martes 29 de noviembre de 2011
Ni juicio ni castigo
Por Atilio A. Boron (OTRAMÉRICA)
¿Es cierto que Brasil va a esclarecer lo sucedido durante la dictadura militar? ¿Alguien pagará por las atrocidades? Parece que no, y en este artículo Atilo Boron nos explica por qué. Los militares siguen en el poder.
Hace pocas semanas la prensa internacional informó que la presidenta Dilma Rousseff había finalmente dado vía libre a la creación de una Comisión de la Verdad para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura en la que, como se recordará, ella misma fue capturada como guerrillera, detenida y torturada. Para sorpresa de muchos la Comisión investigará las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas el período 1946-1985 en lugar de concentrarse en los años 1964-1979, que fueron aquellos en los que se perpetraron los crímenes más aberrantes. Además, la Comisión -y esto es lo decisivo- nació privada de la facultad para juzgar y castigar a los responsables de los crímenes.
Como lo señalara en una entrevista concedida al autor de esta columna por la profesora Anita Prestes, hija del legendario dirigente comunista Luiz Carlos Prestes, la Comisión tiene como misión esclarecer pero no podrá juzgar a los muchos torturadores que todavía actúan a la luz pública en Brasil, muchos de ellos inclusive en el ámbito de las instituciones estatales. Un dato revelador de los limitados alcances de la Comisión, que algunos pensaron emularía los avances registrados en la Argentina, surge del incidente ocurrido en ocasión de la ceremonia que sancionaría su creación el día 18 de Noviembre en el Palacio del Planalto, en Brasilia. Para esa ocasión la presidenta Rousseff habría querido -o al menos consentido- que hablara en representación de las víctimas de la represión la profesora Vera Paiva, hija del ex-diputado Rubens Paiva, uno de los primeros desaparecidos por la dictadura militar instalada luego del golpe de estado de
Abril de 1964. Conocida la intención de la presidenta los tres ministros militares del gabinete presidencial manifestaron su más enconada oposición: si Paiva hablaba también debería hacer uso de la palabra un militar. Resultado: Paiva no habló y el brillante discurso que tenía preparado no pudo ser leído. Conclusión: la fundamental supremacía civil sobre las fuerzas armadas es todavía una peligrosa asignatura pendiente en la "democracia" brasileña.
La derecha y los militares brasileños argumentaron lo de siempre: "no reabrir heridas ya cicatrizadas" y que el proceso ya había sido cerrado con la sanción de la Ley de Amnistía de Agosto de 1979, que posibilitó el regreso de los exiliados al tiempo que arrojaba un espeso manto de olvido sobre las atrocidades cometidas en los años anteriores. Lo grave del caso fue que no sólo la presion militar hizo que Dilma tuviera que ceder ante las demandas castrenses: el Tribunal Supremo de Brasil se apresuró a ratificar la impunidad declarando que los alcances de la Comisión de la Verdad no podían transgredir los límites establecidos por la Ley de Amnistía. De este modo el "esclarecimiento" al que pueda llegar la Comisión se verá dolorosamente frustrado ante la imposibilidad de apelar a la justicia para castigar a los culpables. Se convierte en un ejercicio lindante con lo masoquista: se examina y comprueba el crimen hasta en sus menores detalles
pero al precio de reprimir el ansia de justicia que tensa el espíritu de los familiares y amigos de las víctimas. Vera Paiva podrá saber como capturaron, torturaron, mataron y desaparecieron a su padre pero al precio de renunciar a su derecho de enjuiciar y castigar a los culpables de su asesinato. Enésima comprobación de que no bastan las iniciativas "desde arriba", desde las alturas del estado: sin la pujanza de los organismos de derechos humanos la impunidad de los represores está garantizada. Así lo demuestra el caso que estamos analizando y, por la inversa, lo que ha venido ocurriendo en la Argentina.
Fuente:Argenpress
martes 29 de noviembre de 2011
La copa (no) es nuestra
Por Frei Betto (ALAI)
Para que un país funcione bien necesita reglas. Si carece de leyes y de quien las haga cumplir, cae en la anarquía. El Brasil tiene más leyes que población. En principio, ninguna de ellas puede contradecir a la ley mayor: la Constitución. Sólo en principio. En la práctica, y en el próximo Campeonato de Fútbol, la teoría es otra.
Ante el megaevento de la pelota todo se trastoca. La legislación corre el peligro de ser ignorada y, si sucede así, las empresas asociadas a la Fifa quedarán exentas de pagar impuestos.
La ley de responsabilidad fiscal, que limita el endeudamiento, será flexibilizada para facilitar las obras destinadas al Campeonato y a las Olimpiadas. Como enfatiza el profesor Carlos Vainer, especialista en planificación urbana, un municipio podrá endeudarse para construir un estadio, pero no para efectuar obras de saneamiento...
La Fifa es un casino. En un casino juegan muchos, pero ganan pocos. Y quien no pierde nunca es el dueño del casino. Así funciona la Fifa, que se interesa más por la ganancia que por el deporte. Por eso ha desembarcado en el Brasil con su tropa de choque para obligar al gobierno a olvidar leyes y costumbres.
La Fifa quiere prohibir, durante el campeonato, la comercialización de cualquier producto en un radio de 2 km alrededor de los estadios. Excepto las mercancías vendidas por las empresas asociadas a ella. Que quede bien sabido: para el comercio local, puertas cerradas; para camellos y ambulantes, la policía contra ellos. ¡Dejen paso a la Fifa! Casi 170 mil personas serán sacadas de sus viviendas para que se construyan los estadios. ¿Y quién garantiza que serán debidamente indemnizadas?
La Fifa quiere al pueblo lejos del Campeonato. Que se contente acompañándola por la TV. Entrar a los estadios será privilegio de la élite, de los extranjeros y de los que tengan dinero para comprar entradas de reventa. Aparte de que una buena cantidad de entradas será vendida en Europa anticipadamente.
La Fifa quiere impedir el derecho a la media entrada. ¡Fuera estudiantes y ancianos! Y nada de entrar a los estadios con las empanadas de la abuela o la merienda dietética recomendada por su médico. Hasta el agua será prohibida.
Todos serán revisados en la entrada. Sólo una empresa de comida rápida podrá vender sus productos en los estadios. Y la prohibición de bebidas alcohólicas en los estadios, que está en vigor en el Brasil, será quebrada en pro de una marca de cerveza hecha en los USA.
Comenta el prestigioso periódico Le Monde Diplomatique: “La celebración de un megaevento deportivo como éste autoriza también la megaviolación de derechos, el megaendeudamiento público y las megairregularidades”.
La Fifa sencillamente quiere suspender, durante el campeonato, la vigencia del Estatuto del Aficionado, del Estatuto del anciano y del Código de Defensa del Consumidor. Todas esas propuestas ilegales están contenidas en el Proyecto de ley 2.330/2011, que se encuentra en el Congreso. Y en caso de que no sea aprobado, el Gobierno podrá hacerlas efectivas a través de medidas provisionales.
Si usted quiere hacerse una camisola con la frase “Copa 2014”, tenga cuidado. La Fifa ya ha solicitado al Inpi (Instituto Nacional de Propiedad Industrial) el registro de más de mil títulos, entre los cuales está el numeral “2014”.
(No) se confíen con un desorden como éste: la Fifa quiere instituir tribunales de excepción durante el campeonato. Sanciones relacionadas con la venta de productos, uso de ingresos y publicidad. En el proyecto de ley antes citado, el artículo 37 permite crear juzgados especiales, grupos y cámaras especializadas para las causas relacionadas con los eventos. ¡Una justicia paralela!
En Sudáfrica se crearon 56 Tribunales Especiales del Campeonato. El robo de una cámara fotográfica fue sancionado con ¡15 años de cárcel! Y peor aún: si hubiera daños y perjuicios para la Fifa, la culpa y la reparación de los mismos correrán a cargo del Estado. O sea, el Estado brasileño pasa a ser el fiador de la FIFA en sus negocios particulares.
Ya es hora de que los aficionados organizados y los movimientos sociales pongan el balón en el suelo y disparen a gol. Presionar al Congreso e impedir la aprobación de la ley que deja la legislación brasileña en el banco de reservas. En caso contrario el aficionado brasileño va a tener que resignarse a ver las cosas por TV. (Traducción de J.L.Burguet).
Fuente:Argenpress

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