vucetich, en el Batallón 601 de Comunicaciones. Cada intento terminaba en una nueva frustración. En el Arzobispado platense, reducto de monseñor Antonio Plaza, fue recibido por un abogado de la Curia, de apellido Rosales, quien después de tres o cuatro entrevistas le dijo: “Me ha llegado una información, no es segura, pero me dijeron que tu hermano murió en un enfrentamiento”.
En ese recorrido, común a la mayoría de los familiares de las personas que empezaban a desaparecer después del golpe del 24 de marzo, Mario Urrera conoció a Frauro Satich, el padre de Carlos, quien a su vez estaba en contacto con Ana María Bossio, la esposa de Leonardo Miceli. Fue ella quien recibió el aviso del periodista del diario El Día sobre el probable paradero de su marido y las otras personas secuestradas la noche del 19 al 20 de abril en una comisaría de Avellaneda. “Estaba en el trabajo cuando recibí el llamado de Frauro –relató Mario a los autores de esta investigación–. Salí disparado a la calle. Me siguieron dos compañeros que me pararon y se ofrecieron a acompañarme. Fuimos en el auto de uno de ellos. En la Comisaría Cuarta de Avellaneda me mostraron fotos y reconocí a mi hermano. Fue un golpe tremendo, porque uno siempre tiene esperanzas. También reconocí un par de pilchas de Horacio que tenían en una bolsa. De ahí nos mandaron a la morgue del cementerio. Era terrible, había cadáveres baleados por todos lados, con las manos cortadas, para identificación. Allí encontré el cuerpo de Horacio, estaba acribillado. Al día siguiente lo fui a buscar.”
Hace más de 35 años que Mario Urrera espera que se haga justicia en el secuestro y asesinato de Horacio. En 1986 declaró en el juicio contra el jefe de la Bonaerense, general Ramón Camps. En esa oportunidad –según consta en un artículo publicado por La Nación el 9 de octubre de ese año– denunció con nombre y apellido a los miembros de la CNU que habían amenazado de muerte a su hermano. Hace unos días, en el escrito que presentó como querellante ante el juez Arnaldo Corazza, volvió a repetirlos: Carlos Chiarizzia, Carlos Castillo, Juan José Pomares, Gustavo Fernández Supera, Antonio Jesús y Néstor Causa.
Fuente:MiradasalSur
“Era el Indio Castillo”
Año 4. Edición número 178. Domingo 16 de octubre de 2011
Por Daniel Cecchini y Alberto Elizalde Leal
La viuda de Leonardo Miceli lo identificó en una foto que le mostraron en una comisaría de La Plata.
Leonardo Guillermo Miceli fue secuestrado por la patota de la Concentración Nacional Universitaria el 19 de abril de 1976 a las 11.30 de la noche, una hora antes del secuestro de Horacio Salvador Urrera (ver nota principal). El 20 de septiembre de 2000, en su declaración en los Juicios por la Verdad, Ana María Bossio, viuda de Miceli, relató lo ocurrido esa noche. Ante los jueces Julio Reboredo y Leopoldo Schiffrin, no sólo reconstruyó el operativo realizado en su domicilio de la calle 122 entre 70 y 71 de La Plata, sino que explicó cómo, días después, la policía le confirmó la existencia de una “zona liberada” para que la patota pudiera perpetrar el secuestro. También declaró que, en una serie de fotografías que le exhibieron en la Comisaría Octava de La Plata, pudo reconocer a Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio como uno de los hombres que irrumpió en su casa.
“Mi marido regresaba de la Facultad. Estudiaba Ingeniería Química. Yo me encontraba en el dormitorio con mi hijo de un año y medio cuando irrumpen en casa, rompen la puerta de adelante. Era un grupo armado, gente de civil. A mi marido no lo dejan llegar al dormitorio, yo tampoco puedo salir del dormitorio porque me amenazan con armas, con un itakazo rompen la cuna, donde estaba mi hijo durmiendo y se llevan a mi marido. Yo miro por la ventana y veo quedan tres coches en la puerta, todavía... Supongo que lo tenían a mi marido dentro del coche. Entonces, yo salto por los fondos de la casa. Salí a la calle, yo vivía en 122, 70 y 71, yo salté los fondos y aparecí en 121, entre 70 y 71, donde fui a dejar a mi hijo en la casa de unos amigos, para hacer la denuncia y para avisar a mis familiares. Cuando yo voy hacer la denuncia a la Comisaría Novena, que es jurisdicción de esa zona, me dicen que en la zona donde yo vivía estaba declarada ‘zona liberada”’, describió bajo juramento.
En los días que siguieron, Ana María Bossio hizo un recorrido similar al de Mario Urrera. Presentó y recurso de habeas corpus y fue a varias comisarías de La Plata buscando noticias de su marido. En el Regimiento VII, igual que a Urrera, la recibió el coronel Gómez Miguens. Luego de interrogarla durante dos horas, preguntándole por los amigos y conocidos de su marido, el militar le mostró una lista y le dijo que ellos no lo tenían, que no lo buscara en 1 y 59, donde funcionaba un centro de detención de la Brigada de Investigaciones de la Bonaerense, porque ahí no estaba. Bossio también intentó obtener noticias en el Arzobispado platense y en la redacción del diario El Día.
Finalmente, a principios de mayo de 1976, Ana María Bossio pudo reconocer a Castillo como uno de los secuestradores de su marido. Los autores de esta investigación prefieren reproducir textualmente el relato que Bossio les hizo a los jueces de ese episodio: “Para Mayo del 76 (leí) que una banda, que se hacían pasar por falsos policías, que robaban en los caminos, en las rutas a la gente, que allanaban viviendas, había sido detenida (n. de los a.: parte de la patota de la CNU fue detenida el 29 de abril de 1976 por orden del coronel Roque Carlos Presti). Y que los damnificados por esos robos podían ir hasta la Regional de Policía que está en 12 y 60 a identificar los objetos robados. Yo como salía de un lado para el otro y no sabía hasta dónde ir, fui hasta la Regional de Policía. Ahí me atendió el comisario general Marcelino Gómez y yo le dije que no iba por cosas robadas, sino que yo iba justamente porque me habían secuestrado a mi marido, y él me dijo ‘bueno, esta gente robaba cosas’, y había ahí un montón de damnificados haciendo cola, haciendo fila para reconocer sus objetos robados, porque incluso había hasta autos robados. (Gómez me dijo) tiene que ir a ver al Comisario Lara a la Comisaría Octava, que es donde está detenida esta banda, que es la CNU. Entonces yo fui hasta la Comisaría Octava. Entre las cosas y los objetos robados que me muestra el Comisario Lara, no había nada que me perteneciera a mí, pero como ese mismo día fueron a la casa de mi hermano, que es Alberto Oscar Bossio, yo encontré cosas que tenía mi hermano, que estaban entre los objetos robados, y el Comisario Lara, yo de tanto pedir y llorar, me mostró las fotos de las personas que estaban detenidas por eso que era la CNU. Entre los que yo reconozco que habían estado en mi casa, en mi habitación amenazándome, amenazando a mi hijo y a mí, era el Indio Castillo. Entonces cuando yo le dije que (lo) había reconocido, me dijo ‘sí, señora, recién estaba ahí porque le íbamos a tomar las huellas dactiloscópicas y yo la tape a usted para que no la vean’. Entonces vuelvo a la Regional y le comento al Comisario Marcelino Gómez que yo había reconocido que una de las personas que había estado en mi casa era de esa banda, (y él) me sugirió de forma muy velada que no hiciera nada porque escapaba hasta (a) él mismo la protección que tenía esta gente, y que yo tenía un hijo y estaba embarazada de mi segundo hijo y que corría peligro mi vida, que no dijera nada”.
Pocos días después, un periodista de El Día le avisó a Bossio que su marido podía estar en la Comisaría Cuarta de Avellaneda. De allí, igual que a Mario Urrera, la mandaron a la morgue del cementerio, donde finalmente encontró el cadáver acribillado de su marido.
Fuente:MiradasalSur
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