Miguel Ragone, una emblemática causa que llega a la sentencia
domingo 09 de octubre de 2011
Por Antonio Oieni
El Tribunal Oral a cargo del juicio por Ragone. Está integrado por los magistrados Liliana Snopek, Carlos Jiménez Montilla, Luis Giménez y José Quiroga Uriburu, como cuarto juez.
Este martes se escuchará el veredicto del juicio seguido contra siete militares y policías por el secuestro y desaparición del exgobernador de Salta, Miguel Ragone, en marzo de 1976.
El general Luciano Benjamín Menéndez, uno de los principales imputados de este expediente de lesa humanidad, fue apartado de la causa, por cuestiones de salud, el 1 de junio. Antonio Domingo Bussi, otro responsable directo, ni siquiera declaró.
En el tramo final de las audiencias, abiertas hace cinco meses, la fiscalía y los querellantes coincidieron en el reclamo de prisión perpetua para los coroneles Carlos Alberto Mulhall y Miguel Raúl Gentil y los comisarios Joaquín Guil y Andrés del Valle Soraire; diez años para Jorge Zanetto, presunto vocero de la organización paramilitar conocida como la Triple A, y dos años para los policías Rubén y Pedro Herrera, excustodios de Gentil.
La sociedad salteña aguarda expectante la lectura de la sentencia, que asoma tan previsible como la marca del terrorismo de Estado en el crimen de Ragone, las claudicaciones que explican los 28 años de archivo de la causa y el vacío que perdurará mientras no se sepa dónde está el cuerpo de Ragone y sus familiares puedan ejercer el duelo.
El médico del pueblo
Nacido en San Miguel de Tucumán el 25 de mayo de 1921, Miguel Ragone se mudó a Salta con su familia, de raíces napolitanas, a los 12 años. Tras graduarse como médico, trabajó como secretario de Ramón Carrillo, eminente figura de la salud pública, y dirigió hasta 1973 el hospital neuropsiquiátrico que hoy tiene instituido su nombre. Proyectado a la política, como “El médico del pueblo”, el 11 de marzo de ese año un 57% de los votos del electorado salteño lo proclamó gobernador por el justicialismo.
Su gestión, sin embargo, acabó intervenida el 23 de noviembre de 1974 durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón. En el decreto de intervención se endilgó a Ragone “una total desvinculación respecto de los básicos lineamientos nacionales” y de “una manifiesta ineficacia represiva frente a la acción de fuerzas cuya actividad fue puesta al margen de la ley”, en referencia a la organización Montoneros.
Una mañana lluviosa
Ragone fue secuestrado el 11 de marzo de 1976, trece días antes del golpe de Estado. La Provincia transitaba el décimo sexto mes de intervención y Ragone había vuelto a trabajar como médico, mientras recibía propuestas para retomar la actividad política y amenazas adjudicadas en el expediente a la Triple A.
Eran las 8.30 de un jueves lluvioso. El exgobernador había dejado su casa, en la zona del monumento a Gemes, y conducía su Peugeot 504 rumbo al consultorio. En la esquina de Del Milagro y Apolinario Saravia, fue interceptado por un grupo armado que bloqueó su paso con otros vehículos y lo redujo en medio de forcejeos y algunos disparos. Catalino Arredes, un almacenero del lugar que había presenciado los hechos, murió acribillado y otra testigo, Margarita Martínez de Leal, fue herida de gravedad.
Tres de los automóviles utilizados en el secuestro de Ragone -una Chevy, un Falcon y un Fiat 125 Berlina- habían sido robados, tres días antes, a punta de armas, en la ciudad santiagueña de Termas de Río Hondo. Muchos aún se preguntan cómo pudieron atravesar estos vehículos los puestos de control de tres provincias, y aparecer regados después del secuestro en distintas localidades del Valle de Lerma, camino a Cafayate, con todos los puestos policiales alertados del hecho criminal a las 8.40 del mismo 11 de marzo de 1976.
Las respuestas conducen a una intervención de todas las fuerzas integradas al Operativo Independencia, instrumentado desde febrero de 1975 en Tucumán y extendido a todo el país, para “aniquilar el accionar de los elementos subversivos”.
Fuente:ElTribunoSalta
Las claves de una causa de 35 años
domingo 09 de octubre de 2011
El fiscal federal Horacio Azzolín, pidió perpetua para los coroneles Carlos Alberto Mulhall y Miguel Raúl Gentil, y los comisarios Joaquín Guil y Andrés del Valle Soraire, por homicidio agravado por alevosía en perjuicio del exgobernador Miguel Ragone y del almacenero Catalino Aredes (quien murió por un disparo durante el secuestro), y de tentativa de homicidio en perjuicio de Margarita Martínez de Leal, vecina del barrio donde vivía el exmandatario que resultó gravemente herida.
Asimismo, solicitó diez años de prisión para Zanetto, por coacción agravada, y dos años de prisión para los policías Herrera, por encubrimiento.
En la causa Zanetto está señalado como el vocero de la organización paramilitar Triple A que transmitió a Ragone amenazas de muerte poco después concretadas con su secuestro y desaparición.
Los policías Herrera custodiaban la casa del entonces jefe de la fuerza de seguridad de la provincia, Miguel Gentil, a metros del lugar donde se concretó el sangriento secuestro del exgobernador. Sin embargo, manifestaron no haber visto ni escuchado nada que hubiera alterado la vida del barrio aquél 11 de marzo de 1976.
Los alegatos de las partes
David Leiva, querellante por Memoria, Verdad y Justicia de Orán, sostuvo que a Ragone “lo mataron para infundir terror y preparar el golpe de Estado”, ocurrido 13 días después del secuestro del exgobernador.
Matías Duarte, en representación de los familiares de Ragone, afirmó que el móvil del crimen fue “claramente ideológico” y lo enmarcó, también, en el “plan sistemático de eliminación de personas iniciado en el país en 1975”.
Martín Avila, por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, subrayó que en el juicio oral y público “se ha demostrado que el de Ragone fue un crimen de lesa humanidad, ya que antes del 24 de marzo de 1976 gran parte del Estado ya era terrorista”.
El defensor oficial Federico Petrina, quien asiste a Mulhall, Gentil, Guil, Soraire y Zanetto, aseveró que “no fue un crimen de lesa humanidad”, por lo que pidió la prescripción de las acciones y la absolución de sus defendidos.
Marcelo Arancibia y Roque López Homes, abogados de los policías Herrera, también solicitaron la absolución o aplicación del principio de inocencia por el beneficio de la duda para sus defendidos.
Zona liberada
Elementos reunidos en la causa que tendrá veredicto este martes, sugieren que el grupo que secuestró al exgobernador Miguel Ragone actuó con metodología de “zona liberada” en todo el escenario geográfico que abarcó la operación.
Testimonios que se adjuntaron a los expedientes del proceso judicial,también que indican que los captores habrían recibido el apoyo aéreo de un helicóptero desde la zona del monumento a Gemes hasta el matadero de la localidad de Cerrillos, donde el automóvil del exgobernador fue hallado con manchas de sangre.
Operativo Cóndor
El abogado Jair Krischke, fundador del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos del Brasil, ofreció otro valioso testimonio en el juicio, en relación con un documento rescatado de archivos del Operativo Cóndor. En ese escrito, el Ejército brasileño consignó una nómina de personas buscadas por las “autoridades policiales-militares de la República Argentina por haber practicado acciones subversivas”. Y esa lista, incluida en el plan de operaciones coordinado por la CIA estadounidense con las dictaduras de Sudamérica en los 70, incluía a Miguel Ragone.
Fuente:ElTribunoSalta
Rasgos comunes con Palomitas
domingo 09 de octubre de 2011
En Salta, la máxima autoridad militar durante marzo de 1973 era Carlos Alberto Mulhall y la Policía estaba comandada por Miguel Raúl Gentil. Ambos, al igual que el jefe del Operativo Independencia, Antonio Domingo Bussi, traducían los lineamientos del comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, en las órdenes que los grupos de tarea ejecutaban con incondicional obediencia. Esto incluía a oficiales y suboficiales de las fuerzas armadas, organismos policiales y servicios penitenciarios.
No casualmente, el crimen del exgobernador Miguel Ragone y la masacre de Palomitas tienen tantos rasgos, elementos y partícipes comunes.
Al igual que en la brutal matanza de presos políticos perpetrada el 6 de junio de 1976 (ocurrida tres meses después del secuestro), los captores del exgobernador usaron automóviles apropiados, a punta de armas de guerra, por unidades comando.
En ambos casos, hubo acciones previas y posteriores que apuntaron a adjudicar los salvajes crímenes a acciones subversivas.
En Palomitas, el operativo que antecedió al robo de los vehículos usados en la masacre buscó asociar el accionar de los grupos de tareas con el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y un absurdo enfrentamiento que jamás existió.
Del mismo modo, tras el secuestro de Ragone apareció un supuesto panfleto de Montoneros dando cuenta que dos pelotones de combate, llamados “Locaccio” y “Díaz”, habían capturado y ajusticiado a Ragone.
Fuente:ElTribunoSalta
Opinión
Ese verano, el poder ya estaba en los cuarteles
domingo 09 de octubre de 2011
Por Francisco Sotelo
En 1975 el poder militar estaba por encima del civil. A los peronistas les esperaba la cárcel y a los “subversivos”
La memoria de los pueblos tiene dos expresiones: la ciencia de la historia y la Justicia. La otra memoria, la del “relato”, es la utilización política de los hechos del pasado por parte de sectores radicalizados. La Justicia y la Historia deben rendir su homenaje a Miguel Ragone: el de la verdad.
El martes se conocerá un veredicto que, probablemente, condene a quienes fueron identificados como los autores materiales del secuestro y del homicidio. Su familia, sin embargo, seguirá sin conocer cuál fue su destino, como murió y dónde están sus restos.
Eso sí: no queda la menor duda de que Miguel Ragone fue una víctima calificada del terrorismo de Estado. Su destino lo sellaron las Fuerzas Armadas que habían decidido “aniquilar al enemigo”.
La palabra aniquilar significa “reducir a la nada”. Los genocidas se amparan hoy en un decreto firmado por el Gobierno democrático, que ordenaba “neutralizar o aniquilar el accionar de la subversión” para justificar el aniquilamiento físico de un sector muy precisamente definido dentro del escenario político. El gobierno democrático quería terminar con el accionar de la guerrilla urbana y rural. Los militares querían aniquilar físicamente a los subversivos, sin necesidad de decreto alguno.
Ahí entraba, de lleno, Miguel Ragone.
El antiguo jefe montonero Roberto Perdía fue muy claro durante el juicio: “Ragone era peronista, por eso no quiso sumarse al Partido Auténtico. No era montonero. El era amigo de Montoneros”.
El general de brigada Acdel Edgardo Vilas, jefe del Operativo Independencia, también fue muy claro: “Mi intención fue la de suplantar, aún utilizando métodos que me estuvieran vedados, a la autoridad de la provincia de Tucumán. La guerra a la cual nos veíamos enfrentados era una guerra eminentemente cultural... A la subversión había que herirla en lo más profundo, en su esencia, en su estructura, o sea, en su fundamento ideológico...”.
Ya en 1975 el poder militar estaba por encima del civil. A los peronistas les esperaba la cárcel y a los “subversivos”, el genocidio.
El 5 de octubre de 1975, Montoneros intentó ocupar el regimiento de Formosa, pero fracasó. El 23 de diciembre, el ERP fue virtualmente aniquilado al fracasar el ataque contra el batallón de arsenales Viejobueno, en Monte Chingolo. Esa Nochebuena, desde Tucumán, el general Jorge Videla había puesto plazo de tres meses para “llenar el vacío de poder y terminar con la inmoralidad”. Esas fueron las banderas del 24 de marzo de 1976.
Pero en ese verano, la Triple A, que siempre estuvo integrada por policías, militares y pistoleros profesionales, ahora tenía un comando estrictamente militar.
En octubre de 1975 Videla había hablado sin pudores en la Conferencia de Ejércitos Americanos en Montevideo: “Si es preciso, en la Argentina deberán morir todas las personas que sea necesario para lograr la paz del país”.
Ragone no era montonero: era un símbolo.
El juicio terminará sin informar sobre el destino final del ex gobernador, de la misma manera que se desconoce el destino de miles de personas secuestradas.
Desde hace 28 años, las Fuerzas Armadas tienen comandantes civiles, que son los presidentes; ninguno logró que los hombres de armas dijeran qué hicieron con las víctimas. Muchos oficiales saben dónde están los restos de Ragone y de los demás, pero no lo dicen.
La “memoria” del relato invita a buscar a los culpables en otro lado, inventando historias interesadas y lanzando cacerías de brujas. La Historia y la Justicia buscan la verdad, donde hay cosas que están muy claras y otras, como el destino de cada desaparecido, donde el silencio de los culpables parece infranqueable.
Fuente:ElTribunoSalta
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