Cinco procesados por el caso Gelman
Los acusados, que ya fueron condenados por otra causa, fueron considerados “coautores de homicidio muy especialmente agravado”. La medida se concretó luego de que el Congreso uruguayo declarara imprescriptibles los delitos de lesa humanidad.
Un día después de que el Congreso de Uruguay declarara imprescriptibles los delitos de lesa humanidad, la Justicia de ese país ordenó el procesamiento de cinco militares retirados acusados del homicidio especialmente agravado de María Claudia García Iruretagoyena, nuera del poeta argentino Juan Gelman y madre de Macarena Gelman, que nació en el Hospital Militar de Montevideo mientras su madre estaba en cautiverio, fue apropiada por los represores y criada por un policía uruguayo retirado. Recién supo su verdadera identidad hace once años.
El juez Pedro Salazar libró una orden de procesamiento “con prisión” sobre José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Valentín Vázquez, Jorge Silveira y Ricardo Medina por considerarlos “coautores penalmente responsables de homicidio muy especialmente agravado” en el caso de la mamá de Macarena Gelman, según apunta el fallo. Los cinco imputados ya fueron condenados por el asesinato de 28 opositores a las dictaduras uruguaya y argentina en el marco del Plan Cóndor. Además, el magistrado solicitó la extradición a Brasil y a la Argentina del militar retirado Manuel Cordero, quien también cumple una condena –en un penal argentino–. En tanto, desestimó los cargos de desaparición forzada pedidos por la fiscalía.
La medida tomada por el juez penal uruguayo comporta el primer paso en el proceso de juzgamiento de los represores por su responsabilidad en la privación de libertad y homicidio de María Claudia García Iruretagoyena. El juicio se llevará a cabo de manera reservada y por escrito, ya que en el país vecino no existe la figura de juicio oral y público, y por las pruebas en su contra que conforman el expediente, existen altas probabilidades de que los acusados sean condenados.
María Claudia fue secuestrada junto a su compañero, Marcelo Gelman, en Buenos Aires en 1976. Ambos fueron trasladados al centro de detención Automotores Orletti, sede del Plan Cóndor –la causa que juzgó los delitos allí cometidos en Argentina acabó con altas condenas para los acusados–. Desde entonces, el camino de ambos se bifurcó. A él lo asesinaron y su cuerpo fue encontrado por el Equipo de Antropología Forense en 1989. Ella, embarazada, fue llevada por la Fuerza Aérea uruguaya hasta la sede del Servicio de Información de Defensa en Montevideo. Macarena nació en el Hospital Militar de esa ciudad y en enero de 1977 fue dejada en una canasta en la puerta de la casa de un policía, quien la crió. En 2000, la nieta del poeta supo su verdadera identidad y se cargó al hombro, junto con su abuelo, la lucha para que su país investigue qué pasó con sus madre y condene a los responsables.
Este es el primer auto de procesamiento dictado tras la aprobación, el jueves, de una norma que considera delitos de lesa humanidad, y por lo tanto imprescriptibles, todos los crímenes cometidos por agentes del Estado durante la dictadura (1973-1985). De no existir tal decisión del Congreso, crímenes como el de María Claudia habrían caducado el próximo día 1º de noviembre, según decretó la Suprema Corte de Justicia (SCJ) del Uruguay. No obstante, voceros de la SCJ señalaron que en cualquier caso, al haberse iniciado este proceso antes de esa fecha límite, estos delitos aún no hubieran prescripto y el juicio no “estaría afectado” por esta medida.
Pero la declaración de lesa humanidad de delitos como el cometido en perjuicio de María Claudia no es el único hecho ocurrido en los últimos días que lo hizo retumbar y le agregó actualidad. Hace exactamente una semana, un grupo de antropólogos encontró restos humanos en un cuartel militar a las afueras de Montevideo mientras buscaban por orden judicial restos de desaparecidos, entre ellos los de la mamá de Macarena Gelman.
Fuentedeorigen:Pagina12
Fuente:Agndh
Uruguay: reconocieron haberlo torturado
Procesados por la muerte de un militante argentino
Publicado el 29 de Octubre de 2011
Dos militares uruguayos están acusados por el crimen de Gerardo Alter, miembro del PRT que ingresó en Tupamaros, en 1973.
En un hecho sin precedentes en los juicios por violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante la dictadura, los militares procesados reconocieron que Alter falleció producto de las torturas a las que fue sometido en la unidad militar donde estaba detenido. Pero deslindaron su participación personal en ellas. Ambos integraban el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubersivas (OCOA). Otro uniformado más que está involucrado en el caso se encuentra fuera del país y ya se requirió su captura internacional.
Alter tenía 27 años y militaba en el PRT hasta que viajó a Uruguay a enrolarse en el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. Fue detenido el 19 de agosto de 1973 y las torturas que sufrió determinaron su muerte ese mismo día. Fue apresado junto a dos militantes tupamaros y torturado en el Batallón Florida de Infantería, la unidad militar encargada de la custodia del Parlamento.
“El Pato” Alter era estudiante de Arquitectura en la Universidad de La Plata, ciudad en la que había nacido el 10 de agosto de 1946. Militó en el PRT y en el ERP e integró la Columna 70 del MLN. Fue detenido junto a los tupamaros Walter Hugo Arteche y Jorge Selves.
En uno de los libros del Servicio de Paz y Justicia editado en Montevideo en 1989 está consignada la palabra de Selves. “Somos llevados directamente a la sala de interrogatorios y torturas. Nos estaquean a los tres y comienzan a aplicarnos magnetos. En la primera media hora murió Walter Arteche y, al poco tiempo Gerardo Alter. De esto fui testigo directo”, dijo.
Fue sepultado como NN en el Cementerio del Norte de Montevideo en 1973, pero luego sus restos fueron repatriados y enterrados en la Argentina. La autopsia realizada a pedido de la justicia militar determinó en 1973 que Alter falleció producto de un “edema pulmonar”.
Tras el asesinato del argentino, el MLN-T en el exterior –en ese momento casi todos sus jefes estaban presos, entre ellos Raúl Sendic, Eleuterio Fernández Huidobro y José Mujica– y el ERP-PRT emitieron una declaración conjunta en la que denuncian la práctica sistemática de la tortura como causal de muerte.
FuentedeOrigen:TiempoArgentino
Fuente:Agndh
Fin a la amnistía: Uruguay derogó la Ley de Caducidad
Podrán juzgar a los militares que cometieron crimenes durante la dictadura de 1973 a 1985 y que estaban protegidos. Tras un debate de más de 12 horas, la Cámara de Diputados del país vecino aprobó la norla norma con 50 votos sobre 90.
27.10.2011
La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó esta madrugada la norma que declara que los delitos cometidos durante la dictadura militar son de lesa humanidad, y por lo tanto imprescriptibles, de acuerdo a los tratados internacionales de los que Uruguay es parte, lo que en los hechos anula la denominada Ley de Caducidad.
La votación se concretó a las 2:15 de la madrugada, tras un arduo debate, con 50 votos positivos, todos del gobernante Frente Amplio, sobre 91 legisladores presentes.
La iniciativa había sido aprobada anteanoche en el Senado, también tras un arduo debate, de modo que la Cámara de Diputados también resolvió comunicar hoy la aprobación al Poder Ejecutivo para que la ley pueda ser promulgada, informó el diario montevideano El País.
En los hechos, significa el primer paso para dejar sin efecto la ley de Caducidad, vigente desde marzo de 1985 y cuya derogación fue impulsada sin éxito en dos consultas populares: en 1989 y 2009.
La iniciativa que restablece la pretensión punitiva del Estado, permitirá que el Poder Judicial siga adelante con los casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), delitos que prescribirían el próximo martes 1° de noviembre.
Más allá de la oratoria aplicada por los legisladores, la sesión se condujo por carriles normales, ya que los coordinadores del oficialismo y la oposición habían acordado horas antes del comienzo no llevar las cosas a una confrontación dura.
Aún así, hubo algunas escaramuzas políticas sobre todo entre el Partido Nacional y el Frente Amplio, no por el contenido del proyecto, sino por los contactos con los militares en los meses de 1983 previos a la apertura democrática, en lo que se conoce como pacto del Club Naval.
En uno de los momentos de mayor tensión, el nacionalista Jorge Gandini sostuvo que en esas conversaciones a la que asistieron todos los partidos menos el suyo "se pactó la impunidad". Su colega nacionalista Pablo Iturralde añadió que la ley de Caducidad "es producto" del pacto del Club Naval, lo que irritó al oficialismo.
El diputado frenteamplista José Bayardi advirtió al Partido Nacional que no ingresaría en una revisión histórica para evitar discusiones mayores. "Eso es tergiversar la historia", dijo.
Luego, y antes de que tomara la palabra el diputado blanco Gustavo Borsari para leer un editorial de 1973 del diario El Popular, el presidente de la Cámara, Luis Lacalle Pou, decidió suspender la sesión por cinco minutos para "calmar los ánimos".
Fuente:ElArgentino
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