En el juicio por la represión del circuito camps
Revelan detalles de un plan para quebrar detenidos en la dictadura
Publicado el 30 de Noviembre de 2011
Por Milva Benítez y Laureano Barrera
Dos testigos precisaron la estrategia de la Policía Bonaerense y su capellán condenado, Christian Von Wernich, para conseguir información de los secuestrados. Recuerdos del asesinato de María Victoria, hija de Rodolfo Walsh.
Juan Cristóbal Mainer tenía 16 años cuando el 29 de septiembre de 1976, poco antes de las nueve de la mañana, fue secuestrado y trasladado a un centro clandestino de detención, que posiblemente fuera Campo de Mayo. Hacía poco más de una hora y media, 150 hombres, un tanque y helicópteros, atacaban la casa de la calle Corro al 105, en Capital Federal, donde se encontraba con su madre, Lucy Matilde Gómez de Mainer, su cuñado, Ramón Baravalle, y su hermana Maricel, que estaba embarazada.
En la planta baja de la casa, los militantes de Montoneros, Ismael Salame, Eduardo Coronel y José Beltrán, resistían el ataque. El Secretario Político, Alberto Molina, y María Victoria Walsh, oficial 2º de la organización, lo hacían desde la terraza. Unas horas más tarde, en algún lugar de Buenos Aires, Rodolfo Walsh le escribía a su hija: “Querida Vicki. La noticia de tu muerte me llegó hoy a las tres de la tarde. Estábamos en reunión…cuando empezaron a transmitir el comunicado.” Tiempo después supo que María Victoria y Molina se habían quitado la vida, tras gritarle a los atacantes: “Ustedes no nos matan, nosotros elegimos morir.”
En la jornada de ayer, Juan Cristóbal y Maricel hablaron sobre sus hermanos María Magdalena y Pablo Mainer, integrantes del Grupo de los Siete: así se conoce, en el micromundo de la investigación judicial, a siete jóvenes secuestrados que bajo tortura y la falsa promesa de dejarlos huir hacia Uruguay y Chile brindaron información sobre sus organizaciones a la Policía Bonaerense. Ellos dos, María del Carmen Morettini, Domingo Moncalvillo, Cecilia Idiart, Nilda Salomone y Liliana Galarza, permanecen desaparecidos. El policía Julio Emmed testimonió en 1984 ante la CONADEP que participó en dos operativos. En uno, fueron asesinados a quemarropa; en el otro, el imputado Jorge Bergés los habría envenenado con dos inyecciones en el corazón. Sus cadáveres fueron quemados. En el juicio a las Juntas, Emmed se desdijo, aunque había sido amenazado de muerte.
En su testimonio del juicio al cura Christian Von Wernich, Juan Cristóbal había rememorado la visita de sus hermanos a la Unidad 9 donde estuvo detenido hasta 1980: “No eran cómplices sino quebrados por una situación de tortura extrema. Mi hermano me dijo que le aplicaron picana un mes seguido y que lo colgaron de un gancho en el Primer Cuerpo, y mi hermana me mostró las cicatrices”, dijo al referirse a ellos. Recordó además que fue el propio Pablo quien le dio la clave para que no siguiera sus pasos. “Tratá de no hacerle caso a Magdalena; todo esto es una locura”, le dijo durante esa charla carcelaria.
En ese juicio de 2007, cuando el capellán fue condenado a reclusión perpetua, se probó su injerencia crucial en la concreción de los asesinatos: fue quien engañó a los detenidos con la posibilidad de salir del país y participó de las gestiones de dinero y documentación ante sus familias –y lo cobró, al menos en el caso de los Galarza y los Moncalvillo– y simuló su falsa libertad para el 30 de noviembre de 1977.
En su declaración de ayer, Juan Cristóbal vinculó su tragedia familiar a otra más célebre. “A mí me detuvieron en ese día que relate –dijo el testigo–, pero estoy seguro que mi permanencia en la cárcel tiene que ver con que, en ese momento, estaba en la Unión de Estudiantes Secundarios. Era compañero de todos los chicos de lo que se conoce como La Noche de los Lápices.”
Sobre esa noche, Marta Úngaro había contado más temprano que el 16 de septiembre de 1976, su hermano Horacio fue secuestrado de la casa en la que vivía con su madre, junto a Daniel Rasero, otro estudiante secundario. Úngaro, como en otras oportunidades, volvió a requerir que Ricardo Pedro Bruera, quien entonces era ministro de Educación de la Nación, fuera convocado por los jueces, y presentó un documento que se conoce como “Operativo Claridad”, en el que el citado funcionario dió instrucciones precisas sobre las medidas de vigilancia, identificación, y espionaje sobre personas del ámbito educativo y cultural. En agosto de este año, Bruera fue desplazado del Colegio Rosario en Santa Fe por una asamblea de padres.
Fuente:TiempoArgentino
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